De los que dicen «vivan las cadenas» sin saberlo


Le prometí a Garven hablar sobre la importancia del secreto en la relación entre cliente y abogado. Es un asunto crucial, que prefiero abordar no desde el punto de vista del derecho positivo o de la doctrina de los tribunales, sino desde la propia lógica de la institución vista como una manifestación del derecho a un juicio justo. Sólo haré alguna referencia a normas en cuanto me parezca indispensable para la argumentación.

Un buen punto de partida es el caso concreto de la intervención de las comunicaciones entre Francisco Correa y su abogado, ordenada por el magistrado Garzón y la respuesta que se da por el Consejo General de la Abogacía. Me parece interesante porque creo que ha introducido cierta confusión, resultado de una falta de comprensión de la naturaleza de esa garantía del ciudadano cuando se enfrenta al poder del estado.

La nota se queja fundamentalmente de que se mantuviera la decisión una vez cambia Correa de abogado. Y ello porque la decisión sólo es admisible constitucionalmente cuando se trata de delitos de terrorismo o cuando el propio abogado está imputado. Yo, sin embargo, no critico sólo el caso claro: cuando el Sr. Correa cambia de abogado, sino también el caso previo, cuando el abogado está siendo investigado. Así lo escribí, y me gustaría explicarlo.

Pese a la ingente cantidad de papel que se refiere a esta materia, el asunto es relativamente sencillo. Si el Estado, depositario de todos los poderes coactivos, quiere convencer al ciudadano de que esos poderes no se ejercitan arbitrariamente, debe demostrar que se cumplen algunos principios. No hay pena ni crimen sin ley. Existe un derecho a un juez natural que aparece fijado de forma abstracta en la norma, de forma que no se pueda imponer un juez «ad hoc». Es una forma de asegurar, habida cuenta la imposibilidad de escapar a la subjetividad del o de los que juzgan, que, al menos, la elección se deba al azar. Naturalmente, hablo de la institución en abstracto, no de las argucias que se utilizan para vulnerarla. Otro de esos principios se refiere a la irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables.

Pues bien, entre ellas se incluyen todas las relativas al derecho de defensa: igualdad en las armas que puedan utilizarse en el proceso, derecho a ser oído, libre contradicción de las pruebas de forma que puedan ser discutidas. El ciudadano debe, al menos formalmente, contar con instrumentos iguales a los del Estado, a la hora de defenderse. Fíjense en que en las legislaciones en las que se respeta la libertad de los ciudadanos se llega al punto de protegerlos en casos límite, garantizando que, si se dan, prevalezca la libertad. Así, se presume la inocencia, y no la culpabilidad, si hay duda, la duda debe favorecer al reo, y se impide juzgar a alguien dos veces por la misma causa. Digamos que el ciudadano cede parte de su libertad porque es bueno para todos, pero partiendo de una sospecha: que el ente inhumano que se crea tenderá hacia la arbitrariedad y la tiranía, si no se le recuerda permanentemente que la libertad del ciudadano debe prevalecer sobre sus fines propios, salvo cuando con esos fines se protege a los otros ciudadanos concretos. Porque ése es el mal ínsito en conceptos abstractos como «bien común», que pueden servir para justificar regímenes tiránicos. Y, como veremos, las consecuencias de estos principios, se van desenvolviendo, en cascada, de forma inexorable.

Así, todos esos principios se convierten en un flatus vocis si el ciudadano no cuenta con la posibilidad de utilizar profesionales para su defensa. Y no sólo (que también) por la complejidad de la ley, como es obvio. Basta con observar que los propios profesionales suelen escoger a otros para defender sus intereses particulares. El derecho a escoger abogado es consustancial a la idea de juicio justo. Y como ya he escrito a menudo, el abogado se debe esencialmente a su cliente, no a un ideal de justicia. Sólo así considerado, como un experto necesariamente parcial que trabaja para conseguir el mayor beneficio para los intereses particulares del cliente, adquiere sentido su papel. Se supone que lo que debe ser justo es el proceso en su conjunto, y el ciudadano tiene derecho a alguien que vele por sus intereses. Siempre dentro de la ley, pero con un margen amplísimo.

Es, por tanto, el ciudadano el que tiene derecho a un abogado que le defienda. Naturalmente, la estrategia de la defensa no tiene porque coincidir con la verdad. Y no sólo porque es muy difícil que coincidan la verdad con lo que resulta del proceso, sino porque no puede el ciudadano ser obligado a decir la verdad cuando la verdad le incrimina. El ciudadano puede verse perjudicado si se descubre que miente, porque eso le hace perder credibilidad, pero la mentira no debe tener otra consecuencia diferente. Dicho de otra manera, una vez que se proscribe la tortura y se renuncia a cualquier forma de coacción, la única consecuencia lógica debe ser la del derecho a no declarar, a no confesarse culpable, a no contestar.

La versión del ciudadano es, por tanto, una construcción. A veces ni siquiera es preciso que contenga una narración, pues podría limitarse a negar: yo no estuve allí, yo no hice eso, sin necesidad de explicar dónde estaba o qué hizo. Esa construcción puede ser parcial. Y por la misma razón, puede ser falsa. Pero no hay manera de evitar que lo sea. En esos casos sólo cabe esperar que quien representa al Estado sea más hábil. La única alternativa implicaría una limitación tiránica del derecho del ciudadano a callar y a negar. Porque la única manera de asegurarse de que el ciudadano no mienta es obligándole a decir la verdad. Y ya sabemos qué sucede en tales casos.

Si el ciudadano tiene derecho a la asistencia de un experto y si el ciudadano tiene derecho a construir una versión (a veces, simplemente negativa) frente a la acusación del Estado, es consecuencia necesaria que la asistencia del letrado sea secreta. Si no lo fuera, la asistencia letrada se limitaría a concluir sobre la ley aplicable de forma favorable. Pero la aplicación de la ley exige un juicio lógico que depende de lo que digamos que es verdad o no, ajustando la narración de los hechos a lo que dicen las normas. Por más que se quiera evitar, los expertos retuercen los hechos (sutilmente o no), porque saben que pequeños cambios implican diferencias abismales en cuanto a las consecuencias legales. Y esto es aplicable a abogados, acusadores y jueces.

El ciudadano tiene derecho a que no se conozca el proceso discursivo en el que se crea su versión. El secreto entre abogado y cliente es consustancial al concepto de juicio justo, por todas esas razones.

Volviendo al principio, la excepción en casos de terrorismo no está justificada aunque resulte comprensible, como caso límite. En consecuencia, no encuentro una razón que justifique esta excepción, considerando lo dicho, ya que el terrorista, antes de serlo, es un ciudadano acusado de terrorismo. Y como dijo un colega en cierta ocasión, los derechos de los ciudadanos brillan con fuerza cuando sirven para proteger a los peores criminales. Pero, en fin, esa excepción existe. Esta en nuestra ley.

En el comunicado se menciona el otro supuesto: el del abogado sospechoso. Pero se entiende mal. Como ya he dicho, el derecho al secreto no es un derecho del abogado, es un derecho del acusado. Es evidente que, en la investigación de los delitos, los abogados no deben gozar de más derechos que otros ciudadanos. Sin embargo, lo que es inadmisible es que un tercero se vea perjudicado por esa investigación en contra de sus derechos constitucionales.

Así, se nos dice que el primer abogado del Sr. Correa estaba siendo investigado y que podría servir como correa de transmisión dentro de la trama. Pero eso mismo se puede decir de cualquier abogado mientras ejerce sus funciones (es la misma justificación que se utilizó en el caso del terrorismo). La única manera de saberlo es impidiendo el secreto. Aquí no caben medias tintas: es un todo o nada. O lo que es lo mismo, cuando el abogado actúa como tal, por mucho que aparezca como acusado, sus comunicaciones con el cliente deben ser secretas. Es un derecho del cliente, no del abogado. Es Correa el que puede quejarse, fundamentalmente. También son secretas las deliberaciones del Consejo de Ministros: ahora imaginemos que se pone un micro en una reunión porque uno de los ministros está siendo investigado. Digamos que el derecho al secreto no es compartimentable. El estado de derecho debe admitir una zona de sombra que debe ser absoluta, porque sólo siéndolo puede cumplir su función. Si se pretende evitar que el letrado sospechoso actúe deben utilizarse otros instrumentos. El más evidente es impedir que sea letrado en una causa en la que se le investiga.

Lo que resulta inadmisible es permitir que un ciudadano vea burlado su derecho a entrevistarse reservadamente con su abogado, cuantas veces precise, por el hecho accesorio de que su abogado pueda ser objeto de una investigación. Por cierto, en el caso de personas privadas de libertad, que obligatoriamente deben entrevistarse en salas habilitadas al efecto en las prisiones, ese derecho debería garantizarse con mayor exigencia.

Llevemos el caso al límite. Imaginemos que se intervienen todas las comunicaciones de un abogado, por estar presuntamente implicado en algún hecho delictivo, y como consecuencia de ello se ve perjudicado uno de sus clientes, a pesar de que los hechos de los que se acuse a éste no tengan nada que ver con aquéllos. Admitirlo equivale a someter al ciudadano a la lotería de que su abogado, además de serlo, no se vea implicado en una investigación. Porque, y esto es lo más importante, a lo mejor tu abogado está siendo investigado y es inocente. ¿Debemos, sin embargo, dar validez a las pruebas obtenidas respecto de sus clientes que confiaron en la confidencialidad y el deber de secreto?

Insisto: lo sucedido debería ser un escándalo mayúsculo. Sin embargo, los súbditos que viven en España, aún no se han enterado.


10 comentarios en “De los que dicen «vivan las cadenas» sin saberlo

  1. Sí se han enterado. Lo que sucede es que, entre escándalo y escándalo, abrumados por correas, infinitis y faisanes, al final lo que cunde es la inacción, el asquito y el aburrimiento. Y un asunto como éste, en apariencia secundario y formal, cuando no atañe directamente a tu seguridad y a tu bolsillo pues parece que termina resbalando.

    El común de los ciudadanos ni siquiera cae en que un día puede verse hablando, y no del tiempo precisamente, con un abogado.

    En cualquier caso, no esperará ver con pancartas en la calle a los que sí sorprende -y asusta- este ataque inverosímil a las garantías procesales…

  2. Insisto: lo sucedido debería ser un escándalo mayúsculo. Sin embargo, los súbditos que viven en España, aún no se han enterado.

    Lo súbditos, sí, pero, sobre todo, los cortesanos: sólo el Consejo General de la Abogacía ha dicho algo, y por lo que les toca. ¿No tienen nada que decir el CGPJ, la Fiscalía, los Sindicatos, los Partidos Políticos, el Ministro de Justicia, la Ministra de Igualdad, el Defensor del Pueblo?

  3. Hoy por casualidad he visto en una tertulia de Cuatro a una de Intereconomía indignada por el sucedido. Sin pena ni gloria claro: indignada porque le toca estar indignada.

    Y al resto de la compañía noindignados porque les toca estar noindignados.

    En fin, veremos qué crónica nos cuenta Y. Un día de estos.

Los comentarios están cerrados.