Da mihi factum, dabo tibi ius



Nuestro sistema está sustentado sobre algunos principios jurídicos esenciales. Estos principios jurídicos son, a menudo, manifestación de los derechos humanos básicos, y se despliegan con más intensidad en situaciones límite, en las que la vida, la integridad, la libertad, se ven involucrados.

Nuestras sociedades son perfectibles, lo sé, pero si algo las caracteriza es un impulso hacia una profundización en el respeto de esos principios.

Nada hay que merezca tanto nuestra atención, no lo duden. Por esa razón, he decidido homenajear a aquéllos que se mantienen vigilantes, a los que no desfallecen, a los que trabajan de forma infatigable, para evitar que caigamos en la barbarie y en la arbitrariedad. Hoy he decidido homenajear a los alumnos y profesores de la Universidad de Sevilla, esa contemporánea guía de perplejos, el faro que ha introducido luz allí donde sólo existía la añeja oscuridad del autoritarismo.

Como de costumbre, he leído por ahí falsedades innombrables. Se ha llegado a decir que ¡ahora se permite copiar en la Universidad de Sevilla!

Eso es falso. Nunca se ha permitido copiar. Y sigue sin estar permitido. Lo que ahora escandaliza a estos sepulcros blanqueados es que la decisión se posponga, y que quede en manos de un tribunal adecuado, y no sujeto al capricho de un señor o una señora que puede estar contaminado por prejuicios contra el alumno.

Es cansado tener que dar los duros datos, pero alguien tiene que hacerlo.

¿Y qué nos dicen esos datos?:

Artículo 20. Incidencias en los exámenes

1. Los profesores encargados de la vigilancia comunicarán a la Comisión de Docencia del Departamento, en los términos establecidos en la disposición adicional segunda, cualquier incidencia ocurrida en el transcurso de un examen.

2. Sin perjuicio de las actuaciones o resoluciones posteriores que procedan, los estudiantes involucrados en las incidencias podrán completar el examen en su totalidad salvo en el caso de conductas que interfieran con el normal desarrollo del examen por parte de los demás estudiantes, en cuyo caso se procederá a la expulsión de los estudiantes involucrados de la dependencia donde el examen se lleva a cabo.

3. Los profesores encargados de la vigilancia del examen podrán retener, sin destruirlo, cualquier objeto material involucrado en una incidencia, dejando al estudiante afectado constancia documental de este hecho, y deberán trasladarlo a la Comisión de Docencia del Departamento junto con el escrito mencionado en el apartado 1.

Este garantista procedimiento introduce, por vez primera, una inversión de las consecuencias indeseadas de la tiranía profesoral. Todos sabemos cuán usual es que un profesor se invente que el alumno copia o se aprovecha de medios ilícitos, llegando en ocasiones a fabricar pruebas. La burla llegará por ahí: la gente afirmando que esto supone una pérdida de autoridad del profesor y que nadie que no tenga nada que ocultar debería preocuparse porque el profesor decida «inaudita parte». Es la misma inadmisible cantilena autoritaria de siempre. ¡Pero no!: los derechos y libertades no protegen al delincuente, nos protegen a todos.

Es cierto que deben moderarse algunas disfuncionalidades, lógicas en una norma nueva. Se me ocurren varias:

1.- La exigencia al profesor de dejar constancia de los incidentes e incautarse de los objetos materiales involucrados (vemos que la norma con lógica evita utilizar términos que preconstituyan una decisión), puede resultar abusivo, si el soporte es indispensable para el presunto autor de la presunta falta. Imaginemos que se trata de un Iphone, de un ordenador portatil o de un documento recordatorio resumido de naturaleza artística.

2.- La necesidad de dejar constancia documental de la incautación y del incidente puede que sea un factor que desincentive la denuncia profesoral de casos auténticos. Este riesgo, tratándose del colectivo del que hablamos, no debe tomarse a la ligera. No obstante, sería una consecuencia indeseada, pero admisible considerando los fines perseguidos, y que podría corregirse mediante fórmulas coercitivas de nuevo cuño.

3.- Es cierto que no se han considerado algunas situaciones posibles. Pensemos en incidencias continuas en un examen en las que se vea (sin alteración convivencial) involucrado un mismo alumno. Sin embargo, salvo que queramos aplicar un incivilizado derecho penal de autor, hemos de concluir que cada hecho, cada incidente, deberá tratarse por separado. Si tras la incautación del primer documento recordatorio resumido se observa una conducta presuntamente reincidente, no por ello se van a adoptar medidas preventivas (que recuerdan otras de ingrato recuerdo). Ya se derogó, por suerte, la ley de vagos y maleantes. Sí, es posible que alguien despliegue miméticas conductas disfuncionales constantes, utilizando la norma en fraude de ley. Frente a eso, debemos confiar en el procedimiento.

4.- El procedimiento, se nos dirá, es excesivamente burocrático. Bien, pero esto es habitual en nuestras sociedades complejas, en las que se busca articular procedimientos de resolución de conflictos que consideren todos los intereses en juego.

Frente a estas pequeños peros se alzan las virtudes del sistema. Es garantista. Pone coto a un sector anclado en el pasado como consecuencia de una explotación secular. No estigmatiza al alumno que se vea involucrado en un incidente: ahora puede discutir la decisión mediante un proceso reglado. Y lo más importante: asegura la independencia de quien debe juzgar, evitando la inquisitorial práctica del que es juez y parte.

Efectivamente, la decisión final incumbe a la Comisión de Docencia. La disposición adicional segunda aclara que

2. La solicitud de resolución de conflicto se presentará mediante escrito razonado dirigido al Decano o Director del Centro o el Director del Departamento, según el ámbito de la Comisión de Docencia ante la que se plantea la solicitud, que se entregará en la Secretaría del Centro, o en el Registro General de la Universidad.

3. La Comisión de Docencia analizará el escrito de solicitud y, oídas las partes en conflicto, resolverá en el plazo máximo de un mes desde la presentación del mismo, considerándose los periodos no lectivos de agosto, Navidad, Semana Santa y Feria de Sevilla como inhábiles a estos efectos.

¡Magnífico!

Y más aún, si se considera que la comisión está formada por seis miembros: tres de ellos son elegidos por los profesores y tres por los alumnos.

Ya sé que más de uno creerá, desde una perspectiva de clase, que es absurdo que los alumnos decidan sobre cuestiones de este tipo. Hablarán, ya lo sé, de los efectos de la simpatía, de influencias varias, incluso de manifiesta incompatibilidad. Son argumentos propios de una visión patriarcal.

En realidad, quien esto escribe quisiera poder acceder a esos expedientes. Analizar la evolución de los criterios acerca de cuándo una «ayuda» nemotécnica se convierte en un abuso. Veremos como la imaginación y la sutileza se introducen por fin en un campo antes reservado exclusivamente al palo y tentetieso.