La democracia en peligro



Obama se ha enfadado. El Tribunal Supremo norteamericano ha declarado, por oponerse a la primera enmienda, inconstitucionales algunas limitaciones impuestas en la ley a los gastos «electorales» (luego veremos qué significa eso) de personas jurídicas dentro de los treinta días anteriores a una elección (si se trata de primarias) y de sesenta (si se trata de una elección «general»). El recurrente es una «oscura asociación conservadora», dice El Mundo (qué cachondos son), que quiso estrenar Hillary: The Movie, una peli que ponía a la señora Clinton a caer de un burro. La sentencia modifica, al parecer, una línea restrictiva de décadas, que había dado lugar a dos sentencias anteriores, y parece ser el primer resultado importante de la elección de dos jueces de línea conservadora que habría modificado una mayoría «liberal» que parecía eterna, pese al mayor número de elecciones de presidentes republicanos en los últimos veinticinco años.

El modelo norteamericano tiene esa virtud: la huella de las elecciones se prolonga durante muchos años, ya que la elección es vitalicia. No deberían los demócratas decir nada al respecto: han jugado a ese juego con tanta energía como los republicanos, en ocasiones de manera especialmente dura, como sucedió con Franklin Delano Roosevelt y su propuesta de ampliar el número de jueces cuando vio que sus reformas preferidas se encontraban con la oposición de la Corte. No le hizo falta: terminó nombrando a ocho jueces, gracias a sus amigas: la parca y la enfermedad.

En fin, es cojonudo ver como braman los medios que antes aplaudían las decisiones de los paladines de la «izquierda» norteamericana. Y no porque tengan o dejen de tener razón. Hay análisis para todos los gustos. Y no crean, el primero que ha dicho que la decisión socava las instituciones democráticas ha sido otro juez del mismo tribunal, John Paul Stevens.

Sin embargo, qué bien suenan algunos argumentos (aunque se estén empleando, quizás, para el mal). Porque, ojo, lo que el Tribunal Supremo decía es que debía prohibirse un anuncio, o campaña, o película (o cualquier tipo de medio que suponga expresión de ideas) cuando se pueda entender que apoya a un candidato, aunque no se le cite directamente. Sin embargo, ahora cambia la regla y establece una presunción favorable a la libertad de expresión: «A court should find that an ad is the functional equivalent of express advocacy only if the ad is susceptible of no reasonable interpretation other than as an appeal to vote for or against a specific candidate.»

Me encanta eso de la «interpretación razonable». Y que me dicen de esto que escribe el juez Roberts: «Discussion of issues cannot be suppressed simply because the issues may also be pertinent in an election,» … «Where the First Amendment is implicated, the tie goes to the speaker, not the censor.»

Comprendo que a los políticos demócratas les preocupe. Ya se sabe que los ciudadanos norteamericanos son más bien brutos y atrasados, y muy sensibles a los rancios discursos de la derecha, sobre todo en asuntos relacionados con la moral, el dinero y la patria. Y que esos discursos siempre encuentran dinero en grandes empresas, ésas de las que habla Obama, y que quizás convenzan al contribuyente de que su plan sanitario es una caca. Lo cachondo del asunto es que ése también es un discurso, un discurso político. Y también puede defenderse que es un discurso populista. El discurso que aparece, vagamente (o quizás no tanto), en tantas películas de Hollywood o en los monólogos de los presentadores de programas de culto, que dirán que ellos también discuten sobre «temas», sólo que sus discusiones, mordaces e inteligentes, permiten que el país avance en la buena dirección.

Ya saben: es lo malo de la libertad.