Con amigos así …


Gracias a El País, podemos leer la querella presentada en Argentina por los “crímenes” del franquismo.

Lo malo de las prisas es que termina uno haciendo el ridículo.

Los delitos objeto de querella son, todos ellos (todos son cuatro asesinatos), de 1936. Luego se añade “… y todos los que resulten de la investigación”. Naturalmente, la investigación debe referirse a los delitos denunciados: es decir, al asesinato de cuatro personas.

Sin embargo, en la querella se especifica el período de investigación: del 17 de julio de 1936 al 15 de junio de 1977. Naturalmente, eso se llama causa general. Es decir, eso mismo que hizo Franco y que no se admite en ningún estado civilizado. Los querellantes afirman que hay cuatro delitos, ocurridos en una fecha muy concreta, pero pretenden que se investiguen cuarenta y un años de dictadura. Acojonante.

A partir de ese momento, nos encontramos con cincuenta folios que reproducen exactamente los autos de Garzón (con citas incluidas); los autos de Garzón parecían referirse (digo parecían porque pese a todo el ruido nunca estuvo claro qué pretendía) a cientos de miles de desapariciones (y nunca extendió el ámbito temporal más allá de los primeros años cincuenta). Esta querella, sin embargo, se refiere a cuatro asesinatos, pretende usar toda esa argumentación jurídica y refiere el período a cuarenta años. Cuarenta años desde que se cometieron los crímenes.

Luego, la querella dice que la atribución de jurisdicción deriva de la Constitución Argentina y de una Ley de 2006 que expresamente se refiere a los delitos del Estatuto que crea la Corte Penal Internacional. Añade que el artículo 11 de esa Ley los declara imprescriptibles. Véase que la imprescriptibilidad se declara por una ley que se promulga cincuenta años más tarde de ocurrir los hechos. Lógicamente no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio del reo. Por tanto, todas las referencias al Estatuto en esa cuestión son bullshit.

Como lo sabe el redactor de la querella, empieza a hablar del derecho penal consuetudinario y cita una Recomendación sobre jurisdicción universal y Corte Penal Internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de fecha 8 de diciembre de 1998.

Lo cachondo es que dicha recomendación, que no pasa de eso, dice expresamente:

Como resultado de los llamados Principios de Nuremberg, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1946, y de las Resoluciones de creación de los Tribunales Penales Internacionales para la antigua Yugoslavia y para Ruanda, expedidas por el Consejo 53 de Seguridad de las Naciones Unidas en 1993 y en 1994, la reciente Conferencia Diplomática de Roma aprobó el 17 de julio de 1998 el Estatuto de la Corte Penal Internacional de carácter permanente. Los artículos 1 y 25 de dicho Estatuto consagran la responsabilidad penal de toda persona acusada de la comisión de un delito contra el derecho internacional en una de las tres categorías siguientes: genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad (tales como la desaparición forzada de personas, la tortura y las violaciones graves o sistemáticas de los derechos humanos); y permiten su persecución y juzgamiento por la nueva jurisdicción penal internacional cuando la respectiva jurisdicción penal nacional no quiera o no pueda cumplir esta función.

Véase que el origen de ese proceso (ojo, el origen no es la creación del tipo o de la regla de imprescriptibilidad) se ha terminado en esos convenios, todos ellos aprobados mayoritariamente cuarenta años después de que ocurrieran los cuatro hechos objeto de querella. ¿En serio se pretende decir que esos hechos ya eran delitos imprescriptibles en 1936 en el derecho penal internacional consuetudinario?

Todo lo restante, en realidad, abunda en la tesis de que la consagración de esos principios es muy reciente.

A continuación se cita la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional españoles. Ni me entretengo con esto: creo que los magistrados españoles de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español son más que competentes para explicar (como han hecho de manera exhaustiva) la jurisprudencia española. En cualquier caso, no se discute tanto que un tribunal argentino pueda ser competente por aplicación de principio de jurisdicción universal (eso le corresponderá decidirlo a dicho tribunal) como si lo es para enjuiciar crímenes ocurridos en España hace setenta años.

Lo mismo cabe decir sobre la interpretación que se da en la querella a la Ley de Amnistía (ley que, naturalmente, no vincula a un juez argentino, pero sí a los españoles). Se dice que no se puede extender a estos actos porque no tenían “intencionalidad política”. Lo malo de esa interpretación es que choca con el propio tenor literal de la ley que especifica qué delitos concretos deben considerarse incluidos. Esa razón es la que impide que pueda actuarse contra Carrillo, que era miembro del aparato del estado legítimo, y que, en esa condición, pudo haber cometido crímenes que serían indudablemente de lesa humanidad; y que, además, está vivo. Y eso es lo que explica que salieran de prisión personas que habían cometido actos de terrorismo.

Si sólo se dijera que la ley no les vincula (como así se hace), uno lo podría entender, pero querer explicarnos qué significa cuando todos sabemos qué significaba (y qué consecuencias produjo) es de coña. Por cierto, es falso que las leyes de amnistía no sean válidas para el derecho internacional. Al contrario, está prevista esa validez e incluso (en ciertos instrumentos internacionales) se promueve como forma de resolución de conflictos: hasta el punto de estar promovidas por organismos internacionales como la propia ONU. No se deben comparar las leyes de punto final con la ley española. Se piense lo que se piense sobre la situación política en aquel momento, lo cierto es que esa ley fue producto de las mismas cortes que aprobaron la Constitución (¿es nula la Constitución?), que la votaron por unanimidad, que esa ley la pidió todo el mundo (en particular todas las fuerzas políticas de izquierda), y que su finalidad era muy clara.

Más dislates. La propia querella dice que los delitos que se persiguen con ella son instrumentales de delitos de genocidio (¡¿qué?!) o de lesa humanidad. Mola que digan lo del genocidio, así de pasada. Luego volveré sobre esto.

Sin embargo, lo mejor es que dicen que la imprescriptibilidad resulta de la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra o de los crímenes de lesa humanidad” aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2391 de 26 de noviembre de 1968. Pues bien, al margen de que la fecha de aprobación del texto no debe confundirse con la de su aplicación universal (ya que es preciso una aprobación individualizada de una mayoría de países para que pueda hablarse de ius cogens), la propia querella parte de una fecha, 1968, en la que los delitos ya habrían prescrito. Repito: si en 1968 se estableció la regla de imprescriptibilidad, ¿cómo cojones se va a aplicar eso a delitos ocurridos en 1936 -o en los treinta años siguientes-?

Como he dicho antes, la querella menciona que hubo genocidio en la Guerra Civil española. Y cita, al efecto, la Convención para la Sanción y Prevención del delito de Genocidio de la ONU, de 1948.

Y la querella dice, literalmente:

Esta resolución expresaba que el genocidio consistía en la destrucción de grupos humanos enteros por motivos políticos, religiosos o de cualquier otra índole.

Pues bien, eso es, literalmente, falso. Y lo más acojonante es que, luego, el redactor de la querella nos transcribe la Convención.

Pues bien, como sabe cualquiera que ha leído un poco sobre el tema, la motivación política fue expresamente excluida porque los soviéticos no querían admitir la posibilidad de que se les acusase de genocidio.

Y eso dejando de lado el hecho de que la Convención es de 1948.

Es especialmente estupendo que se detenga la querella especialmente en los argumentos que da un sociólogo (seguro que eminente), en un libro. Menudo nivel.

Toda la argumentación posterior es torticera, porque excluye expresamente el aspecto de la irretroactividad de las normas desfavorables. Que el estado de la cuestión hoy (como consecuencia de muchos tratados y resoluciones que crean tribunales especiales y finalmente del estatuto de creación del Tribunal penal Internacional) sea uno (y ojo discutido por muchos autores y tribunales) no es prueba de que ese estado existiera en 1936. No hay el mínimo intento de explicar que esos delitos fueran calificables como delitos de lesa humanidad con carácter imprescriptible en la fecha en la que se cometen, que es la única fecha que hay que considerar desde el punto de vista del principio de legalidad. Las únicas referencias se contienen en el auto de Garzón y son tan “taxativas” como la cláusula Maertens. Nos parezca lo que nos parezca, la realidad es que hasta Núremberg y Tokio (y éstos son ejemplos de justicia del vencedor) no se inicia seriamente la codificación internacional de los crímenes de genocidio y de lesa humanidad, y que han hecho falta cuatro décadas para que pueda hablarse seriamente de una regulación lo suficientemente taxativa como para poder hablar de delitos.

En cuanto a las diligencias, ahí van las perlas:

2. Por la misma vía, al Gobierno de España para que recabe de los organismos competentes información sobre los nombres y último domicilio conocido de los miembros de los Consejos de Ministros de los Gobiernos del Estado Español que desarrollaron sus funciones entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones parlamentarias pluralistas desde 1936, y certificación de los que hayan fallecido, y los remita a este Juzgado Federal.

3. Idem sobre los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores Generales de Seguridad y dirigentes de Falange Española en el periodo antes indicado.

4. Idem sobre el número de personas desaparecidas, interesando que, en la medida de lo posible se identifiquen con sus nombres y apellidos y la fecha y lugar de su desaparición.

5. Idem sobre las personas asesinadas, así como las torturadas por motivos de persecución política que sobrevivieron a las torturas.

6. Idem sobre los niños sustraídos a sus familias de origen, apropiados y con su identidad sustituida por familias afectas a la Dictadura.

7. Idem sobre la localización de las fosas comunes que han sido halladas en distintos lugares del Estado Español, con señalamiento de los cuerpos que han sido identificados hasta la fecha.

8. Idem sobre la lista de empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos, que aún siguen activas. Dicha lista que obra en el Archivo General de Cuentas del Estado Español.

9. Idem para que, por el Tribunal que corresponda, se requiera al Ayuntamiento de Córdoba para que remita la documentación obrante en los Archivos Municipales sobre el cementerio de la Salud de Córdoba, planos del cementerio, mapa de fosas, actas capitulares y demás informaciones sobre la ubicación de la denominada Zanja Z, Caja B. Que, igualmente, se requiera a la Prisión Provincial de Córdoba para que localice y remita los expedientes obrantes en la misma relativos a los diputados Luis Dorado Luque y Antonio Acuña Carballar y en el mismo sentido, se requiera al Ministerio de Justicia para que remita los expedientes judiciales referidos a los mismos.

10. Idem para que, por el Tribunal que corresponda con jurisdicción en el lugar, se requiera a la Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz, Universidad de Extremadura y Ayuntamiento de Mérida para que aporten información de las exhumaciones practicadas en el territorio de dicha Comunidad Autónoma.

11. Idem al Juzgado Decano de los de Málaga para que informe si se han abierto diligencias por las exhumaciones practicadas en el antiguo cementerio de San Rafael, de Málaga, requiriendo a la Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Universidad de Málaga para que informen sobre las mismas

12. Se requiera, por la misma vía, al Tribunal que corresponda a la jurisdicción de los diversos órganos periodísticos que surgen de los recortes indicados en 1.4. para que certifiquen su autenticidad;

13. Idem al Tribunal que corresponda con jurisdicción en los lugares en que, conforme a lo reseñado en el Exp. se ha denunciado la existencia de fosas comunes que pertenecerían a personas víctimas de ejecuciones sumarias y/o desapariciones forzadas, a fin de que se realicen las exhumaciones correspondientes, con intervención de los antropólogos forenses y bajo control judicial.

Sin más comentarios.

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5 comentarios en “Con amigos así …

  1. Y a nosotros ¿qué nos importa el derecho? ¡Nosotros queremos justicia! ¡Y nosotras!

    Quiero decir que, como siempre, gracias por lo claro y rotundo del argumentario, pero esto son ganas de perder el tiempo charlando con los amigos. Estas explicaciones tan sencillas, mientras no las den quienes las tienen que dar, no sirven para nada. Y quienes tienen que decirlo en público, en la tele, para que la peña lo entienda, son el Presidente del gobierno, la Vicepresidenta Portavoza, el Ministro de Justicia y el Fiscal General del Estado.

  2. Por lo que parece a Garzón le molestan algunos de los súbitos amigos que ha encontrado en los últimos tiempos, y está tratando de poner distancia entre ellos y él.

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