Todos queremos a Fredo

Ahora que anda todo el mundo pensando en el sacabocados y en la dieta, he pensado que es buen momento para exponerles lo que pienso desde hace muchos años de la sucesión hereditaria. Si les caigo en gracia, pueden dejar de leer desde este momento. Lo digo porque la respuesta, prácticamente unánime, que he recibido cuando he expuesto mis opiniones en esta materia, ha sido desoladora … para mí: desde imbécil a comunista encubierto, con todas las gradaciones intermedias.

Siempre he considerado extraño que se dé por supuesto que una economía de libre mercado deba necesariamente permitir unas diferencias en renta y patrimonio tan escandalosas. Y nunca he creído que la propiedad deba considerarse una manifestación «natural» en el sentido de derecho primigenio, fundamento ineludible de una sociedad libre. Esa visión fundamentalista pretende blindar cualquier discusión, cortándola de raíz: si la propiedad es la que nos hace libres, atacarla es atacar a la libertad. Esto no excluye que haya una pulsión natural hacia la propiedad y que defendamos de manera más inteligente lo nuestro que lo común. Lo que es indiscutible es que el problema es de alternativa. Quiero decir: no veo que haya una forma más práctica de distribución de bienes que la basada en la propiedad individual y creo que es falso que el Estado nos represente a todos. En realidad, muy a menudo, actúa como un agente económico más, monstruoso y dotado de una enorme capacidad coactiva, con sus propios intereses, que suelen ser los de la propia casta que vive de sus exacciones. Esa casta, además, proviene sin solución de continuidad de aquella que se hacía con los excedentes económicos mediante el uso de la fuerza y su formalización jurídica y ética. No me refiero sin más a eso que los marxistas llaman superestructura, porque sin esas formalizaciones no se explica el desarrollo de las sociedades modernas. En cualquier caso, aunque aquellas sean útiles e imprescindibles, lo cierto es que el Estado no es un agente neutral: atiende a sus necesidades y a las necesidades de los más poderosos, que a menudo tampoco manejan bienes propios, sino recursos de muchos, pero bajo la tiranía del gestor (que prefiere asegurar el plan de pensiones que el futuro de una compañía). Digamos, además, que nunca he terminado de asumir racionalmente que alguien puede ser miles de millones de veces más rico que otro, hasta el punto de serlo, incluso, que Estados enteros.

Esa es una de las claves. La acumulación de propiedad no es, a menudo, simple consecuencia de las fuerzas del mercado. Existen ventajas competitivas indiscutibles en el origen de muchas corporaciones, que tienen que ver con derechos aristocráticos y con supremacías nacionales. Por desgracia, la alternativa de que sea el Estado el titular de los recursos es prácticamente criminal. Lo hemos visto, a menudo. Y lo vemos también bajo la forma de esos pequeños Estados sin territorio que son las grandes sociedades.

Por eso, no creo que haya manera sensata de poner límites serios a la acumulación de recursos, si no se quiere paralizar la generación de riqueza y el desarrollo tecnológico. Otra cosa es la necesidad de poner freno a la especulación inútil y al enriquecimiento sin valor añadido. De nuevo en esos casos, es más provechosa (pese a que haya quien diga que la situación actual lo desdice) una labor de simplificación, material e intelectual: no es necesario ampliar el número de formas contractuales, el valor añadido proviene del objeto del contrato y no de su forma. La exagerada profusión de formas sólo favorece a los estafadores: en el fondo no pasan de ser, en el mejor de los casos, manifestaciones de juegos de suerte, envite y azar, y en el peor, cháchara para engañar a los incautos. Simplificar es limitar el número de transacciones posibles, incluyendo las exigencias administrativas. No se obtiene más seguridad incrementando los «controles», porque estas son, también, nuevas puertas traseras para la corrupción y la estafa. Lo mejor es fijar reglas sencillas, pocas, y ponerse duro con los que las infringen. Menos observatorios y organismos de control, más código penal.

Sin embargo, nunca he visto la necesidad de aplicar lo anterior a la sucesión. Una de las fórmulas que permite la acumulación de capitales es la de la sucesión hereditaria. Además, al menos como presunción, podemos partir de que quien hace fortuna lo hace por méritos. ¿Qué mérito es ser hijo de este o aquel? Las razones para adjudicar bienes a alguien por su parentesco, además, no tienen nada que ver con la eficiencia económica. Es como una lotería siniestra. Algo parecido a lo que pasa con la monarquía: el hijo del magnífico monarca puede ser un imbécil que acabe con la prosperidad de la nación. Todos sabemos por qué personas muy inteligentes y capaces terminan dejando sus recursos a hijos idiotas. El propio Marco Aurelio, que decía cosas tan sensatas sobre los sármatas y las arañas, terminó dejando el Imperio Romano en manos de Cómodo. Es lo que tiene la sangre.

Esto me ha hecho partidario de un impuesto de sucesiones muy gravoso, prácticamente confiscatorio, quizás con unos mínimos exentos. Y esto no es incompatible con un modelo de estado reducido. Ya imagino que, si esto fuera así, la gente tendería a «repartir» en vida, utilizando la ingente creatividad de la que hacemos gala cuando se trata de estos asuntos. Sin embargo, al margen de que siempre es más difícil el fraude de ley que el ejercicio de derechos, esto provocaría una beneficiosa movilización de los bienes, mucho antes (a veces, a través simplemente de las pérdidas de «sucesores» inútiles). Y de por sí, esos sucesores ya tienen ventajas competitivas indudables.

En resumen, y con una enorme prudencia, no hay que renunciar a redistribuir permanentemente la riqueza. El mundo no es como el Monopoly: no recibimos, al empezar el juego, los mismos billetes.