Y lo presentan como un adalid de la democracia


La noticia más importante de ayer ha pasado medio desapercibida: se trata del auto del Tribunal Supremo en el que se abre la posibilidad de que se solicite la apertura de juicio oral contra Baltasar Garzón por prevariación y por un delito del artículo 536 del código penal.

Ya he dedicado varias entradas al asunto, explicando mi posición: aquí, aquí y aquí, entre otras.

No estoy de acuerdo con algunas de las interpretaciones jurídicas del auto (básicamente mi posición es más radical en lo relativo a la intangibilidad de las comunicaciones), pero se trata de una resolución magnífica. D. Alberto Jorge Barreiro nos sitúa de nuevo en el lado del Estado de Derecho, al situar la prevaricación del magistrado no en una cuestión de interpretación de unas normas oscuras, sino en el contenido de las propias resoluciones del magistrado imputado.

Les recomiendo con énfasis su lectura, sobre todo a partir de la página 31. Sin embargo, quiero extractar, sin comentar nada, partes del auto. Las asumo en su integridad:

En segundo lugar, mucho más alarmante resulta todavía el hecho de que la medida limitadora de los derechos fundamentales se acuerde con respecto a todos los letrados que pudieran contactar con los imputados. Y no sólo por lo que se dice en el fundamento del auto, sino también por lo que se decide en la parte dispositiva, en la que se acuerda la observación y grabación (según providencia aclaratoria) de las comunicaciones personales que mantengan los imputados presos “con los letrados que se encuentran personados en la causa u otros que mantengan entrevistas con ellos”.

Esa forma concluyente y omnicomprensiva en que se limitó el derecho de defensa conducía ya de por sí, sin apenas escapatoria alguna, a la irremediable laminación del derecho fundamental a la defensa, al resultar indiferente para adoptar unas resoluciones tan severas y gravosas que el letrado que asistiera a los imputados presos estuviera o no incriminado en la causa. Según la redacción de los autos de intervención cuestionados no se precisaba realmente indicio alguno contra los letrados para excluir el derecho de defensa de los imputados, pues se acordaba la grabación y posterior escucha de las conversaciones con cualquier letrado que asistiera a los presos. Con lo cual, tal como se viene a decir en el informe del Colegio de Abogados que figura unido a la causa, se convertía a todos los letrados que fueran nombrados para asistir a los imputados en sujetos suspectos de colaboración en hechos delictivos, impidiéndoseles ejercer la defensa de

Un análisis puramente empírico de su alcance permite comprobar que las dos resoluciones iban en cierto modo más allá del vaciamiento del contenido del derecho de defensa, pues implicaban trasmutar el ejercicio de ese derecho fundamental en un instrumento idóneo para la autoincriminación de los imputados internos en prisión. Y ello porque la grabación y el conocimiento de todas sus conversaciones con sus letrados entrañaba que lo que deberían ser comunicaciones o conversaciones encauzadas a la efectividad del derecho de defensa, se reconvertían realmente en eficaces instrumentos para la autoinculpación de los imputados, con vulneración del derecho fundamental a no declarar contra sí mismos, al mismo tiempo que se desarbolaba o desactivaba cualquier estrategia defensiva que pudieran poner en práctica los letrados.

No parece, pues, desmesurado afirmar que si el juez querellado hubiera acordado la incomunicación jurídica de los imputados es muy posible que su defensa tuviera una mayor eficacia, pues al menos no se autoincriminarían ni aportarían fuentes de prueba en contra de sus propios intereses procesales.

De lo que antecede se colige, indiciariamente, que el juez de instrucción con sus resoluciones vació de contenido el derecho de defensa de los imputados y lesionó así de forma sustancial uno de los principios básicos del sistema procesal penal, retrotayéndonos a un estatus procesal anterior al Estado de derecho.

2. En las dos resoluciones en que se acordó la observación y grabación de las comunicaciones orales de los imputados con los letrados se introduce en la parte dispositiva la expresión “previniendo el derecho de defensa”. Sin embargo, esa frase presenta todas las connotaciones de una mera cláusula de estilo, puesto que no impedía grabar y escuchar las conversaciones entre los imputados y sus abogados ni operar después con los datos que de ellas se extraían, desactivando así las posibles estrategias
de defensa.

Y otro tanto cabe afirmar del “expurgo” que se acuerda hacer después de la grabación íntegra de todas las comunicaciones interno/letrado, dado que una vez que se escuchan las conversaciones resulta incuestionable que ya es conocido su contenido. Ello quiere decir que su exclusión formal del procedimiento no impide que se cuente con ellas como medio de investigación criminal para obtener fuentes alternativas de prueba que puedan acabar operando en otras frases del proceso. De ahí la razón de que el secreto profesional se configure y se aplique como un instrumento formal que impide acceder al contenido de lo conversado, pues una vez que éste se conoce ya no hay garantía alguna de que se evite el menoscabo del derecho de defensa.

No alberga duda alguna este instructor de que los delitos de cohecho, tráfico de influencias, defraudación fiscal y blanqueo de capitales, especialmente cuando se integran en una presunta trama de corrupción política, precisan de una instrucción muy difícil y compleja en la práctica policial y procesal. Y desde luego se trata de delitos de incuestionable gravedad por atacar de lleno a la esencia de las instituciones de un sistema democrático. Ahora bien, ello no justifica, cuando no concurren indicios incriminatorios contra los letrados que asisten a los imputados, la limitación del derecho de defensa hasta extremos que lo hacen impracticable o totalmente ineficaz. Y ello es lo que, presuntamente, sucedió en el caso que se instruye, tanto en las dos decisiones adoptadas como en su materialización posterior, que no fueron más que una mera ejecución de lo previamente acordado. Tales decisiones generaron lo que debe considerarse, por su contenido y efectos, como una amputación del derecho fundamental a la defensa. Desde tal perspectiva, es claro que no se pueden compartir los argumentos del voto particular emitido en el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pues, tras destacar la gravedad de los delitos que se investigan, se pretende justificar la intervención de las conversaciones en los locutorios penitenciarios entre unos letrados contra los que no concurría indicio incriminatorio alguno y los imputados presos, para lo cual se argumenta con los principios de proporcionalidad y de necesidad de la medida. Frente a esto sólo cabe argüir que cuando no concurre indicio alguno contra un letrado que asiste a un imputado —y ello es lo que sucede con varios de los letrados nombrados en la causa— no es factible entrar ya a ponderar con criterios de proporcionalidad la gravedad del delito y la complejidad de su investigación, pues no se da ya la premisa insoslayable de una indiciaria connivencia delictiva entre el letrado y el imputado. Y sin ella es claro, tal como ya se ha remarcado, que no cabe colocar en el otro platillo de la balanza delito alguno que permita entrar a ponderar la medida con arreglo a los cánones propios de la proporcionalidad.

De acogerse las tesis que se sostienen en el auto del juez instructor de la causa 1/2009 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o en el precitado voto particular, ante la mera posibilidad de que un imputado preso intentara aprovecharse de los efectos del delito habría que desactivar el derecho de defensa reconvirtiéndolo en instrumento auto-incriminatorio, tesis que por su propia aberración nos ubica en la senda indiciaria propia del delito de prevaricación.

Desactivar de facto el derecho de defensa de un preso preventivo sin que concurra indicio incriminatorio alguno contra el letrado que ha sido designado, o contra cualquiera que pudiera nombrarse, trasmutando así el derecho de defensa en una fuente de incriminación, destruye los pilares básicos del ordenamiento procesal del Estado de derecho, toda vez que, tal como ya se advirtió, desmantela el derecho de defensa y otra serie de derechos fundamentales que se ubican en su entorno (intimidad, secreto de
las comunicaciones, secreto profesional de los letrados y el derecho de los imputados a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable). Frente a esta oclusión sumamente severa del ejercicio del derecho de defensa asignado a unos letrados ajenos a la actividad delictiva, no se aportan razones legitimadoras por parte de los magistrados que sostuvieron la validez procesal de las resoluciones dictadas por el querellado ni tampoco por el Ministerio Fiscal. Y es que no resulta factible, con arreglo a las fuentes de nuestro ordenamiento jurídico y a los cánones hermenéuticos con que se opera habitualmente en la práctica jurisdiccional, obtener una interpretación defendible de las normas constitucionales y ordinarias que las partes aplican al caso (arts. 18 y 24 de la CE, 51 de la LOGP, 579 y 416.2 de la LECr., y 542.3 de la LOPJ) que permita legitimar la decisión adoptada por el querellado. Esto es: que deben ser observadas y grabadas todas las conversaciones que tengan los imputados presos con sus letrados en los locutorios del centro penitenciario, cualesquiera que fueren los abogados designados y aunque no concurrieran indicios delictivos contra ellos que pudieran vincularlos con la trama investigada. Y en lo que respecta a la nocividad de las resoluciones tildadas de arbitrarias e injustas, el menoscabo de las garantías procesales constitucionales del proceso penal que ocasionan no sólo tiene unos efectos directos e inmediatos en el caso concreto, sino que afectan también a medio y a largo plazo a las estructuras básicas del proceso penal. Y ello porque el grado de desconfianza e incertidumbre que generan en las personas que operan dentro del sistema (imputados y profesionales) es de tal envergadura que parece razonable que, en el supuesto de que el ordenamiento jurídico no respondiera con rigor a una conculcación de derechos fundamentales tan grave, ningún preso preventivo ni ningún letrado tendrían a partir de ahora, cuando conversan en un locutorio sobre las estrategia del derecho de defensa y de otras cuestiones relativas a los problemas procesales y personales del interno, la más mínima garantía de que sus conversaciones no fueran escuchadas. Y es que, según la premisa adoptada en las resoluciones dictadas por el querellado, sería indiferente que los letrados no estuvieran incursos en indicio delictivo alguno. Lo relevante sería el riesgo de que los imputados se quedaran con los efectos producto del delito, posibilidad que —según el criterio que se colige de los autos objeto de la querella— habría que frustrar implantando una especie de medida de seguridad de índole procesal que arrasaría con las garantías fundamentales del proceso penal.

Todo lo apuntado reafirma la convicción de este instructor de que no ha de ser la declaración de una mera nulidad procesal la respuesta reactiva del sistema ante la gravedad de la ilicitud de la conducta que se le imputa al querellado. Pues, en caso de entenderlo así, el núcleo duro de las garantías del proceso penal quedaría sustancialmente desprotegido, ya que no puede decirse otra cosa de la mera aplicación de una nulidad procesal como las que dictan los tribunales en su quehacer diario para solventar situaciones de ilegalidad sustancialmente disímiles a las que ahora se investigan.

Frente a esto, ya me contarán ustedes qué puede argüir Garzón. También espero a sus palmeros, aunque el argumento de éstos ya lo conozco: el Tribunal Supremo se dedica a dar argumentos a los chorizos. Nada nuevo en el país del «vivan las caenas».

En Anatomía de un asesinato, la magistral película de Preminger, el abogado Stewart hace una pregunta que es objeto de protesta. El juez dice eso de «el jurado no tendrá en cuenta la pregunta». El cliente, acusado, le pregunta a Stewart: «¿cómo pueden no tener en cuenta la pregunta que acaban de oír?». Stewart responde: «no pueden».

Garzón va más lejos aún: dice «escúchese todo con salvaguarda del derecho de defensa». Ya ven, alguien así nos quiere convencer de su imparcialidad y de que será capaz, desde su omnipotencia, de ordenarse a sí mismo expurgar lo inconveniente. Puaj.

Como dice el magistrado del Supremo, no basta con la nulidad.

15 comentarios en “Y lo presentan como un adalid de la democracia

  1. Buen título, Tsevanrabtan.

    «De lo que antecede se colige, indiciariamente, que el juez de instrucción con sus resoluciones vació de contenido el derecho de defensa de los imputados y lesionó así de forma sustancial uno de los principios básicos del sistema procesal penal, retrotayéndonos a un estatus procesal anterior al Estado de derecho».

    Mucho miedo da esta gente. A ver en qué queda todo esto.

  2. Lo malo es que este auto o sentencia o lo que sea que trae usted no lo va a leer absolutamente nadie, y cuando se diga que Garzón ha sido procesado por meterse con el PP y se responda con los argumentos del auto, habrá que aguantar miradas tipo: «deja de escuchar intereconomía» o «hay que leer menos el mundo» o «que aparezcan las facturas de los trajes de Camps, y luego hablamos de lo que quieras».

    Siempre he pensado que la democracia no es un sistema formal, que se extiende sobre la sociedad, sino la consecuencia inevitable de un estado mental y cultural generalizado en los ciudadanos. Aquí carecemos totalmente de lo segundo, por lo que no cabe asombrarse del tipo de democracia que tenemos. El ponente de ese auto debería ser alguien anónimo, y sus palabras deberían ser un simple acto administrativo contra alguien que se ha pasado de la raya, pero no: pronto lo veremos acosado desde todos los frentes, acusado de genocida (una vez desprovisto de contenido el adjetivo «fascista» por su sobreutilización, ahora toca «genocida»), facha, pagado por el PP, cavernícola y no me extrañaría que alguien organizara manifestaciones en la puerta de su casa.

    Lo más gracioso es que muchos de los que acuden a las manifestaciones pro-Garzón son abogados de prestigio. No creo que ningún abogado pueda argumentar nada frente a lo categórico del auto y sin embargo ahí están, manifestándose.

    Y sí, no basta con la nulidad de lo actuado. Eso sería como decir, «esta vez no ha colado, pero prueba otra vez, que igual el facha este ya no está aquí».

  3. A mí me ha gustado especialmente esto:

    «no cabe desdeñar ab initio la posibilidad de que la defensa opere con el argumento de un posible error
    sobre el elemento normativo del tipo penal (la injusticia de las resoluciones), en cuyo caso, y de prosperar esa tesis defensiva, habría que derivar la calificación jurídica posiblemente hacia la modalidad culposa del
    delito de prevaricación».

  4. [5] Discrepo. No me pienso leer el auto entero ni borracho, pero la concisión vale para lo que vale. ¿A Vd. -precisamente- le gusta un Velázquez ‘conciso’?

  5. Jeje. Y lo dice Mercutio, inventor de la negación sin réplica…

    La verdad es que admiro a los que, por su profesión tienen que redactar –o leerse- estos tochos. Y durante unos breves minutos, casi disfruto siguiendo –o intentándolo al menos- la argumentación.

  6. La verdad es que el auto es demoledor. No sé nada de derecho como para buscarle las vueltas a lo que dice, que es de una lógica aplastante y, en la perspectiva de lo que tiene que ser un Estado de Derecho, absolutamente evidente.

    Me alucina especialmente -y me acojona-, y tampoco lo sabía, que Garzón pretendiera tener todas las escuchas y luego él, discrecionalmente, decidiera cuáles quedan y cuáles no. ¡Es alucinante! Con toda lógica, el redactor del auto dice que a quién cojones quiere convencer de que se hace selectivamente la escucha mediante el simple expediente de que unas queden en el sumario y otras no. Este hombre no sólo es un miserable y un tipo peligroso, sino gilipollas del bolo total. ¡Menudo argumento se saca el chaval, de niño de cinco años!

    Una pregunta, D. Tse, que creo que es importante. Dado que es claro que las escuchas ilegales del señorito han violado el legítimo derecho de defensa de los procesados, ¿cabe pensar en consecuencia que los defensores esgriman en su día el argumento para declarar nulas las actuaciones, el sumario y toda la pesca? ¿Cabe incluso la posibilidad de que, por ello, salgan todos los procesados a la calle sin más?

    En caso de esto último, se vería el enorme beneficio que ha prestado este memo malvado a la sociedad: ha permitido que unos mangutas de tomo y lomo -me parece que no hay mucha duda de que lo son- se vayan de rositas sin siquiera rendir cuentas. Vamos, un favor a la democracia, al Estado de Derecho y a la Justicia de cojones. Eso sí, en caso de que sean ciertos mis supuestos anteriores. Y sin ellos, vamos, que con lo que ha hecho este capullo ya nos vale para haberle pasado a la justicia varias veces un camión por encima, haber sodomizado varias veces el Estado de Derecho y mil cosas más. A partir de ahora, creo que va a instruir directamente Rubalcaba.

  7. [14] Ya se ha declarado la nulidad de las conversaciones y más o menos parece delimitado el alcance de la nulidad (afectaría a cualquier cosa que se hubiera derivado de las escuchas). Parece que hay muchas evidencias al margen Supongo que los abogados intentarán enmierdar, pero no creo que tenga mucho futuro. Una de las cosas graciosas es precisamente que en el auto del Supremo se relaciona ¡¡lo que hablaron!! con los abogados. Así de acojonante es el asunto.

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