Opiniones de un primate


Trae Mercutio una entrada de García Amado que está muy bien y que voy a comentar, ya que habla de asuntos que me interesan mucho. El artículo es muy largo, y con su comentario, calculen, pero la culpa es de su autor, que no ha sido capaz de decir lo mismo con menos palabras. Como saben, yo no tengo ese defecto.

Antes de empezar les diré que me hubiera gustado haber escrito esa entrada. Encaja perfectamente en el tipo ideal de artículo tsevanrabtiano. Por desgracia, y sin entrar en el espinoso asunto de la capacidad, habilidad y conocimientos precisos para escribirlo (y su concurrencia en el hombre de la rebeca rosa), no estoy de acuerdo con parte de él, y bien que lo lamento. Voy a dejar estas concisas reflexiones primeras y me meto en harinas:

En efecto, los incidentes del pasado fin de semana deberían ser alimento para reflexiones sesudas y duraderas. Es de temer, por tanto, que se pase página con presteza, que todas las páginas pasen como si nada. Se buscarán apaños. Para seguir tirando. Hacia el pozo, en la mugre; pero tirando.

Una de las cosas que más me sorprenden de cuanto ha acontecido es lo poco que se sabe de Derecho. Escasos conocimientos jurídicos en el pueblo en general, que al menos tiene su lógica de andar por casa -que de algo ha de valer-, y nula sapiencia de leyes entre los expertos en la materia. Ni puñetera idea, vaya. Incluyendo al que suscribe, por supuesto, aunque nada más que para mis adentros me sirva de atenuante el no ser práctico de lo jurídico y, en cuanto teórico, el andarme por las nebulosas iusfilosóficas. Aunque, al paso que vamos, acabarán resolviéndose los grandes conflictos con argumentos de de Derecho natural con rulos. Ya casi estamos en ésas y no hay más que ver alguna polémica aquí mismo, hasta en el blog. Mas no nos despistemos de nuestro propósito de hoy.

Bien. Aunque no estaría de más recordar que las leyes no nos han sido dadas por el Ser Supremo en el Sinaí. Quiero decir que, a veces sucede (qué generoso he sido) que las leyes que redacta ese ente colectivo llamado “el Legislador” son lamentablemente deficientes. Por cierto, hay leyes que nunca han sido objeto de interpretación (más allá de la académica), porque nunca se han aplicado. Los tribunales son como son, y a veces cambian interpretaciones centenarias de forma harto extraña, pero es más fácil discernir cuándo se hace una interpretación absurda de qué es tortura que hacer lo mismo en el caso de la alarma prevista en la Constitución. Precisamente porque es la primera vez que se utiliza.

Era patético escuchar la radio el sábado por la noche y oír a los locutores y tertulianos implorar llamadas de gentes de leyes que acertaran a interpretar en tales claves lo que estaba ocurriendo. No daba la cara ni uno. Y cada tanto entrevistaban a algún fiscal jefe que venía a contar, en resumidas cuentas, que lo mismo podía ser un catarro que una angina de pecho y que, por de pronto, leche caliente y unas friegas. A uvas todo Zeus. Y luego que qué implicaba militarizar el control aéreo, y más tarde que cuánto de alarmante sería un estado de alarma y que por dónde sonarían las alarmas tales. De la misma forma que, cada tanto, los servicios de seguridad pública organizan un simulacro de catástrofe para saber qué debe hacer cada cual y cómo reaccionar, los servicios jurídicos de las instituciones públicas –y hasta los bufetes privados- deberían hacer ensayos de problemas jurídicos urgentes que no sean que un señor le pegó malamente a su pareja o que un abuelo pretende cobrar un billete de lotería que pasó por la lavadora de casa y no se lee bien.

Bueno, en un mundo perfecto quizás. Me temo que con el curro ordinario tengo suficiente. Por cierto, una de las consecuencias de la inflación legislativa y los cambios constantes (incluso de leyes fundamentales) es precisamente que hemos llegado al punto de no saber cómo cojones va a interpretar un juez vulgaris o uno de campanillas, ciertas cuestiones. Y es que cambian tanto que no es extraño que terminen aplicando leyes derogadas.

Porque hay que ver cómo estamos cuando ocurre algo serio en un país que ni es serio ni pretende tomarse así y que, de propina, había sido convencido por sus politicastros de que todo se arregla con diálogo y talante. Toma talante y diálogo ahora. A este paso, le tocará al ejército hasta cuidar a los más necesitados en aplicación de la Ley de Dependencia. Empezaron llamándolos para los incendios y las riadas, ahora los llevan a los aeropuertos y pronto veremos a los coroneles cambiándoles el pañal a los viejecillos incontinentes mientras la Abogacía del Estado se pregunta si es constitucional prestar tal servicio con la pistola al cinto o si debería cambiarse por un matasuegras. Con perdón. Y luego nos extraña que se pusiera a llorar a moco tendido aquella controladora descontrolara, cuando vio que el guardia civil que fue a su casa a preguntarle qué tal iba su gripe sobrevenida llevaba, pistola y esposas. Por esto último cualquier día el Tribunal Supremo le aplica a la benemérita el Derecho de familia. Al tiempo. Y luego dicen, por acabar con la controladora histérica, que para ese oficio hace falta pasar unos psicotécnicos de mucho cuidado. Aquí el que no corre controla al que vuela. Me juego tres cenas caras a que la boba aquella es pariente o amiga antigua de otro controlador que la controla de aquella manera y que la enchufó comme il faut.

Qué decir. Concuerdo plenamente.

Bueno, pues luego de deliberaciones en un gabinete de crisis que ya me gustaría a mí ver por un agujerito para oír a nuestras lumbreras explayarse sobre reglas y principios constitucionales, se sale con lo del estado de alarma y vuelve la paz a los aeropuertos y a los espíritus. Como de la Constitución han hecho una cortesana servicial y del Derecho todo una sesión de espiritismo para incautos, casi nadie se pregunta si tendrá encaje legal cierto la alarma alarmante y, mientras la prensa progre del régimen dice que fíjate qué bien y qué rápido apagaron el incendio que provocó su colilla, la rancio-conservadora, que también es del régimen aunque disimule más, no sabe si alegrarse de que la autoridad jurídica se haya puesto tan fáctica o si mosquearse porque con otros cuatro golpes de estado de alarma va Rubalcaba y gana a Rajoy, que ni corre ni vuela.

No estoy de acuerdo. Se ha discutido tanto cómo en otras ocasiones. Y además se discutirá en los tribunales; ya se han anunciado los recursos. En realidad, este párrafo anticipa la propia idea del artículo: que la medida es ilegal y da por sentado que nadie con conocimientos jurídicos consideró si podía o no decretarse el estado de alarma. Sucede, sin embargo, que hay quien defiende lo contrario. Y no parece muy lógico tirarse seis meses pensando si concurren o no los requisitos cuando se da una circunstancia grave y urgente.

En fin, dejémoslos. Básicamente esto no tiene arreglo a corto plazo, y a plazo largo yo confío en que mi descendencia se quede a vivir por esos mundos y no vuelva aquí ni a ponerme flores. Vienes por los difuntos y se te queda cara de Chacón o Soraya. O de Pepiño o Pons. Quita, quita, que se quiten de en medio nuestros seres queridos y que anden por aquí nada más que los gusanos comiendo los restos de lo que iba para Estado y se quedó en fracaso de pijos, zánganos y pusilánimes.

Esto ya no tenía arreglo a corto plazo desde hace mucho tiempo.

Pero juguemos un rato con las cosas del Derecho, como si todavía tuviera algún sentido y fuera esto Estado de Derecho y no casa de putas alevosas. ¿Será constitucional la esta declaración de estado de alarma? Sostendré que no, que ni de broma. Ni soy constitucionalista, lo cual no sé si será ventaja o inconveniente para el análisis que sigue, ni estoy en condiciones de comenzar mi informe con una cita de Laband o unos fragmentos de cualquier iuspublicista italiano que vota a Berlusconi, pero que durante el día se finge devoto de Dworkin y Santa Teresa de Jesús. También he de advertir que pertenezco a la especie en extinción de los juristas que piensan que las normas jurídicas son cosas hechas con palabras y no cabalísticos mensajes del Más Allá o deposiciones del Oráculo que sólo puedan interpretar cabalmente los servidores del templo habituados a esos hedores. Esto, en román paladino, significa que si una norma dice, pongamos por caso, que está prohibido retorcerle el cuello a las gallinas, donde dice gallinas dice esas aves sumisas, y no leones o coleópteros, y donde dice retorcer el cuello dice retorcer y dice cuello y nada habla de comer carne en vigilia o de acceso sexual por vía impropia. O, dicho de otro modo, que las leyes hablan el lenguaje de todos para que las entiendan todos, y que prescriben en esos términos porque se dirigen a la gente normal, razón por la que ha de evitarse que el monopolio de su interpretación la tengan los anormales de tan exquisitos, que no hablan como los demás y que se tienen por develadores de espíritus y ventrílocuos con principios a modo de muñeco.

No vea cómo me gustaría compartir lo que dice el autor de este texto. Sin duda, estaría muy bien que la ley fuese sencilla. Y que fuese clara. Por desgracia no lo es. Y además hemos ido a peor: basta con comparar algunas normas centenarias con las que hoy se promulgan. Las leyes además deberían ser pocas, porque a veces sucede que lo que dice una se contradice en otras. Un buen ejemplo, por cierto, es la propia Ley que nos ocupa. Es muy sintomático que se parta de ese principio y se hable de las gallinas y demás, y luego haga falta interpretar una contradicción evidente de la propia ley. Pero, en cualquier caso, discrepo en otra cuestión. Incluso la mejor ley, la redactada por el más preclaro de los hombres, la que utiliza mejor el lenguaje, la que cierra mejor su alcance, exige interpretación. No es una cosa que el menda se invente. La ley está hecha para resolver conflictos que normalmente se han dado y, a veces, los que se presume que puedan darse. Precisamente por eso, porque su objeto es, siempre, un conflicto de intereses, es inevitable que los interesados (incluso aunque su interés sea abstracto, ético, filosófico o político) intenten ajustar las palabras, encontrando casi siempre esos hijoputescos e inevitables resquicios. Si no, ya me contarán que han estado haciendo los del Tribunal Supremo norteamericano (por no poner ejemplos patrios) durante un par de centurias dando vueltas a un texto legal bastante clarito y además estupendamente breve. Ah, hay otra putada en eso de la ley clara y breve. Cuanto menos casuismo, se nos dice, mejor. Por desgracia, cuanto menos casuismo, más cosas se quedan fuera y más hay que ajustar las interpretaciones a la realidad.

Bueno, y las normas qué dicen, al menos para la gente normal. Pues la Constitución establece, en su artículo 116, apartados 1 y 2, lo que sigue:
1. Una Ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio y las competencias y limitaciones correspondientes.
2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

Vemos, pues, que la Constitución no aclara en qué casos o situaciones procede la declaración de tal estado y se limita a fijar algunas condiciones y consecuencias de dicha declaración.

La Constitución dice eso no para la gente normal. Lo dice para todo el mundo. Me temo que el autor insiste en exceso en esa especie de bonhomía popular para luego dar una interpretación que parece ajustarse más a la literalidad. Yo no digo que no sea legítimo, pero hay algo impostado en eso de dar por sentado que todo dios puede entender las cosas a simple vista y las vueltas que luego le da al asunto para que la simple vista resuelva las contradicciones de la norma. Ese “antiintelectualismo” no pasa, lo siento, de ser una técnica retórica más, un explíqueme esto “como se lo explicaría a un niño de tres años”.

Remite la Constitución a Ley orgánica la regulación pertinente, y dicha Ley es la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio. En su artículo 1 explica que la proclamación tanto del estado de alarma como de los de excepción y sitio procederá “cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes” y que “Las medidas a adoptar en los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, así como la duración de los mismos, serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Su aplicación se realizará en forma proporcionada a las circunstancias”. No perdamos de vista el juego que puede dar lo que dispone el artículo 3: “Los actos y disposiciones de la Administración Pública adoptados durante la vigencia de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio serán impugnables en vía jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto en las Leyes” y, además, “Quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes”.

Pero lo que más nos interesa ahora es saber en qué circunstancias puede el Gobierno declarar el estado de alarma. Ese asunto lo regula el artículo 4 de dicha Ley orgánica en los siguientes términos:
“El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución podrá declarar el Estado de Alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad:
a. Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.
b. Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
c. Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo.
d. Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad”.

Como los hechos sucedidos con el abandono por los controladores aéreos de su puesto de trabajo el pasado viernes son de sobra conocidos, no hace falta enumerarlos aquí ni analizar sus consecuencias como caos de la circulación aérea y posterior cierre del espacio aéreo. Lo que hemos de ver es en cuál de esos cuatro supuestos encajan, pues si no fueran subsumibles en ninguno, resultaría difícilmente justificable la declaración de estado de alarma que hizo el Gobierno por Real Decreto 1673/2020 del pasado sábado 4 de diciembre (Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo).

No hay que devanarse mucho los sesos para captar con toda evidencia que la situación no era de “crisis sanitaria” ni de “desabastecimiento de productos de toda necesidad”.

Hay una cuestión sobre la que carezco de datos, pero que no me gustaría dejar de lado. El Gobierno sí habla de desabastecimiento. Más aún, aunque lo he oído a salto de mata, el Presidente del Gobierno lo ha reiterado en el Congreso. Yo, la verdad, no lo veo, pero eso tampoco implica que no sea cierto. Quizás se estén refiriendo a Canarias y a un desabastecimiento presumible. Y si es así, estaría justificado: no es preciso que el desabastecimiento se esté ya produciendo, bastaría con que fuera inminente. Ya ven cuestiones de hecho discutibles; es lo que pasa cuando aplicamos las normas. Imaginemos que en tres días va a comenzar a escasear la leche. ¿Hay que esperar a la víspera o se puede hacer con más antelación? Naturalmente, es el Gobierno el que debería explicarlo. Por desgracia nadie le ha pedido explicaciones en este punto.

Nos quedan, pues, los apartados a) y c) como posible justificación de la declaración. Pero, si están bien excluidos los supuestos b) y d), como parece, hace falta que concurra el caso a), porque en el supuesto c) se requiere alguno de esos otros, a), b) o d) más otra circunstancia especial. Veamos despacio todo esto.

En el supuesto c) recordemos que se habla de “Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo”. Se trata, por tanto, de casos de huelga o conflicto colectivo en los que no se han garantizado “los servicios esenciales de la comunidad”. La conducta de los controladores entra en esta descripción, pero no perdamos de vista que no basta que se trate de una huelga salvaje con desprecio de los servicios esenciales para la comunidad, sino que además ha de concurrir “alguna de las demás circunstancias” contenidas en ese artículo; es decir, o catástrofe, calamidad o desgracia pública, o crisis sanitaria o desabastecimiento de productos de primera necesidad. Si damos por obviamente sentado que no se trataba ni de desabastecimiento ni de crisis sanitaria, la declaración de estado de alarma estaría justificada sólo si concurrían la huelga salvaje sin respeto a los servicios esenciales más la calamidad, catástrofe o desgracia. ¿Era así?

Bueno, bueno. El autor considera precisamente la remisión a los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución como una prueba de que se está refiriendo la letra c) a supuestos de huelga o conflicto colectivo. Estoy de acuerdo, ya lo venía diciendo estos días de atrás, cuando se me hablaba de la interpretación de Cruz Villalón, que decía que se había excluido precisamente el uso del estado de alarma para conflictos laborales. Sin embargo, y para que quede claro que la cuestión no es pacífica, lo que la norma dice literalmente es “cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución”. Veamos lo que dicen esos artículos antes de seguir adelante:

2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La Ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Ahora rellenemos. ¿Qué es lo que hay que garantizar? Evidentemente no se trata de:

“Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses y el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo”

Por tanto, parece que debe de referirse al resto el contenido.

“Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad y el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad”

Coño, qué cosa más rara.

Ya ven, la remisión no es muy clara que se diga. Yo interpreto (oh, dios mío, soy uno de ellos, uno de esos que no sabe qué es una gallina) que la norma, en realidad quería decir:

“Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, en casos de huelga o conflicto colectivo”

Ya ven, he llegado al punto del principio. Sin embargo, eso no es lo que dice la norma. Hemos convertido vertebrado en gallina. Eso nos lo sacamos de la chistera casi treinta años después y en contra de la opinión de un expresidente del Tribunal Constitucional.

Antes de contestar a esta pregunta, que es la decisiva, planteemos el sentido de ese supuesto c) que alude a la concurrencia de huelga salvaje (digámoslo así para simplificar) y otra de las circunstancias. No parece lógica la norma, pues vendría a tener, a primera vista, una estructura así:

Si se da x o se da y o se da z o se da j + x o j + y o j + z, entonces podrá ser w.

Con esa estructura de la norma, resultará irrelevante la concurrencia de j, pues basta que se dé por sí sola cualquier otra de las condiciones x, y, z que se le adicionan en el último elemento de la disyunción, para que pueda seguirse la consecuencia w. En otros términos, y simplificando las expresiones, si procede la declaración de estado de alarma meramente porque haya calamidad pública, crisis sanitaria o desabastecimiento y, además, cuando una huelga salvaje se une a calamidad pública, crisis sanitaria o desabastecimiento, la concurrencia de la huelga salvaje es perfectamente irrelevante para la declaración de marras, pues basta con cualquiera de las otras tres condiciones y, además, la huelga salvaje por sí no es suficiente.

Bueno, los que hayan leído estos días el blog, sabrán que vengo diciendo esto mismo desde el viernes.

Por tanto, la coherencia de la norma sólo podremos salvarla si interpretamos

¡Anatema! Se empieza salvando la coherencia de la norma y se termina aceptando la voluntad no explicitada del Führer como fuente del derecho.

que en el supuesto c) del artículo 4 antes transcrito la declaración de estado de alarma está justificada cuando: (i) estamos ante una catástrofe, calamidad o desgracia pública, o ante una crisis sanitaria o ante un desabastecimiento de productos de primera necesidad y, además, (ii) una huelga salvaje aumenta los efectos de cualquiera de esas negativas situaciones o impide poner los medios adecuados para atajarlas. Es decir, la catástrofe, la crisis sanitaria o el desabastecimiento por sí solos no justificarían la declaración, dado que o bien su magnitud no es muy grande o bien existen medios suficientes para superarla si los servicios públicos funcionan debidamente, pero sucede que la huelga indebida en alguno de esos servicios obstaculiza gravemente esa acción correctora o reparadora.

Reitero. Esto vengo diciendo desde hace días. Por desgracia, para interpretar esto así, hay que torcer el sentido literal de la norma. No me parece muy bien cabrearse por convertir calamidad en algo diferente de lo que parece deducirse del “tales como” y no hacerlo cuando a), b) o d) se convierten en a), b) o d) “pequeñitos”.

Sea como sea, lo que no tiene ningún sentido, norma en mano, es que se razone de modo inverso a como acabamos de hacerlo. Es decir, que se estime que el daño que provoca la huelga salvaje (seguimos sintetizando así, bajo esa expresión un cúmulo de acciones ilegales relativas a la prestación laboral) en un servicio público provoca daños calificables como catastróficos, calamitosos o de auténtica desgracia pública, pues en esto equivaldría a entender que toda huelga ilegal en uno de tales servicios puede y suele conllevar, por el carácter esencial de los mismos, la justificación para que se declare el estado de alarma.

¿Por qué no tiene ningún sentido? Sinceramente, no lo comprendo. No sé por qué no puede interpretarse que la huelga salvaje que afecta a un sector económico vital y que puede suponer una pérdida de 500 millones de euros para un ente público no es una huelga salvaje que está produciendo efectos calamitosos en el sentido de la norma. El autor nos dice que no tiene sentido, pero el caso es que yo, interpretando se lo encuentro: cuando un conflicto colectivo que paraliza servicios esenciales concurre con algo que pueda ser calificado como calamidad o desgracia pública, procede la declaración. Vemos que, en última instancia, la cuestión se remite a los propios términos del apartado a). Así que sigo.

Pero no es ése que acabamos de exponer el argumento más contundente contra la constitucionalidad de la declaración del estado de alarma todavía vigente. Repasemos el apartado a) del artículo 4, que vemos que es el determinante. Se dice que procederá la declaración de estado de alarma cuando haya una alteración grave de la normalidad consistente en “Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud”. Del sentido que podamos dar a esa enumeración ejemplificativa depende el alcance de este supuesto.

Supongamos que el médico le prescribe a usted una dieta consistente en “líquidos tales como leche, zumos, jugo de carne y caldo de vegetales”. Salvo que usted quiera engañarse a sí mismo o pensar que con sus habilidades dialécticas puede hacerle trampas a su doctor, no hará ninguno de estos dos razonamientos:

(i) Puesto que la buena ginebra me gusta tanto o más que el más exquisito de los zumos -es exacatamente mi caso- y dado que también se elabora la ginebra a base de cereales y bayas de enebro, que son vegetales, va de suyo que también puedo tomar buenos vasos de ginebra como parte de mi dieta.

(ii) Puesto que todos los alimentos mencionados en la enumeración del médico tienen en común la riqueza en proteínas -no sé si será así, pero pongamos que sí- y dado que el marisco también tiene muchas proteínas, la langosta y el bogavante forman parte de esa dieta que por prescripción facultativa debo aplicar.

Ese tipo de razonamientos se llama de ley del embudo, de “el que la pilla pa él” o de “tonto el último”. No cuelan entre personas razonables, pues es evidente que en el enunciado del médico se dice “líquidos” y que la directriz aglutinadora ha de sacarse de lo que los líquidos que como ejemplos se mencionan tengan en común. Por ejemplo, nota común de todos ellos es la de la ausencia de alcohol.

Lo que dice el autor parece muy razonable. Lo malo de los ejemplos es que son eso, ejemplos. Podríamos, para discutir el ejemplo, hablar de la función de la receta del médico: curarnos. Y que el médico no trata de resolver situaciones de conflicto entre diferentes personas, y por eso todo el mundo se ríe del que se pone ciego a martinis, por engañarse. También por engañarse precisamente porque puede decirle al médico: oiga ¿la ginebra está excluida?.

Yo no soy muy amigo de los ejemplos por eso. Porque un médico recetando no es un Gobierno haciendo decretos. Además, lo mejor es dejar los ejemplo e ir a la norma sin más …

¿Y cuál es la pauta cuando la norma legal habla de “Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud”? Parece claro que se está haciendo referencia a sucesos acaecidos al margen de la acción humana o cuyos efectos se mantienen al margen de dicha acción. Y dicha propiedad no la tiene una huelga salvaje, cuyo acontecer no es “natural” o “desgraciado”, sino voluntario, y cuyos efectos obedecen a que los causantes no cesan en su acción o actitud.

Ahí estamos. “Parece claro”. Eso es de nuevo interpretar. Después de tantos años, uno no sabe si es mejor un término general o una lista. Así que terminamos haciendo, en los contratos, esas cosas extrañas: damos un lista y luego una norma de cierre. Decimos tales como esto y esto y aquello (precisamente lo que nos interesa) y luego, por si se nos olvida algo, decimos “y además todo tipo de X”. Da igual, luego en los tribunales, siempre aparece un juez que interpreta lo que para ti era clarísimo de otra manera. Lo mejor sería decir no “tales como”, sino “catástrofes, calamidades o desgracias públicas, consistentes en terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud”. ¿Ven? Aun así, la norma sigue conteniendo una coletilla general: accidentes de gran magnitud. Dentro de accidentes de gran magnitud se incluyen todos los anteriores. Si nuestro amigo, el Legislador, hubiera hecho eso, no habría duda alguna. Yo creo que no lo hizo así para no atar las manos de un Gobierno a la hora de analizar esas situaciones de emergencia. Para darle margen, vamos. Sin perjuicio del control a posteriori.

Veamos un indicio. Dice el autor con gran tino: “acaecidos al margen de la acción humana o cuyos efectos se mantienen al margen de dicha acción”. Es evidente por qué. Si los controladores, en vez de sólo pirarse, hubieran incendiado la Alameda de Osuna, la calamidad se da (porque está en la lista), pero es voluntaria en su inicio. Como vemos, de nuevo de manera sutil, y contrariando esa lectura popular de hombre bueno y a primera vista, el autor ve que la pauta no puede ser sólo que se trate de un fenómeno natural. Así que, alehop, extiende un poquillo la interpretación y da con una pauta que sí cumple el requisito pero que no ampara al Gobierno.

Ahora bien. Imaginemos que los controladores se piran. Es voluntario, como el incendio. Ahora imaginemos que los controladores además de incendiar el bosque tienen a su disposición el botón para que funcione el riego: basta con que le den para que todo vuelva a la normalidad. ¿Para qué decretar la alarma? Los efectos no se extenderán al margen de la acción humana si el controlador le da al botón. Así que no le quitamos el botón, porque la pauta que hemos encontrado interpretando la norma por aquí y por allá no se cumple. Sin embargo, personalmente creo que una enumeración ejemplificativa no es un obstáculo suficiente (al menos mientras no llegue el Tribunal Supremo y diga otra cosa) como para el Gobierno de la nación con el apoyo del Congreso, (que puede desautorizarlo) pueda quitarles el botón mientras discutimos si líquido incluye o no alcohol. Véase, y con esto me anticipo a algunas de las cosas que se dirán, que las quejas no se darían en tres casos:

1.- Si la norma, en vez de ser una mierda, dijera claramente que calamidad es esto y esto y esto.

2.- Si la norma dijera calamidad sin más, sin ejemplos.

3.- Si el Gobierno plantea el estado de excepción.

Por desgracia la norma no hace ni 1.- ni 2.-. Así que, el asunto, no siendo claro, da margen al Gobierno para interpretarlo y, en su caso, ser corregido por los tribunales.

Digo esto porque parece que el Gobierno, con esta decisión nos lleva por la senda del totalitarismo. De ser cierto, serían totalitarias las opciones b) o c). Y, sin embargo, la c) está prevista en la ley. Por ser más claro: no puede que algo sea malo por ser una interpretación discutible (y corregible) de una ley que podría haber previsto esa situación (en cuyo caso no sería discutible) y a la vez ser totalitario.

Baste pensar que la más que generosa y poco lógica interpretación que el Gobierno ha hecho de ese precepto sienta un precedente sumamente peligroso, pues, por ejemplo, si se mantiene, permitirá que se decrete estado de alarma cada vez que en una huelga general o que afecte a servicios esenciales no se respeten los servicios mínimos que la autoridad competente haya establecido. Y no se deje de lado la gravedad de las consecuencias de tales declaraciones de estado de alarma, pues suponen nada menos que la posibilidad de someter a disciplina militar a los trabajadores en cuestión. Como dice el artículo 3 de este Real Decreto 1673/2010 del pasado sábado, “todos los controladores de tránsito aéreo al servicio de AENA pasan a tener, durante la vigencia del Estado de Alarma, la consideración de personal militar a los efectos de lo previsto en el artículo 10. Uno de la citada Ley Orgánica y en consecuencia, quedan sometidos a las órdenes directas de las autoridades designadas en el presente real decreto, y a las leyes penales y disciplinarias militares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.5 de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre ”.

No basta con que se afecte. La ley dice “paralización”. No es lo mismo. La paralización se ha dado en este caso. Y por cierto, personalmente no tengo nada en contra de que se decrete el estado de alarma (otra cosa es qué consecuencias deba tener eso) cada vez que se paralizan servicios públicos esenciales por no cubrirse servicios mínimos. Naturalmente, debería promulgarse de una vez una Ley de Huelga. Por cierto, esa posibilidad de someter a disciplina militar a trabajadores es discutible incluso en el caso de los controladores, respecto de los que hay normas específicas que lo permiten. No quiero decir nada en otros casos. Esa es la parte, a mi juicio, más discutible del Decreto. En cualquier caso, la cuestión no es que alguien sea o no militar. La cuestión es qué consecuencias hay que dar a actos de obstaculización realizados durante un estado de alarma. Se trata de una cuestión legal, sometida al control de los tribunales de justicia. Vamos, eso del código penal que se deroga de hecho en casos de huelga. Yo no digo que sea algo baladí, pero que sea grave no implica que la gente pierda sus derechos.

Dos cosas tienen en este momento mucha relevancia. La primera, que los controladores incurrieron en vulneración del art. 58 de la Ley 48/1960 sobre Navegación Aérea, que en su párrafo cuarto sienta que “En todo caso, quienes ejerzan funciones o tengan responsabilidades vinculadas al control del espacio aéreo y a la seguridad del tránsito y del transporte aéreos, tanto en vuelo como en tierra, no podrán, sin causa justificada, abandonarlas o renunciar a su ejercicio en tanto no sean debidamente relevados o sustituidos”. Aunque suena razonable la regla, no olvidemos su año, 1960. Además, los controladores que dejaron su puesto sin justificación válida podrán incurrir en responsabilidad penal ordinaria, a tenor del art. 409 del Código Penal . Añádase que la responsabilidad laboral, ante el empresario, que podrá en caso dar pie a despidos u otras medidas disciplinarias en ese ámbito (véase el art. 54 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores). En cuanto a la responsabilidad civil por daño extracontractual, no perdamos de vista que, según el art. 1903 del Código Civil son responsables “los dueños o directores de un establecimiento y empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones” y que, puesto que aquí se trata de un servicio público y una empresa (todavía) pública, habrá que estar al art. 139.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según el que “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”, sin que tampoco debamos perder de vista el art. 145 de la misma Ley: “Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere el Capítulo I de este Título, los particulares exigirán directamente a la Administración pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.
2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca.
Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso”.

En consecuencia, responde la Administración Pública, y luego, si quiere, puede proceder en esto contra su personal que produjo el daño, en este caso los controladores. Pero lo que aquí conviene resaltar es que existen mecanismos más que abundantes para que los controladores paguen por su fechoría: responsabilidad penal, responsabilidad civil, aunque sea por vía del expediente que les abra la Administración que primero respondió por el daño que ellos provocaron, y responsabilidad laboral. La cuestión, pues, no es que o se declara el estado de alarma o se van de rositas. En absoluto. El estado de alarma no dará seguramente lugar a responsabilidades adicionales, Código Penal Militar en mano, ya que acataron las órdenes una vez que fueron movilizados con ese estatuto militar sobrevenido.

Completamente de acuerdo. Ya me gustaría a mí que en España se aplicase la Ley, pero que se pueda hacer todo eso no excluye el uso del estado de alarma. Parece evidente que la exigencia de responsabilidades no impide que el gobierno pueda utilizar un instrumento extraordinario para impedir que sigan aumentando los daños. Si ése no fuera un fin lícito perseguible no se adoptarían medidas cautelares nunca. Sin embargo, la gente va preventiva a la cárcel. No hay argumento aquí: de nuevo nos vamos a si es legal y si estaba justificado.

Es más, por lo que hoy cuentan los periódicos, parece que la idea del Gobierno, pasado el susto y el calentón y tomada de nuevo conciencia de su impotentia coeundi, es que paguen el pato o hagan de cabeza de turco los dirigentes sindicales de los controladores, y eso si se consigue probar que fueron ellos los que incitaron o indujeron a la peculiar revuelta coordinada de ese personal. Así que menos cuento con el estado de alarma.

¿Por qué menos cuento? Que el Gobierno se comporte lamentablemente después no nos impide valorar que la decisión fuera acertada. Es como decir que no se ha hecho antes (en casos de huelga salvaje como la del metro o la EMT) y por eso no se puede hacer ahora. Habrá que criticar al Gobierno por su incoherencia (en todo caso) y por actuar mal, antes o después, si las medidas son incompatibles, pero no por actuar mal antes y después, si una de ellas estaba justificada. Y la no justificación no puede resultar de los actos posteriores del Gobierno.

Porque, además, nos falta resaltar una segunda cuestión muy importante, como es que con los estados de alarma no se puede jugar a lo tonto, pues suponen una gravísima restricción de derechos para las personas afectadas. Hoy son los controladores aéreos, que nos caen de puñetera pena, y a mí el primero. No confundamos lo fáctico con lo jurídico. Yo de buena gana tiraría a uno de esos controladores por el balcón desde un tercer piso, de buena gana. Pero cuando hablamos del Derecho y los derechos nos jugamos el cocido de todos, no sólo el de los malos o antipáticos de ayer o de ahora mismo. Quiero decir que cuando ciertas espitas se abren para que hoy se restrinjan sin miramientos ciertos derechos a los malos (terroristas, sospechosos de ciertos crímenes sexuales, narcotraficantes….; rellene usted mismo los puntos suspensivos como quiera), se está poniendo la primera piedra para que mañana seamos usted o yo las víctimas del abuso o la tortura, bien porque nos confundieron con criminales de ésos, bien porque resultó que algo que nosotros solemos hacer tan campantes resulta que el gobernante de turno lo considera crimen igual de horrendo. Pongamos abortar voluntariamente o ayudar a tal, o pongamos irse de orgía múltiple sin encomendarse a la continencia cristiana. El que esté libre de peligro de recibir dos guantazos de un guardia enfebrecido, que lance la primera petición de mano dura y sin garantías legales.

Eso me parece demagogia, lo siento. Una de dos, o las restricciones de derechos son legales o no lo son. El caso es que están en la Constitución. Puede incluso afirmarse que son contrarios a, no sé, el Derecho natural, secular, civilizado, a los de la ONU, a lo que sea. En tal caso habrá que criticar la propia Constitución. Pero si no se hace eso, no puede ser que sea legal e ilegal a la vez. Torturar a la gente es ilegal. También lo es torturar a un militar. Aquí no hay restricción de derechos, porque una vez declarada la alarma el régimen legal es el que es. Si lo que se defiende es que lo que ha hecho el Gobierno está mal hecho, hay que ir a los tribunales. O pedir que se regule mejor la materia, especificando de manera más clara los supuestos y regulando de forma más clara las consecuencias.

Precisamente lo que el estado de alarma tiene de restricción grave de derechos ordinarios es razón de decisivo peso para que de aquel artículo 4 que andábamos interpretando no se deban hacer interpretaciones a lo loco o aplicaciones analógicas de lo que se prescribe para “catástrofes, calamidades o desgracias públicas”. Con claridad suficiente sienta el art. 9 de la Constitución la “interdicción de la arbitrariedad”. Un poder que con las normas, y especialmente con las que restringen derechos, hace lo que quiere y las interpreta simplemente como más le conviene es un poder que deja de estar sometido al principio de legalidad: un poder que, en consecuencia, se torna tiránico, dictatorial, incontrolable.

Si es así, si tiene razón el autor de la entrada, lo tendrán que decir los tribunales. Personalmente creo que no hay interpretación a lo loco ni analógica. No considero que el menda tenga afición a ser súbdito ni que haya perdido la razón. El asunto me parece tremendamente discutible. El Gobierno, en uso de sus facultades, hace una interpretación. Si es irrazonable o arbitraria, que lo digan los tribunales. Yo, por esperar, en este caso, no creo que en España haya un poder no sometido al principio de legalidad. Eso es absurdo.

¿Y qué dice la exposición de motivos del Real Decreto 1673/2010 por el que fue declarado el estado de alarma el día 4 de diciembre, hace tres días? No pidamos peras al olmo ni finura a los gobiernos que nos vienen tocando en suerte. No necesitan molestarse y lo saben, pues el Derecho ya no importa ni a tirios ni a troyanos y todos vamos de listillos y filibusteros. Para el Gobierno estamos ante una “calamidad pública” o de “catástrofe pública” -de las dos maneras lo dice- y no le dé usted más vueltas. Miren cómo lo explica:

“El artículo 19 de la Constitución española reconoce a todos los españoles el derecho a la libre circulación por todo el territorio nacional. Dicho derecho está igualmente reconocido a todas las personas en los Tratados y Convenios Internacionales de los que España es parte.
Las circunstancias extraodinarias que concurren por el cierre del espacio aéreo español como consecuencia de la situación desencadanada por el abandono de sus obligaciones por parte de los controladores civles de tránsito aéreo, impiden el ejercicio del derecho fundamental mencionado y determinan la paralización de un servicio público esencial para la sociedad como lo es el servcio de transporte aéreo. Todo ello constituye, sin duda, una calamidad pública de enorme magnitud por el muy elevado número de ciudadanos afectados, la entidad de los servicios conculcados y la gravedad de los perjuicios causados.
Para recuperar la normalidad en la prestación del citado servicio público y restablecer los derechos fundamentales de los ciudadanos, hoy menoscabados, y habiendo fracasado todos los intentos para poner fin a la situación de catástrofe pública existente, es indispensable proceder a la declaracion de Estado de Alarma en orden a eliminar los obstáculos que impiden su segura y continuada prestación”.

Sí, no se han extendido gran cosa. Ya lo dije, las Leyes, incluidos los Decretos, que se hacen en España son una mierda. En cualquier caso, y precisamente porque se discutirá en los tribunales, supongo que pronto tendremos con qué rellenar esto: “por el muy elevado número de ciudadanos afectados, la entidad de los servicios conculcados y la gravedad de los perjuicios causados”.

No obstante, después de haber escuchado (más o menos) la sesión de hoy, lo que es lamentable, absolutamente lamentable, es que el Gobierno no haya dado datos concretos y no se le hayan exigido. Eso, unido a la ausencia del presidente del Gobierno, hasta hoy, dejan ver la alegría que se toman nuestros políticos una medida tan grave y el estado de cosas de nuestro país.

Les faltó referirse al “estado de necesidad del Estado”, que era un noción que gustaba muchísimo a los constitucionalistas hitlerianos como pretexto para cargarse la Constitución de Weimar, y que aprendieron muy bien los lameculos con cátedra en la Argentina de los golpes militares. Y también olvidan, repito, que la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos nunca puede ampararse en la vulneración ilegal de otros derechos también fundamentales, por mucha desproporción que exista o nos parezca entre los de los unos y los de los otros.

Pero para eso debe ser ilegal la vulneración.

Se me dirá que muy bien todo lo anterior, pero que el pasado sábado se había sembrado el caos en los aeropuertos y que eran miles y miles los ciudadanos perjudicados y frustrados en sus derechos y expectativas. Muy cierto, y yo fui uno de esos ciudadanos, pues por culpa de los malditos controladores me quedé sin mi escapada londinense. Pero es más que necesario que aquí puntualicemos varias cosas.

El poder ejecutivo en las situaciones ordinarias no puede ponderar derechos contra derechos. Esas ponderaciones o están ya plasmadas en las leyes con carácter general o no caben. Suponga, querido lector, que usted es de los pocos que tienen un hígado tipo X. No son más de mil en todo el país los que tienen un hígado así. En la nación entera se ha desencadenado una tremenda epidemia que daña el hígado de la gente y provoca su muerte. Pero hay una solución, pues el mero trasplante de unas cuantas células de esos hígados de tipo X provoca la curación. Se pide a usted y a los otros portadores de tal órgano prodigioso que los donen, sacrificándose así por la vida de millones de conciudadanos, pero usted y los otros dicen que no. Es su derecho a la vida contra el derecho a la vida de diez millones de compatriotas, pongamos. ¿Podría el gobierno declarar el sacrificio obligatorio de usted para sacarle el hígado y salvar tantas vidas y sería legítimo y acorde con la Constitución que lo hiciera? No. Ahí no hay ponderación que valga. Salvo que nos guste vivir en un Estado terrorista bajo un estado de terror y riesgo incontrolable para los sujetos, claro. Usted sabrá qué prefiere.

El mismo autor reconoce que la ponderación se prevé en la Ley. Yo mato a un tipo que quiere matarme: mi comportamiento no es ilegal. Pues bien, si la declaración de estado de alarma es legal y constitucional, la ponderación se ha producido en la ley con anterioridad. Por tanto, nos volvemos al meollo del asunto: a la cosa esa chunga de las listas y el yo interpreto por aquí y por allá. Es como lo del Código Penal Militar y la pistola de los cojones. Nuestro Código Penal Militar es garantista y está aprobado por ley orgánica. Y si un controlador se hubiera pirado, le habrían detenido, pero no le pueden obligar a currar. A ver si me explico: no pueden. Otra cosa es la consecuencia. Precisamente por la consecuencia es por lo que volvieron todos. El caso es que ninguno dijo: “viva la Constitución, no curro y como el de Caballero sin espada seré un héroe cívico que triunfará en los tribunales”. Simplemente ponderaron lo que se jugaban y decidieron controlar. Y recurrir.

Pues bien, es verdad que muchos ciudadanos quedaron atrapados y quedamos frustrados por culpa de los controladores. Que se les aplique la ley con toda dureza. Pero sin vulnerar ni una ley. ¿Que menudo desastre había organizado el sábado en los aeropuertos? Ajo y agua. Consecuencia de lo mal que se habían hecho las cosas previamente. Primero, por no tener una ley bien hecha que abarque sin distorsión de sus términos esos supuestos para la declaración de estado de alarma.

Eso, sin vulnerar ni una ley. Y si se ha vulnerado (cosa que sucede constantemente, por ejemplo cada vez que un juzgado de lo contencioso condena al Estado) que se corrija.

Segundo, por no haber solucionado durante años y años, un gobierno tras otro, el problema de la escasez de controladores formados y titulados, y por haber permitido que los existentes se convirtieran en una auténtica mafia, una mafia en toda regla. Así que del desastre político y gestor pídale la ciudadanía cuentas al gobierno o a cuantos partidos han podido arreglar esos problemas y no lo han hecho, y que de los ilícitos jurídicos se exijan todas las responsabilidades a los controladores, por todos los ilícitos, pero sólo por ellos.

Completamente de acuerdo.

Ocurre y va a ocurrir todo lo contrario:

– El Gobierno no sólo se irá de rositas, sino que saldrá social y electoralmente beneficiado por haberse comportado con un autoritarismo del que tanto gusta el populacho manipulado, un autoritarismo tipo Putin o los chinos, por buscar ejemplos suaves.

¿Ejemplos suaves? Alucino, la verdad.

– La inmensa mayoría de los controladores que causaron el caos también saldrá bien librada, pues el Gobierno ya se va dando cuenta de que seguirá sin saber cómo arreglar lo del control aéreo y, además, ha descubierto la piedra filosofal con lo del estado de alarma, que sirve para que todo siga igual, pero quedando la mar de finos, enérgicos y constitucionales los ministros y presidentes.

Puede. Mal hecho en tal caso.

– Las enormes indemnizaciones a agencias de viajes, touroperadores, compañías aéreas, hosteleros y unos cuantos particulares las pagará el Estado, que para eso está, lo que quiere decir que saldrán de los impuestos que apoquinamos usted y yo principalmente.

Muy probable. Será un poco menos, eso sí, por haber durado sólo 24 horas.

– Como el Estado podrá expedientar a los controladores y cargarles las indemnizaciones que el propio Estado tendrá que satisfacer, y como los controladores podrán empitonar al Estado porque el Gobierno dañó sus derechos con un estado de alarma de dudosísima legalidad, pactarán que los unos no repercutan el montante de los daños y que los otros no pleiteen para solicitar la reposición en sus derechos o la compensación porque se los violaron. Y aquí no ha pasado nada, salvo para la galería, que es tonta de capirote.

Sí, muy probable también. No obstante, si ha habido una violación de derechos fundamentales el asunto no se limita sólo a los afectados.

– Y todos tan contentos porque vivimos en un Estado de Derecho que cada día es más bananero, pero que, por lo mismo, cada día nos gusta más, pues nos da gusto por la parte de los instintos más bajos, los que son más propios de monos comedores de bananas que de ciudadanos dignos, responsables y conscientes.

Ya lo era, antes. No se ha agravado por este caso, en mi opinión de simio comedor de bananas.

Pues muy bien. Que nos zurzan. Vivan Ribalcaba, Berlusconi, Chaves, Uribe -ya se fue, pero cualquier día vuelve- Putin and so on. Es lo que se lleva. Es lo que nos va. Es lo que nos merecemos. Que nos den sin control; y son Control.

No puedo comentar fmás; tengo la fbofca llena de flátanos.


ACTUALIZACIÓN:

No había leído los comentarios a la entrada. Resulta que hay uno que es muy interesante. Dice así:

¡WOOOOW!¡IMPRESIONANTE! Nuan se puede describir mejor la situación. Entendible incluso por los bípedos asnales.

Y solo un apunte, que refuerza tu tesis y que descansa, nada menos, que en la interpretación auténtica del legislador del, archifamoso ya, apartado c) del artículo 4, y mas en particular, de su inciso final: “y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo”.

Se da la circunstancia, que el proyecto de ley orgánica incluía originalmente cuatro supuestos para declarar el estado de alarma: catástrofes, crisis sanitarias, situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad… y situaciones de grave conflictividad laboral. Pero una enmienda transaccional “in voce”del grupo comunista – defendida por el diputado Don Nicolás Sartorius Alvarez de Bohórquez, y que fue aceptada por los parlamentarios del Grupo de UCD que sostenía al Gobierno de entonces, y que fue votada favorablemente por la casi totalidad de todos los grupos parlamentarios, incluido el socialista, ya que obtuvo 267 votos favorables, 6 negativos y 3 abstenciones – excluyó del estado de alarma las situaciones de conflictividad laboral que no estuvieran acompañadas de alguna de las otras tres circunstancias, porque lo contrario hubiera supuesto una limitación inconstitucional de los derechos de los trabajadores. (Veansé las páginas 9894 a 9900 del Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados número número 160 de 1981).

En la previa argumentación a la enmienda se dice por dicho diputado, página 9895, que: “Creemos que si se mantuviera (redactado) en la forma en que está, sería gravísimo, señorías, dejar a la discreccionalidad del Gobierno, a través de decretos (con la confianza que nos puede merecer un gobierno u otro, siempre puede resultar, al fin y la postre, un caldo de cultivo a posibles arbitrariedades), determinar cuales son servicios esenciales, cuando esos servicios esenciales se han paralizado de manera grave”.

En consecuencia, el inciso final añadido al apartado C) del artículo 4 de la citada Ley Orgánica, consistente en: “y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo”, por la citada enmienda transaccional “in voce” tiene por finalidad, en palabras de su autor, Don Nicolas Sartorius el que: “ Eso nos parece que garantizaría lo que se pretende por parte del legislador, porque que lo que no queremos pensar es que lo que se pretende es limitar el derecho de huelga a partir del derecho de huelga, sino de situaciones de excepcionalidad de otro tipo, porque –repito- estas garantías las contempla nuestra Constitución clarísimamente en los artículos 28.2 y 37.2 referidos a los Conflictos Colectivos.

Esta es la solución que el Grupo Parlamentario Comunista ve en este apartado c), porque tal y como está no nos parecería aceptable, y la propuesta que haríamos sería esta enmienda “in voce”.

Mas claro, agua.

Dando por sentado que la cita del diario de sesiones sea correcta, intentaré explicar (y a ver si lo consigo) por qué me parece muy interesante:

1.- En primer lugar porque explica el asunto del expresidente del TC. Sin embargo, está claro que se quiso dejar un margen en asuntos laborales que produjesen una grave crisis. Si no se habría quitado el texto original sin sustituirlo por nada, dejando los otros tres grupos de supuestos.

2.- En segundo lugar, porque la enmienda no se basaba en que fuera inconstitucional en sí, sino en que se pretendiera sin más limitar el derecho de huelga.

3.- En tercer lugar, porque, en contra de lo que pretende el autor del comentario, la propia intervención del portavoz del partido que hace la enmienda, refuerza una tesis interpretativa más amplia que la que hace García Amado.

Me explicaré. Dice Sartorius:

“ Eso nos parece que garantizaría lo que se pretende por parte del legislador, porque que lo que no queremos pensar es que lo que se pretende es limitar el derecho de huelga a partir del derecho de huelga, sino de situaciones de excepcionalidad de otro tipo, porque –repito- estas garantías las contempla nuestra Constitución clarísimamente en los artículos 28.2 y 37.2 referidos a los Conflictos Colectivos.”

Es decir, lo que preocupaba a los que discutían la ley era que se limitase el derecho de huelga, cuando ya estaba eso previsto (en casos de servicios esenciales) en los artículos 28.2 y 37.2. Parece que estuvieran simplemente excluyéndolo en esos supuestos. Lo gracioso es que la redacción (esa redacción desafortunada) parece en realidad decir lo contrario.

Y lo más cachondo es que esas otras cosas distintas de las huelgas son, en la descripción de Sartorius, “situaciones de excepcionalidad”. No habla de catástrofes naturales ni nada por el estilo. Y además, lo de los controladores no fue, no hay que dejar de repetirlo, una huelga. Ellos nunca lo llamaron huelga. Si hubiera sido una huelga se hubieran fijado los servicios mínimos a que se refieren los artículos 28.2 y 37.2.

Naturalmente, esto no salva que debamos interpretar lo que finalmente se aprobó, el texto de la ley. Más aún cuando no se suprimió esa letra c) sin más, sino que se aprobó un batiburrillo raro. En cualquier caso, nos dice mucho sobre qué les preocupaba a los parlamentarios. Es 1981, recuérdenlo. Les preocupaba que se usase el estado de alarma para limitar el derecho de huelga tal cual, fundamentalmente por la declaración de que este o aquel servicio es esencial.

En fin, es lo que opina este híbrido de mono y asno.

SEGUNDA ACTUALIZACIÓN:

Disculpen el pestiño, pero me parece muy interesante la entrad de hoy de García Amado. Es lo que pasa cuando uno cree que le andan dando la razón.

No me refiero a la primera parte de la entrada; lo de las asociaciones de jueces es de traca. Me refiero a la segunda:

Lo que han opinado algunos otros juristas que algo han sido en el Derecho de estos pagos, nos caigan bien o mal y estemos de acuerdo o no con lo que dicen, puede verse por ejemplo en la siguiente noticia, que copio del diario de Iustel de hoy:

Ex presidentes del Tribunal Constitucional, ex magistrados del mismo, así como magistrados del Tribunal Supremo y diversos constitucionalistas, albergan serias dudas acerca de la constitucionalidad del Decreto que el pasado sábado declaró el estado de alarma, que militarizó a los controladores y que les sometió “a las leyes penales militares”.

Manuel Jiménez de Parga, ex presidente del Tribunal Constitucional, opina que la Constitución fija en su artículo 117.5 que “la jurisdicción militar es de aplicación en el ámbito estrictamente castrense y en situaciones de estado de sitio, pero no en el estado de alarma”.

Rafael Mendizábal, ex magistrado del TC, juez del Supremo y presidente de la Audiencia Nacional, alberga las mismas dudas acerca de dicho decreto. El artículo 3 del Decreto de declaración del estado de alarma dice que los controladores pararán a estar “sometidos” “a las leyes penales y disciplinarias militares”. Según Mendizábal, es este párrafo el contrario a la Constitución, no la declaración del estado de alarma, sino la aplicación del Código Penal Militar. “Si los controladores han incurrido en algún delito, deben ser los tribunales ordinarios los que los juzguen”, concluye Mendizábal.

Enrique Gimbernart, Catedrático de Derecho Penal, por su parte afirma que la Constitución sólo admite “excepcionalmente y de una manera extraordinariamente restrictiva” la competencia de la jurisdicción militar. Por todo ello considera que “el sometimiento de los civiles al Código de Justicia Militar bajo el estado de alarma es inconstitucional”.

¡Coincido! Eso sí, como verán, los que esos autores discuten es la aplicación de la justicia militar.

Ya no actualizo más.

69 comentarios en “Opiniones de un primate

  1. En este quilombo tan hispano el ama es Don Freddone y el palanganero Pepiño. Las putas, los controladores…

  2. Interpretación teleológica: Tal como el médico te quiere curar, así Don Freddone te quiere preservar el puente, o la vuelta a Perú/Colombia, o el transplante de hígado, etc. De modo que los controladores son ahora los vasos de ginebra…
    Pero no sabemos todavía si el ama del quilombo lo que quería era resolver el conflicto que se anunciaba o hacer subir la fiebre del enfermo hasta que reventara el termómetro. In fact, los vasos de ginebra se han convertido en zumos de zanahoria. Como efecto secundario, la indisolubilidad de las Cortes, esa ágora que preside el néofito reformador de la Ley Electoral.
    Y que se anden con ojo los pilotos del Sepla, que como se desmanden los afusila…
    Y a todo esto, sin el decreto de por la mañana, ¿estamos seguros de que los vasos de ginebra se habrían ido a casa el viernes por la tarde?

  3. ¡Joder, hay que ver todo lo que no sé de leyes, la hostia! Sin saber casi nada, lo que sí parece evidente hasta para el más imbécil que sepa mirar, y que concuerda con la visión general del Sr. Tse y de su invitado tangencial, es que la ley anda hecha unos zorros por inflación bestial, por falta de claridad y por nulo deseo de aplicarla decentemente. Y ahí es donde me asalta la duda, porque veo en el texto reflejado expresamente uno de mis hábitos y no me queda claro si es el tal hábito delictivo o no: ¿puedo seguir accediendo carnalmente -aunque con arrobo y cariño, todo sea dicho- a las gallinas por vía impropia o es motivo de militarización del gallinero y de mi persona? Me lo aclaren, gracias y a sus órdenes.

  4. Este azno rebusnador acaba de borrar (Supr) un ocmentario de diez mil palabras en la línea de la actualización: que el asunto es, simplemetne, que el legislador se arrogó de la capacidad de cercenar una huelga por decreto de excepción y no lo dejó en manos del ejecutor y sus veleidades. Claro que la mierda de leyes que se escriben a quince manos (he contado bien) produce lo que produce.

    Respecto de la actualización: si no fue una huelga, la apelación al 4.c y el decreto seŕia ilegal de plano. Y con ella la alarma: no estabamos ante ninguna situación de contemplada en el artículo 4. Más bien, quizá, ante lo contemplado en el 13.

  5. [5] Me temo que no. El 14 c) no dice nada de huelga. Lo de la huelga nos lo sacamos nosotros de nuestra interpretación, porque la lectura literal (que he hecho antes) es simplemente absurda. Podría sostenerse que ese artículo se refiere a cualquier paralización de servicios esenciales incluidas las de las huelgas y eso justificaría la referencia a los artículos de la CE. Y eso se ve reforzado con lo del Sr. Sartorius, que dice que la reforma garantiza que el c) se refiere a situaciones de “excepcionalidad” y no a las huelgas por ser simples huelgas.

  6. ¿Pero no es suficiente justificación la calamidad pública que supone este gobierno como para decretar el estado de alarma? Señor. señor, cómo se complican los expertos…

  7. [7] A veces es absurdo darle vueltas a una norma mal redactada. En cualquier caso, lo que discuto fundamentalmente es que nos hayamos convertido en China por este asunto.

    Por cierto, ya dije el otro día que la cosa encajaba en el estado de excepción y que las normas de la ley hay que interpretarlas en conjunto. Decía usted que se trata de estados de diferente naturaleza, más que de diferente gravedad.

    Es cierto que puede interpretarse así. Sin embargo, la definición del artículo 13 es tan amplia que puede incluir sin esfuerzo también hechos naturales. Y en cualquier caso, su alcance es muchísimo más grave. Por ejemplo se autorizan detenciones por simples sospechas. Prefiero, en consecuencia interpretar el artículo 4 como lo hago y dejar el 13 para desórdenes públicos gravísimos. Me parece que encaja mejor con el asunto que nos ocupa.

  8. No estoy siguiendo la discusión, pero vayamos a lo práctico: ustedes sacarían un billete de avión para (pongamos) el 30 de Diciembre?

    Ya que estoy en plan consultorio, me gustaría saber qué hicieron con sus vidas cuando terminaron de ver “The Wire”.

  9. [11]

    «Sin embargo, la definición del artículo 13 es tan amplia que puede incluir sin esfuerzo también hechos naturales.»

    Sí claro; pero eso no es problema ya que el 13 es lanzado (autorizado) por un poder superior. Sería como una muñeca rusa: el 13 puede contener al 4.

    Pero no al revés.

    Yo también opino que todo lo que dice es muy razonable.

  10. Primero, pido disculpas a los comentaristas que han tenido que tragarse el tocho garciamado y las glosas tsevanrabtanas. Ruego me juzguen sólo como instigador y sepan dar a cada uno lo suyo. O lo nuestro.

    Segundo, Tsevan, no se asuste tanto con lo de China ‘ejemplo suave’: es el humor del Sr. García Amado, así como las referencias habituales a que lo que la gente quiere es más dictadura y menos garantismo. Cosa con la que estoy de acuerdo.

    Tercero: voy a dar el queo en DuraLex para que el dueño, que es amiguete, se entere de la que estamos montando aquí. Como se anime a participar esto puede ser el acabose.

    Y termino: Jacobiano, después de The Wire ya se puede Vd. morir a gusto.

  11. Yo he vendido mis billetes y mis acciones. En realidad los he canjeado por bienes tangibles. Ahora tengo muchas mesas, cienes de sillas, y multitud de latas de conserva, además de dos congeladores XXXL.
    Con lo incompetente que es este Gobierno, esta vez la cosa les ha salido bien por pura chiripa. Como repitan la jugada, el desabastecimiento va a ser total. Y yo ya estaré preparado para el largo invierno de excepcional alarma y sitio intangible.

  12. Qtyop, nada de injustificables, si cobran lo que cobran es porque es legal. Los privilegios de los que me quejo son de índole moral, cultural y leonesa.

  13. Pues como Mercutio me ha informado de la fiesta que había aquí, comienzo por saludar cordial y agradecidamente al dueño de la casa y a los invitados presentes. Y añado que, aunque sorprenda, creo que estoy de acuerdo con muchas de las observaciones y enmiendas que a mi texto (largo, pelmazo, lo sé) hace el Sr. Tse. Esto es lo raro.
    No descartemos que mi cabeza haya estallado sin remisión, pero a lo mejor lo que pasa es que en lugar de enzarzarnos tan gratamente en interpretaciones y versiones de tal o cual norma, deberíamos más de cuatro plantearnos el dar un paso atrás, a cuestiones previas y de más enjundia (aún).
    Porque el problema mayor, ahora mismo, no está en si tiene más razón el Gobierno o la tienen -en lo jurídico, ojo- los controladores y críticos del zapaterazo, sino en que ya casi nadie es capaz de entender qué sentido tienen las normas todas, empezando por las constitucionales, y las instituciones.
    Acabo, perdón otra vez. Las interpretaciones de la ley orgánica de marras son muy dudosas, tiene razón el anfitrión, pero lo que a mí me mueve a hacer la mía tan (pretendidamente) estricta o restrictiva de los poderes del Gobierno es el acojone. El acojone ante unos políticos -casi todos- que carecen de formación (jurídica, política y moral, en el mejor sentido de todos esos calificativos) y de escrúpulos, y que están viendo cada día que esta sociedad les aplaude más que nada cuando se ponen autoritarios, descarados y demagogos. Es una mezcla explosiva. Por eso es muy importante que, pese a todo, quienes puedan, como el Sr. Tse -y lo hace, lo sé- traten de separar muy bien lo que pide la víscera de lo que dictan las buenas razones que hacen honor a un Estado de Derecho.
    Debemos repasar una y mil veces las reglas del juego constitucional, pues esto, este Estado, habrá que refundarlo más pronto que tarde. Eso si llegamos a tiempo o no nos corren a gorrazos.
    Saludos.

  14. A estos con que se les obligue a que cumplan la ley sin excepciones es suficiente:
    Los hosteleros amenazan con quebrantar la ley antitabaco
    El presidente de la Federación de Hostelería anuncia por carta a los senadores que “antes de verse obligados a cerrar, no tendrán más remedio que incumplir” la ley
    http://www.publico.es/espana/350906/los-hosteleros-amenazan-con-quebrantar-la-ley-antitabaco

    ¿Lo hará el Gobierno central?, ¿Lo harán las Comunidades?
    Se admiten apuestas.

  15. Buenas tardes:

    Parece que el único que no es responsable de nada es el Gobierno desssspaña.

    Pues nada, nada, sigamos así hasta la Solución Final.

    Yo creía que la Constitución era un instrumento para defender al Pueblo de los desmanes de su Gobierno, pero más bien parece que es un instrumento para enredar las cosas y que el Gobierno pueda irse de rositas tras sus más gordos desmanes.

    Todo esto lo digo -lo repito- desde mi falta de formación jurídica. Pero me permito decirlo porque soy uno de los que pagan al Legislativo, al Ejecutivo y al Judicial. Y ya está bien de tirar “mi” dinero.

  16. De aquí:

    http://www.congreso.es/public_oficiales/L1/CONG/DS/PL/PL_160.PDF

    Muy instructivo. Me ratifico en la primera actualización.

    Rosón:

    Sin duda alguna, dentro de una panorámica general del ordenamiento jurídico relativo al orden a la seguridad ciudadana, la novedad más importante que implica el artículo 1 16 de la Constitución, respecto a la normativa vigente, es la inclusión del estado de alarma como una de las situaciones que han de ser contempladas dentro de ésta más general de la excepcionalidad de los tres estados.

    La contemplación de esta nueva situación excepcional se basa en la necesidad de proteger a la sociedad frente a una suma de riesgos donde, bien por producir los hechos naturales, bien por circunstancias sociales, se encuentra en grave riesgo la seguridad o la vida de las personas, y se encuentra en dificultad el mantenimiento de las condiciones necesarias para la comunidad pueda desenvolver su vida colectiva normal.

    Bandrés:

    No puedo estar de acuerdo. Pensemos que en un estado de alarma, que es un estado que no tiene un contenido político, que se refiere a situaciones -como la propia ley determina- de catástrofes, de crisis sanitarias, de paralización de servicios públicos,

    Olarte:

    Si en la Ponencia, y luego en la Comisión, hemos aceptado las hipótesis de alarma -que se circunscriben en el proyecto a una parte de fenómenos naturales, que es lo que los ingleses llaman los «actos de Dios»-, o bien otra clase de supuestos que se pueden producir -como las catástrofes o las situaciones que se contemplan en este precepto, en el artículo 4.0, regulador del estado de alarma y que son debidos a la actividad humana-, precisamente porque se le ha desposeído de toda carga política, que se ha reservado estrictamente para los supuestos en cuanto a alteración del orden, naturalmente para los supuestos del estado de excepción

    Solé Tura:

    Me voy a referir sólo a algunos de los aspectos, por ejemplo, a la regulación que se hace del estado de alarma. Decía antes un diputado que me ha precedido en el uso de la palabra que el estado de alarma ha mejorado, que efectivamente ha desaparecido la referencia a las alteraciones de orden público. Eso es cierto. Pero es evidente que el estado de alarma, tal como está hoy, es una auténtica extralimitación; que el estado de alarma, tal como está previsto en la propia Constitución, no puede servir de excusa ni de cauce para suspender derechos, por ejemplo por circunstancias sociales, como antes decía el señor Ministro.

    (…)

    Sin embargo, tal como está hoy el estado de alarma, que no es proclamado por este Congreso de los Diputados, sino decretado por el Gobierno, permite suspender derechos fundamentales, entre ellos el derecho de huelga. Así está en el artículo 4.”, letra c), en relación, sobre todo, con los artículos I 1 y 12 del propio proyecto.

    Esto es muy grave, muy serio. Porque, señores, ¿cuál es el enemigo fundamental, el adversario fundamental del sistema constitucional hoy vigente? ¿Contra quién debe dirigirse el golpe para impedir las amenazas contra nuestro sistema? ¿Contra los golpistas o contra los trabajadores? Con esta ley estamos dando la sensación, señores, de que nuestro objetivo fundamental es precisamente coartar derechos legítimos de los trabajadores, proclamados por la Constitución. Estamos creando una especie de espada de Damocles que va a pesar permanentemente sobre los trabajadores en el ejercicio del derecho de huelga. Este es un aspecto muy serio, muy grave, que para nosotros marca con su sello todo el eje, diría yo, del propio proyecto de ley.

    Pons:

    No se trata de distintos estados, de intensidad diferente, sino de situaciones cualitativamente distintas. Hemos conseguido que esa filosofía básica, absolutamente básica para un correcto enfoque de todo el proyecto de ley, fuese aceptada. El estado de alarma para unas situaciones, el estado de excepción para situaciones que afectan al orden público, que no pueden atajarse por los medios ordinarios, con las potestadts ordinarias, y el estado de sitio para amenazas graves al orden constitucional, a la convivencia en libertad y en democracia.

    Solé Tura:

    Señor Presidente, la enmienda que presenta nuestro grupo es sencilla en su formulacion, pero muy importante en cuanto a su contenido. Se trata de suprimir en el párrafo inicial la paIabra «como», es decir, que el Último inciso, que dice «cuando se produzcan alteraciones graves de la normalidad como las siguientes:u, eliminar la palabra «como», lo cual conllevaría evidentemente modificar la redacción, puesto que tendría que decir «cuando se produzcan las siguientes alteraciones graves de la normalidad». Este sería el contenido real.

    El fundamento de la enmienda me parece que es evidente por sí mismo. La introducción de la palabra como» supone un elemento de analogía y, en consecuencia, de imprecisión jurídica, de inseguridad, puesto que el artículo no se limita a expresar con claridad y profundidad cuáles son los supuestos de la proclamación del estado de
    alarma, sino que ofrece una vía indicativa en el sentido de que serían éstos, pero podrían ser otros semejantes, y para evitar esa imprecisión y para evitar el recurso a la analogía que, como ustedes saben, es un procedimiento jurídico absolutamente recusable sobre todo en cuestiones de penalidad -y ésta es una ley con características penales evidentes-, nosotros proponemos que la palabra «como» desaparezca.

    Sartorius:

    Señor Presidente, señoras y señores diputados, voy a defender ante SS. SS., en nombre del Grupo Parlamentario Comunista, la enmienda de supresión del apartado c) del artículo 4.0 del proyecto de Ley Orgánica de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio. Se refiere dicha letra c) a la facultad que se otorga al Gobierno para declarar el estado de alarma en el supuesto de «paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución».

    Yo creo que no es necesario señalar a SS. SS. la trascendencia de este apartado c), puesto que, desde nuestro punto de vista, afecta al ejercicio del derecho de huelga, que es un derecho básico y fundamental reconocido en la Constitución; que puede afectar al ejercicio del derecho de huelga de cientos de miles de trabajadores que trabajan en los servicios públicos que, en un Estado moderno, suelen ser siempre esenciales; y que afecta también, desde nuestro punto de vista, aunque no directamente, a la propia libertad sindical, puesto que ésta no consiste solamente en afiliarse a un sindicato, sino también en ejercer una serie de derechos que están ligados a esta Libertad sindical.

    A nosotros nos gustaría dejar claro desde el principio que no se trata, por parte de los comunistas, de hacer aquí una discusión sobre si unos están a favor de que se garanticen los derechos esenciales y otros, en cambio, no lo estamos. El Partido Comunista está completamente de acuerdo en que es necesario garantizar el mantenimiento, repito, el mantenimiento, de los servicios públicos esenciales. Por tanto, no sería correcto entrar en una discusión maniquea sobre unos defendiendo que funcionen estos servicios públicos esenciales y otros oponiéindonos a que funcionen
    eso Servicios esenciales. Nosotros estamos de acuerdo en que los servicios esenciales necesarios para la comunidad deben funcionar, pero lo que también creemos sinceramente es que el proyecto, en el apartado c) del artículo 4.”, no ha enfocado bien ni el cómo ni el dónde colocar esta garantía para que funcionen los servicios esenciales para la comunidad.

    En este sentido, nosotros creemos que el estado de alarma no es algo que se contemple en la Constitución referido al ejercicio del derecho de huelga. En la propia discusión que hubo en su momento sobre este tema, en el debate constitucional, yo recordaría aquí algunas palabras de dignos representantes del Partido del Gobierno, como, por ejemplo, el señor Cisneros, que dijo, el 8 de julio de 1978, que con la figura del estado de alarma estamos contemplando propiamente, más que situaciones de conflictividad política o social, eventos catastróficos, naturales o no (pensemos en un ejemplo dramático, próximo en aquel tiempo, como el del escape de gas tóxico en Seveso); o el señor Apostua, que también hizo la afirmación de que el estado de alarma no es un hecho político, no procede de una interpretación personalista, sino de la contemplación del conjunto de la Constitución, de la voluntad objetiva de la ley.

    Nosotros creemos que las afirmaciones de los representantes del Grupo Centrista no eran arbitrarias, sino que eran justas y respondían a una sólida argumentación jurídica constitucional, puesto que este estado, estos derechos reconocidos -como éste, en el caso que estamos contemplando-, solamente en el estado de excepción se permite la restricción o la supresión de estos derechos fundamentales, y así lo establece claramente el artículo 55.1 de la Constitución

    Este argumento jurídico constitucional nos parece que está claro y que es bastante rotundo. El apartado c), cuya supresión se propone, nosotros creemos sinceramente que no estaba dentro de ese espíritu de la Constitución tal y como se contemplan los estados de alarma, de excepción y de sitio, para supuestos distintos y diferenciados.

    Un segundo argumento que nos parece importante, también de carácter constitucional, es que la Ley Orgánica de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio no sería el marco jurídico correcto para abordar el problema de la huelga en los servicios públicos esenciales, que se contempla en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, entre otras razones porque para nosotros el aseguramiento del funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad es un problema que ha de resolverse en estado de alarma y sin estado de alarma.

    Por lo tanto, en cualquier circunstancia y situación esto debe garantizarse. No creemos, por consiguiente, que esté bien situado aquí, sino que debe estarlo en otro lugar, y en su momento se tendrá que determinar cómo se va a regular eso en otro sitio, no aquí.

    No creemos, por tanto, que este apartado c) del artículo 4.” de la Ley Orgánica que estamos contemplando esté bien situado aquí ni tampoco que sea el momento más oportuno para situarlo aquí, como ya se ha dicho. Nos parece que sería -con todos los respetos lo digo- un elemento de alguna forma sustitutorio y predetenninante de la futura solución que se diera a este problema, si lo situáramos de esa forma en este lugar. Porque el problema -repito- de la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales a la comunidad es un tema que no debe contemplarse aquí, sino en otro lugar, referido al derecho de huelga. Si lo contempláramos aquí podría parecer como que se intenta utilizar una coyuntura política favorable -no sabemos por qué, pero, en fin, favorable- para meter esta cierta limitación al ejercicio del derecho de huelga, aprovechando una situación, cuando realmente no es en el estado de alarma donde debe en absoluto contemplarse. Creemos que si se mantuviera en la forma en que está sería gravísimo, señorías, dejar a la discrecionalidad del Gobierno, a través de decretos (con la confianza que nos puede merecer un Gobierno u otro, siempre puede resultar, al fin y a la postre, un caldo de cultivo a posibles arbitrariedades), determinar cuáles son servicios esenciales, cuándo esos servicios esenciales se han paralizado de manera grave.. Por lo tanto, esa facultad la tendría en exclusiva el Gobierno durante un período de quince días.

    Además, en el caso de que fuera el ejercicio del derecho de huelga el que diera lugar a esta declaración del estado de alarma, si lo relacionamos con los artículos 1 1 y 12, se agrava la situación, porque ahí se contemplan otros supuestos, una vez declarado el estado de alarma, por ejemplo, por una huelga importante en la RENFE, en Correos, en la Telefónica o en un servicio público esencial para la comunidad. Una vez que se ha declarado el estado de alarma por el Gobierno, lleva otra serie de circunstancias, otra serie de consecuencias que son gravísimas, como es, por ejemplo, la intervención de talleres, de empresas para qu funcione la producción, etcétera, que ya no tiene nada que ver con los servicios esenciales para la comunidad, y que dieron motivo a la declaración del estado de alarma; es decir que si relacionamos aquí las dos cosas se agravaría o se podría agravar esa situación.

    Nos parece, por lo tanto, que si lo que se pretende -y yo creo que es la intención del Gobierno y la intención de todos es garantizar los servicios públicos esenciales para la comundiad, está resuelto en el Decreto-ley de marzo de 1977, que no nos gusta y que es un decreto preconstitucional. Sin embargo, una reciente sentencia del
    Tribunal Constitucional lo ha modificado. ¿Pero en qué sentido lo ha modificado? En el de declarar inconstitucional una serie de cuestiones, pero otras las ha declarado constitucionales. Por consiguiente, en el aspecto anterior, decía que el Gobierno tenía dos clases de medios para afrontar esta situación, que era imponiendo la reanudación del trabajo, es decir, suspendiendo el derecho de huelga por vía gubernativa. El Tribunal Constitucional dice que eso es anticonstitucional, pero el Tribunal Constitucional dice también que otras medidas de intervención, fundamentalmente las de prestaciones sustitutivas, son constitucionales. Por lo tanto, al Gobierno le quedan facultades para actuar en casos de este tipo que estamos contemplando aquí, sin necesidad de ir a la
    declaración del estado de alarma. El Tribunal Constitucional es claro al decir que no se puede suspender el derecho de huelga, a través de una imposición de la reanudación del trabajo, a los mismos que trabajan, sino que lo que se puede hacer es establecer mecanismos para que eso funcione. Lo que no se puede hacer es obligar a los trabajadores a trabajar, porque entonces se estaría violando un derecho subjetivo del trabajador, que es el derecho de huelga reconocido en la Constitución, y eso el Tribunal Constitucional dice que no es posible.

    La sentencia del Tribunal Constitucional permite decir que no existe ningún vacío legal, que existen medios, por parte del Gobierno, para actuar en estas circunstancias, puesto que queda vigente una parte del Decreto de 1977. Hay una voluntad clara de los Sindicatos de este país, con un espíritu de gran responsabilidad, de que los servicios esenciales a la comunidad, los servicios públicos, funcionen y haya una autorregulación del funcionamiento de csos servicios. Y, desde luego, en el Grupo Comunista estamos porque haya esa automgulación de los servicios públicos esenciales, puesto que estamos convencidos de que el derecho de huelga debe tener limitaciones, y esas limitaciones son las que estamos intentando garantizar en este texto y en otros que tienen que venir.

    Por tanto, no existe ese vacío normativo, sino que hay facultades por parte del Gobierno: hay una autotutela o autocontrol por parte de los sindicatos, y en Última instancia; y si todo fallara -lo cual sería una situación gravísima, porque quema decir que habrían fallado los medios que el Gobierno tiene en este momento, los que tienen los Sindicatos-, estaríamos en una situación absolutamente descontrolada en el tema de la huelga.

    Saben SS. Ss. que hay otros instrumentos en la misma ley que se pueden aplicar estrictamente con la autoridad del Congreso de los Diputados.

    Por tanto, nos parece que se salvan perfectamente esas garantías que se piden en lo que nosotros estamos planteando.

    Para ir concluyendo, nosotros diríamos que creemos que el sitio no está bien escogido, puesto que lo tiene en la Constitución, en el articulo 28.2, que en su momento tendrá que regularse de alguna forma.

    Por consiguiente, no creemos que sea éste el sitio; creemos que tampoco es éste el momento de decirles a los Sindicatos, a los trabajadores y al país que, por paralización de servicios públicos que hacen referencia a huelgas, es posible declarar el estado de alarma. Nosotros creemos, y lo han dicho otros dignos miembros de esta Cámara, que en este momento sería gravísimo desmoralizar a los trabajadores y a los Sindicatos con una disposición de este tipo. Sería muy grave que cuando lo que necesitamos en este país, después del 23 de febrero, es dar moral y confianza a los que realmente creen y van a defender la democracia, hagamos lo contrario y establezcamos disposiciones que de alguna manera parecen como limitativas y que son limitativas del ejercicio de un derecho tan esencial y fundamental como el derecho de huelga. Nos parece que no sería justo, que sería una cierta temeridad política y, desde el punto de vista constitucional, también, muy discutible.

    De todas formas, nosotros comprendemos lo que el Gobierno y la UCD quieren conservar o quieren mantener de este apartado c) del articulo 4.0 -que compartimos en su intención de bn-do-, y es que cuando se dé una situación de emergencia por catástrofe, calamidad, situación de desabastecimiento, crisis sanitarias, es decir,
    cuando se den los supuestos contemplados en este artículo,
    entonces sí que podría funcionar el apartado c) del artículo 4.”; o sea, que dentro del contexto de los supuestos que sc contemplan para poder declarar el estado de alarma, que son tres concretamente, aparte de este apartado c) que estamos contemplando, que es de catástrofes, calamidades o desgracias públicas, crisis sanitarias o situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad, en ese contexto es evidente que los servicios públicos tienen que funcionar por encima de todo, y evidentemente, tiene que existir esa posibilidad. De ahí que nosotros pro pongamos una enmienda in voce al artículo 4.”, letra c), que diría lo siguiente, añadiendo un inciso final a continuación del phrrafo c) de dicho artículo 4.”: uParalizaci6n de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en &te artículo». Eso nos parece que garantizaría lo que se pretende por parte del legislador, porque lo que no queremos pensar es que lo que se pretende es limitar el derecho de huelga a partir del derecho de huelga, sino de situaciones de excepcionalidad de otro tipo, porque -repita- estas garantías las contempla nuestra Constitución clansimamente en los artículos 28.2 y 37.2 referidos a los conflictos colectivos.

    Esta es la solución que el Grupo Parlamentario Comunista ve a este apartado c), porque tal y como está no nos parecería aceptable, y la propuesta que hacemos sería esta enmienda «in voce.

    Tomé:

    Quisiera hacer un poco de historia respecto a esta inicial enmienda 124. Fue también una enmienda hecha al texto inicial del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana; fue una enmienda en la que, en su literalidad, el Grupo Parlamentario Comunista pedía que se adicionara la palabra «ilegal» después de «paralización; es decir, «paralización ilegal de servicios públicos esenciales para la comunidad». Fue uno de los temas quizá más tratados, más debatidas y que, además, setrataron con más cariño y con más intentos de resolución en la Ponencia y en la Comisión.

    Creemos que los argumentos que expusimos al representante del Grupo Parlamentario Comunista en la Comisión, alegando que esta paralizaciónb -que ellos pedían ilegal- «de los servicios públicos esenciales para la comunidad» no era adecuada, estaban en que la ilegalidad de los supuestos de paralización, de los supuestos de huelga tienen que ser declarados a través de un procedimiento jurisdiccional por las Magistraturas de Trabajo. Entonces, salía del ámbito en que se contemplaba dentro de la Ley de los Estados de Excepción este supuesto para el estado de alarma.

    Así lo reconoció, y ésta fue, pudiéramos decir, la primera etapa en la cual se mejoró este texto, puesto que sc consideró que esta paralización debía ser grave y este aspecto de gravedad de la paralización está contemplado en el encabezamiento de este artículo, cuando habla de que «… se produzcan alteraciones graves de la normalidad como las siguientes).

    Hubo también un avance al perfilar esta enmienda y perfilar estos derechos, puesto que en ningún momento la intención de nuestro grupo parlamentario era interferir o ignorar la existencia del derecho de huelga reconocido en la Constitución.

    Ahora bien, la propia Constitución, en sus artículos 28.2 y 37.2, al referirse al derecho de huelga y de conflicto colectivo, señala también la circunstancia de que deberán de existir, deberán de justificarse los servicios esenciales para la comunidad, deberá producirse una situación a través de la cual se regularán y se establecerán das garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad».

    Estimamos que esta situación perftlaba el texto, puesto que no hallaba pura y simplemente de paralización de servicios públicos esenciales, sino que lo condicionaba ya a lo que respecto a ellos señala la Constitución. Ahora bien, ésta, que fue una de las situaciones que, repito, planteó amlplios debates dentro del seno de la Ponencia, fue tambien una de las situaciones que creó preocupación y que se estimaba como novedosa dentro del texto del proyecto de la ley reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio. Sin embargo, tenemos que decir que estas situaciones existen ya en paises en que hay mucha experiencia sindical, como es el ejemplo de Inglaterra, donde la ley de poderes de emergencia de 1920, que fueratificada en 1926, contempla esta situación. También la contempla la ley francesa de 1 de abril de 1955. Fue, por tanto, una situación que no es una novedad dentro demuestro Derecho, que existe ya en estos países con tradición sindical, que no pretendería interferir el Derecho constitucional que regula la huelga, que admite la huelga y que constitucionaliza la huelga y los conflictos colectivos. Vamos a concretar también los argumentos que expusimos en relación con nuestra enmienda. Nos ha alegrado realmente que aquellos argumentos que nosotros expusimos, que se referían a la posibilidad, a la áfirmación de que no existía vacío legal y de que el principio de reserva de ley que fue defendido por los ponentes del Grupo Parlamentario Comunista realmente no era tal, puesto que decían éstos que hasta que no se regulara esa ley, ya que la Constitución hablaba de la ley y tenía que ser precisamente en esta ley, no había posibilidad de regular estos servicios mínimos esenciales. Nosotros manteníamos que esos servicios mínimos esenciales estaban en ese momento contenidos en el artículo 10, párrafo segundo, del Decreto 1711977, de 4 de marzo.

    Manteníamos la constitucionalidad de estos principios. Manteníamos que no existía este principio de vacío legal. Estimábamos que no existía este principio de reserva legal. Una vez que se produzca esta ley a la que se refieren los artículos 28 y 37 de la Constitución, efectivamente, estos servicios mínimos seá los que determine esta ley, pero en tanto en cuanto estos servicios están regulados en la propia constitución. Citábamos también una serie de decretos que conoce perfectamente el Grupo Parlamentario Comunista y que entonces, no sabemos por qué, sus representantes decían que no les satisfacían y que no aceptaban. Entre estos decretos de servicios mínimos están, por ejemplo, el del Metro, de 14 de marzo de 1980; el de CAMPSA, el Decreto del Instituto Nacional de Meteorología, el de los servicios públicos hospitalarios en las entidades públicas, el de servicios portuarios, el de RENFE, etcétera, que son todos ellos posteriores a la promulgación de la Constitución.

    Digo que nos alegra que esta tesis, que entonces se nos rechazó, haya sido aceptda por el diputado del Grupo Parlamentario Comunista que me ha precedido en el uso de la palabra. El se ha referido ahora a aquel decreto, a que es constitucional, a que tiene una vigencia y se ha rderido también a que no existe vacío legal. Efectivamente, así es, y aquellos argumentos que entonces nos eran rechazados y que estaban basados, pura y simplemente, en nuestra argumentación, en la argumentación de los ponentes centristas, vienen a estar ahora ratificados y amparados por la sentencia del Tribunal Constitucional del día 8 de este mes de abril -sentencia que también ha citado el representante del Grupo Parlamentario Comunista-, que en su fallo declara, yo creo que perfectamente, la constitucionalidad del artículo 1 O del Decreto 17 de 4 de marzo de 1977. Ampliamente trata los problemas referentes a la reserva de ley, le dedica muchas páginas de su sentencia; ampliamente trata, también, de la constitucionalidad del Decreto-ley; ampliamente también trata de los servicios esenciales; y llega a una conclusión importante; la de que ninguna de las partes que intervienen en un conflicto debe resolver cuáles son estos servicios, y lo confía al Gobierno.

    No quiero entrar en el detalle de los términos en que se pronuncia esta sentencia, sentencia muy importante. Comparto también la tesis del diputado que me ha precedido en el uso de la palabra, señor Sartorius, en el sentido de que, b>efectivamente, esta ley no es lugar para tocar estos problemas; esta ley es lugar para resolver las situaciones en que puede ser declarado el estado de excepción. Y como la situación de nuestro grupo parlamentario, y también la intención del Gobierno, no es interferir en absoluto el derecho de huelga, que está reconocido por la Constitución, surge este problema de los servicios esenciales a que se refieren los artículos correspondientes de la Constitución; problema que habrá que resolver, aunque está resuelto ya realmente por el Decreto de 4 de marzo de 1977 y está resuelto también por la sentencia del Tribunal Constitucional, que lo interpreta.

    En este sentido, nos parece adecuada la enmienda que ha formulado «in voce», que condiciona la paralización de estos servicios y deja a salvo, en consecuencia, cualquier implicación de la huelga en la declaración del estado de alarma y que se produzca también alguno de los otros supuestos contenidos en el propio artículo, al pedir
    que se aflada el texto que figura en el dictamen de la Comisión, y cuando concurra también alguna de las situaciones o circunstancias a que se refiere este artículo.

    El Grupo Centrista entiende que viene a precisar la situación que quiere contemplar para los estados de alarma, que contempla también el Gobierno en su proyecto, y por esto anunciamos que apoyaremos esta enmienda «in voce» que ha presentado el Grupo Parlamentario Comunista.

    Para finalizar, y por venir muy a cuento, añadía el señor Alzaga:

    Señor Presidente, señoras y señores diputados, parece que las circunstancias excepcionales, o el hablar de circunstancias excepcionales, y de las consiguientes medidas excepcionales, de alguna manera trae a colación una somnolencia excepcional en la Cámara. Yo no sé si avanzamos hacia unos hipotéticos estados de excepción por la vía del atado de sopor, pro quizá no sea malo, porque quizá el estado ideal del hombre es el de sopor o el del sueño. Así que contribuiré a la felicidad de SS. SS. con una intervención pliimbea, pero tan breve como sea posible.

  17. [33] Hombre no se ponga así.

    Está visto que hay que empezar poniendo a parir al Gobierno. Esta mañana todos los que subían, antes de poner a parir al Gobierno, decían que los controladores eran malos muy malos, para que no se les confundiera. Me recuerda una coña con la que me saludaba un amigo: me decía siempre “yo también condeno el terrorismo”.

    La constitución reparte el poder, pero también se supone que da al Gobierno instrumentos para promover el bien común. Sospechar del poder es muy sano. Ahora, si hay gobierno es porque hace falta, porque el Estado nos protege a todos.

    Dicho lo cual, voy a volver a copiar la intervención de Alzaga, que estaba la última y es muy interesante:

    Señor Presidente, señoras y señores diputados, parece que las circunstancias excepcionales, o el hablar de circunstancias excepcionales, y de las consiguientes medidas excepcionales, de alguna manera trae a colación una somnolencia excepcional en la Cámara. Yo no sé si avanzamos hacia unos hipotéticos estados de excepción por la vía del estado de sopor, pero quizá no sea malo, porque quizá el estado ideal del hombre es el de sopor o el del sueño. Así que contribuiré a la felicidad de SS. SS. con una intervención plúmbea, pero tan breve como sea posible.

    ¡¡Hemos superado a Alzaga!!

  18. que dentro del contexto de los supuestos que sc contemplan para poder declarar el estado de alarma, que son tres concretamente, aparte de este apartado c) que estamos contemplando, que es de catástrofes, calamidades o desgracias públicas, crisis sanitarias o situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad, en ese contexto es evidente que los servicios públicos tienen que funcionar por encima de todo, y evidentemente, tiene que existir esa posibilidad

    Esto corre por la interpretación de Cruz… que la “huelga” paralización de los servicios públicos ha de ocurrir en el contexto de a,b o d para poder facultar al Gobierno con ese extrapower. Y no, como es el caso, que los supuesto a,b,d ocurre por la propia paralización de los servicios públicos. Sigo viendo más propio el estado de excepción. Quizá sólo vea lo que me interesa.

    También que el tenor literal de las intervencios de 1981 es versallesco, cortés e inimaginable hoy en día. Quizá también se más técnico y riguroso. Pero al final Sartorius produce una monumental cagada.

  19. [40] Ya, pero tenga en cuenta que Sartorius suelta su rollo blablabla y luego el que manda (el tío de UCD) le dice: vale, aceptamos pulpo, pero por esto, esto y esto. Me parece más importante la intervención b), que es la que da los votos.

    Aun así, no dejo de apreciar sus inteligentes argumentos.

    He sido breve pero plúmbeo.

  20. Otro aspecto sobre la paralización de los servicios públicos, que es el meollo.

    Un injustificadamente privilegiado decía hoy que la paralización del tráfico aéreo la decide AENA y que en ese momento hay privilegiados trabajando. Dice que 30, no sé si es mucho o poco (si supone el 10% de los controlodores o la mitad o qué). No sé si es una controla o no. No sé si eso justifica el “cierre total” o no. Pero es un aspecto curioso: podían funcionar los aeropuertos al ralentí y el gobierno decreto el cierre? Qué consecuencias tiene ello sobre el decreto demarras y su relación con la ley de marras.

  21. [43]

    Sí claro. Pero entonces hemos de concluir que es verdad lo que sueltan los privilegiados: que no tienen derecho a la huelga (servicios mínimos del 100%). ¿O están todos o se cierra el negocio?

  22. Tiene vd. razón, don Tse, en que el Gobierno debería promover el bien común; el problema es cómo “interpreta” “este Gobierno” el “bien común”:

    1) Lanza un Decreto el viernes SABIENDO la que se va a liar.
    2) Se lía.
    3) Lanza otro Decreto el sábado para ARREGLAR la que se ha liado con su Decreto del viernes.

    Resultado: El Sheriff de Nottingham ha conseguido encarcelar al malvado Robin Hood.

    – Oiga ¿y que pasa con los 600.000 afectados?
    – Son “daños colaterales”.

    Como verá, no entro a discutir sobre la legalidad o ilegalidad de las medidas.

  23. [44] Bueno, no hay que concluir eso necesariamente. Habría que saber qué número mínimo permite mantener abierto ele espacio aéreo y qué coño significa esto. Lo digo porque he leído u oído que sí se mantuvo abierto para unos poquititos vuelos. En fin, ni puta idea. Lo malo es que nos lo debería decir alguien que sepa y que sea imparcial. 🙂

  24. Aprenda a ser un privilegiado en quince días y sin esfuerzo

    Esta mañana pillaba al director de AENA en la onda. Hablaban sobre la formación de privilegiados. El director decía que antes se requería tres años de carrera y unos dos años de curso para ser privilegiado de aproximación, ruta y despegue. Además de inglés hablado y oído.

    Pero que ahora sólo será necesario bachiller superior y un curso de seis a ocho meses para ser privilegiado en una de las ramas: o aproximación o ruta o despegue.

    Además añadió que cualquier universidad podría sacar sus cursos de aprenda a ser un privilegiado en menos de quince días. Una vez visado por el organismo de seguridad aérea competente.

    Suena cojonudo.

  25. [45] Bueno, el decreto del viernes era obligatorio porque se iban a empezar a ir a casa los controladores diciendo que ya habían excedido el número máximo de horas. Y, nos dicen los del Gobierno, supieron que hacían esa interpretación cuando empezó a haber problemas en santiago, poco tiempo antes. Yo no sé si esa explicación es falsa. No he encontrado otra que la rebata.

  26. [46]

    Claro, claro. Yo tampoco tengo ni puta idea. Pero es curioso por su relación con el decreto y con la ley.

    Se busca perito imparcial e imprivilegiado.

  27. [49]

    O sea, que el Gobieno, aparte de no tener ninguna responsabilidad en lo que ha sucedido, también tiene el don de la adivinación del futuro, y legisla en consecuencia buscando el bien común…

  28. Hagamos un esfuerzo de síntesis entre tanto argumento legal y político:

    “El fin justifica los medios”.

    Et ne va plus.

  29. Oigan, todas sus sesudas reflexiones y citas que traen a colación me parecen estupendas, pero ustedes, siempre tan faltos de caridad, siquiera han reparado en mi sencilla pregunta. Quizá la formulé con demasiado eufemismo y envoltura y no se comprendió. Para que se me entienda, pregunto con contundencia: ¿Puedo seguir follándome gallinas o eso supondrá que me alarmen y me militaricen? Gracias.

  30. Después de 32 años de Constitución, el Pueblo Español se ha ganado -por fin- el derecho a trabajar a punta de pistola.

    Arbeit Mach Frei.

  31. Una precisión: el Cruz Villalón que sostiene que se había excluido precisamente el uso del estado de alarma para conflictos laborales (“Eso nos lo sacamos de la chistera casi treinta años después y en contra de la opinión de un expresidente del Tribunal Constitucional”) es un hermano.

    Los dos se dedican a sexar pollos jurídicos, pero en distinto establecimiento.

  32. [49]

    Ejem, si un diplomático dice ‘sí’ quiere decir ‘tal vez’. Si un político habla de una ‘*interpretación* que han dado al decreto’ se refiere, muy probablemente, que es la forma de intepretarlo pero que por humildad no quiere reconocerlo.

    Vamos que si se trataba de una “interpretación” y los privilegiados se estaban dando el piro por el morro y visto y conocido que al gobierno no le tiembla la mano para poner a los privilegiados en verea y cercernar su injustificados privilegios, sabido que el gobierno sería capaz de decretar el estado de alarma si los privilegiados continuaran ausentándose… sabido todo esto… a santo de qué había que meter una disposición adicional al decreto-ley baúl-donde-entra-todo del viernes por la mañana señalando la recta ‘interpretación’ del decreto de febrero. Ein? A santo de qué.

    “We follow orders, we follow orders or people die. It’s that simple. Are we clear? Yes, sir. Are we clear? Crystal… So why was Pfc Santiago in danger?”

  33. Será por su perniciosa influencia (de ustedes), pero a mi la serie de los güikiliks me está pareciendo un trugno.

  34. 49] Probablemente sea cierto. Lo digo porque (ya lo he contado) el lunes 29 faltaban controladores en Coruña y Santiago. La explicación que nos dio el Comandante del avión fue esa: que alegaban haber sobrepasado las horas de convenio.

  35. Yo era dos tontos y, después de leerle, ahora sólo soy uno somnoliento.

    …………………………………………..

    En el Diario de Sesiones de 1981 hay un párrafo de Solé Tura (pag. 9885) que muestra cómo hay factores que inciden en la rapidez o lentitud con que se elabora la legislación:

    Como antes se ha dicho, esta es una ley con una
    trayectoria parlamentaria extraña. Llegó aquí
    como parte de otra ley más amplia, en la que se
    mezclaban cosas diversas. Ha estado año y medio
    durmiendo en este Congreso, y no me dirán los
    señores diputados que las razones que han existido
    en este año y medio no son las mismas que
    existen ahora, a no ser que se nos diga que ahora
    existen unas razones especiales. Si existen, que se
    nos diga cuales son. Lo cierto es que ha estado
    año y medio durmiendo aquí, y ahora, de golpe,
    se desentierra para que a toda prisa, corriendo, a
    uña de caballo la aprobemos. Y no se entró en su
    discusión ya antes de Semana Santa porque por
    razones técnicas no se pudo hacer; pero es cierto
    que el espíritu global que preside la discusión de
    esta ley es el de hacerla a toda prisa, discutirla y
    aprobarla a toda prisa, sin la necesaria reflexión,
    sin la necesaria concertación, porque si en algún
    caso la concertación es necesaria es en éste, y se
    nos pretende colocar prácticamente ante una situación
    de hecho diciendo: «Ahí tienen ustedes
    esto, o lo toman o lo dejan».
    ¿Por qué tanta prisa? En este caso la prisa no es
    un elemento formal, la prisa es un elemento de
    contenido. ¿Por qué tanta prisa? ¿Es que se considera
    que estamos ante una situación tan grave
    que es necesario poder proclamar el estado de excepción
    mañana? ¿Es esto? Pues que se nos diga.
    Y si no, ¿cómo no pensar -y así va a pensar mucha gente- que las prisas obedecen a otras razones,
    a presiones extraparlamentarias, a la situación
    creada después del 23 de febrero?

  36. Efectivamente, según dice usted, lo de los controladores no fue una huelga (de hecho, segun he oído por ahí, nunca han hecho huelga). Fue una baja médica generalizada. ¿Y cómo se llama eso de que un montón de personas se pongan enfermas a la vez? Eso se llama epidemia. Y esa epidemia, en tanto que crisis sanitaria, ¿no entraría claramente dentro del apartado b?

    Podríamos decir que el estado de alarma y las pistolas al cinto de los militares eran la medicina que necesitaban los controladores. Se pusieron buenos ipso facto. Vaya mierda de pulso que le echaron al estado. Como dice usted, los militares no pueden obligar a uno a trabajar. Pueden meterlo en la cárcel, embargarle los bienes, amenazarlo con la muerte civil, pegarle, torturarle, escupirle, pero si el controlador no quiere, no trabajará. Están tan acostumbrados a que se les dé la razón al primer carraspeo que no han tenido en cuenta que, algún día, tendrían que pelear de verdad. Unos cagaos, eso es lo que son. Quizá si hubieran aguantado, la cosa hubiera sido diferente. Pero no. Sus argumentos eran los lloriqueos de una boba y la grosería de una bloguera que exponía su supuesta esclavitud diciendo que trabajaba “quince meses al año” (sic). Y encima pretendía que la creyéramos.

  37. En nombre de aquellos que trabajamos como burros, compartimos tareas del hogar y vemos Bones, ósea aquellos que mantenemos firme al país, le agradeceríamos que bajo el título del post nos incluyera un subtitular en Arial 12 negrita y cursiva resumen del pastel.
    Atentamente

    (a partir del 3er párrafo creía estar leyendo una de esas maravillosas entradas sobre “Antología de Eurovisión” que tanto nos gustan)

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