¡Ya tenemos los derechos!

En El País ponen opiniones varias sobre lo de Bin Laden. Está mejor, más amplio, en la edición de papel. Llama la atención (o no) que los argumentos no estén muy desarrollados (y muchos no sean ni siquiera jurídicos), y sobre todo que al final se trate básicamente de si es o no un acto de guerra. Me suena.



Un ejemplo de estupidez. Llevan los señores diputados, representantes de la soberanía popular dando vueltas al tema de los apellidos, no sé cuánto tiempo. Ya sabemos que se podía optar y que podían cambiarse por el propio afectado. La cuestión era resolver qué hacer en caso de discrepancia entre los padres. La ley, siguiendo la tradición española, daba una solución arbitraria: primero el del padre, luego el de la madre. Se nos dice que eso era discriminatorio para la mujer, aunque nadie explica por qué. Diré más, para que no se vea el ridículo, nadie ha propuesto que la solución sea, en caso de desacuerdo, que el primer apellido sea el de la madre, no porque no sea una buena solución (que lo es), sino porque demostraría que no hay problema que resolver. En fin, en cualquier caso, se consideraron alternativas varias, todas ellas demostrativas de que «aquí se piensa, oiga», y entre las que destaca la de que el orden sea alfabético.

Así que, después de tanto rollo, paren la solución: decide el funcionario. Algo mucho más idiota que poner primero el nombre del padre (o de la madre). Y, como parece que la arbitrariedad del funcionari@ en cuestión suena así como fuerte, añaden a la estupidez otra más: «lo hará atendiendo al interés superior del menor». Tiene gracia que el propio artículo antes enlazado ponga los siguientes ejemplos:

Según varios grupos, el funcionario podría decidir si así lo quiere hacerlo por sorteo. Pero también podrá aplicar su posición ideológica y, por ejemplo, primar a los hombres como ocurre en este momento o, en caso contrario, dar prevalencia a la posición de las mujeres. Siempre según su voluntad.

Como cualquier persona puede comprobar, ninguno de esos ejemplos es ejemplo de sistema basado en el «interés superior del menor». Vamos, que parece que la coletilla se pone para salvar la cara y que luego el funcionario haga lo que le salga de los huevos, por ejemplo «aplicar su posición ideológica». Sin embargo, los lerdos legisladores se creen que lo del BOE no importa y que lo que importa son los ejemplos que le cuentan a su amiguete de El País en la cafetería de al lado del Congreso. Y no. ¡Qué va! Como el BOE dice eso, el padre o la madre que se mosqueen se irán a un magistrado y discutirán que la decisión se haya tomado en interés superior del menor y ya me contarán qué funcionario dirá es que «he aplicado mi posición ideológica en interés superior de Kevin». Y no les quiero decir si el funcionario dice que lo ha hecho porque cree en Dios nuestro señor y en la inmutable prevalencia del varón sobre la mujer como cuenta el Génesis. Se crea, ya ven, un nuevo caladero de pleitos. Con lo fácil que sería decir el funcionario decidirá discrecionalmente. Sin más. Sin coletillas.

Ya ven, campeones del mundo.