Los bloggers y el síndrome de la frontera


Me pide Mercutio opinión acerca de la entrada publicada en este blog, en la que básicamente se alerta del peligro para los blogs y páginas web del ANTEPROYECTO DE LEY INTEGRAL PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y LA NO DISCRIMINACIÓN.

La apocalíptica entrada del blog en cuestión no se compadece con el texto de la Ley. De entrada diré que la Ley me parece excesiva por razones de principio, que tienen que ver con la promoción activa de políticas discriminatorias para acabar (supuestamente) con ciertas formas de discriminación, y por razones concretas que suponen una injerencia excesiva en la vida de las personas. Lo más gracioso (aunque no tenga puta gracia) es que ni siquiera asuma que los resultados aparentemente discriminatorios puedan ser resultado de circunstancias objetivas y, a menudo, relacionadas con el simple ejercicio de la libertad por las supuestas personas afectadas. Así, partiendo de un diagnóstico no probado, se puede llegar al resultado de promover una discriminación abusiva en su grado más peligroso. Hablo de la discriminación ordenada por los poderes públicos. Sin embargo, sobre esto he hablado muchas veces, así que no daré la matraca. Vayamos al peligro de la ley respecto a los bloggers.

Dice la entrada de Contando estrelas que el peligro resulta del art. 1 de ese anteproyecto, que

señala que dicha norma regulará los “derechos y obligaciones de las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas”. El Art.3 señala: “Esta Ley se aplicará en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social”. Y el Art.4, en un absurdo intento de ponerle puertas al campo, afirma que “queda prohibida toda conducta, acto, criterio o práctica” que atente contra los amplísimos e incluso contradictorios conceptos de discriminación que contempla dicha ley”.

A mi juicio, hace una lectura inadecuada de esos artículos. La ley distingue claramente entre el ámbito público (en el que interviene una administración pública) y el privado. Y lo hace porque, al igual que en el ámbito público no hay restricciones, sí las hay en el privado.

Así, el art. 2 5ª segundo párrafo dice:

“También lo serán a las personas físicas o jurídicas de carácter privado que residan, se encuentren o actúen en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia, en los términos y con el alcance que se contemplan en la presente Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.”

Como se puede ver, la aplicación a las personas “privadas” de la Ley está sujeta a los términos y el alcance de la misma. Por tanto, y al margen de definiciones generales, hay que atenerse a las formas concretas de discriminación que se contienen en la ley y que sí se refieren a personas “privadas”. Luego veremos ejemplos.

Y el artículo 3, al referirse al ámbito objetivo, se refiere al empleo, a la participación en organizaciones políticas, sindicales y profesionales, a la educación, la sanidad, los servicios sociales y (esto es importante) al “Acceso, oferta y suministro de bienes y servicios a disposición del público, incluida la vivienda”. Como se puede observar, la cláusula general se refiere a servicios caracterizados por la obtención de un beneficio económico. Por tanto, ni el ámbito objetivo, ni el subjetivo avalan la tesis de la entrada, sino justo lo contrario.

Los artículos 4 y ss., que definen los tipos de discriminación, no pueden aplicarse más allá de los términos previstos en la ley, por lo que las reflexiones que se contienen en la entrada parten del error de considerar que se puede aplicar a todo tipo de decisión privada (por esa regla de tres, podrían incluirse, por ejemplo, decisiones como las de casarse o contratar unas vacaciones).

Esa interpretación, además, es acorde con el detalle de la ley cuando desarrolla el ámbito objetivo, en los artículos 12 y ss. (Sin embargo, el artículo 14 que regula el “Derecho a la igualdad de trato y no discriminación en el trabajo por cuenta propia” es disparatado, en particular en el punto en el que se dice “2. Lo dispuesto en el apartado anterior será igualmente de aplicación a los pactos establecidos individualmente entre el trabajador autónomo y el cliente para el que desarrolle su actividad profesional, (…)”, aunque el disparate nada tiene que ver con internet y los blogs).

En particular (y al margen de ese artículo 14) si observamos los casos que sí recoge la ley, hay que llegar a la conclusión contraria de la que se defiende en la entrada. Dejemos los artículos 12 a 18 que se refieren a empleo, sanidad, etc. El art. 19 regula el “Derecho a la igualdad de trato y no discriminación en el acceso a la vivienda” y, ojo, lo limita a casos de oferta pública (por lo que a contrario excluye otros supuestos); el 20 regula el “Derecho a la igualdad de trato y no discriminación en la oferta pública de bienes y servicios” y como su propio nombre indica, se refiere a supuestos de oferta al público general de bienes y servicios (y además, ni siquiera excluye que puedan existir “organizaciones, actividades o servicios destinados exclusivamente a la promoción de grupos identificados por algunas de las causas mencionadas en el artículo dos”; el 21 regula el “Derecho a la igualdad de trato y no discriminación en establecimientos o espacios abiertos al público” y es especialmente interesante, porque, aunque referido a espacios físicos, expresamente prevé se entienda “sin perjuicio de la existencia de organizaciones, actividades o servicios destinados exclusivamente a la promoción de grupos identificados por algunas de las causas mencionadas en el artículo dos” y que “las personas titulares de los establecimientos y locales a que se refieren los apartados anteriores darán a conocer en un espacio visible los criterios y limitaciones que resulten del ejercicio del derecho de admisión, y, con carácter previo a su aplicación, los comunicarán a las Administraciones Públicas competentes”. Por simple lógica, esto es aplicable en mayor medida a cualquier espacio privado “virtual”, como lo sería un blog.

Y, por cierto, el artículo 22, que se refiere a los “Medios de comunicación social y publicidad” obliga a que éstos eviten “toda forma de discriminación en el tratamiento de la información, en sus contenidos y su programación”. Como vemos, se trata de evitar la discriminación en los contenidos, por lo que no parece que pueda considerarse que los criterios de acceso a sus noticias (por ejemplo, los comentarios) estén afectados por la ley. Mucho menos, por lo tanto, en el caso de bloggers particulares.

Por tanto, los razonamientos sobre “Moderación de comentarios”, y las referencias a las sanciones (concretamente a las más graves), de la citada entrada, no me parecen justificadas. Tampoco las referencias a la existencia de un “inquisidor”, que me parece fuera de tono, por dos razones: la primera, que para que se produzca la inversión de la carga de la prueba, hay que presentar un “principio de prueba” de la existencia de la discriminación; la segunda, que expresamente se excluye de esa regla la aplicación de sanciones administrativas (por ejemplo, a las multas) y, faltaría más, la posible comisión de delitos. Esa regla sólo se aplica a cuestiones civiles y no es una novedad (al margen de que n os parezca más o menos acertada).

Dice la entrada que:

Viendo los innumerables y hasta contradictorios conceptos de discriminación que establece este anteproyecto, la ya de por sí cercenada libertad en la red va a sufrir un recorte enorme con esta nueva ley. Para seros sincero, no entiendo que toda la movilización que hubo en su momento contra la LSSI y más recientemente contra la Ley Sinde no se esté produciendo ahora contra la Ley Pajín. Estamos ante una ley mucho peor que la Ley Sinde en lo que respecta a la libertad de los internautas. Al fin y al cabo, se trata de una ley que reinstaura los delitos de opinión, y para colmo encomienda su persecución a un cargo político designado a dedo por el gobierno, violando el derecho a la presunción de inocencia de todo acusado. Ni la Ley Sinde había llegado tan lejos en la agresión a nuestras libertades.

La ley no me gusta. La filosofía en que se inspira, tampoco. Sin embargo, antes de hacer acusaciones tan gruesas hay que razonar con más detalle, sin extraer esas consecuencias de una manifestación general que, por cierto, no deja der ser una manifestación extraída de la propia Constitución y normativa europea. Ya está prohibido discriminar. Para entender que esa prohibición alcanza a decisiones individuales de contenido económico (e, incluso, más allá) no basta con deducirlo de una declaración general del primer artículo de una ley, sobre todo cuando esa deducción puede, además, chocar frontalmente con otras libertades básicas.

Así que no. La ley es una porquería, pero no es esa porquería.