Yo colaboro, tú colaboras, él pasaba por allí


Leo con melancolía las reflexiones de dos sesudos catedráticos de la cosa penal sobre el asunto faisanístico, y no puedo evitar trasladarles mis pensamientos sobre el arte de birlibirloque, también conocido como Teoría del Derecho.

El caso es que hoy se discute sobre una cuestión previa: la competencia. Naturalmente, como podrán ustedes suponer, si la competencia que se discute es la de juzgar o no a los señores policías, estamos hablando de una cuestión previa a la de si son o no culpables. Vamos, que hay que atender básicamente a criterios objetivos como dónde apareció el fiambre, dónde estaba la casa en la que entraron los cacos o quién salía favorecida por el soplo, si una organización terrorista o una sociedad coral (o ambas a uno). No parece discutible que el soplo tenía que ver con una organización terrorista, por más que la misma esté en fase de pupa y pronto se convierta en una amable mariposa sobre la que hacer pelis con personajes complejos. No parece discutible porque los que estaban de tapadillo, viendo lo que hacían, eran policías que actuaban por orden de magistrados de la misma Audiencia Nacional. Por tanto, objetivamente los que soplan ayudan a la sociedad coral y el delito sólo puede enjuiciarse por esa misma Audiencia Nacional, la única competente en la materia.

Si después, una vez juzgados, resulta que los jueces dicen que esto o aquello de lo que reflexiona el catedrático Terradillos, es así, no pasa nada, ya tendrán ocasión de absolverles o mandarles a otro juzgado o no, porque la sentencia podría absolver por ese delito y condenar por otros conexos, y la competencia de la Audiencia Nacional se extiende a esos otros delitos en tal caso.

Lo que no parece muy serio es que, prejuzgando, alguien diga cosas como

el juez Ruz “no da por probado que los procesados tengan voluntad de potenciar los objetivos de ETA, lo que, por otra parte, resulta difícil de creer en, por ejemplo, un director general de la Policía”, afirma. “Lo que se constata es lo contrario: se admite que los imputados actúan para reforzar un proceso tendente a la neutralización de la banda, para evitar ‘que esto se rompa’ o ‘que esto no prospere”, en referencia al proceso de paz que sostenían por entonces el Gobierno y la banda. El catedrático recuerda, además, que las detenciones del aparato de extorsión se realizaron tiempo después del chivatazo por los mismos procesados.

Hombre la voluntariedad no debe ser objeto de esos autos, y el señor catedrático lo sabe. Esa es una materia típica del juicio. No me parece, además, que se pueda decir seriamente que el argumento definitivo es que se trate de un director general de la Policía. Sobre todo porque afirmaciones así descansan sobre una falacia: no incumbe a los señores policías o ministros o Presidentes del Gobierno decidir si la ley se cumple o no para impulsar un proceso, por mucho que ese incumplimiento no les convierta en miembros de ETA. Por eso, fíjense, la ley distingue entre pertenecer, actuar al servicio de o colaborar con una banda terrorista. Llevemos el argumento al límite: elegimos a un tipo atinado como Presidente del Gobierno; se pone a negociar con terroristas; se entera de que han puesto una bomba; le convencen los terroristas de que que la cosa va por buen camino y, pese a la bomba, que obedece a razones, no sé, tácticas, es necesario que no detenga el atentado; el elegido impide que se detenga a los terroristas; palma un, no sé, qué podría poner como ejemplo, ya, un ecuatoriano que pasa por allí, y nos enteramos del pastel; el Presidente del Gobierno dice que él lo hizo para impulsar el proceso de paz y que cómo va a colaborar un Presidente del Gobierno con una organización terrorista. Ya, ya sé que hay que ser tan estúpido para obrar así que a lo mejor concurre la eximente de incapacidad mental, pero es un ejemplo.

Además, en este caso, de verdad, no hay que dar muchas vueltas. Se colabora con un criminal cuando se impide que se le detenga por razones ajenas a la propia operación policial o judicial. Y, por cierto, y es lamentable el argumento, da igual que se les detenga después: el delito ya se ha cometido.

Y es que, como siempre, lo ilegal es decidir que uno es el que decide cuándo se deben o no cumplir las leyes, aduciendo la existencia de propósitos superiores, como la “neutralización de la banda”. Más aún: si tan claro es el asunto ¿por qué no consta una orden directa de alguien diciendo, con membrete de la policía: “no se detenga a estos vocalistas, que el proceso peligra”? No se hizo porque era ilegal, porque era colaboración con banda terrorista y porque como son gilipollas, pero no tanto, intentaron no dejar pruebas.

Lo demás, actuaciones exploratorias de naturaleza mental de la propia sexualidad destinadas a convencer al personal de que el blanco es negro.

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