Decíamos ayer


El otro día, a cuento de las cuatro hostias que tantos quieren dar a los acusados por la muerte de Marta del Castillo, decía que ya es vicio el vicio de intentar acabar con instituciones centenarias, que domina cada cierto tiempo a tantos ciudadanos comunes o singulares. Y que esas mismas personas llorarán por la injusticia a la que se somete al falso culpable, preguntándose cómo pudo suceder.

Para ilustrar esto, véase cuál era la preocupación del legislador que aprobó en 1882 la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en su Exposición de Motivos decía:

Con ser estos dos vicios tan capitales, no son, sin embargo, los únicos ni acaso los más graves de nuestro procedimiento. Lo peor de todo es que en él no se da intervención alguna al inculpado en el sumario; que el juez que instruye éste es el mismo que pronuncia la sentencia, con todas las preocupaciones y prejuicios que ha hecho nacer en su ánimo la instrucción; que, confundido lo civil con lo criminal y abrumados los jueces de primera instancia por el cúmulo de sus múltiples y variadas atenciones, delegan frecuentemente la práctica de muchas diligencias en el escribano, quien, a solas con el procesado y los testigos, no siempre interpreta bien el pensamiento ni retrata con perfecta fidelidad las impresiones de cada uno, por grande que sea su celo y recta su voluntad; que, por la naturaleza misma de las cosas y la lógica del sistema, nuestros jueces y magistrados han adquirido el hábito de dar escasa importancia a las pruebas del plenario, formando su juicio por el resultado de las diligencias sumariales y no parando mientes en la ratificación de los testigos, convertida en vana formalidad; que, en ausencia del inculpado y su defensor, los funcionarios que intervienen en la instrucción del sumario, animados de un espíritu receloso hostil que se engendra en su mismo patriótico celo por la causa de la sociedad que representan, recogen con preferencia los datos adversos al procesado, descuidando a las veces consignar los que pueden favorecerle; y que, en fin, de este conjunto de errores, anejos a nuestros sistema de enjuiciar y no imputable, por tanto, a los funcionarios del orden judicial y fiscal, resultan dos cosas a cual más funestas al ciudadano: una, que al compás que adelanta el sumario se va fabricando inadvertidamente una verdad de artificio que más tarde se convierte en verdad legal, pero que es contraria a la realidad de los hechos y subleva la conciencia del procesado; y otra que, cuando éste, llegado el plenario, quiere defenderse, no hace más que forcejear inútilmente, porque entra en el palenque ya vencido o por lo menos desarmado. Hay, pues, que restablecer la igualdad de condiciones en esta contienda jurídica, hasta donde lo consientan los fines esenciales de la sociedad humana.

Quizá se tache de exagerada e injusta esta crítica de la organización de nuestra justicia criminal. ¡Ojalá que lo fuera! Pero el Ministro que suscribe no manda en su razón y está obligado a decir a V. M. la verdad tal como la siente: que las llagas sociales no se curan ocultándolas, sino al revés, midiendo su extensión y profundidad y estudiando su origen y naturaleza para aplicar el oportuno remedio. En sentir del que suscribe, sólo por la costumbre se puede explicar que el pueblo español, tan civilizado y culto y que tantos progresos ha hecho en lo que va de siglo, en la Ciencia, en el Arte, en la Industria y en su educación política, se resigne a un sistema semejante, mostrándose indiferente o desconociendo sus vicios y peligros, como no los aprecia ni mide el que, habituado a respirar en atmósfera malsana, llega hasta la asfixia sin sentirla.


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7 comentarios en “Decíamos ayer

  1. Efectivamente, don Tsé. ¡Y cómo se escribía en esas épocas! Algunas cosas hay que recordarlas de vez en cuando, no sea que las excepciones acaben por brillar más que la rutina. Mal iremos entonces.

  2. [3] Hasta los más juiciosos jurisperitos tienen que pasar por el aro de hacerle un poco la pelota a su jefe.

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