Historias de Londres y constitución inglesa

Había leído, y perdido (esa clandestina arrivada de los libros a mi casa, pasando previamente por el despacho y la elección cada vez más difícil de lugares para dejarlos al descuido, como si estuvieran allí desde siempre, tienen tal riesgo) las Historias de Londres, de Enric González. Al periodista de El País no hace falta presentarlo y la lectura de ese libro ha sido ponderada suficientemente. Que disfruté mucho con él lo demuestra que hace unos días compré la reedición de RBA que contiene tanto aquel título como las de Nueva York y Roma, más un epílogo. Así que he releído las londinenses, con el mismo interés y placer que la primera vez. Sin embargo, como sucede en las relecturas, he reparado en matices que no recordaba, o que me parecen ahora distintos. En particular la reiterada insistencia en la duda, es de suponer que teórica, que lleva a cuestionar las consecuencias de determinados aspectos del constitucionalismo inglés, así que saltea su narración con un poso de suspicacia sobre el carácter estrictamente democrático de sus instituciones y la negación de determinadas notas definitorias de la forma de gobierno que aceptamos como común a los países de Occidente.Califica González, página 101 de esa edición, de “dictadura parlamentaria” a Inglaterra y, como si de los rotten boroughs estuviéramos hablando aún, critica sin matices el sistema electoral mayoritario (first past the post) pues, aunque reconoce favorece gobiernos fuertes, lo entiende viciado por la merma de representatividad -algo que se lee entre líneas- y por las feroces disciplinas de partido que se traducen en obediencia a las órdenes de los jefes de grupo parlamentario. Añade que la política británica adolece, además, de otros dos graves defectos, a saber, la inexistencia de un tribunal dedicado a controlar los excesos del gobierno y la diluidísima división de poderes que padecen en las Islas.

Naturalmente mi experiencia inglesa no es tan amplia como la de González, pero sus notas merecen algún comentario. Es sabido que el derecho constitucional inglés parte de unas premisas bien distintas de las del continente, o del de las repúblicas americanas, pues es el precipitado en el fondo de la botella tras la Carta Magna de 1215, la Habeas Corpus Act, la Gloriosa Revolución de 1688, the Bill of Rights, la locura del rey Jorge y el largo reinado de la reina-emperatriz Victoria. Creo que al autor le influyó sobremanera la decimonónica obra de Walter Bagehot The English constitution, sin pararse a considerar que, no por menos esencial, debe ser entendida en cuanto interpretación de los usos y costumbres -que no se pueden tomar en el sentido de nuestro Código Civil, por cierto- que la conformaban en el preciso momento de su publicación, la era victoriana, y destinada a loa de la reina y el Imperio.

Que formalmente los ingleses, y por extensión los demás británicos, no sean ciudadanos sino súbditos no es más que el privilegio de haber evitado ciudadosamente los desbarajustes napoleónicos en el siglo XIX y hoy simple nominalismo. Lo mismo que la máxima, cierta, pero bien limitada, que hace que el titular de la soberanía sea the Queen in the Parliament. Por lo demás las peculiaridades históricas del derecho constitucional inglés no hacen a aquel país menos democrático que, digamos, Alemania o España. Que la permeabilidad social haya podido ser menor allí que en el continente no es demostrativo de nada y tiene que ver con razones ajenas al derecho constitucional. Huelga decir que es hoy algo bien discutido que exista en ningún país occidental una separación de poderes pura, cuando lo que funciona, con mayor o menor acierto, es lo que se da en llamar colaboración entre poderes, bien significativa, por razones obvias entre el Legislativo y el Ejecutivo y para la que los sistemas de control –check and balances– radican precisamente, aunque no solamente, en el Judicial. Que la estética de la colaboración entre aquellos dos sea grosera en algunas democracias continentales es otra cosa, pero es aventurado decir, precisamente respecto del Reino Unido, que los controles no existan.

El derecho constitucional inglés, más allá de la carta de Juan Sin Tierra, y su trasunto parlamentario, comienza a desarrollarse con visos parecidos a lo que ahora entendemos como tal ¡incluso los de este lado del Canal! alrededor de 1600, cuando el Estuardo del momento estaba ya rodeado de consejeros del Privy Council que le ayudaban en sus tareas de gobierno y estampaban su sello junto al del monarca. No es que la Reina Virgen y su señor padre, el cismático rijoso, no obraran igual, pero tenían ganada a la gentry y a los Comunes y además no eran vistos como procatólicos extranjerizantes, entre gentes tan celosas de lo suyo, mezquinas han dicho algunos, como los ingleses. Por resumir y no detenernos en el complejo tira y afloja de roundheads, cavaliers, parlamentos corto, largo o Rump Parliament, tras la Restauración y la revolución que lleva a un Orange a la Corona, ya ha quedado bien sentado que esos altos funcionarios están sometidos al control de los Comunes y al juicio de los Lores, en su caso. Limitaciones evidentes de las prerrogativas de gobierno de unos reyes que cada vez tendrán menos poder ejecutivo. Va de suyo, para cualquier monarca, y también para el ministro destacado, que esa situación hace muy conveniente que éste tenga no solamente la confianza del rey, sino también la del Parlamento, de suerte que el impeachment o defenestración legal del funcionario de confianza, no fuera a recaer sobre el que decidió en conjunción única con su rey. Bastaría entonces con que la mayoría parlamentaria mostrara su desaprobación para que el ministro dimitiera, caso de Lord North, por ejemplo, que contaba con el apoyo de Jorge III pero no de la Cámara baja. Aunque data de esas fechas, más bien con Pitt, la costumbre que hace del monarca última ratio para la disolución de las cámaras (el propio Enric González señala la última ocasión en que Isabel II usó de su prerrogativa, en 1993), sucede que el gabinete desautorizado suele tener la cortesía de dimitir, lo que no deja de ser una forma más de control, en un país en el que la costumbre tiene tal importancia. Naturalmente el sistema había de perfeccionarse -no entraré en las corruptelas electorales- como lo hizo cuando la Cámara legislativa (desde 1911 la de los Lores lo es de, digamos, reflexión) dejó de otorgar su confianza al gabinete para pasar a hacer constar, simplemente, la que reconocía el cuerpo electoral a través de la mayoría parlamentaria. Todo tan particular como suele ser en el caso de Inglaterra, pero lejos de la “dictadura parlamentaria”, pues ese depurado sistema que lleva más que a una constitución consuetudinaria a una constitución no codificada es producto de esos kilómetros de Canal de la Mancha que evitan la infección revolucionaria francesa. Algo que ha permitido a los ingleses seguir disfrutando de un entramado constitucional mucho más flexible que los de contraste.

Más enjundia tiene la cuestión que suscita la presunta inexistencia de separación de poderes, en la tierra natal de John Locke. Bastaría con citarle como inspirador del francés al que asesinó aquel vicepresidente español de infausto recuerdo, para delimitar la cuestión con cierta precisión. Es verdad que no presenta el mismo desarrollo que en los Estados Unidos o Francia, por poner dos ejemplos de constitucionalismo bien distintos. La propia doctrina constitucional inglesa lo reconoce (recuérdese lo que hemos dicho sobre colaboración de poderes), así Paul Craig en su Fundamental Principles of Administrative Law,  David Feldman (ed) Public Law OUP 2004, 689, 706. Hay por contra un fortísima evidencia de la independencia judicial, reflejada tanto en costumbres constitucionales que la retroalimentan como en leyes (statutes) y no debe considerarse que determinados aspectos de esa tradición, como el papel mixto del Lord Chancellor o las competencias judiciales de la Cámara de los Lores nieguen de hecho, si acaso nominalmente, la cierta eficacia de la separación de poderes en el Reino Unido. En definitiva, y sin entrar en matices institucionales o funcionales, propiamente, desde que los jueces no son parte del Ejecutivo (y lo controlan) ni del Legislativo, a salvo la citada referencia a los Lores, tenemos un Poder Judicial independiente, sin que las polémicas en cuanto al acceso a la judicatura, salvo para los escalones menores o magistrates, sea diferente a las que se suscitan en nuestras latitudes. Baste decir que cesó, entre fuertes polémicas, la designación por el ejecutivo (algo a lo que se han opuesto en lugares acostumbrados al follow the flag, como Australia) y que al efecto tienen mucho que decir las Judicial Appointment Comissions.

No entraré, para que los dos lectores que siguen leyendo a estas alturas no abandonen, en la cuestión de la dotación de fondos y fiscalización económica de los juzgados y tribunales, donde, sí, el Ejecutivo, que obtiene los fondos de los presupuestos votados por los Comunes, actúa a sus anchas, como en todas partes, algo que no tiene que ver estrictamente con la independencia de ese poder.

Y por terminar, se quejaba González de la inexistencia de tribunales ad hoc para el control del gobierno, olvidando las competencias que se reúnen en los tribunales ubicados en The Strand, sin más. Y si a lo que se refería es a tribunales especiales de control de constitucionalidad de tipo kelsesiano, que ya sabemos en que paran en lugares como España, son por definición incompatibles con el sistema inglés. Por suerte para ellos.

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5 comentarios en “Historias de Londres y constitución inglesa

  1. estos días me descojono mucho cuando oigo a las radios quejarse del tiempo que se tarda en España en elegir presidente del gobierno tras unas elecciones.

    me descojono doblemente porque ponen el ejemplo británico desconociendo, aparentemente, los porqueses. que tan bien nos explican aquí, y las implicaciones. Y porque ahora toca olvidar el ejemplo americano.

    Ah, las elecciones del 32 en medio de la gran depresión. Desde el 8 de noviembre del 32 (elecciones) al 4 de marzo del 33 (coronación): qué cuatro meses más divertidos. Qué últimos días.

    Por cierto vean el mapa de las elecciones americanas del 32:

    http://bit.ly/tsPT8j

  2. A wise analysis, Mr Blakeway.
    Me encantaría leer su opinión sobre las flaquezas de la democracia “numérica” que tanto interesa a los “proporcionalistas” frente a una mítica democracia “argumental” que podrían representar los teóricos de la división de poderes y de los “checks and balances”.
    Don Tsevan habla a veces de eso, pero haría falta más madera…

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