¿Investigar?


El País suele utilizar -hoy, por ejemplo- una expresión para referirse al juicio por prevaricación derivado de las diligencias previas que abrió Garzón y luego cerró Garzón por «delitos permanentes de detención ilegal en el contexto de crímenes contra la Humanidad» cometidos durante la Guerra Civil por los golpistas franquistas y, posteriormente, por el Gobierno franquista.

La expresión es ésta: investigar al franquismo. Por ejemplo, hoy mismo se nos dice que El juez vuelve hoy al banquillo por investigar el franquismo.

Ya sé, naturalmente, que hay mucha gente que cree que esto es lo que hay detrás del enjuiciamiento a Garzón. El País, con un titular así, asume esa tesis: se juzga a Garzón por «investigar al franquismo». El dato indiscutible, sin embargo, es que el juicio se ha abierto porque, según el magistrado instructor, lo que Garzón pretendía era otra cosa. Cito al magistrado Varela:

El examen de aquellas actuaciones ha revelado, como hecho probable, que el Magistrado querellado actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de víctimas de los horrendos crímenes del franquismo, erigidos en aparente objeto del procedimiento, sabiendo que éstos habían sido objeto de amnistía por las Cortes democráticas de España, cuya voluntad decidió conscientemente ignorar u orillar.

Es decir, se juzga a Garzón por querer realizar una actividad de localización y exhumación de los cadáveres fuera del procedimiento que se había aprobado por el legislativo, para lo cual «inventa» un procedimiento de investigación criminal aparente. Naturalmente, el párrafo anterior es uno entre muchos folios: en el auto del magistrado Varela se incluyen muchas claves de por qué cree el magistrado que esto es así: es decir, que se instrumentaliza un proceso penal para fines ajenos a un proceso penal.

Podrá gustar o no esa decisión, pero es por eso por lo que se juzga a Garzón. Ahora distingamos entre información y opinión. El País puede opinar, incluso defender editorialmente que El juez vuelve hoy al banquillo por investigar el franquismo, pero debe dejar claro que ésa es su opinión y no un hecho, a menos que demuestre que el magistrado Varela y todos los magistrados que han resuelto los recursos están, a su vez, prevaricando. Si pretende que ese titular sea información no puede hacer otra cosa que decir que El juez vuelve hoy al banquillo acusado de prevaricación, sin más, explicando en la noticia que se le acusa de instrumentalizar espuriamente un procedimiento penal, que él defiende que lo que hizo es legítimo y que hay personas que creen que este proceso es una venganza por pretender «investigar» al franquismo.

Una cosa más. El titular tiene su punto por otra razón. El uso del término investigar. ¿Qué investigó Garzón o qué intentó investigar según sus resoluciones?

Veamos qué dice el propio magistrado en uno de sus autos:

2. Cursar oficio a los correspondientes Registros Civiles para que APORTEN CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN, en plazo de 10 días, a los efectos de declarar la extinción de responsabilidad penal, por fallecimiento de:

 Francisco Franco Bahamonde
 Miguel Cabanellas Ferrer
 Andrés Saliquet Zumeta
 Miguel Ponte Manso de Zúñiga
 Emilio Mola Vidal
 Fidel Dávila Arrondo
 Federico Montaner Canet
 Fernando Moreno Calderón
 Francisco Moreno Fernández
 Germán Gil y Yuste
 Luis Orgaz Yoldi,
 Gonzalo Queipo de Llano y Sierra
 Francisco Gómez-Jordana y Souza
 Francisco Fermoso Blanco
 Luis Valdés Cabanilla
 Nicolás Franco Bahamonde
 Francisco de Asís Serrat i Bonastre
 José Cortés López
 Ramón Serrano Súñer
 Severiano Martínez Anido
 Tomás Domínguez Arévalo
 Raimundo Fernández Cuesta y Merelo
 Valentín Galarza Morante
 Esteban Bilbao y Eguía
 Jose Luis Arrese y Magra
 Juan Yagüe Blanco
 Salvador Moreno Fernández
 Agustín Muñoz Grandes
 José Enrique Varela Iglesias
 Juan Vigón Suerodíaz
 Blas Pérez González
 Carlos Asensio Cabanillas
 Eduardo Aunós Pérez
 Eduardo González Gallarza, y
 Francisco Regalado Rodríguez

3. Reclamar del Ministerio del Interior (Secretaría de Estado para la Seguridad), los datos que identifiquen a los máximos dirigentes de la Falange Española, entre el 17 de julio de 1936 y 31 de diciembre de 1951, para una vez identificados, acordar lo necesario sobre la imputación y extinción, en caso de fallecimiento, de la responsabilidad penal.

Esto sobre posibles responsables.

Ahora sobre otras cuestiones:

4. Formar un grupo de Expertos en número, forma y con las competencias marcadas en el Razonamiento Jurídico Décimosexto. A tal efecto, requiérase a las partes para que designen, de mutuo acuerdo, a las cinco personas que integren el referido grupo, en un plazo no superior a diez días, que se unirán a las dos que nombre el Juzgado, los cuales deberán aceptar y jurar o prometer el cargo.

5. Formar un grupo de Policía Judicial, en número, forma y con las competencias marcadas en el Razonamiento Jurídico Décimosexto, a cuyo fin remítase oficio a la Comisaría General de Policía Judicial para que remita los nombres de los funcionarios, correspondiendo la designación del Jefe del grupo a este Juzgado.

Ese razonamiento al que se refiere se concreta en:

estudiar, analizar y valorar y dictaminar sobre el número, lugar, situación e identificación de las víctimas

Sigo:

6. Autorizar las exhumaciones que se citan en el Razonamiento Jurídico Decimoséptimo en la forma y con los requisitos que se mencionan en el mismo. A tal efecto, se cursarán los exhortos correspondientes a los Juzgados territorialmente competentes con quienes tendrán que coordinar la actividad los solicitantes y los grupos de expertos y Policía Judicial, para fijar el día de la exhumación y, en su caso, levantamiento de cadáver y traslado de restos, que deberá ser comunicado a este Juzgado. En todo caso y, de estar identificados los lugares, las diligencias deberán practicarse a la mayor urgencia.

En el fundamento jurídico decimoséptimo se enumera una serie de lugares en los que existen, al parecer, fosas comunes y se especifica la realización de tareas de identificación forense de las víctimas.

Finalmente:

7. Practicar las diligencias que se citan en los puntos 1, 4, 5, 6 y 7 del Razonamiento Jurídico Décimoctavo, según lo que consta en el mismo.

En ese razonamiento se mencionan diligencias consistentes en que «la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 52/2007 de 26 de Diciembre, preste colaboración en las exhumaciones que se lleven a cabo en dicha Comunidad Autónoma», que se «requiera a la Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz, Universidad de Extremadura y Ayuntamiento de Mérida para que aporten información de las exhumaciones practicadas en el territorio de dicha Comunidad Autónoma», que «se curse exhorto al Juzgado Decano de los de Málaga para que informe si se han abierto diligencias por las exhumaciones practicadas en el antiguo cementerio de San Rafal, de Málaga, requiriendo a la Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Universidad de Málaga para que informen sobre las mismas», que «se requiera al Ayuntamiento de Córdoba para que remita la documentación obrante en los Archivos Municipales sobre el cementerio de la Salud de Córdoba, sobre planos del cementerio, mapa de fosas, actas capitulares y demás informaciones sobre la ubicación de la denominada Zanja Z, Caja B. Que, igualmente, se requiera a la Prisión Provincial de Córdoba para que localice y remita los expedientes obrantes en la misma relativos a los diputados Luis Dorado Luque y Antonio Acuña Carballar y en el mismo sentido, se requiera al Ministerio de Justicia para que remita los expedientes judiciales referidos a los mismos», que sobre «suspensión de las obras de construcción de 119 viviendas en el término de La Palma del Condado (Huelva) frente al Centro de Salud de dicho municipio, al poder afectar a una fosa común. En el mismo escrito, y por otrosí, informando del derribo en breve plazo de la antigua cárcel de Carabanchel en Madrid y solicitando se acuerde la cautelar suspensión gubernativa del procedimiento administrativo que se sigue para la adjudicación de las obras» se requiera «del organismo oficial correspondiente, titular del inmueble y de la Policía Judicial, los datos del caso en cuestión», incluyendo a la «Secretaría de Estado para la Seguridad del Ministerio del Interior» sobre la antigua cárcel de Carabanchel.

Como puede observarse, las diligencias básicamente se refieren a las exhumaciones. Ninguna se llevó a la práctica porque el propio Garzón terminó inhibiéndose y repartiendo su competencia por los juzgados de instrucción de esas localidades, en una resolución que contradecía precisamente ésta. La única diligencia que dio lugar a una decisión fue la de la extinción de la responsabilidad penal de una serie de personas por fallecimiento. Por cierto, una decisión que no puede adoptar el juez instructor.

¿Qué nos dice el magistrado Varela sobre esto? Veamos, ya que se añade el contenido del oficio que se dirigió al Comisario Jefe de la Comisaría General de Policía Judicial:

c) fija como objetivos del procedimiento (fundamento jurídico décimo sexto) la “búsqueda y localización para, en un tiempo razonable, ofrecer a las víctimas, interés prioritario en este momento, una respuesta acorde con las peticiones deducidas”.

Para ello se dispone a componer sendos grupos de expertos y de Policía Judicial. Respecto a este último remite oficio al Sr. Comisario Jefe de la Comisaría General de Policía Judicial en 20 de octubre de 2008.

El contenido de este oficio es bien revelador de cual es el verdadero objetivo que, en relación con la causa que instruye, determina el Ilmo. Magistrado querellado a la actuación policial:

Por un lado les advierte que su actuación “deberá estar coordinada con el Grupo de Expertos para facilitar el trabajo a éstos y, en su caso, seguir las instrucciones técnicas de los mismos, facilitándoles todos los resultados obtenidos”; y además que tengan en cuenta la actividad que pueda estar desarrollando la Administración en otros ámbitos, coordinándose y evitando solapamientos. Es obvio que ni de los expertos ni de la Administración era esperable una investigación de hechos a efectos de represión de delitos.

Pero más revelador es que la averiguación de las circunstancias de su desaparición y muerte se indique en el oficio que se “tendrá en su labor” de “localización y sistematización de víctimas”, expresión que revela la jerarquización de objetivos.

Y más significativo, si cabe, es que culmine el oficio indicando que la “investigación hasta que se acredite suficientemente la comisión de los hechos denunciados” deberá continuar, pero no ya bajo la dirección del Ilmo. Magistrado querellado, sino “bajo al directriz de la autoridad judicial competente”, obviamente “otra” diversa de la suya.

d) simultáneamente, adopta resoluciones por las que autoriza, ya desde ese mismo momento, determinadas exhumaciones, cuya práctica regula bajo el enunciado de determinados principios, y, en cuanto a otras, decide dirigirse a la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha recordándole la obligación de cooperar, y a la Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz, Universidad de Extremadura y Ayuntamiento de Mérida requiriéndoles información y colaboración. Asimismo recaba información sobre otros datos concretos, algunos tendentes a decidir si suprime la construcción de 119 viviendas en La Palma del Condado de Huelva o el derribo de la cárcel de Carabanchel.

Para la práctica de estas exhumaciones decide exhortar a los juzgados territorialmente competentes. Competencia, se entiende, referida solamente a dicho auxilio judicial

Como puede observarse, lo que Garzón intenta realizar es aquello que había sido objeto de una Ley, ni más ni menos, de 2007. Esa Ley no satisfacía a las asociaciones de víctimas, y puede que tengan razón, pero ¿eso justifica la intervención de un magistrado que se supone debe investigar la comisión de delitos? Como bien dice Varela, lo que el magistrado hace revela un intento de dar satisfacción a las asociaciones de víctimas en lo relativo a su petición fundamental: la localización de los cadáveres en fosas comunes.

Si alguien dice que los del franquismo fueron delitos, yo diré que sí, pero ¿le incumbía a Garzón investigarlos? Veamos qué hizo el propio Garzón. Cuando el fiscal le informa de que va a recurrir este auto, Garzón transforma el procedimiento, lo que podría retrasar los recursos (ya que el recurso se debe presentar primero frente al propio magistrado, que puede tardar en resolver -recuérdese que esta causa estuvo dos años durmiendo el sueño de los justos). Cuando el fiscal decide presentar una solicitud directa (prevista en el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) y se pide informe a Garzón, éste solicita un aplazamiento y luego se da de baja por enfermedad. Es la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que da instrucciones al Juzgado de Instrucción nº 5 para que paralice todas las actividades acordadas en el auto antes expuesto. Pues bien, al reincorporarse Garzón, y sin emitir el informe preceptivo, donde había dicho digo, dice diego, y se inhibe porque han muerto las personas que se habían rebelado contra la República (la única razón que había dado -en mi opinión inválidamente- para su supuesta competencia). Es decir, él mismo admite que no tenía competencia para acordar toda esa ristra de diligencias porque habían muerto Franco y todos los responsables de ese delito de rebelión.

Lo repito, ya que esto se suele ocultar: el propio Garzón admitió que no tenía competencia.

No, a Garzón no se le ha sentado en el banquillo por investigar nada.

Ya sé que dará igual todo esto a los que creen que existe una venganza o una conspiración de fascistas, franquistas o amigos de pasar página. Sin embargo, espero de ellos que me expliquen por qué tenía competencia Garzón si el mismo magistrado admitió finalmente que no la tenía, sin esperar a que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidiese.

Venga, échenle imaginación.


ENTRADAS SOBRE GARZÓN:
Esto es lo que ya he escrito: 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17.

Y además.