¿Investigar?


El País suele utilizar -hoy, por ejemplo- una expresión para referirse al juicio por prevaricación derivado de las diligencias previas que abrió Garzón y luego cerró Garzón por “delitos permanentes de detención ilegal en el contexto de crímenes contra la Humanidad” cometidos durante la Guerra Civil por los golpistas franquistas y, posteriormente, por el Gobierno franquista.

La expresión es ésta: investigar al franquismo. Por ejemplo, hoy mismo se nos dice que El juez vuelve hoy al banquillo por investigar el franquismo.

Ya sé, naturalmente, que hay mucha gente que cree que esto es lo que hay detrás del enjuiciamiento a Garzón. El País, con un titular así, asume esa tesis: se juzga a Garzón por “investigar al franquismo”. El dato indiscutible, sin embargo, es que el juicio se ha abierto porque, según el magistrado instructor, lo que Garzón pretendía era otra cosa. Cito al magistrado Varela:

El examen de aquellas actuaciones ha revelado, como hecho probable, que el Magistrado querellado actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de víctimas de los horrendos crímenes del franquismo, erigidos en aparente objeto del procedimiento, sabiendo que éstos habían sido objeto de amnistía por las Cortes democráticas de España, cuya voluntad decidió conscientemente ignorar u orillar.

Es decir, se juzga a Garzón por querer realizar una actividad de localización y exhumación de los cadáveres fuera del procedimiento que se había aprobado por el legislativo, para lo cual “inventa” un procedimiento de investigación criminal aparente. Naturalmente, el párrafo anterior es uno entre muchos folios: en el auto del magistrado Varela se incluyen muchas claves de por qué cree el magistrado que esto es así: es decir, que se instrumentaliza un proceso penal para fines ajenos a un proceso penal.

Podrá gustar o no esa decisión, pero es por eso por lo que se juzga a Garzón. Ahora distingamos entre información y opinión. El País puede opinar, incluso defender editorialmente que El juez vuelve hoy al banquillo por investigar el franquismo, pero debe dejar claro que ésa es su opinión y no un hecho, a menos que demuestre que el magistrado Varela y todos los magistrados que han resuelto los recursos están, a su vez, prevaricando. Si pretende que ese titular sea información no puede hacer otra cosa que decir que El juez vuelve hoy al banquillo acusado de prevaricación, sin más, explicando en la noticia que se le acusa de instrumentalizar espuriamente un procedimiento penal, que él defiende que lo que hizo es legítimo y que hay personas que creen que este proceso es una venganza por pretender “investigar” al franquismo.

Una cosa más. El titular tiene su punto por otra razón. El uso del término investigar. ¿Qué investigó Garzón o qué intentó investigar según sus resoluciones?

Veamos qué dice el propio magistrado en uno de sus autos:

2. Cursar oficio a los correspondientes Registros Civiles para que APORTEN CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN, en plazo de 10 días, a los efectos de declarar la extinción de responsabilidad penal, por fallecimiento de:

 Francisco Franco Bahamonde
 Miguel Cabanellas Ferrer
 Andrés Saliquet Zumeta
 Miguel Ponte Manso de Zúñiga
 Emilio Mola Vidal
 Fidel Dávila Arrondo
 Federico Montaner Canet
 Fernando Moreno Calderón
 Francisco Moreno Fernández
 Germán Gil y Yuste
 Luis Orgaz Yoldi,
 Gonzalo Queipo de Llano y Sierra
 Francisco Gómez-Jordana y Souza
 Francisco Fermoso Blanco
 Luis Valdés Cabanilla
 Nicolás Franco Bahamonde
 Francisco de Asís Serrat i Bonastre
 José Cortés López
 Ramón Serrano Súñer
 Severiano Martínez Anido
 Tomás Domínguez Arévalo
 Raimundo Fernández Cuesta y Merelo
 Valentín Galarza Morante
 Esteban Bilbao y Eguía
 Jose Luis Arrese y Magra
 Juan Yagüe Blanco
 Salvador Moreno Fernández
 Agustín Muñoz Grandes
 José Enrique Varela Iglesias
 Juan Vigón Suerodíaz
 Blas Pérez González
 Carlos Asensio Cabanillas
 Eduardo Aunós Pérez
 Eduardo González Gallarza, y
 Francisco Regalado Rodríguez

3. Reclamar del Ministerio del Interior (Secretaría de Estado para la Seguridad), los datos que identifiquen a los máximos dirigentes de la Falange Española, entre el 17 de julio de 1936 y 31 de diciembre de 1951, para una vez identificados, acordar lo necesario sobre la imputación y extinción, en caso de fallecimiento, de la responsabilidad penal.

Esto sobre posibles responsables.

Ahora sobre otras cuestiones:

4. Formar un grupo de Expertos en número, forma y con las competencias marcadas en el Razonamiento Jurídico Décimosexto. A tal efecto, requiérase a las partes para que designen, de mutuo acuerdo, a las cinco personas que integren el referido grupo, en un plazo no superior a diez días, que se unirán a las dos que nombre el Juzgado, los cuales deberán aceptar y jurar o prometer el cargo.

5. Formar un grupo de Policía Judicial, en número, forma y con las competencias marcadas en el Razonamiento Jurídico Décimosexto, a cuyo fin remítase oficio a la Comisaría General de Policía Judicial para que remita los nombres de los funcionarios, correspondiendo la designación del Jefe del grupo a este Juzgado.

Ese razonamiento al que se refiere se concreta en:

estudiar, analizar y valorar y dictaminar sobre el número, lugar, situación e identificación de las víctimas

Sigo:

6. Autorizar las exhumaciones que se citan en el Razonamiento Jurídico Decimoséptimo en la forma y con los requisitos que se mencionan en el mismo. A tal efecto, se cursarán los exhortos correspondientes a los Juzgados territorialmente competentes con quienes tendrán que coordinar la actividad los solicitantes y los grupos de expertos y Policía Judicial, para fijar el día de la exhumación y, en su caso, levantamiento de cadáver y traslado de restos, que deberá ser comunicado a este Juzgado. En todo caso y, de estar identificados los lugares, las diligencias deberán practicarse a la mayor urgencia.

En el fundamento jurídico decimoséptimo se enumera una serie de lugares en los que existen, al parecer, fosas comunes y se especifica la realización de tareas de identificación forense de las víctimas.

Finalmente:

7. Practicar las diligencias que se citan en los puntos 1, 4, 5, 6 y 7 del Razonamiento Jurídico Décimoctavo, según lo que consta en el mismo.

En ese razonamiento se mencionan diligencias consistentes en que “la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 52/2007 de 26 de Diciembre, preste colaboración en las exhumaciones que se lleven a cabo en dicha Comunidad Autónoma”, que se “requiera a la Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz, Universidad de Extremadura y Ayuntamiento de Mérida para que aporten información de las exhumaciones practicadas en el territorio de dicha Comunidad Autónoma”, que “se curse exhorto al Juzgado Decano de los de Málaga para que informe si se han abierto diligencias por las exhumaciones practicadas en el antiguo cementerio de San Rafal, de Málaga, requiriendo a la Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Universidad de Málaga para que informen sobre las mismas”, que “se requiera al Ayuntamiento de Córdoba para que remita la documentación obrante en los Archivos Municipales sobre el cementerio de la Salud de Córdoba, sobre planos del cementerio, mapa de fosas, actas capitulares y demás informaciones sobre la ubicación de la denominada Zanja Z, Caja B. Que, igualmente, se requiera a la Prisión Provincial de Córdoba para que localice y remita los expedientes obrantes en la misma relativos a los diputados Luis Dorado Luque y Antonio Acuña Carballar y en el mismo sentido, se requiera al Ministerio de Justicia para que remita los expedientes judiciales referidos a los mismos”, que sobre “suspensión de las obras de construcción de 119 viviendas en el término de La Palma del Condado (Huelva) frente al Centro de Salud de dicho municipio, al poder afectar a una fosa común. En el mismo escrito, y por otrosí, informando del derribo en breve plazo de la antigua cárcel de Carabanchel en Madrid y solicitando se acuerde la cautelar suspensión gubernativa del procedimiento administrativo que se sigue para la adjudicación de las obras” se requiera “del organismo oficial correspondiente, titular del inmueble y de la Policía Judicial, los datos del caso en cuestión”, incluyendo a la “Secretaría de Estado para la Seguridad del Ministerio del Interior” sobre la antigua cárcel de Carabanchel.

Como puede observarse, las diligencias básicamente se refieren a las exhumaciones. Ninguna se llevó a la práctica porque el propio Garzón terminó inhibiéndose y repartiendo su competencia por los juzgados de instrucción de esas localidades, en una resolución que contradecía precisamente ésta. La única diligencia que dio lugar a una decisión fue la de la extinción de la responsabilidad penal de una serie de personas por fallecimiento. Por cierto, una decisión que no puede adoptar el juez instructor.

¿Qué nos dice el magistrado Varela sobre esto? Veamos, ya que se añade el contenido del oficio que se dirigió al Comisario Jefe de la Comisaría General de Policía Judicial:

c) fija como objetivos del procedimiento (fundamento jurídico décimo sexto) la “búsqueda y localización para, en un tiempo razonable, ofrecer a las víctimas, interés prioritario en este momento, una respuesta acorde con las peticiones deducidas”.

Para ello se dispone a componer sendos grupos de expertos y de Policía Judicial. Respecto a este último remite oficio al Sr. Comisario Jefe de la Comisaría General de Policía Judicial en 20 de octubre de 2008.

El contenido de este oficio es bien revelador de cual es el verdadero objetivo que, en relación con la causa que instruye, determina el Ilmo. Magistrado querellado a la actuación policial:

Por un lado les advierte que su actuación “deberá estar coordinada con el Grupo de Expertos para facilitar el trabajo a éstos y, en su caso, seguir las instrucciones técnicas de los mismos, facilitándoles todos los resultados obtenidos”; y además que tengan en cuenta la actividad que pueda estar desarrollando la Administración en otros ámbitos, coordinándose y evitando solapamientos. Es obvio que ni de los expertos ni de la Administración era esperable una investigación de hechos a efectos de represión de delitos.

Pero más revelador es que la averiguación de las circunstancias de su desaparición y muerte se indique en el oficio que se “tendrá en su labor” de “localización y sistematización de víctimas”, expresión que revela la jerarquización de objetivos.

Y más significativo, si cabe, es que culmine el oficio indicando que la “investigación hasta que se acredite suficientemente la comisión de los hechos denunciados” deberá continuar, pero no ya bajo la dirección del Ilmo. Magistrado querellado, sino “bajo al directriz de la autoridad judicial competente”, obviamente “otra” diversa de la suya.

d) simultáneamente, adopta resoluciones por las que autoriza, ya desde ese mismo momento, determinadas exhumaciones, cuya práctica regula bajo el enunciado de determinados principios, y, en cuanto a otras, decide dirigirse a la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha recordándole la obligación de cooperar, y a la Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz, Universidad de Extremadura y Ayuntamiento de Mérida requiriéndoles información y colaboración. Asimismo recaba información sobre otros datos concretos, algunos tendentes a decidir si suprime la construcción de 119 viviendas en La Palma del Condado de Huelva o el derribo de la cárcel de Carabanchel.

Para la práctica de estas exhumaciones decide exhortar a los juzgados territorialmente competentes. Competencia, se entiende, referida solamente a dicho auxilio judicial

Como puede observarse, lo que Garzón intenta realizar es aquello que había sido objeto de una Ley, ni más ni menos, de 2007. Esa Ley no satisfacía a las asociaciones de víctimas, y puede que tengan razón, pero ¿eso justifica la intervención de un magistrado que se supone debe investigar la comisión de delitos? Como bien dice Varela, lo que el magistrado hace revela un intento de dar satisfacción a las asociaciones de víctimas en lo relativo a su petición fundamental: la localización de los cadáveres en fosas comunes.

Si alguien dice que los del franquismo fueron delitos, yo diré que sí, pero ¿le incumbía a Garzón investigarlos? Veamos qué hizo el propio Garzón. Cuando el fiscal le informa de que va a recurrir este auto, Garzón transforma el procedimiento, lo que podría retrasar los recursos (ya que el recurso se debe presentar primero frente al propio magistrado, que puede tardar en resolver -recuérdese que esta causa estuvo dos años durmiendo el sueño de los justos). Cuando el fiscal decide presentar una solicitud directa (prevista en el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) y se pide informe a Garzón, éste solicita un aplazamiento y luego se da de baja por enfermedad. Es la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que da instrucciones al Juzgado de Instrucción nº 5 para que paralice todas las actividades acordadas en el auto antes expuesto. Pues bien, al reincorporarse Garzón, y sin emitir el informe preceptivo, donde había dicho digo, dice diego, y se inhibe porque han muerto las personas que se habían rebelado contra la República (la única razón que había dado -en mi opinión inválidamente- para su supuesta competencia). Es decir, él mismo admite que no tenía competencia para acordar toda esa ristra de diligencias porque habían muerto Franco y todos los responsables de ese delito de rebelión.

Lo repito, ya que esto se suele ocultar: el propio Garzón admitió que no tenía competencia.

No, a Garzón no se le ha sentado en el banquillo por investigar nada.

Ya sé que dará igual todo esto a los que creen que existe una venganza o una conspiración de fascistas, franquistas o amigos de pasar página. Sin embargo, espero de ellos que me expliquen por qué tenía competencia Garzón si el mismo magistrado admitió finalmente que no la tenía, sin esperar a que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidiese.

Venga, échenle imaginación.


ENTRADAS SOBRE GARZÓN:
Esto es lo que ya he escrito: 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17.

Y además.

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17 comentarios en “¿Investigar?

  1. Noto en falta las medidas concretas de la ley 52/2007 para la localización y exhumación de víctimas de los horrendos crímenes del franquismo.

    En realidad nunca he entendido por qué una ley *progresista* ¡de ZP! que pretende localizar a las víctimas del franquismo provoca una denuncia en la AN para localizar a dichas víctimas.

  2. A mí esta actuación de Garzón me resulta más violenta y moralmente rechazable que ninguna otra. Es posible que en otras el desafuero fuera mayor, pero el daño que aquí se ha causado es mucho más reprobable. El sujeto aprovecha el legítimo duelo de las familias, les pone el caramelo en la boca, les ilusiona, … sabiendo desde el principio que la causa no va a poder continuar, que va a crear una frustración insoportable. Todo eso le da igual, él ya ha quedado bien, ya va a pasar a la historia como el hombre que luchó contra el franquismo, el único que se atrevió.
    Qué desastre, Garzón, qué vergüenza.

  3. Estaban todas las víctimas tan tranquilas y los familiares tan tranquilos hasta que ZP legisló que iba a localizar a las víctimas y las iba a exhumar y tratar con dignidad y a raíz de esta legislación se presenta la denuncia en la AN para que Garzón localice y exhume a su criterio.

    Esto es lo incomprensible.

    Del ojeo de la ley creo haber entendido que el derecho de exhumación queda limitado a familiares y quizá por eso las asociaciones recurrieron a Garzón porque se sintieron sin legitimación jurídica para solicitar exhumaciones?

  4. [7] Hay otra cosa. Las denuncias que dieron lugar al auto de 16 de octubre de 2008 (que es el auto en el que Garzón asume competencias) son, las primeras, de diciembre de 2006. Luego se unieron otras de 2007 y 2008. Es decir, que las denuncias son anteriores a la Ley. Lo gracioso es que Garzón pasó de ellas hasta 2008.

    “Las denuncias origen del procedimiento incoado por el aforado ponían en conocimiento del Juzgado que el 17 de julio de 1936 se había producido en España lo que alguna de aquellas denominó “sublevación milita” a la que siguió, entre otras consecuencias, la causación de muertes y la desaparición de multitud de personas como consecuencia de un plan preconcebido y sistemático de eliminación de enemigos políticos.

    Los denunciantes invocaron el derecho a conocer la ubicación de los restos de las víctimas de aquellos hechos calificados en algunas denuncias como delitos de lesa humanidad.

    Es de resaltar que aquellas denuncias no estimaron oportuno aludir a que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito “contra la forma de gobierno”.

    En sus denuncias consideran que la responsabilidad de detección de las fosas en que se encuentran los restos de las personas asesinadas incumbe al Estado. y se quejan de que éste no asuma tal obligación.

    Se presentaron las denuncias después de que, en el mes de julio de ese año, se aprobase la ley 24/2006 de 7 de julio, que declaró 2006 como “año de la Memoria Histórica” y, como recuerda la denuncia de “Nuestra Memoria Sierra de Gredos”, el Gobierno presentara un proyecto de ley, calificado por la Comisión Constitucional en el mes de septiembre, que valoran como insatisfactorio.

    La formulada por “Nuestra Memoria, Sierra de Gredos y Toledo” advierte al respecto del carácter privado de las búsquedas de fosas, de que los Juzgados sólo han intervenido cuando se conocía la existencia de restos y que luego han sobreseído los procesos penales abiertos por estimar prescrito el delito, así como que el proyecto de ley -que luego sería la ley 52/2007- sigue dejando a la iniciativa particular la localización de las fosas e identificación de las víctimas que padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

    Los denunciantes acaban recabando fundamentalmente investigaciones que permitan conocer lo ocurrido y la reparación a las víctimas, incluyendo la efectividad de las exhumaciones, y, salvo alguna referencia genérica a la punición de los hechos, omiten instar para su momento la imposición de penas a personas determinadas.

    En lo anterior coinciden sustancialmente las siete primeras denuncias presentadas en diciembre de 2006, que dieron lugar a la incoación de las diligencias previas. La presentada por la “Asociació per a la recuperación de la memòria histórica de Cataluña”, aunque concluye con una genérica petición de averiguación y punición de los hechos, advierte previamente que de lo que se trata es “requerir a la Administración de Justicia para que asuma un papel activo en la localización de las fosas, exhumaciones, identificación de restos y restitución a sus familiares…”. La denuncia de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica en Aragón” no oculta que, además de la “averiguación y comprobación” lo que requiere es “que se inste a los poderes públicos la implantación de un órgano independiente que conozca, coordine, dirija y practique cuantas diligencias sean necesarias para reparar legalmente a las familias, que han requerido nuestra intervención, teniendo en cuenta que dichas familias no cuentan con los medios necesarios…” La ARMHM mallorquina manifiesta que “considera que ésta (la actividad de localización y exhumación de fosas comunes) es una tarea que incumbe al Estado…” lo que justifica por el carácter criminal de los hechos que dieron lugar a la existencia de las víctimas y es “por todo ello, (por lo que ) pedimos el auxilio de la justicia en la localización del paradero o destino final de las personas enumeradas …”, perspectiva que explica la inclusión de un pedimento de determinación de responsabilidades penales. La particular de Doña Carmen Dorado proclama que “conscientes de que por el tiempo transcurrido resulta casi imposible hallar a los Autores materiales e intelectuales”…pero pese a ello indica la verdadera finalidad de la denuncia “no es menos cierto que sí sería posible establecer las reales circunstancias de tales muertes, y en concreto la de don Luis Dorado Luque, y de las maquinaciones posteriores para ocultarlas y asegurar la impunidad que aún persiste…” generando por tanto una responsabilidad patrimonial (de los diversos Gobiernos) que la familia planteará en breve”.

    El 19 de diciembre de 2006 (folio 167), se decide por el querellado incoar Diligencias Previas y que se ratifiquen los denunciantes, limitándose a hacer referencia a que los hechos pueden ser constitutivos de un delito respecto del cual no realiza el más mínimo esfuerzo de calificación. Y aunque acuerda que se oiga al Ministerio Fiscal sobre la competencia de la Audiencia Nacional para conocer de los hechos denunciados, aplaza la reclamación de tal Informe hasta después de que las denuncias sean ratificadas ante el Juez Instructor.

    Abre así un periodo de tiempo en el que se suceden diversas resoluciones que se limitan a tener por hechas ratificaciones u ordenar que se practiquen otras en relación a nuevas denuncias, que, alcanzan la cifra de quince más antes de la resolución del 16 de octubre de 2008, a la que después nos referiremos (enero de 2007 -folio 227- 22 de febrero de 2007 -folio 250- 9 de marzo de 2007 -folio 265- 22 de agosto de 2007 -folio 402- y 7 de octubre de 2008).

    Durante este extenso período de tiempo (diciembre de 2006 a octubre de 2008) el Juez Instructor querellado no promueve la más mínima actuación procesal de investigación, ni dispensa la más mínima protección a denunciante o víctima alguna. “

  5. [8] No, no puede hacer bien, porque su competencia es muy concreta y además restrictiva. Es concreta porque debe investigar delitos y es restrictiva porque la competencia “natural” es de los juzgados territoriales y no de la AN. Sobre esto hay mucha jurisprudencia del TS.

  6. Bueno… cada vez entiendo menos… 🙂

    Garzón aprovechó los dos años de limbo jurídico hasta la ratificación de las denuncias para exhumar o intentar exhumar…?

  7. [11] Jaja.

    No, ¡No hizo nada! Realizó actuaciones de mero trámite, sin decidir sobre su competencia, dejando el proceso en el limbo, luego cuando alguien le denuncia -a él, a Garzón- en el CGPJ por no hacer nada le da traslado al Fiscal, el fiscal informa en contra y Garzón (con la Ley ya aprobada) se aparta del criterio del Fiscal y acuerda todas esas medidas.

  8. “El día 8 de noviembre de 2007 se presentó ante el Consejo General del Poder Judicial por la representante de la Asociació per la recuperació de la memoria histórica de Mallorca denuncia o queja por el retraso en la tramitación de la causa. De dicha denuncia tuvo conocimiento el querellado con tiempo suficiente para responderla en fecha del día 17 siguiente (así deriva del testimonio aportado por el querellado de la resolución del Consejo General del Poder Judicial en la que se le comunica que no estimó que existiera infracción).

    Es en proveído de fecha del 16 de noviembre de 2007 (folio 419) cuando, tras once meses de inactividad procesal, ordena el Juez Instructor, ahora sí, hacer efectivo el traslado al Ministerio Fiscal recabando la emisión de su informe sobre competencia de la Audiencia Nacional para conocer de los hechos.

    Se constata así que, si bien la demora en el traslado al Ministerio Fiscal se pretendía justificar por la sucesión ininterrumpida de denuncias y subsiguientes órdenes de ratificación, su efectividad, pese a que aquel proceso de denuncias y ratificaciones seguía inconcluso,. permite inferir que solamente la denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial movió al querellado para recabar dicho informe.

    El Ministerio Fiscal emite su Informe el 1 de febrero de 2008 en el sentido de entender, aunque sin vincular al Ilmo. Magistrado querellado, que no procede admitir a trámite las denuncias y, además, advierte que la Audiencia Nacional carece de competencia para conocer de las mismas y que la tipificación de los delitos de lesa humanidad no es susceptible de aplicación retroactiva (con referencia de la Sentencia del TS de 1 de octubre de 2007). Añade que la Ley de Amnistía es aplicable en toda su amplitud y que no cabe atribuir competencia a la Audiencia Nacional, ni siquiera ex delicto laesa humanitatis no incluido en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dado que no era tampoco aplicable el fuero por persecución universal, ya que los delitos denunciados se habrían cometido en España.

    Entre tanto las Cortes aprobaron, y fue promulgada, la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, conocida en el debate público como Ley de Memoria Histórica.

    Resulta notorio, por el debate público generado al respecto, que su contenido no satisfizo las expectativas de un buen número de organizaciones sobre la Memoria Histórica.

    Pese al informe del Ministerio Fiscal, el querellado mantiene la misma actitud reflejada en anteriores proveídos, -no investigar y no proveer auxilio alguno a ninguna de las víctimas o sus familiares- acordando ahora el traslado de ese informe a las partes personadas, mediante providencias de los días 4 y 26 de febrero de 2008 (folio 441 y 450) y 22 de mayo de 2008 (folio 813). Y sigue retrasando, otros varios meses más, la decisión sobre su cuestionada competencia”

  9. [0]

    Gran post, pero es como demostrar que existió el holocausto o que el hombre llegó a la luna. Inútil, porque a los que debe convencer ya saben que lleva usted razón, pero les conviene que no la lleve. Les da igual. Garzón está procesado por investigar el franquismo y punto. No les venga ahora con instrumentalismos. Es como lo de Camps. Qué más da que pagara o no los trajes. También decía “amiguito del alma”, que según algunos era todavía peor.

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