Matonismo vestido de seda

En estos tiempos se ha puesto de moda defender el escrache desde dos puntos de vista: el de su legalidad y legitimidad, y el de su oportunidad.

Hace poco, un magistrado (Carlos Hugo Preciado), daba argumentos a su favor centrándose sobre todo, aunque no exclusivamente, en la cuestión de la legalidad.

Es un artículo desafortunado, básicamente por un problema de principio, político, aunque no solo, relacionado con la cuestión de cómo se articula en una sociedad democrática la tensión entre los intereses contrapuestos de ciudadanos y organizaciones a la hora de adoptar soluciones concretas que afectan precisamente a esos intereses.

Dos artículos muy recientes, de Jorge Galindo uno, y de Jorge San Miguel otro abordan muy bien el asunto desde la óptica política -la más importante-, recordando que la actuación puntual, reactiva, no formalizada, no trabajada, inconstante, sin objetivos articulados, es inútil. Yo diré algo más: es peligrosa, porque se encamina hacia el matonismo político, es decir, hacia el movimiento político de masa que se autojustifica como programa por el hecho de su propia existencia. Ya sabemos cómo han terminado esos movimientos.

Como ambos artículos están muy bien, yo querría centrarme en un aspecto lateral que tiene que ver con la legalidad del escrache y con la idea de que se trata de una mero ejemplo -incluso especialmente afortunado- del derecho fundamental de manifestación.

Para que se comprenda mi punto de vista, voy a citar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Así, en la Sentencia núm. 163/2006 de 22 mayo (RTC\2006\163) se nos dice sobre el límite del derecho de manifestación:

En cuanto al contenido del límite previsto en el art. 21.2 CE, la “alteración del orden público con peligro para personas o bienes”, debe advertirse de entrada que para delimitar su alcance no resulta ni necesario en la práctica ni correcto en el plano teórico, entrar a definir de modo abstracto y general el concepto de orden público. Esto es así porque el mentado precepto constitucional no se refiere genéricamente al orden público sin más, sino al orden público con peligro para personas o bienes y esta situación de peligro, como comprobaremos de inmediato, no es un elemento adjetivo que simplemente modula o califica externamente un concepto previo de orden público, sino un elemento sustantivo que define el contenido de ese concepto. Por otra parte, esta noción de orden público con peligro para personas o bienes debe analizarse en el contexto del precepto constitucional del que forma parte, es decir, como límite del derecho fundamental de reunión en lugares de tránsito público.
Desde esta perspectiva, para resolver la cuestión así acotada basta con señalar lo siguiente: primero, que, interpretado ese concepto de orden público con peligro para personas y bienes a la luz de los principios del Estado social y democrático de Derecho consagrado por la Constitución, debe entenderse que esa noción de orden se refiere a una situación de hecho, el mantenimiento del orden en sentido material en lugares de tránsito público, no al orden como sinónimo de respeto a los principios y valores jurídicos y metajurídicos que están en la base de la convivencia social y son fundamento del orden social, económico y político. El contenido de las ideas o las reivindicaciones que pretenden expresarse y defenderse mediante el ejercicio del derecho de manifestación y concentración pública no puede ser sometido a controles de oportunidad política ni a juicios en los que se emplee como canon el sistema de valores que cimientan y dan cohesión al orden social en un momento histórico determinado. Al ponderar la aplicación el límite del art. 21.2, los poderes públicos deben garantizar el ejercicio del derecho de reunión por parte de todos en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna en razón del contenido de los mensajes que los promotores de las concentraciones pretenden transmitir (salvo, claro es, que ese contenido infrinja la legalidad).

En segundo lugar, y como consecuencia de lo dicho anteriormente, las concentraciones tan sólo pueden prohibirse, en aplicación del límite previsto en el art. 21.2 CE, cuando existan razones fundadas para concluir que de llevarse a cabo se producirá una situación de desorden material en el lugar de tránsito público afectado, entendiendo por tal desorden material el que impide el normal desarrollo de la convivencia ciudadana en aspectos que afectan a la integridad física o moral de personas o a la integridad de bienes públicos o privados. Éstos son los dos elementos que configuran el concepto de orden público con peligro para personas y bienes consagrado en este precepto constitucional. Ciertamente, el normal funcionamiento de la vida colectiva, las pautas que ordenan el habitual discurrir de la convivencia social, puede verse alterado por múltiples factores, que a su vez pueden afectar a cuestiones o bienes tan diversos como la tranquilidad, la paz, la seguridad de los ciudadanos, el ejercicio de sus derechos o el normal funcionamiento de los servicios esenciales para el desarrollo de la vida ciudadana; sin embargo, sólo podrá entenderse afectado el orden público al que se refiere el mentado precepto constitucional cuando el desorden externo en la calle ponga en peligro la integridad de personas o de bienes.
Con todo, debe precisarse que ese peligro no es sinónimo de utilización de la violencia sobre personas o cosas por parte de quienes participan en las concentraciones. Las reuniones no pacíficas –y así deben considerarse cabalmente a aquellas en las que los participantes llevan a cabo actos violentos– ya resultan excluidas del derecho de reunión por el primer párrafo de este precepto. El párrafo segundo del art. 21 CE no delimita el contenido del derecho de reunión, sino que establece un límite a su ejercicio y otorga a los poderes públicos una facultad que, como veremos, éstos deben ejercer proporcionadamente, de modo que, por ejemplo, antes de prohibir una concentración por esta causa, deben proponer las modificaciones que permitan el ejercicio del derecho. Si la cláusula “con peligro para personas o bienes” fuese sinónimo de reunión no pacífica no cabría otra alternativa que su prohibición, puesto que se trataría de una acción ajena o no integrada en el referido derecho. Así, pues, si se da, como debe darse, un contenido propio y específico al límite del derecho de reunión consagrado en el art. 21.2 CE y a la facultad por él atribuida a los poderes públicos, deberá concluirse que en su ámbito se incluyen los peligros para personas o bienes derivados de las acciones violentas que puedan derivarse de la celebración pacífica de la concentración, ya sea porque la misma cree situaciones que provoquen directamente esos peligros, ya porque imposibilite la realización de actividades tendentes a evitar o a paliar los citados peligros»

Esta sentencia es muy interesante porque nos recuerda varias cosas:

a) La primera, que la gente puede manifestarse incluso para criticar o solicitar el cambio de nuestro sistema. El antisistema puede manifestarse para defender su alternativa (aunque consista sólo en acabar con el sistema actual).

b) La segunda, que la limitación al derecho sólo puede provenir de un riesgo para personas o cosas, pero que ese riesgo no se califica así porque resulte de un hecho delictivo. Digo esto porque en el artículo del magistrado se habla siempre de “escraches” que no supongan la comisión de delitos como aquellos permitidos. Como dice la sentencia que acabo de transcribir, esto es una obviedad y el peligro para personas o cosas que modula el derecho de manifestación no es el derivado de hechos delictivos: es otra cosa. Por tanto, sí hay otros peligros para la integridad moral y material de personas y cosas que pueden limitar su ejercicio. En realidad, dicho peligro para personas o cosas es aquel que no siendo delictivo atenta contra la integridad física o moral de las personas.

c) Lo más importante del derecho de manifestación es, o sorpresa, el derecho a manifestarse, y por ello procede que la autoridad intente solventar esos impedimentos autorizando la manifestación en otro lugar. Y ya vamos viendo por qué el “escrache” (que sólo es tal por el hecho de que la manifestación se produce en un determinado lugar), pese a lo que se dice, no es una especie sin más del derecho a manifestación. Luego desarrollaré el argumento.

Veamos ahora algunas afirmaciones de Carlos Hugo Preciado:

El derecho de manifestación es una proyección colectiva de la libertad de expresión efectuada través de una asociación transitoria de personas que opera de manera instrumental al servicio del intercambio o exposición de ideas, defensa de intereses, publicidad de problemas y reivindicaciones, siendo por ello un cauce de participación democrática.

Por otro lado, el escrache no es otra cosa que el nombre dado en Argentina, Uruguay y España a un tipo de manifestación pacífica en la que un grupo de activistas de Derechos Humanos se dirige al domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere denunciar. Se trata de un método de protesta basado en la acción directa que tiene como fin que los reclamos se hagan conocidos a la opinión pública.

Es curioso como el magistrado intenta quitar importancia a lo más característico del “escrache”, a la vez que admite que se trata de lo que llama “método de protesta basado en la acción directa”. No, el hecho de que los activistas vayan al domilio o lugar de trabajo de una persona no es un aspecto adjetivo de una manifestación del derecho de manifestación, valga la redundancia, sino que es el aspecto sustantivo. Con el “escrache” no se pretende sin más reivindicar una opinión o proyecto o protestar pacíficamente frente a una medida de gobierno o una decisión que les afecte o les incumba. Si fuera así daría igual el lugar en el que se ha de producir la manifestación. Lo cierto es que el “escrache” busca afectar directamente a un responsable político al que se considera responable de determinada situación, y pretende demostrarle, como mínimo, lo incómoda que puede ser su posición, pero no en el plano político (por ejemplo, porque la protesta le haga perder expectativas electorales), sino en el plano personal y familiar. Es, evidentemente, una forma de cosificación y persecución personal.

Por eso resulta francamente esperpéntica la siguiente afirmación del juez Preciado:

En el caso del escrache que estamos viendo en el Reino de España en los medios de comunicación se trata de un conjunto de personas afectadas por la legislación hipotecaria que pretenden convencer a los diputados del partido político con mayoría absoluta de que es necesario un determinado cambio legislativo, manifestándose delante de sus domicilios, en la vía pública.

No creo que nadie honesto crea que la finalidad del “escrache” es convencer a los diputados. Cuando a alguien se le acosa en su esfera personal lo que se pretende no es convencerle; se pretende otra cosa.

Nos dice el señor Preciado que:

Lo que no es razonable, desde una mínima honestidad intelectual, es confundir los derechos con el abuso de los mismos para acto seguido terminar prohibiéndolos. Ello conduce al absurdo de que como todo derecho es susceptible de un uso abusivo, todo derecho debe ser prohibido, cultura propia de los regímenes autoritarios y que todos recordamos en frases típicas de la Transición española como: “Tanta libertad nos llevará al libertinaje”. En este sentido, a menudo se confunde interesadamente el escrache con los insultos, vejaciones o coacciones que personas individuales puedan proferir en momentos concretos; confusión que no resulta admisible.

Como he dicho -y he demostrado con la sentencia citada- eso que el señor Preciado denomina uso abusivo del derecho de manifestación no es tal: no se trata de expresiones abusivas, sino simple y llanamente de algo excluido del derecho por su naturaleza violenta. Y como he acreditado, el Tribunal Constitucional advierte de que hay ejercicio abusivo sin violencia cuando se afecta a la integridad moral de las personas.

Añade el señor Preciado:

“… habrá que poner en la balanza, en cada caso, el derecho a la manifestación o reunión pacífica y sin armas en lugares públicos en su concreta forma del escrache -por un lado-, frente a la libertad de voto, el derecho a la intimidad personal y familiar y, en su caso, el derecho al honor del diputado o Senador -por otro-.”

Este planteamiento es tramposo, por las siguientes razones:

1.- No se trata de poner en la balanza el ejercicio de derechos que puedan resultar incompatibles entre sí. Se trata de que es un límite intrínseco al derecho de manifestación el que no se vea afectada la integridad moral de las personas.

2.- El planteamiento del señor Preciado elude la cuestión primera de que el derecho de manifestación no se ve afectado por la prohibición de un “escrache”. Es muy sencillo: si se ordena que la manifestación se traslade a 500 m el derecho de manifestación no se violenta. Los manifestantes pueden seguir expresándose en completa libertad. Esto demuestra, de nuevo, que el “escrache” no es una modalidad del derecho de manifestación, sino un fraude de ley: es decir, la búsqueda de un resultado prohibido utilizando un cauce legal, pero no previsto para ese resultado prohibido.

Sigamos con el artículo:

“En primer lugar, dentro de los límites del ejercicio del escrache, hay que plantearse si coarta o cercena la libertad de voto del diputado o senador. El escrache, sin otro añadido, (violencia, amenazas…) no puede considerarse que coarte su libertad de voto, sino que todo lo contrario. La refuerza y enriquece con las ideas, opiniones o críticas que recibe de aquéllos a quienes representa, pues la libertad no puede considerarse como el blindaje frente a opiniones molestas en lugares incómodos o como el anonimato o la incomunicación, por una persona que ha decidido dedicarse a un cargo público y que responde no sólo ante las urnas sino, mientras éstas están cerradas, ante los ciudadanos, pues en una democracia participativa éstos no se limitan a decidir cada cuatro años, sino que participan activamente en la vida pública, informándose, opinando y criticando las decisiones de quienes tienen el poder de dictar las leyes que están obligados a acatar.”

Es evidente que el “escrache” no refuerza nada, porque hay cauces de sobra para hacer llegar opiniones divergentes a los representantes políticos. Los hay a patadas. Y naturalmente, me parece muy bien la participación ciudadana, pero en cuanto a la manera correcta (y útil) me remito al artículo de Jorge San Miguel. Con el “escrache” se busca otra cosa; es obvio, y negarlo me parece deshonestidad intelectual. Se pretende “poner en evidencia” al “escrachado” frente a sus vecinos, haciéndoles -en su versión más débil- incómoda su vida personal (y afectando inevitablemente a los miembros de sus familias).

Quiero centrarme en esto porque el artículo menciona los tipos penales que protegen la actividad legislativa (p. ej, el art. 498 del código penal) pero no extrae la conclusión correcta.

El autor del artículo sostiene que lo que es ilegal en el caso de un ciudadano privado (ejemplo del “cobrador del frac”), la cosificación y vejación que se produce cuando se señala a alguien con el dedo como “causa de nuestros males”, resulta admisible en el caso de los representantes políticos precisamente por su naturaleza de tales:

En este punto hay que matizar que el derecho a la intimidad del político tiene distinta extensión que el del ciudadano de a pie, pues quien tiene atribuido el ejercicio de funciones públicas es personaje público en el sentido de que su conducta, su imagen y sus opiniones pueden estar sometidas al escrutinio de los ciudadanos los cuales tienen un interés legítimo a saber cómo se ejerce aquel poder en su nombre.

En primer lugar, el destinatario del escrache no es un sujeto privado, sino un miembro del Poder Legislativo, y es doctrina constitucional que los personajes públicos, especialmente los políticos, están más obligados a soportar la crítica de los ciudadanos ordinarios, sin que, como es obvio, la crítica ampare el derecho al insulto o al menosprecio y la vejación.

En segundo lugar, la finalidad de la crítica no es el ámbito privado o personal del diputado o senador -como el pago de una deuda-, sino su actuación pública, lo cual nos sitúa en el ámbito de la eficacia vertical de los derechos fundamentales y no en el ámbito de la eficacia horizontal o entre iguales.

El planteamiento es en mi opinión erróneo porque lo que se deduce de la propia Constitución y del Código Penal es precisamente que la crítica política y el escrutinio a que deben someterse los representantes políticos debe articularse por determinados cauces (que insisto son muy variados) y que están legalmente sobreprotegidos en su función de representantes de la soberanía popular.

Así, el artículo 66 de la CE nos dice en su apartado 1 que “las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado“. Se olvida a menudo que cada diputado representa a la soberanía nacional y que la acción directa contra él atenta contra todos los españoles. Imaginemos que consentimos que cada diputado pueda ser objeto de una acción directa por los partidarios de sus adversarios políticos. Por eso se les reviste de una dignidad relacionada con la nación en su conjunto y no deberían ser susceptibles de un acoso personal.

El artículo 67 añade “los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo“. Esto implica que cada diputado es libre de disciplinas de partidos y compromisos de cualquier tipo. Por esa razón debe ser susceptible de ser convencido, pero nunca de ser obligado, aunque sea indirectamente, a votar en un determinado sentido. Ni por los partidos, ni por otros diputados, ni por los ciudadanos.

Esto se refuerza por la inviolabilidad e inmunidad del artículo 71 de la Constitución.

Que lo que digo es así, resulta expresamente de una norma que suele olvidarse, el artículo 77 de la CE que dice que “1. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.

Esa norma incluye expresamente la petición por los ciudadanos, pero excluye expresamente aquellas que se realizan de forma directa y con el apoyo de una manifestación ciudadana. Esta prohibición se basa en un hecho constatado: toda presentación directa en forma de manifestación implica una forma de coacción.

Todo lo anterior se refuerza por la protección penal de los diputados y de las Instituciones del Estado (delitos de sedición y rebelión, delitos de los artículos 492 y ss.).

Termino. Veamos qué dice el Tribunal Supremo (Sala de lo Penal -Sentencia núm. 660/2003 de 5 mayo RJ 2003\3877) sobre las coacciones:

En primer lugar, que la interpretación que la jurisprudencia ha realizado de la exigencia contenida en el artículo 172 del Código Penal, en cuanto se refiere al empleo de violencia, ha considerado incluida en el tipo no sólo la conducta violenta de carácter físico sino también la intimidatoria o moral ( SS de 4 de diciembre de 1990 [ RJ 1990, 9410] , de 6 de octubre de 1995 [ RJ 1995, 7043] , SS nº 427/2000, de 18 de marzo [ RJ 2000, 1475] y SS nº 1380/2001, de 11 de julio [ RJ 2001, 6494] , entre otras).

Esa sentencia se refiere a una conducta delictiva. Como he dicho, para prohibir el “escrache” no es preciso que la conducta sea delictiva (si lo es no se puede hablar de derecho de manifestación): basta con que pueda atentar contra la integridad moral de las personas. Una manifestación “dirigida” contra una persona en el lugar en el que esa persona y los miembros de su familia desarrollan su vida personal e íntima es un atentado directo contra la integridad moral por definición. Y el diputado no es menos que el ciudadano corriente afectado por la vista del “cobrador del frac”; es más, nos representa a todos, y por esa razón la ley le sobreprotege mientras ostenta esa condición.

Termino con el propio artículo:

El precio que han de pagar en democracia quienes ejercen el poder incluye el deber de soportar las críticas en forma de manifestación de aquellos sobre quien dicho poder se ejerce, aunque sean poco agradables, siempre que discurran por cauces pacíficos. Entender lo contrario, tachando un derecho fundamental como método propio del fascismo o contrario a la libertad, no es más que una expresión de la degradación del concepto de representación política y un atrincheramiento de la clase política que pretende el ejercicio del poder sin control alguno por parte de los ciudadanos, y no sólo con la consiguiente impunidad que comporta toda falta de control, sino además sin sufrir ninguna incomodidad

En democracia el poder se ejerce en nombre del pueblo (de todos y cada uno de nosotros), la elección se produce por medios formalmente articulados. Y sí, la obstaculización del ejercicio del poder democrático por eso que llama el articulista “acción directa” es la antesala del matonismo político, que puede ser fascista o mediopensionista, pero que lo que no es, desde luego, es democrático.

26 comentarios en “Matonismo vestido de seda

  1. Querido amigo: Llevo siguiéndote un largo tiempo y así de largo es éste, así es de mayor mi desconcierto. En este ensayo te metes en un patatal del que sales embarrado. ¿De qué límites hablas? ¿De qué coacciones? Cuando ya está prostituido el deber del representante, le debe ser recordado personalmente, sin que esto atente a ningún honor y moral personal, puesto que el advertido ha perdido tales categorías a causa de sus perversas acciones. Simplifico,que voy de gongoriano. La decisión del advertido es consecuencia de la imposición de su grupo. Se le advierte de que su acción es personal. El grupo no le exime de su responsabilidad en sus propias decisiones. El límite que tú opinas en contra del juez es un límite totalitario, como cualquier límite. Te revuelcas en la cuestión de la ilegitimidad de la violencia y asimilas esta a conceptos abstractos. Cosa que el juez justifica perfectamente. Tú o no quieres o no puedes entender algo tan obvio. ¡Háztelo mirar!
    Con todo el respeto.
    Salud.

  2. Mire, hipos1, no. ¿Coacciones? Pues no sé, igual este vídeo le da una idea. Y eso que el vídeo va mucho más lejos de lo que Tsevanrabtan (y la ley) plantean.

    Desde el periodismo, desgraciadamente, también se defiende. Y, sinceramente, no hay por dónde cogerlo. Este enlace es de hace un mes. Pero si ha leído este artículo, y ha leído también los de San Miguel y Galindo, no espero que el siguiente le convenza de nada.
    http://wp.me/s1Hsqe-escrache

  3. Me da la impresión de que vuestra vida y posición y posibilidades es confortable. Desde mi punto de vista, la posición de pacifismo, que a pesar de lo que decís pensar existe, no parece dar resultados. Veremos. Desde el punto de vista de quien subsiste de la caridad o del precario apoyo familiar a pesar de haber cumplido con sus deberes y trabajado para conseguir una existencia tolerable, somos millones, jubilados en precario que ven mermados sus insuficientes ingresos, incapacitados, desempleados sin recursos… Todos vemos cómo el delito del nepotismo, la prevaricación y el robo puro y duro en los estamentos administrativos, incluido el judicial, es norma. Como se nos roban los recursos del sistema productivo para engrosar la bolsa de aquellos que han perdido su dinero en el casino global, llamado mercados o sistema financiero o cualquier otro eufemismo. Hasta conseguir que los papelillos o apuntes contables de estos bucaneros mundiales con patente de corso sea decenas de veces mayor que el valor productivo total. Si los escracheados no formaran parte de este contubernio, la circulación de los recursos sería a la inversa. Fiscalidad suficiente sobre el juego, llámese éste bolsa o genéricamente transacciones financieras, hasta que el valor financiero estimado, no supere el valor productivo. ¿Me explico meridianamente? El derecho de legítima defensa existe como tal. No me vengáis con milongas. Impotencia, ignorancia y temor mantienen esta frágil calma ante tanto atropello. Vuestro rollito vale solo para mentes simples.

  4. Todo esto se resume en un aforismo popular: “La filosofía está para cuando no hay hambre”.
    A nadie le gusta el escrache; de hecho, que yo sepa, no se habían hecho nunca hasta ahora, pero es que a nadie le gusta tampoco pasar hambre ni que lo echen de su casa sin haber hecho nada de lo que sentirse culpable.

  5. A mí, como casi siempre, me ha convencido. Tal vez porque ya suelo venir mudado, aquello de que uno lee lo que reafirma sus opiniones… Pregunto: los acosadores de los milicos argentinos, asesinos e indultados democráticamente, ¿también incumplían la ley, hacían matonismo?

  6. Dice hipnos1: “El límite que tú opinas en contra del juez es un límite totalitario, como cualquier límite”
    Y tiemblo al pensar en esa sociedad sin límites que se imagina

  7. Buenas,

    Le felicito por el artículo (se me antoja extenso, pero está muy bien). Solo voy a citar algo que decía este señor llamado Carlos Hugo Preciado “Por otro lado, el escrache no es otra cosa que el nombre dado en Argentina, Uruguay y España a un tipo de manifestación pacífica en la que un grupo de activistas de Derechos Humanos se dirige al domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere denunciar…”

    Es decir, este tipo da por sentado que TODO DIOS que hace un escrache es un activista de derechos humanos, ¡con dos cojones!. El señor Verstringe es un activista de derechos humanos, los proetarras de Bildu son activistas de derechos humanos y el grupo bukaneros del rayo vallecano, también son activistas de derechos humanos.

    Basta con poner el google el nombre de este magistrado para ver de quién estamos hablando…el típico amargado constitucional que, lejos de vivir y dejar vivir, trata de imponer un “anexo” a la historia de la transición, quiere editar una nueva versión sobre lo ocurrido, donde buenos y malos se tornan en el manido “facha” y el “revolucionario”; siendo el facha ese tipo malvado que quiere quitarnos derechos (Rajoy, Aznar o cualquier socio del Madrid) y el revolucionario aquel bonachón que gasta su vida en defendernos del fascista, boncachones como Otegui, Bardém o Willy Toledo.

    Muy visto ya y muy aburrido este tipo de personajes. Buena torteada jurídico-moral le mete usted. Enhorabuena.

    Un saludo,

  8. Escribió Fulgencio Barrado Roldán: “A nadie le gusta el escrache; de hecho, que yo sepa, no se habían hecho nunca hasta ahora…”

    Pues señor Fulgencio, usted sabe mal, o está mal informado, o directamente se lo calla, pero el famoso “escrache”, supuestamente procedente de Argentina o Uruguay, no es otra cosa que lo que los batasunos llamaron “socializacion del sufrimiento” y que en el Pais Vasco lleva siendo aplicado desde hace unos 30 años.
    Y con resultados muy efectivos, pues esas “visitas” de manifestantes “pacificos” al domicilio de gente que no comulgaba con sus ideas, lograron influir de manera muy marcada en los resultados electoral durante años.
    No hay más que ver como esa “socializacion del sufrimiento” dejó al PP vasco casi huerfano de líderes, unos muertos, otros con escolta durante años y años, y otros directamente exiliados.

    Por eso precisamente, por haber sido testigo de primera línea de como el acoso puede empezar de una manera y terminar de otra mucho más dura, soy de la opinion de que no hay ninguna razón, por muy dura o dolorosa que sea, que lo justifique.

  9. Sería importante un poco de honestidad intelectual y no insultar la poca inteligencia de los demás. Comparar los actos de PAH, respaldada por simples ciudadanos, con actos batasunos con una banda armada detrás y cientos de cadáveres sobre sus conciencias es de una ignominia sin decoro alguno.
    Se puede estar en contra de los escraches y defender la postura con honestidad y raciocinio, son actos limítrofes, los que no lo tenemos tan claro somos capaces de comprenderlo, y no hace falta acudir a falacias insultantes.
    Razone hombre, razone, y déjese de poner símiles estúpidos, que lo único que hacen es rebajar su argumento.

  10. Señor Fulgencio, déjese de “honestidades intelectuales”, “ignominias”, “decortos” y tanta palabreria hueca. La PAH y los que les apoyan utilizan la misma táctica que Batasuna en la época de la “socializacion del sufrimiento”. LA MISMA. Y no insulte usted MI inteligencia que yo sí que he sido testigo de esos actos de acoso, en los que se llamaba “asesino” y se gritaban amenazas de muerte a politicos, justo exactamente LO MISMO que se grita en ese video de una actuacion de la PAH.
    Lo siento por usted si le duele que se lo digan, pero aquí hay poco que razonar: lo que hay es lo que se ve, le parezca “estupido” o no.

  11. Si, si, y no se olvide también de llamarlos nazis.
    Y coménteselo también a los antiabortistas que gritan eso mismo y cosas perores (supongo que también serán terroristas).
    Le repito; una cosa es estar en contra de estas actuaciones y otra bien distinta hacer comparaciones absurdas. Si fuesen del tipo que Vd. cita, no habría posibilidad alguna para el “acosado” de salir sin escolta (o incluso con ella).
    Por cierto, a mí no me duele lo que me diga, no soy ni de los unos ni de los otros. Me duele la falta de honestidad.

  12. Sr. Barrado, no sé si la Convención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos le servirá como referencia para aclarar sus ideas sobre los escraches. Ayer había un artículo en El Mundo al respecto y citaba el Art. 8 que copio aquí:

    ARTÍCULO 8
    Derecho al respeto a la vida privada y familiar
    1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.
    2. No podrá haber ingerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto esta ingerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.

    Dicho esto, en su sentencia López Ostra contra España de 1994, el TEDH asegura que “una grave contaminación del ambiente puede afectar el bienestar del individuo e impedirle disfrutar de su hogar de tal modo que se ataca su vida privada y familiar sin poner, sin embargo, su salud en peligro.”

    En la sentencia Moreno Gómez contra España de 2004, el mismo Tribunal afirma que “el artículo 8 del Convenio protege el derecho del individuo al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y su correspondencia. El domicilio es normalmente el lugar, el espacio físicamente determinado en donde se desarrolla la vida privada y familiar. El individuo tiene derecho al respeto de su domicilio, concebido no sólo como el derecho a un simple espacio físico, sino también como el derecho a disfrutar en toda tranquilidad de dicho espacio. Las vulneraciones del derecho de respeto al domicilio no son solamente las de índole material o corporal, tales como la entrada en el domicilio de una persona no autorizada, sino también las agresiones inmateriales o incorpóreas, como ruidos, emisiones, olores u otras injerencias. Si las agresiones son graves pueden privar a una persona de su derecho al respeto del domicilio porque le impiden gozar del mismo”.

    Hay más casos, como Hutton contra Reino Unido. La cuestión es que, como dice el autor, no es necesario que haya delito pero “sí hay otros peligros para la integridad moral y material de personas y cosas que pueden limitar su ejercicio”.

    Añade: “Si el artículo 8 tiene por objeto esencial el proteger al individuo contra las injerencias arbitrarias de los poderes públicos, también puede implicar la adopción por estos últimos de medidas encaminadas al respeto de los derechos garantizados por dicho artículo incluso en las relaciones de las personas entre sí (ver entre otros Stubbings y otros c. R. Unido, sentencia del 22 de octubre 1996, compilación de las sentencias y decisiones 1996-IV, pp.1505§ 62; Surugiu c. Rumanía)”.

    Le destaco una frase del TEDH: “El individuo tiene derecho al respeto de su domicilio, concebido no sólo como el derecho a un simple espacio físico, sino también como el derecho a disfrutar en toda tranquilidad de dicho espacio”. A mí me parece un asunto meridiano.

    Siento la longitud del mensaje. Un saludo.

  13. Sr. Rodilla, me parece estupenda la defensa que hace de su opinión, pero no acabo de aclararme. ¿Está Vd. defendiendo que esos son los preceptos legales que deben ser aplicados, -por la analogía establecida por el Sr. Bradel-, a los actos perpetrados por los batasunos que el mismo cita?. Lo digo porque si son la misma cosa, le tendrán que aplicar iguales normas.
    No entiendo que es lo que Vds. están queriendo defender. ¿La justicia preventiva?, ¿Qué los escraches se prohíban sin más antes de que se produzcan?. Que yo sepa hasta ahora se han saldado con algunas detenciones y alguna pena administrativa. ¿Qué es lo que están pidiendo?, es que, sinceramente, no lo sé.
    A mí no me tiene que convencer de la maldad o bondad del escrache, entre otras cosas porque no veo nada bueno en este tipo de acciones, y solo se justifican dentro de la insumisión de la sociedad ante lo que considera injusto o abusivo. Pero me atengo a lo que diga el ordenamiento jurídico vigente, incluido el principio de la tutela judicial. Es decir, aquí se podrá polemizar sobre lo que Vds. quieran, pero esos artículos serán aplicables cuando y como lo determine la autoridad competente, y no porque los enumere Vd. en su respuesta. Vd. cree que los escraches vulneran esos artículos que enumera, pues estupendo, inclúyalos en sus denuncias si tiene alguna.
    Y todo esto que me dice me parece estupendo y enriquecedor, pero sigo sin ver las similitudes con los batasunos, con los nazis, los hunos, los vikingos, la yihad islámica, ni demás ocurrencias.
    Eso sí, he de reconocer que yo soy uno de esos bárbaros del norte que cree que la insumisión ante el abuso, sea este legal o no, es uno de los mayores motores del avance social. Lo que no significa que el caso concreto del escrache lo considere acertado, pero tampoco lo demonizo. Al final lo único que puede salir de estos debates es humo, humo, humo…., para vender o para ocultar algo.
    En lo que estoy totalmente de acuerdo con Vd. es en que “El individuo tiene derecho al respeto de su domicilio, concebido no sólo como el derecho a un simple espacio físico, sino también como el derecho a disfrutar en toda tranquilidad de dicho espacio”. Que también me parece meridiano. Lo demás, todo confusión. Pero es que mis limitaciones no me dan para más comprensión.

  14. Sr. Brandel, leo la noticia que nos enlaza y no salgo de mi asombro. ¿Es que también pretende que se prohíba el sacerdocio por ser un vivero de etarras?, ¿también la iglesia es abertzale?. ¡Donde vamos a parar!
    Disculpen la ironía, pero hoy he visto la portada de La Razón y se ha vuelto a acrecentar mi fe en los medios periodísticos (sigo irónico). Y que conste que los de la otra cuerda también me parecen de la misma calaña.

  15. Señor Fulgencio, no sé si usted es católico, pero lo que sí le puedo asegurar es que si usted visitara cualquier parroquia vasca, se le quitaban inmediatamente las ganas de seguir siendolo.
    ETA se gestó en sacristias patriotas (traduzcamos como es debido “abertzale”) y acunado por curas trabucaires, por lo que lo de Tasio Erkizia no es ninguna sorpresa.
    Si yo fuera de la PAH, intentaría alejarme de tal elemento lo más rápido posible.

  16. Pues no soy católico Sr. Brandel, y ya conozco lo que Vd. me cuenta, pero no se me ocurriría-ocurre comparar a la iglesia católica con los abertzales.
    Es más, si hubiese sido víctima de ETA o de los nazis, me sentiría bastante molesto son las similitudes que se escuchan-leen, por lo de banalización del sufrimiento provocado por estos que conllevan.
    “Si yo fuera de la PAH, intentaría alejarme de tal elemento lo más rápido posible.”. En esto estoy total y absolutamente de acuerdo con Vd.. Deberían cuidar bastante sus compañías.

  17. Señor Barrado, si escribí mi mensaje anterior fue porque usted escribió esto en uno de los suyos: “Se puede estar en contra de los escraches y defender la postura con honestidad y raciocinio, son actos limítrofes, los que no lo tenemos tan claro somos capaces de comprenderlo, y no hace falta acudir a falacias insultantes”.

    Supuse que el escrache como forma de protesta no le convence pero tampoco le parece ilegal. Lo que yo he añadido ha sido jurisprudencia del TEDH, y todas las sentencias van, inequívocamente, en la misma línea.

    Por tanto, el escrache no es el ejercicio de un derecho, sino la vulneración de otro. Por eso es acoso. Como va contra la ley, no hace falta “ilegalizarlos”, pues es evidente, sentencias en mano sobre la interpretación de los artículos referidos, que lo son.

    No he hablado de batasunos ni he pretendido decir que se les aplique el Código Penal. Tampoco he dicho nada de justicia preventiva. Pero quiero que las autoridades actúen con más contundencia contra ellos.

    Verá, lo que me preocupa de su respuesta es la siguiente frase: “solo se justifican [los escraches] dentro de la insumisión de la sociedad ante lo que considera injusto o abusivo”. En ella hay una inevitable apropiación de la definición de lo que es justo o no, de lo bueno y de lo malo. Pero para eso ya tenemos el derecho y los tribunales. Porque, en esa supuesta insumisión de la sociedad (a la que todos pertenecemos), ¿quién decide qué y por qué? Nunca me atrevería a hablar por tantos.

    Lo que Brandel le intenta hacer ver, creo, es que los escraches no son protesta, sino acoso. Por eso se permite hacer la comparación. Pero no los está llamando nazis, tampoco batasunos. Lo que está diciendo es que están utilizando el acoso como instrumento, y que ese mismo instrumento es el que se utilizó durante los primeros años del nazismo y el que se ha utilizado en el País Vasco.

  18. Sr. Rodilla, trataré de decírselo más claro: No discuto en absoluto su opinión, como tal. Vd. opina que esos artículos y jurisprudencia son aplicables a los actos de los que estamos hablando, y yo simplemente opino que son los tribunales en ejercicio de la tutela judicial los que tienen que decidir que artículos y jurisprudencia son aplicables o no a cualquier acto. Me atengo a ello.
    El que parece sublevarse en este caso contra dichos tribunales es Vd., que piensa que no están actuando como garantes de la legalidad. Podría decir que a mí me preocupa, pero estaría mintiendo, pues considero que está ejerciendo un simple derecho democrático.
    A Vd. le preocupa que yo defienda la insumisión (obviando la suya, eso sí), y creo que la historia la defiende mucho mejor de lo que lo pueda hacer yo mismo. El derecho es imperfecto pero siempre tiene que tener como fin la perfección inalcanzable, y la historia demuestra que la insumisión del súbdito es un gran motor del avance hacia ese fin.
    Vd. dice que Brandel me intenta hacer ver algo que yo no veo, y yo pienso que se está limitando a elaborar una hipérbole insultante. Y sí, los está llamando batasunos (lo de nazi ya lo añadí yo apoyado en las últimas “canciones” del festival).
    Y le sigo diciendo, me parece totalmente respetable su opinión, y no se la discuto. Me limito a dar la mía.

  19. Que gracioso. “Hipérbole insultante”.
    Aquí, la unica “insultante” es la tiparraca del video llamando “asesinos” a politicos, exactamente de la MISMA forma que lo llevan haciendo desde hace años, insisto una vez más, los batasunos.
    Señor Antonio Rodilla, me quedo más tranquilo viendo que todavia hay personas que comprenden lo que se escribe.

  20. Me alegra que le haya hecho gracia el término.
    ¡Aaaah!, ahora ya lo entiendo, que Vd. lo único que pretendía era discutir las decisiones de la autoridad judicial y administrativa. Lo MISMO que hacen Otegui y sus acólitos batasunos.
    Disculpe mi falta de comprensión lectora.

  21. El “escrache”, es algo muy viejo, joer. Superioridad, en este caso, moral y matonismo. Nada nuevo. Quitemos a los policias de la puerta; a ver que pasa.

  22. Bueno, pues trascurridos unos meses desde el asunto en cuestión, podemos comprobar que existe en España una camarilla de jueces de calle abertzales, ignorantes de todo esto que Vds. informan. Debemos exigir la inmediata entrega de sus togas y que pidan perdón a las victimas.
    Pero estense tranquilos y no se preocupen; si alguno de estos casos llega a “Instancias Superiores” de las que absuelven a Pepiños, Barcinas, Matas, Infantas….., ya los pondrá en su lugar en cumplimiento de la máxima “Humilde con los poderosos, y poderoso con los humildes”.
    Les regalo otra proclama de cosecha propia (al menos no la he leído hasta ahora en ningún sitio): “Empujémosles hasta el extremo y después llamémosles extremistas”.

    PD: Por favor denle al botón dislike con suavidad, no vaya a ser que se rompa.

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