Perdido en la traducción

Así tenía pensado que empezase un artículo que pretendía publicar en Jotdown y para el que ya tenía título:

No es una relación sexual, solo una felación

Tiempo atrás surgió la posibilidad de que hiciera de abogado del diablo e intentase encontrar argumentos a favor de la legalidad del referéndum que se quiere convocar para que los catalanes se manifiesten sobre la secesión de Cataluña. Esa podría haber sido una tarea divertida si no fuera porque no se me ocurría la manera de llevarla a cabo inteligentemente. Me explicaré: argumentar en contra de lo que uno cree que es correcto solo es entretenido si los argumentos que puedes encontrar son de un cierto nivel. Lo contrario es como disfrutar viendo a Tony Leblanc intentando que Sherlock Holmes caiga en el timo de la estampita. Ser capaz de encontrar argumentos a favor de la legalidad del referéndum habría sido como ponerse un traje de supervillano, pero tras darle vueltas desistí. Mi defensa no habría tenido ni media hostia dialéctica.

Por eso me pareció excelente que el Consejo de Garantías Estatutarias publicase un dictamen a favor de la ley de consultas catalanas que aún no se ha aprobado (digo esto no solo porque efectivamente no se ha aprobado aún cuando escribo este artículo, sino porque ya había una ley de consultas por vía de referéndum que sigue vigente). Donde yo no podía haber imaginado una defensa seria de la legalidad del referéndum quizás los juristas que la habían avalado por mayoría (hay cuatro votos discrepantes y cinco votos a favor) sí serían capaces de actuar como supervillanos. ¡Incluso de creérselo!

Más aún, tras leer la nota (bastante extensa y que incluye los votos minoritarios) ya tenía medio pensado el resto del artículo, en el que básicamente pretendía demostrar hasta qué punto puede ser cachondo un jurista cuando quiere demostrar que algo no es lo que es simplemente cambiándole el nombre.

La putada es que no puedo leer el dictamen íntegro en español. No porque no se publique, sino porque llevan casi un mes traduciéndolo. Podría intentar leerlo en catalán, pero es posible que cometiera algún fallo de traducción. Y podría basarme en la nota (que sí está en español), pero la nota no es el dictamen con todos los argumentos. Y quién sabe, tal vez el dictamen no me haga tanta gracia como la nota y hasta me parezca serio. Y en cualquier caso, nunca hay que ser más riguroso que cuando te intentas cachondear de algo.

No sé si es normal que se tarde tanto, sobre todo porque la lengua primera (y de alguno habrá que única) de muchos catalanes es el español. Y hay dos dictámenes anteriores (uno de 14 de agosto) que ahí están todavía, intentando salir del armario.

Ya da un poco igual. Escribo para divertirme.

Ya no me divierte esperar más tiempo a un funcionario. Sobre todo porque a lo mejor se aprueba la ley antes de que traduzcan el dictamen. O porque a lo mejor el Tribunal Constitucional lo traducirá, pero a su manera.

En fin, otra vez será.

Lanzadas al moro

Los inefables Inda y Urreiztieta son ese modelo de periodismo bazofia que tanto daño está haciendo a la prensa en España.

Cogen un asunto y empiezan a publicar sus cosas. Y como sus cosas se refieren a asuntos judicializados, los afectados se guardarán casi siempre de entrar al trapo, porque no tienen credibilidad y seguramente en su lista el menor de sus problemas sea lo que se cuenta en un periódico. Así aquellos van llenando «artículos» que normalmente se basan -en el mejor de los casos- en algún dato descontextualizado o simplemente mal entendido. En sus decenas de artículos sobre la infanta, la mayoría eran simple basura de la que extraían un titular sonoro que no se compadecía ni siquiera con la información que ellos mismos daban.

Cojan el artículo que enlazo hoy. Al margen, naturalmente, de la credibilidad que me merecen (nula), ¿en qué consiste la información? Los dos primeros párrafos contienen partes de frases entrecomilladas de las que desconocemos autor. No sabemos quién lo dice y si se trata de una o varias personas. Nos tenemos que ir al tercer párrafo para saber que esas declaraciones provienen de un «pagador», un empresario muy gordo. Ya en el sexto párrafo se habla de «otro extorsionado» (que habla de las «tarifas»). Además de esto las fuentes son unas declaraciones de un constructor, José Antonio Salguero, declaraciones que a su vez eran el desentierro de una noticia vieja y que desde luego no se refieren a Pujol cobrando en su despacho, y Javier de la Rosa, ni más ni menos que Javier de la Rosa.

En resumen, cuál es la noticia: dos refritos de cosas viejas aderezadas con las supuestas declaraciones de, parece, dos empresarios de los que desconocemos el nombre y que se refieren a hechos que no se identifican en el tiempo. No se acompaña ningún dato que pueda servir para saber si eso que se supone declaran esos empresarios (y se entrecomilla y demos por bueno que esto es cierto) es verdad o solo se trata de peña largando ahora porque puede o quizás porque le interesa. No se nos cuenta de qué obra u obras se trata, cómo pagaron, a quién y dónde.

En el mejor de los casos rumores. Cotilleos.

Ese es el periodismo de investigación en España. Hoy, de Pujol, se va a poder decir casi cualquier cosa sin que podamos diferenciar la verdad de la mentira. Y ni siquiera hace falta que lo digan personas con cara. Basta con poner «fuentes bien informadas» o «cercanas a» o «empresarios extorsionados».

Por cierto: fantástico hallazgo ese de empresarios extorsionados. Claro, claro. Como si muchos de ellos no se hubiesen aprovechado de un sistema que expulsa a los más competitivos que no están dispuestos a pagar. Como si el 3% -o lo que fuera- no sirviese también como precio para vender un producto defectuoso.

Y esas son las fuentes. Unos tipos que declaran eso pero nunca denunciaron; que pagaron religiosamente, pero no para facturar miles de millones, sino para que sus pobres trabajadores se llevasen un sueldo a casa a fin de mes.

Y, sin embargo, esto hoy en España pasará por ser una noticia.