¿No habrá nadie que me libre de esa molesta ley?

Hacía tiempo que no leía algo tan burdo como esto.

Ya ven cuáles son los argumentos “fuertes” de algunos juristas. Todo puede ser constitucional: basta con que una vez dictada una norma que pueda estar afectada por el vicio de inconstitucionalidad, nadie de los legitimados presente recurso.

En resumidas cuentas, lo que el jurista autor del artículo pretende, es que los que deben cumplir las leyes directamente se olviden de hacerlo.

Así, si se produce una violación múltiple de una niña huérfana de dos años en la Puerta del Sol, bastará con que los fiscales miren para otro lado para que sea legal. Se trata de eso. Es el problema de ciertos argumentos. Busquen la diferencia “sustancial” entre mi ejemplo y lo que proponen. O, esperen, pondré otro: los vecinos de un pueblo, constituidos en “Fuenteovejuna”, deciden por mayoría echar a los inmigrantes sin papeles de la localidad a hostias y lo hacen. Y piden a los demás que miremos hacia otro lado.

Hay personas que por su función, y por la potestad que les corresponde por su cargo, están obligados a cumplir con la ley y a exigir que se cumpla. Y la decisión acerca de si se cumple o no corresponde a otros señores en los que hemos delegado esa terrible responsabilidad, los jueces. En el momento en el que se introduce la discrecionalidad política sobre esta cuestión, YA nos estamos saltando la ley (la discrecionalidad se produce cuando lo que se considera es la conveniencia, no cuando se juzga). El ordenamiento jurídico es siempre imperfecto, lleno de lagunas, se completa con nuestra actividad y cambia constantemente. Pero solo una voluntad decidida de someternos lealmente a él permite hablar de democracia. Someternos a él implica que se acuda a los tribunales de justicia cuando creemos que algo es ilegal, en particular cuando hemos jurado cumplir y hacer cumplir las leyes. No hay política democrática sin respeto a ese edificio imperfecto. Habrá política, pero no política democrática. Ya que el autor del artículo habla de secesión, le remito a la decisión del Tribunal Supremo de Canadá sobre el asunto de Quebec y algunas de sus reflexiones.

75 The argument that the Constitution may be legitimately circumvented by resort to a majority vote in a province-wide referendum is superficially persuasive, in large measure because it seems to appeal to some of the same principles that underlie the legitimacy of the Constitution itself, namely, democracy and self-government. In short, it is suggested that as the notion of popular sovereignty underlies the legitimacy of our existing constitutional arrangements, so the same popular sovereignty that originally led to the present Constitution must (it is argued) also permit “the people” in their exercise of popular sovereignty to secede by majority vote alone. However, closer analysis reveals that this argument is unsound, because it misunderstands the meaning of popular sovereignty and the essence of a constitutional democracy.

76 Canadians have never accepted that ours is a system of simple majority rule. Our principle of democracy, taken in conjunction with the other constitutional principles discussed here, is richer. Constitutional government is necessarily predicated on the idea that the political representatives of the people of a province have the capacity and the power to commit the province to be bound into the future by the constitutional rules being adopted. These rules are “binding” not in the sense of frustrating the will of a majority of a province, but as defining the majority which must be consulted in order to alter the fundamental balances of political power (including the spheres of autonomy guaranteed by the principle of federalism), individual rights, and minority rights in our society. Of course, those constitutional rules are themselves amenable to amendment, but only through a process of negotiation which ensures that there is an opportunity for the constitutionally defined rights of all the parties to be respected and reconciled.
77 In this way, our belief in democracy may be harmonized with our belief in constitutionalism. Constitutional amendment often requires some form of substantial consensus precisely because the content of the underlying principles of our Constitution demand it. By requiring broad support in the form of an “enhanced majority” to achieve constitutional change, the Constitution ensures that minority interests must be addressed before proposed changes which would affect them may be enacted.
78 It might be objected, then, that constitutionalism is therefore incompatible with democratic government. This would be an erroneous view. Constitutionalism facilitates — indeed, makes possible — a democratic political system by creating an orderly framework within which people may make political decisions. Viewed correctly, constitutionalism and the rule of law are not in conflict with democracy; rather, they are essential to it. Without that relationship, the political will upon which democratic decisions are taken would itself be undermined.

Sí, “el constitucionalismo facilita – más aún, hace posible – un sistema político democrático mediante la creación de un marco ordenado para la toma de decisiones políticas por la gente. Correctamente interpretado, el constitucionalismo y el imperio de la ley no están en conflicto con la democracia, sino que son esenciales para ella. Sin esa relación, se socavaría la misma voluntad política sobre la que se fundamentan las decisiones democráticas”.

Por cierto, la argumentación sobre la reforma del artículo 135 de la CE es absolutamente fastuosa. Esa reforma ES una reforma constitucional. Nada impide a los promotores de la secesión catalana intentar una reforma constitucional. La cuestión sobre la legalidad de la reforma del artículo 135 CE NO tiene que ver con su contenido, ya que el poder constituyente no está sujeto a límites materiales, sino procedimentales. Y lo cierto es que nadie serio ha discutido que el parlamento con las mayorías previstas en la constitución podía (y puede) modificar esa disposición concreta, ya que no está en la parte más protegida de la constitución. Y, además, una nueva mayoría absoluta que salga de unas elecciones podrá cambiarla de nuevo. Sin embargo, resulta obvio que el cambio del sujeto soberano es un cambio que exige una reforma constitucional por la vía reforzada del artículo 168 de la CE. Basta con la simple lectura de ese precepto y de, entre otros, el título preliminar. No hay que ponerse a hablar de vaguedades para saber que el título preliminar sí está protegido por el artículo 168 de la CE: lo dice literalmente.

Los “argumentos” de ese artículo no son argumentos legales. Son políticos. Y tienen que ver además con una política que se cisca en el imperio de la ley cuando conviene. Una que intenta desentrañar la voluntad popular (esa que no existe) aludiendo a la supuesta burda existencia de un proceso democrático sin ley.

Y, por cierto, demuestran lo que ya sabemos: no hay democracia sin ley porque la ley es la expresión formalizada de la voluntad del sujeto soberano. Y es un límite, además, al poder coactivo del estado. Por eso quieren saltársela, porque no creen en la democracia, porque quieren convencernos de que cumplir la ley, es decir someter a los tribunales su interpretación y ejecución, es incorrecto.

Cuando hace siglos que sabemos que esa, justo esa, es la peor solución, porque es la llamada a la fuerza bruta, a la tribu, a las adhesiones, a las antorchas.

 

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