Lo normal, vamos

El Tribunal Constitucional ha dicho que no, por unanimidad, al sarao catalán que parió su parlamento y que sancionó su miniTC, en un dictamen intelectualmente lamentable.

La primera sentencia (hay dos) declara inconstitucional la regulación de las llamadas consultas referendarias generales por considerar precisamente que no son eso, sino que regulan un tipo de referéndum. Admite que pueda haber consultas sectoriales (se pide por ejemplo opinión al conjunto de los tunos sobre algo) y mantiene la regulación siempre que se limite a este tipo de consultas.

La segunda sentencia (que aún no he leído) dice que el sarao convocado por Artur Mas es nulo porque nula es la ley en que se fundamenta.

La sentencia, que vuelve a recordar que la nuestra es una democracia representativa con algunas manifestaciones regladas de democracia directa (y sin perjuicio de la presencia de formas de participación ciudadana no cerradas en los asuntos públicos) es aséptica. Quizás demasiado al no mencionar la evidencia de fraude de ley. Pero en fin, lo importante es que deja claro, de nuevo, que no caben atajos chorizos para saltarse la ley, que es lo que hicieron en el parlamento catalán.

No cabe olvidar que el derecho a participar directamente en los asuntos públicos, como todos los derechos que la Constitución establece, no puede sino ejercerse en la forma jurídicamente prevista en cada caso. Lo contrario, lejos de satisfacer la exigencias de la soberanía popular, supondría la imposibilidad misma de la existencia del ordenamiento jurídico, a cuya obediencia todos -ciudadanos y poderes públicos- vienen constitucionalmente obligados (STC 103/2008, de 11 de septiembre, FJ 2). Esa exigencia se encuentra implícitamente contenida en el art. 92.3 CE, al decir que una ley orgánica regulará las condiciones “y el procedimiento” de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución.

Por esta razón, el referéndum ha de realizarse de acuerdo con los procedimientos y con las garantías que permitan a los consultados expresar su opinión mediante votación, pues sólo mediante el voto puede formarse la voluntad del cuerpo electoral (SSTC 12/2008, de 29 de enero, FJ 10; y 103/2008, de 11 de septiembre, FJ 2). Solo a través del sufragio (y no por medio de otras fórmulas de exteriorización de la opinión, como el ejercicio del derecho de manifestación, la aportación de firmas, sondeos de opinión o encuestas, etc.) puede quedar acreditado que el resultado de la consulta sea la fidedigna expresión de la voluntad del cuerpo electoral, de modo que las exigencias del procedimiento de celebración de referéndum deben ser entendidas como medios orientados a un fin: garantizar la realidad y veracidad del juicio emitido por el cuerpo electoral.

Y recuerda que Cataluña es una autonomía y que su parlamento no puede plantear lo que planteó y lo que abiertamente sigue planteando.

Algo más: siempre he dicho que, en mi opinión, un referéndum (aun autorizado por el parlamento español) que englobase materialmente lo que debería ser resultado de una regulación derivada de una reforma constitucional sería también inconstitucional. Vamos, que hay que cambiar la Constitución para que pueda hacerse un referéndum de secesión y no es admisible que este se haga antes (ni con el voto favorable de las Cortes). Y es que suele olvidarse que la Constitución nos protege a todos y que obliga también al Congreso y al Senado. En cierto sentido esto se pone de manifiesto en la sentencia:

(…) queda fuera de la competencia autonómica formular consultas, aun no referendarias, que incidan sobre “sobre cuestiones fundamentales resueltas con el proceso constituyente y que resultan sustraídas a la decisión de los poderes constituidos. El respeto a la Constitución impone que los proyectos de revisión del orden constituido, y especialmente de aquéllos que afectan al fundamento de la identidad del titular único de la soberanía, se sustancien abierta y directamente por la vía que la Constitución ha previsto para esos fines. No caben actuaciones por otros cauces ni de las Comunidades Autónomas ni de cualquier órgano del Estado, porque sobre todos está siempre, expresada en la decisión constituyente, la voluntad del pueblo español, titular exclusivo de la soberanía nacional, fundamento de la Constitución y origen de cualquier poder político” (STC 103/2008, de 11 de septiembre, FJ 4). Es patente, pues, que el parecer de la ciudadanía sobre tales cuestiones ha de encauzarse a través de los procedimientos constitucionales de reforma.

Abierta y directamente. A ver si los muchos que dicen que esa otra vía previa (una consulta autorizada por “el Estado”) es posible, incluyendo tanto constitucionalista, se enteran de una puta vez.

Por lo demás, la sentencia se basa en la obviedad: la trampa del fraude de ley que utilizaron -y que vergonzosamente avalaron los “juristas” del Consejo de Garantías Estatutarias. Porque lo que importa es precisamente lo que tanto repiten los políticos catalanes secesionistas: que no se manifieste ilegalmente algo que coincida en sustancia con lo que podría ser una voluntad general del cuerpo electoral de Cataluña.

Es, por tanto, un llamamiento a un cuerpo electoral más amplio que el configurado por la legislación electoral general, pero que no por ello deja de ser una verdadera apellatio ad populum. La circunstancia de que la consulta pueda extenderse a menores de dieciocho años y a los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de terceros Estados, no obsta para que sus resultados sean imputables al parecer de la ciudadanía de la Comunidad Autónoma y considerarse expresivos de su voluntad general en relación con los asuntos que se les planteen en cada caso. El cuerpo electoral conformado en el art. 5.1 de la Ley, aunque lo desborda, abarca al conjunto de la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Cataluña o del ente territorial local, cuyos sufragios no exteriorizan meras voluntades particulares o de colectivos sectoriales sino su voluntad general uti cives. En cualquier caso, los menores de 18 años son convocados en su condición “política” de catalanes y los extranjeros en cuanto “nacionales” de otros Estados, es decir, en la condición más genérica de ciudadanía que les es aplicable

Y da igual (y es vergonzoso que haya quien ha mantenido la constitucionalidad de la ley) el maquillaje. Bueno, no da igual: el maquillaje demuestra la mendacidad:

Toda esta regulación pormenorizada viene a configurar así un procedimiento que tiene la naturaleza de electoral en la medida en que a través del mismo se canaliza el ejercicio del derecho al sufragio activo de las personas convocadas, mediante la emisión del voto. Lo relevante, pues, no es que el procedimiento y las garantías no sean idénticos a los previstos en la legislación electoral estatal, sino que comporten un grado de formalización de la opinión de la ciudadanía materialmente electoral. De lo contrario, sería posible eludir la competencia estatal en materia de referéndum con la sola introducción de variantes en alguno de los elementos del procedimiento electoral.

 

(…)

La STC 103/2008, de 11 de septiembre, identificó la noción de referéndum por referencia al cuerpo y al procedimiento electorales, esto es, al censo, a la Administración electoral y a unas “garantías jurisdiccionales específicas” (FJ 2). Pero no se colige de ello que la eventual desfiguración legislativa de lo dispuesto en la LOREG impidiera reconocer que una determinada consulta o tipo de consulta tuviera, conforme a su naturaleza intrínseca, la condición efectiva de referéndum, por irregular que su ordenación legal pudiera ser. La acomodación a la legislación electoral general es condición, como la propia Sentencia dijo, de que la voluntad del cuerpo electoral pudiera estimarse “válida y legítimamente” manifestada (FJ 2). Pero dicha acomodación no puede ser, sin contradicción con el sentido del art. 149.1.32ª CE, condición para la identificación de una consulta como referendaria.

Naturalmente, todo esto no le importa a los que han vendido su capacidad de razonar jurídicamente a las necesidades del momento, prostituyéndose intelectualmente.

Porque esto desborda lo ideológico. Es mucho más importante que cualquier “proyecto” personal o general. Tiene que ver con respetar el sentido recto de las cosas, de las palabras, de la razón.

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