Asesoría verbal

En El País nos cuentan sobre los nueve mil lereles mensuales que facturaba el despacho del señor Trillo a una constructora mientras era diputado. En El Mundo nos citan la respuesta del señor embajador.

Son noticias de periódicos españoles, así que no aventuremos a darlas por ciertas. Sin embargo, hay algo interesante en el asunto de la ausencia de rastro de trabajos específicos de asesoría, según dice el periódico que dice la Agencia Tributaria.

La pregunta es si esto es posible.

Yo tengo contratos similares con algunas empresas (aunque más modestos). En ese tipo de contratos son muy habituales las consultas verbales que se resuelven verbalmente. En gran medida el trabajo consiste precisamente en eso. Sin embargo y pese a ello, podría presentar cientos de pruebas del trabajo cotidiano que realizamos. Siempre quedan rastros y, sobre todo, siempre es posible explicar en qué consistieron. Más aún en la época del correo electrónico. Y, además, es inevitable que de ese tipo de relación surjan procedimientos administrativos, judiciales, comunicaciones con empresas, con particulares o con la propia administración.

¿Quién no puede demostrar el trabajo jurídico habitual? ¿Un trabajo que merece pagos de nueve mil euros mensuales? Solo el que no lo hace.

Digo el jurídico, claro. Otra cosa es otro tipo de trabajo. En España ha habido siempre “conseguidores”. Gente con contactos en la administración, en los partidos, en los lugares en los que se toman las decisiones “que importan”. Esas personas no es que no puedan demostrar su trabajo, es que mejor para ellas que no lo hagan, ya que suele ser ilegal. Los indicios de que podamos estar en presencia de un conseguidor son: a) una remuneración b) una simulación de relación mercantil o laboral que la justifique c) ciertas características personales en el sujeto que le den capacidad de influir en determinados círculos. Si se dan el indicio a) y el c), el b) hay que presumirlo, salvo que se demuestre lo contrario. Es la consecuencia natural de gozar o padecer del perfil del conseguidor.

Naturalmente, es posible que la noticia sea falsa. Es posible que esos despachos, llegado el caso, puedan apabullarnos con las pruebas e indicios de su trabajo de asesoramiento. Considerando que el señor Trillo y el señor Martínez Pujalte han sido diputados y personas de relevancia política en el partido que gobierna España y que gobierna en muchas partes de España, quizás deberían, en vez de enviar notas anunciando querellas por filtraciones (cosa que están en su derecho de hacer, naturalmente), empezar a dedicar su tiempo al indicio b). En el mundo moderno el asesoramiento tiene un precio de mercado. Que nos vayan explicando cuál fue el que dieron y por qué una empresa que no se dedica a la colusión pagaría por él esa cantidad de dinero.

Por cierto, puede que Hacienda no haya abierto contra esas personas procedimiento alguno. Puede también que el Congreso diera el visto bueno y los señores diputados declarasen los ingresos. La cuestión no es esa. La cuestión es que alguien con el perfil de esas personas debería estar siempre en condiciones de explicar y demostrar por qué cobra dinero de alguien con negocios que dependen en gran medida de decisiones que toman conocidos y amigos.

Demostrarlo con algo más que gritos sobre el honor personal.