Criticando al Tribunal Constitucional por decir lo que no dice

 

Siempre que comento cualquier cuestión legal intento distinguir entre lo que creo que ES y lo que creo que DEBERÍA SER. Me parece una cuestión de simple integridad intelectual actuar así. Comienzo con esta afirmación porque he leído este artículo de un jurista y economista, llamado Javier Burón, que me parece un fastuoso ejemplo de cómo no hay que abordar una sentencia, en mi opinión equivocada.

La sentencia es criticable, naturalmente. Lo es cualquier decisión judicial. Y los votos particulares son una buena muestra de por qué se puede discrepar de ella con razones estrictamente jurídicas (1, 2 y 3). Personalmente estoy más cerca de los votos particulares (en particular del segundo) que del voto mayoritario. Creo que los magistrados han tendido más hacia un sentido común que comparto, la idea de que la regulación económica estatal en un momento en el que nos jugamos los garbanzos debe permitir al Gobierno y  a las Cortes hablar con una voz  única con Europa, ese ente simpático que nos presta la pasta y con el que firmamos memorándum y cosas así, sin que este esfuerzo se vea perjudicado porque una comunidad autónoma dicte una regulación que pueda socavar esos acuerdos (aunque esto es un juicio de intenciones). Sin embargo, la constitución que tenemos es la que es, y no creo suficientemente justificados los argumentos sobre el juego de competencias como para que (por esta razón) se declarase inconstitucional el decreto-ley andaluz. Los tribunales tienen que decidir en derecho y no por razones de oportunidad. Me quedo, pues, con los votos particulares, pese a que la norma andaluza me parezca peligrosa en un momento en el que España debería convencer a nuestros acreedores y a los que nos pueden prestar dinero de que somos gente seria. Siempre con el derecho, mientras no se cambie.

Por cierto, lo que no se dice en el artículo es que parte de la inconstitucionalidad (que no se ha discutido por ningún magistrado) es resultado de la utilización de la fórmula del decreto-ley en una materia vedada a ese procedimiento.

En cualquier caso, una cosa es decir que uno está en desacuerdo con la sentencia, y otra cosa es decir que el Tribunal Constitucional decide inconstitucionalmente como titula el articulista. Y esto por varias razones:

1.- La primera y más obvia, porque el Tribunal Constitucional no puede fallar inconstitucionalmente por definición, ya que la propia Constitución le otorga la facultad de ser el máximo intérprete constitucional. Titular así es pasar del juicio de intenciones a algo mucho más grave.

2.- En segundo lugar, porque el artículo se empeña en algo que no se compadece con la sentencia. Dice: “Según el Tribunal Constitucional los derechos de los acreedores hipotecarios están por encima, no solo del derecho a la vivienda de la ciudadanía, sino de las competencias de vivienda de las Administraciones Públicas“. Esto es falso. El Tribunal Constitucional no ha juzgado una supuesta colisión entre el derecho de los acreedores y el “derecho” a una vivienda. Lo que ha hecho ha sido decidir si la competencia del Estado en materia de ordenación económica ha de prevalecer sobre la competencia en materia de vivienda en el CASO CONCRETO que les ocupaba.

No es una pelea entre ricos y pobres, entre deudores y acreedores, entre desahuciantes y desahuciados. Es una discusión acerca de si el gobierno andaluz se excedió e invadió competencias del Estado. Concretamente del Gobierno y de las Cortes Generales.

Por esa razón, todas las argumentaciones (y discrepo profundamente de las que utiliza el autor en su artículo) son inútiles, en la medida en que trata de vender la sentencia como una pelea entre sujetos privados y como una colisión de derechos, cuando lo que ha resuelto el TC es una cuestión estrictamente competencial.

El paradigma de esta distorsión es esta frase:

… es claro que la sentencia que analizamos considera que el derecho a la vivienda de la ciudadanía debe subordinarse en la práctica todo caso a los derechos de los acreedores hipotecarios.

Al margen del anacoluto, me gustaría saber de qué dónde extrae el autor esa conclusión. De que qué párrafo, de qué fundamento concreto. Que me cite de qué parte de la sentencia, por ejemplo, se deduce que sería inconstitucional una ley aprobada por las Cortes Generales con un contenido como el del decreto que nos ocupa. Porque, si no es capaz de hacerlo, toda su perorata cae por los suelos.

Así termina el artículo:

Sea como fuere, nuestro TC, con su Presidente a la cabeza, lanza, en un momento de especial efervescencia social, política y electoral, un potente mensaje a navegantes: los derechos de los acreedores hipotecarios están por encima, no solo del derecho a la vivienda de la ciudadanía, sino de las competencias de vivienda de las Administraciones Públicas. Algo que no dice nuestra Constitución, ni los tratados internacionales que hemos ratificado, ni el derecho y la jurisprudencia europea.

Pues no. Insisto. La sentencia no dice eso ni de coña.

Termino y ahora, tal y como anunciaba al principio, dejo de lado el simple análisis jurídico. Lo hago para mostrar mi perplejidad por la colisión de derechos que plantea el autor entre el inexistente derecho a la vivienda y los derechos de los acreedores hipotecarios, que sí existen.

Resulta asombroso que se plantee que hay una colisión entre el derecho de los que prestaron y garantizaron la devolución del dinero que prestaron y los que recibieron ese dinero para comprar una vivienda por ser esta precisamente una vivienda. Plantear la cuestión en esos términos implica directamente, no modular, sino socavar las bases de nuestro sistema tal y como lo conocemos (fundado en la propiedad privada, el capitalismo y la seguridad jurídica). Y, además, es hacerlo incluso contra la propia lógica del decreto-ley andaluz que, como no podía ser de otra forma, no establecía una privación de derechos de los acreedores hipotecarios sino una expropiación de uso. La expropiación no contraría el derecho de propiedad, precisamente porque, por definición, el expropiado es indemnizado (y puede discutir si concurren los requisitos que fundamentan la expropiación y discutir el propio justiprecio).

Esta dicotomía es falsa, por tanto, Salvo que se pretenda que debe existir un derecho a una vivienda que prevalecerá sobre cualquier otro. Naturalmente, esto es cargarse la propiedad privada, el comercio y nuestro sistema de raíz.

Cuando, además, la política de izquierdas que sí respeta el derecho de propiedad se basa precisamente en que sea el Estado el que provea esas necesidades (por cierto, para el que las precisa, sí, para el que las precisa, porque los efectos en caso de generalización son la muerte económica), asumiendo con sus recursos la obligación de dar techo y recursos a los más desfavorecidos.

Lo inadmisible es que el particular (sea un señor propietario de un piso que arrienda o una entidad financiera gigantesca) sufrague concretamente una política pública. Las políticas públicas se basan en la obtención de ingresos esencialmente mediante tributos que, por definición, deben ser generales y abstractos. La diferencia entre el impuesto y el robo es precisamente esa.

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5 comentarios en “Criticando al Tribunal Constitucional por decir lo que no dice

  1. Muy interesante y esclarecedor. Le agradezco su claridad, una vez más, para los profanos en materia jurídica.

    Puestos a abusar, me gustaría leerle acerca de lo que (dicen que) se aprobó ayer en el Parlamento Europeo: el mecanismo de arbitraje de diferencias inversor-estado, que no he visto explicado en ningún sitio fiable (sólo lo mencionan panfletillos indocumentados que ponen el grito en el cielo sin dar más explicaciones que “nos colonizan las multinacionales”). ¿Hay antecedentes de este mecanismo en otros tratados de libre comercio?

  2. Gracias por la información. Sabía de antecedentes, pero desconocía en detalle quiénes eran los árbitros y si eran esos mismos árbitros quienes iban a enjuiciar en el caso concreto de EEUU-UE o si por el contrario se creaba otro tribunal ex profeso.

    Imagino que leeremos auténticas barbaridades acerca del TTIP. Confío en su capacidad didáctica, llegado el momento 🙂

  3. He tardado cuatro párrafos (hasta llegar a ‘Titular así es pasar del juicio de intenciones a algo mucho más grave’) en adivinar el medio en el que estaba publicado el artículo. Pincho el link. Lodiario punto es. Gallifante para Merc. Qué juego más fácil.

  4. Pues desde mi absoluta ignorancia de lo jurídico, salvo la desfachatez y la prevaricación que he sufrido de los jueces en propia carne, me permito aseverar. La sentencia es absolutamente ideológico-oportunista a sabiendas y favorece a parte injustamente, PREVARICA. Tu mismo lo mantienes en tu consideración del voto particular. Y no entro en más detalles. Salud.

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