Sí, doctor, por todas partes veo nazis

Monedero

 

Unas citas de esto. Las negritas serán mías:

 

¿Qué es esa mierda de preguntarle al pueblo? ¿Queremos regresar a la URSS o qué? Y echan de la sala de reuniones a Varufakis, que estaba representando a todo un pueblo. Hay sitios en donde si miras al carcelero a los ojos te ganas una paliza. O un tiro.

(…)

 

Venimos, como siempre, de la historia. Alemania cedió su más preciada pertenencia, el deutsche Mark, en 1990 a cambio de que Francia le concediera la soberanía para la unificación. Nacía la moneda única.

(…)

 

Alemania ahora intenta forzar la salida de Grecia de la Eurozona. Esa salida, inevitablemente, forzaría la salida de Portugal, que forzaría la salida de Italia, que traería consigo la salida de España. Al final, otra vez, cuando Francia estuviera a solas con Alemania, Merkel podría recuperar su moneda, reforzada durante todos estos años por un mercado único a su servicio y una financiación de sus inversiones gratis al haberla pagado el resto de Europa con la altísima prima de riesgo. Y todo el sueño europeo, que nos ha traído decenios de paz interna después de la terrible primera mitad del siglo XX, regresará a la angustia de los años treinta. No se trata de hacer oscuras predicciones. Se trata de no volver a equivocarnos.

Que Alemania se comporte como ha venido haciendo desde que derrotó a Austria en la batalla de Sadowa a finales del XIX puede entrar dentro de lo comprensible. Todos los países son deudores de su trayectoria (la path dependence en términos de la ciencia política). Europa lo entendió y por eso la ancló en el proyecto comunitario desde la creación en 1951, en el Tratado de París, de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.

(…)

 

Lo incomprensible es que Europa vuelve ahora a dejar suelta a Alemania. Algo que sólo se entiende por las características de la economía financiera global, que convierte a nuestros países en protectorados de Alemania guiados por un afán colaboracionista que sólo beneficia a las élites que forman parte del 1% que está saqueando la despensa del 99%.
Es el momento de los pueblos. Los que quieren recuperar la capacidad de consumo para reactivar la economía, terminar con el desempleo y reinventar una senda de crecimiento que tendrá que ser respetuosa con la naturaleza. Estar hoy con Grecia es estar con la democracia. Es momento de exigir que la democracia y los derechos humanos estén por encima de la codicia financiera, para que no vuelva a caer la noche sobre Europa. En el caso de España preocupa que los que ayudaron a echar el manto negro sobre nuestro país sean vistos con indulgencia por quienes nos gobiernan. En 1936 Europa no estuvo a la altura y cuando reaccionó en 1939 ya era tarde. Lo que está pasando con Grecia no es ninguna broma. Nos estamos jugando la paz del continente. Ayudemos a Grecia contra los hombres de negro que, en verdad, son los hombres vestidos de pardo y correajes de siempre.

 

Este hombre está grillado. Como una puta regadera.

Menos mal que no tiene nada que ver con Podemos.

 

Monedero 2

 

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Algunos principios e ideas

Genios hay pocos. Se les suele definir como las personas capaces de encontrar atajos reales a la hora de acceder a la información disponible. Son personas que eliminan el ruido superfluo, que reconocen conexiones donde los demás no vemos nada, y que son capaces de enfoques y perspectivas que nos permiten abordar el conocimiento de la realidad y los problemas que se derivan de él de una forma diferente y más adecuada.

Algunas veces, la solución a un problema es simple mercadotecnia. Sin embargo, es sabido que una solución así es ad hoc. Sirve para salir del paso. Es lo que hizo uno de esos genios, Belisario, cuando engañó a un invasor persa, simplemente moviendo su ejército, de forma que los espías del enemigo creyeran que era mucho más numeroso de lo que realmente era. La maskirovka funcionó, pero también hizo falta que el ejército bizantino estuviese flanqueando el camino que tenía que tomar el ejército persa y que el general invasor reconociese el peligro de seguir adelante. Sin embargo, Belisario no era un genio por engañar al enemigo. El uso del engaño no te convierte en un genio, porque estamos diseñados biológicamente para el engaño y (aunque nos parezca mentira) para reconocer al tramposo y, al menos a largo plazo, defendernos contra su estrategia, castigándolo. Por eso decía que una solución así, desesperada, es normalmente una solución ad hoc. Una vez que te resuelve el apuro temporal, no suele poder repetirse. Engañas al invasor una vez, pero más vale que a la segunda tengas un buen ejército para defenderte.

Por esa razón, la realidad se impone siempre a largo plazo. Al menos la parte de ella a la que podemos acceder con la información disponible. Lo que hace el genio no es saltarse la realidad o falsearla (como hizo Belisario) porque eso como mucho puede servir para un rato y al final el resultado suele ser desastroso. Vean lo sucedido con Trofim Lysenko y su estúpida revolución agrícola. Lo que hace el genio es permitir que nuestro conocimiento de la realidad se amplíe o que la definición se afine. Sus soluciones son mejores precisamente porque se basan en una información y un conocimiento superiores.

De ahí que debamos huir de los que sacan conejos de la chistera. En el mejor de los casos, se trata de charlatanes que luego salen corriendo con la cartera tras haberte convencido de construir un monorraíl; en el peor, se trata de iluminados que creen en la capacidad taumatúrgica de sus discursos y que siempre jugarán a la patada adelante cuando los hechos tozudos demuestren que la magia no existe.

Las “jugadas maestras”, incluso en política, no sobreviven si se enfrentan a la realidad.

El “diseño” evolutivo nos ha hecho capaces de localizar al tramposo. El tramposo es disolvente. Jode las instituciones, se cisca en la confianza y sabotea los esfuerzos a largo plazo.

En cuanto lo identificas, hay que castigarlo. Aunque te hagas daño. La clave, de nuevo, es que el castigo al tramposo renueva la confianza y nos hace mejores y más solventes.

Qué le debemos a Grecia

 

Si hay algo que me deprime es la irracionalidad. La Humanidad ha avanzado precisamente por ir desterrándola lo más posible, a pesar de su presencia aún abrumadora. Cualquier comparación entre el corpus de ideas actuales con las que cuenta la civilización humana respecto del que manejaba en tiempos pasados es una prueba definitiva de esto mismo. Ese camino ha sido duro y se ha basado en gran medida en catástrofes que probaban el error de defender soluciones estúpidas. En esa evolución la Grecia clásica y el helenismo tuvieron un papel importante. Como otros, a menudo no suficientemente considerados.

Pero no quiero entrar a cuantificar su importancia, cosa por lo demás discutible y bizantina. Lo fue mucho en Roma y en todo lo que Roma legó al mundo, lo fue en el mundo árabe y en el revival renacentista, lo fue como mito, más que como realidad en las ideas que desembocaron en todas las formulaciones sobre lo que es una democracia. Tampoco voy a enumerar las carencias de los griegos y sus contradicciones, que también fueron muchas. La cuestión es que, en lo que fue importante, lo fue precisamente en cuanto ampliaba el ámbito de aplicación de procedimientos racionales.

Hoy en El País, sin embargo, un señor se ha dedicado a hacer un panegírico a la irracionalidad como glosa al legado de la Grecia clásica. Ha defendido que porque unos señores nacieron en un determinado lugar y produjeron ciertas obras notables y de importancia, otros señores, nacidos miles de años después, en la misma zona, son acreedores de algún tipo de beneficio que implica que, aunque hayan tomado prestado dinero, no tengan que devolverlo. Y ello pese a que haya una solución de continuidad del tamaño del Olympus Mons entre aquellas ciudades estado que tuvieron que ser invadidas por Roma a su pesar para que no siguieran haciendo el capullo (cosa a lo que se dedicaban con gran alegría) y lo que hoy se llama Grecia, un estado nacido de milenios de dominación, primero romana y luego turca.

Es una manera tan irracional de comportarse que cualquiera de los griegos que menciona si pudiera, se levantaría avergonzado de su tumba y le mandaría con los bárbaros orientales que ignoran las reglas del discurso (sí, estoy ironizando).

Y, además, es una idea perversa y anticuada: esta Europa que se supone defendemos se construye sobre la idea de ciudadanía. Un ciudadano es un hombre con derechos y obligaciones. Y un ciudadano tiene derecho a reclamar para sí todo el patrimonio espiritual de la Humanidad. Los Elementos de Euclides no son de un griego más que míos. Ni un norteamericano es más dueño de la idea de libertad, igualdad y búsqueda de la felicidad que un somalí.

Aunque, por otro lado, creer que la razón pertenece a una raza o a una nación sí es bastante griego. Es lo que le enseñaba Aristóteles a Alejandro Magno. Naturalmente, ahora, dos mil trescientos años después, hemos aprendido que aquellos griegos también decían gilipolleces. Incluso los más inteligentes.

A esa tradición sí que hace honor el articulista de El País.

 

Democracia es lo que digo yo, que parecéis nuevos

 

Escojo este tuit porque resume bien una postura mantenida hoy por muchas personas:

TuitunoBueno, en realidad voy a escoger dos. Este otro, de la misma persona:

Tuitdos

Escojo dos porque se da la circunstancia de que, al parecer y pese a que los gobiernos no pintan nada, hay uno que sí pinta. ¿Cuál? El griego, naturalmente. Luego volveré sobre esto.

Hay diecinueve países en la eurozona. El eurogrupo está formado por los ministros de economía de esos países. Esos ministros están designados por el presidente o primer ministro que, a su vez, está designado por el parlamento de cada país o, en algunos casos, por elección directa.

He buscado (si hay algún error será involuntario) los datos de la última elección en cada uno de los 19 países de la eurozona. He sumado los votos de los partidos que apoyan al Gobierno o los votos con los que el presidente (en los sistemas presidenciales) fue elegido. También doy el dato de población total. Naturalmente los votos recibidos por partidos que no he sumado (porque no apoyan al gobierno en cuestión) no pueden asignarse en absoluto a una posición favorable a Grecia. En realidad, en una parte muy importante de los casos, serán votos contrarios o aún más beligerantes que los de sus gobiernos con Grecia. La ventaja de este sistema es que podemos visualizar rápidamente cuántos ciudadanos (sin ninguna duda) están detrás de la elección de los dieciocho ministros de la eurozona que nos llevan al “abismo” y nos alejan de la democracia y del ideal de una Europa de ciudadanos. Estos son los datos:

 

País Votos gobierno Porcent. votos Total población
Alemania        29.417.661,00 67,20%           81.802.000
Austria          2.384.481,00 50,87%             8.414.000
Bélgica          2.845.056,00 41,65%           10.444.000
España        10.866.566,00 44,63%           46.439.000
Finlandia          1.690.484,00 57%             5.377.000
Francia        18.000.668,00 51,64%           66.007.000
Irlanda          1.233.424,00 55,50%             4.470.000
Italia        13.639.067,00 37,10%           60.782.000
Luxemburgo                99.051,00 48,66%                 556.000
Países Bajos          4.845.698,00 51,21%           16.788.000
Portugal          2.159.181,00 38,66%           10.562.000
Grecia  11.329.000
Eslovenia              433.936,00 50,34%             2.046.000
Chipre              236.965,00 57,48%             1.116.000
Malta              167.533,00 54,83%                 416.000
Eslovaquia          1.134.280,00 44,41%             5.425.000
Estonia              324.858,00 57,50%             1.287.000
Letonia              529.312,00 58,01%             2.070.000
Lituania              703.090,00 51,33%             3.350.000
       90.711.311,00         338.680.000
Grecia          2.539.435,00 41,08%           11.329.000

Como pueden observar, de la población total de 338.000.000 de habitantes en los diecinueve países de la eurozona (incluidos niños, naturalmente), esos malvados gobernantes, peleles en manos de Merkel, representan sin ninguna duda a 90.711.311 ciudadanos, el 26,78 % de la población total y un número muy cercano al 50% de los votantes.

Por su parte, el Gobierno Tsipras representa a 2.539.435 ciudadanos, un 0,75% de ciudadanos.

La representatividad de los dieciocho ministros es casi treinta y seis veces mayor que la del ministro griego.

 

Decía al principio que volvería al tuit sobre los gobiernos que pintan y los que no. Como es evidente, si hay un conflicto es porque hay dos partes enfrentadas: por un lado el gobierno griego, por el otro los restantes gobiernos de la eurozona (más el FMI, prestamista también). Si los gobiernos no pintan, tampoco pintará nada el griego. Si el gobierno griego sí pinta y defiende la democracia y a los ciudadanos ¿por qué no pintan nada los gobiernos que representan -al menos- a casi noventa y un millón de ciudadanos europeos?

Más aún: nos dicen que votemos.  Que votemos a Podemos, por ejemplo, en España. ¿Por qué esas votaciones futuras han de ser “mejores” que las pasadas? Si esos gobiernos que representan a casi noventa y un millones de ciudadanos europeos carecen de significado y son simples peleles, ¿por qué van a ser distintos los gobiernos que salgan de nuevas elecciones? ¿Por qué la voz de Tsipras sí es la voz del pueblo griego?

Es tan chusco el razonamiento, tan pueril, que parece increíble que tengamos que perder el tiempo rebatiéndolo.

Por desgracia, hay gente que lo compra.

Estos días se ha reavivado el debate sobre las vacunas. La razón es sencilla: existen personas que compraron el estúpido mensaje de los movimientos antivacuna.

Mejor vacunémonos. Contra todo tipo de agente infeccioso. También contra las afirmaciones absurdas.

Coartadas

 

Hoy ha escrito Manuel Jabois un artículo sobre mundos imaginarios. No me ha gustado, pero no por la ficción. No pretendo hacer una crítica literaria. No me ha gustado por la incoherencia. Si existe Dios (y aquí ya paso a no saber de qué hablo porque nunca sé de qué me hablan cuando me hablan de “dios”, aunque sea Jabois el que me hable) y es eterno y omnipotente y creador del mundo, imaginar cómo sería un mundo sin él es absurdo. Es como imaginar cómo sería un artículo de Jabois sin Jabois. Así que he de pasar a la segunda posibilidad: Jabois no se imagina un mundo sin Dios sino un mundo sin gente que creyese en Dios.

Cree que ese mundo sería un mundo sin coartadas. Parece un creyente: identificando el origen del mal en las acechanzas del diablo. Porque el diablo no te obliga a hacer el mal, ya que tenemos libre albedrío: el diablo te da la coartada. Jabois cree que Dios (en la versión de este segundo párrafo: la gente que cree en Dios) es el origen de las coartadas, o reduciendo, la coartada única. Pero no. Dios. O la creencia en Dios. O la mala interpretación de su voluntad, en palabras de ese creyente que ajusta su catálogo de lo que es bueno al catálogo de Jabois (que tiene uno, ya que habla del bien y el mal); todos ellos no son fuente de coartadas. Son coartadas. La fuente es la mente de los hombres, su instinto y los discursos poderosos. Lo sería -una coartada- también una corriente desviada del Jaboistismo que dijera que puesto que la creencia en Dios es la coartada de tanto sufrimiento, lo mejor es acabar con los hombres que creen en Dios, porque sabido es que muchos, sin coartada, no delinquirán. Ese discurso, nacido de una interpretación errónea de las enseñanzas de Jabois, también sería una coartada para el mal. Porque él sabría, como lo sabe un creyente pacífico, distinguir entre lo que piensa o cree y el paso siguiente, el de obligar a otro a pensar o creer en lo mismo a golpes o degüellos. Cierto es que tanto el creyente pacífico como Jabois tienen un plan para hacer mejores a los hombres, pero es un plan solo levemente dañino, como todo plan socialdemócrata.

Lo mejor para acabar con el mal no es acabar con las coartadas. Es acabar con los hombres. Sin ellos no hay ni mal ni bien, ni coartadas. Ni jaboististas desviados, porque no habría artículos de Jabois.

 

California does not count

 

La importancia de la decimocuarta enmienda a la Constitución de los Estados Unidos es extraordinaria. Curiosamente, mucha gente ignora en qué situación de excepcionalidad fue aprobada. Tras las vicisitudes de la aprobación de la decimotercera enmienda (que liberaba definitivamente a los esclavos) y los extraños caminos que convirtieron a Lincoln en un mito, la decimocuarta se produjo en una situación de control casi autoritario de los estados del sur, no solo vencidos, sino con cámaras en cierto sentido suplantadas por los vencedores de la guerra.

La interpretación de esa enmienda está presente en la fastuosa polémica constitucional que enfrenta cada cierto tiempo a las fuerzas “intelectuales” y urbanas que quieren acelerar e imponer cambios frente a la lentitud desesperante y a la resistencia del “pueblo”. En resumen, de la democracia frente a cierto despotismo ilustrado. Hay una paradoja irónica en ello: la enmienda, impuesta por las “fuerzas progresistas” del norte se fuerza (en opinión de algunos eminentes constitucionalistas) cada cierto tiempo precisamente para imponer una visión más “progresista” del mundo.

En El padrino Peter Clemenza le explica a Michael Corleone que cada cinco años hay una guerra de bandas para sacar la mala sangre de dentro. Así pasa en esa extraordinaria institución. Cada cierto tiempo se enfrentan los argumentos de los pijos y los del populacho.

Y aunque uno apoye materialmente la pretensión de los demandantes, qué gusto da ver a Scalia repartiendo hostias con esas preguntas sobre la lírica que se quedan sin respuesta. Básicamente porque no tienen ninguna que dar.

Disfruten de la película:

 

 

La sentencia

 

The nature of injustice is that we may not always see it in our own times. The generations that wrote and ratified the Bill of Rights and the Fourteenth Amendment did not presume to know the extent of freedom in all of its dimensions, and so they entrusted to future generations a charter protecting the right of all persons to enjoy liberty as we learn its meaning. When new insight reveals discord between the Constitution’s central protections and a received legal stricture, a claim to liberty must be addressed.

(…)

A first premise of the Court’s relevant precedents is that the right to personal choice regarding marriage is inherent in the concept of individual autonomy.

(…)

A second principle in this Court’s jurisprudence is that the right to marry is fundamental because it supports a two-person union unlike any other in its importance to the committed individuals. This point was central to Griswold v. Connecticut, which held the Constitution protects the right of married couples to use contraception. 381 U. S., at 485. Suggesting that marriage is a right “older than the Bill of Rights,”

(…)

Marriage responds to the universal fear that a lonely person might call out only to find no one there. It offers the hope of companionship and understanding and assurance that while both still live there will be someone to care for the other.

(…)

A third basis for protecting the right to marry is that it safeguards children and families and thus draws meaning from related rights of childrearing, procreation, and education (…) By giving recognition and legal structure to their parents’ relationship, marriage allows children “to understand the integrity and closeness of their own family and its concord with other families in their community and in their daily lives.” (…) Excluding same-sex couples from marriage thus conflicts with a central premise of the right to marry. Without the recognition, stability, and predictability marriage offers, their children suffer the stigma of knowing their families are somehow lesser. They also suffer the significant material costs of being raised by unmarried parents, relegated through no fault of their own to a more difficult and uncertain family life. The marriage laws at issue here thus harm and humiliate the children of same-sex couples. (…) The constitutional marriage right has many aspects, of which childbearing is only one.

(…)

Fourth and finally, this Court’s cases and the Nation’s traditions make clear that marriage is a keystone of our social order. * (…) For that reason, just as a couple vows to support each other, so does society pledge to support the couple, offering symbolic recognition and material benefits to protect and nourish the union.

(…)

They assert the petitioners do not seek to exercise the right to marry but rather a new and nonexistent “right to same-sex marriage.” Brief for Respondent in No. 14–556, p. 8. Glucksberg did insist that liberty under the Due Process Clause must be defined in a most circumscribed manner, with central reference to specific historical practices. Yet while that approach may have been appropriate for the asserted right there involved (physician-assisted suicide), it is inconsistent with the approach this Court has used in discussing other fundamental rights, including marriage and intimacy. Loving did not ask about a “right to interracial marriage”; Turner did not ask about a “right of inmates to marry”; and Zablocki did not ask about a “right of fathers with unpaid child support duties to marry.” Rather, each case inquired about the right to marry in its comprehensive sense, asking if there was a sufficient justification for excluding the relevant class from the right. (…) That principle applies here. If rights were defined by who exercised them in the past, then received practices could serve as their own continued justification and new groups could not invoke rights once denied. (…) Many who deem same-sex marriage to be wrong reach that conclusion based on decent and honorable religious or philosophical premises, and neither they nor their beliefs are disparaged here. But when that sincere, personal opposition becomes enacted law and public policy, the necessary consequence is to put the imprimatur of the State itself on an exclusion that soon demeans or stigmatizes those whose own liberty is then denied. Under the Constitution, same-sex couples seek in marriage the same legal treatment as opposite-sex couples, and it would disparage their choices and diminish their personhood to deny them this right. (…) Indeed, in interpreting the Equal Protection Clause, the Court has recognized that new insights and societal understandings can reveal unjustified inequality within our most fundamental institutions that once passed unnoticed and unchallenged. (…) It is now clear that the challenged laws burden the liberty of same-sex couples, and it must be further acknowledged that they abridge central precepts of equality. Here the marriage laws enforced by the respondents are in essence unequal: same-sex couples are denied all the benefits afforded to opposite-sex couples and are barred from exercising a fundamental right. Especially against a long history of disapproval of their relationships, this denial to same-sex couples of the right to marry works a grave and continuing harm. The imposition of this disability on gays and lesbians serves to disrespect and subordinate them. And the Equal Protection Clause, like the Due Process Clause, prohibits this unjustified infringement of the fundamental right to marry.

(…)

Of course, the Constitution contemplates that democracy is the appropriate process for change, so long as that process does not abridge fundamental rights. (…) The dynamic of our constitutional system is that individuals need not await legislative action before asserting a fundamental right. The Nation’s courts are open to injured individuals who come to them to vindicate their own direct, personal stake in our basic charter. An individual can invoke a right to constitutional protection when he or she is harmed, even if the broader public disagrees and even if the legislature refuses to act. The idea of the Constitution “was to withdraw certain subjects from the vicissitudes of political controversy, to place them beyond the reach of majorities and officials and to establish them as legal principles to be applied by the courts.” West Virginia Bd. of Ed. v. Barnette, 319 U. S. 624, 638 (1943). This is why “fundamental rights may not be submitted to a vote; they depend on the outcome of no elections.”

 

Los disidentes

(1 – CHIEF JUSTICE ROBERTS)

(…)

Five lawyers have closed the debate and enacted their own vision of marriage as a matter of constitutional law. Stealing this issue from the people will for many cast a cloud over same-sex marriage, making a dramatic social change that much more difficult to accept.

(…)

As a result, the Court invalidates the marriage laws of more than half the States and orders the transformation of a social institution that has formed the basis of human society for millennia, for the Kalahari Bushmen and the Han Chinese, the Carthaginians and the Aztecs. Just who do we think we are?

(…)

This universal definition of marriage as the union of a man and a woman is no historical coincidence. Marriage did not come about as a result of a political movement, discovery, disease, war, religious doctrine, or any other moving force of world history—and certainly not as a result of a prehistoric decision to exclude gays and lesbians. It arose in the nature of things to meet a vital need: ensuring that children are conceived by a mother and father committed to raising them in the stable conditions of a lifelong relationship.

(…)

The premises supporting this concept of marriage are so fundamental that they rarely require articulation. The human race must procreate to survive. Procreation occurs through sexual relations between a man and a woman. When sexual relations result in the conception of a child, that child’s prospects are generally better if the mother and father stay together rather than going their separate ways. Therefore, for the good of children and society, sexual relations that can lead to procreation should occur only between a man and a woman committed to a lasting bond.

(…)

As the majority notes, some aspects of marriage have changed over time. Arranged marriages have largely given way to pairings based on romantic love. States have replaced coverture, the doctrine by which a married man and woman became a single legal entity, with laws that respect each participant’s separate status. Racial restrictions on marriage, which “arose as an incident to slavery” to promote “White Supremacy,” were repealed by many States and ultimately struck down by this Court. The majority observes that these developments “were not mere superficial changes” in marriage, but rather “worked deep transformations in its structure.” Ante, at 6–7. They did not, however, work any transformation in the core structure of marriage as the union between a man and a woman. If you had asked a person on the street how marriage was defined, no one would ever have said, “Marriage is the union of a man and a woman, where the woman is subject to coverture.” The majority may be right that the “history of marriage is one of both continuity and change,” but the core meaning of marriage has endured.

(…)

The majority purports to identify four “principles and traditions” in this Court’s due process precedents that support a fundamental right for same-sex couples to marry. Ante, at 12. In reality, however, the majority’s approach has no basis in principle or tradition, except for the unprincipled tradition of judicial policymaking that characterized discredited decisions such as Lochner v. New York, 198 U. S. 45. Stripped of its shiny rhetorical gloss, the majority’s argument is that the Due Process Clause gives same-sex couples a fundamental right to marry because it will be good for them and for society. If I were a legislator, I would certainly consider that view as a matter of social policy. But as a judge, I find the majority’s position indefensible as a matter of constitutional law.

(…)

Allowing unelected federal judges to select which unenumerated rights rank as “fundamental”—and to strike down state laws on the basis of that determination—raises obvious concerns about the judicial role. Our precedents have accordingly insisted that judges “exercise the utmost care” in identifying implied fundamental rights, “lest the liberty protected by the Due Process Clause be subtly transformed into the policy preferences of the Members of this Court.”

(…)

The need for restraint in administering the strong medicine of substantive due process is a lesson this Court has learned the hard way. The Court first applied substantive due process to strike down a statute in Dred Scott v. Sandford, 19 How. 393 (1857). There the Court invalidated the Missouri Compromise on the ground that legislation restricting the institution of slavery violated the implied rights of slaveholders. The Court relied on its own conception of liberty and property in doing so. It asserted that “an act of Congress which deprives a citizen of the United States of his liberty or property, merely because he came himself or brought his property into a particular Territory of the United States . . . could hardly be dignified with the name of due process of law.” Id., at 450. In a dissent that has outlasted the majority opinion, Justice Curtis explained that when the “fixed rules which govern the interpretation of laws [are] abandoned, and the theoretical , dissenting opinions of individuals are allowed to control” the Constitution’s meaning, “we have no longer a Constitution; we are under the government of individual men, who for the time being have power to declare what the Constitution is, according to their own views of what it ought to mean.”

(…)

As Justice Holmes memorably put it, “The Fourteenth Amendment does not enact Mr. Herbert Spencer’s Social Statics,” a leading work on the philosophy of Social Darwinism. Ibid. The Constitution “is not intended to embody a particular economic theory . . . . It is made for people of fundamentally differing views, and the accident of our finding certain opinions natural and familiar or novel and even shocking ought not to conclude our judgment upon the question whether statutes embodying, dissenting ing them conflict with the Constitution.”

(…)

Eventually, the Court recognized its error and vowed not to repeat it. “The doctrine that . . . due process authorizes courts to hold laws unconstitutional when they believe the legislature has acted unwisely,” we later explained, “has long since been discarded. We have returned to the original constitutional proposition that courts do not substitute their social and economic beliefs for the judgment of legislative bodies, who are elected to pass laws.”

(…)

The only way to ensure restraint in this delicate enterprise is “continual insistence upon respect for the teachings of history, solid recognition of the basic values that underlie our society, and wise appreciation of the great roles [of] the doctrines of federalism and separation of powers.” Griswold v. Connecticut, 381 U. S. 479, 501 (1965) (Harlan, J., concurring in judgment).

(…)

Nobody disputes those points. Indeed, the compelling personal accounts of petitioners and others like them are likely a primary reason why many Americans have changed their minds about whether same-sex couples should be allowed to marry. As a matter of constitutional law, however, the sincerity of petitioners’ wishes is not relevant.

(…)

None of the laws at issue in those cases purported to change the core definition of marriage as the union of a man and a woman. The laws challenged in Zablocki and Turner did not define marriage as “the union of a man and a woman, where neither party owes child support or is in prison.” Nor did the interracial marriage ban at issue in Loving define marriage as “the union of a man and a woman of the same race.” See Tragen, Comment, Statutory Prohibitions Against Interracial Marriage, 32 Cal. L. Rev. 269 (1944) (“at common law there was no ban on interracial marriage”); post, at 11–12, n. 5 (THOMAS, J., dissenting). Removing racial barriers to marriage therefore did not change what a marriage was any more than integrating schools changed what a school was. As the majority admits, the institution of “marriage” discussed in every one of these cases “presumed a relationship involving opposite-sex partners.”

(…)

Neither Lawrence nor any other precedent in the privacy line of cases supports the right that petitioners assert here. Unlike criminal laws banning contraceptives and sodomy, the marriage laws at issue here involve no government intrusion. They create no crime and impose no punishment. Same-sex couples remain free to live together, to engage in intimate conduct, and to raise their families as they see fit. No one is “condemned to live in loneliness” by the laws challenged in these cases—no one. Ante, at 28. At the same time, the laws in no way interfere with the “right to be let alone.”

(…)

Our cases have consistently refused to allow litigants to convert the shield provided by constitutional liberties into a sword to demand positive entitlements from the State.

(…)

One immediate question invited by the majority’s position is whether States may retain the definition of marriage as a union of two people. Cf. Brown v. Buhman, 947 F. Supp. 2d 1170 (Utah 2013), appeal pending, No. 14- 4117 (CA10). Although the majority randomly inserts the adjective “two” in various places, it offers no reason at all why the two-person element of the core definition of marriage may be preserved while the man-woman element may not. Indeed, from the standpoint of history and tradition, a leap from opposite-sex marriage to same-sex marriage is much greater than one from a two-person union to plural unions, which have deep roots in some cultures around the world. If the majority is willing to take the big leap, it is hard to see how it can say no to the shorter one.

(…)

The majority’s understanding of due process lays out a tantalizing vision of the future for Members of this Court: If an unvarying social institution enduring over all of recorded history cannot inhibit judicial policymaking, what can? But this approach is dangerous for the rule of law. The purpose of insisting that implied fundamental rights have roots in the history and tradition of our people is to ensure that when unelected judges strike down democratically enacted laws, they do so based on something more than their own beliefs. The Court today not only overlooks our country’s entire history and tradition but actively repudiates it, preferring to live only in the heady days of the here and now. I agree with the majority that the “nature of injustice is that we may not always see it in our own times.” Ante, at 11. As petitioners put it, “times can blind.” Tr. of Oral Arg. on Question 1, at 9, 10. But to blind yourself to history is both prideful and unwise. “The past is never dead. It’s not even past.” W. Faulkner, Requiem for a Nun 92 (1951).

(…)

In our democracy, debate about the content of the law is not an exhaustion requirement to be checked off before courts can impose their will. “Surely the Constitution does not put either the legislative branch or the executive branch in the position of a television quiz show contestant so that when a given period of time has elapsed and a problem remains unresolved by them, the federal judiciary may press a buzzer and take its turn at fashioning a solution.”

(…)

The Court’s accumulation of power does not occur in a vacuum. It comes at the expense of the people. And they know it. Here and abroad, people are in the midst of a serious and thoughtful public debate on the issue of samesex marriage. They see voters carefully considering samesex marriage, casting ballots in favor or opposed, and sometimes changing their minds. They see political leaders similarly reexamining their positions, and either reversing course or explaining adherence to old convictions confirmed anew. They see governments and businesses modifying policies and practices with respect to same-sex couples, and participating actively in the civic discourse. They see countries overseas democratically accepting profound social change, or declining to do so. This deliberative process is making people take seriously questions that they may not have even regarded as questions before. When decisions are reached through democratic means, some people will inevitably be disappointed with the results. But those whose views do not prevail at least know that they have had their say, and accordingly are—in the tradition of our political culture—reconciled to the result of a fair and honest debate. In addition, they can gear up to raise the issue later, hoping to persuade enough on the winning side to think again. “That is exactly how our system of government is supposed to work.”

(…)

Federal courts are blunt instruments when it comes to creating rights. They have constitutional power only to resolve concrete cases or controversies; they do not have the flexibility of legislatures to address concerns of parties not before the court or to anticipate problems that may arise from the exercise of a new right. Today’s decision, for example, creates serious questions about religious liberty. Many good and decent people oppose same-sex marriage as a tenet of faith, and their freedom to exercise religion is—unlike the right imagined by the majority— actually spelled out in the Constitution. Amdt. 1

(…)

These apparent assaults on the character of fairminded people will have an effect, in society and in court. See post, at 6–7 (ALITO, J., dissenting). Moreover, they are entirely gratuitous. It is one thing for the majority to conclude that the Constitution protects a right to same-sex marriage; it is something else to portray everyone who does not share the majority’s “better informed understanding” as bigoted

(…)

(2 – JUSTICE SCALIA)

(…)

Today’s decree says that my Ruler, and the Ruler of 320 million Americans coast-to-coast, is a majority of the nine lawyers on the Supreme Court. The opinion in these cases is the furthest extension in fact— and the furthest extension one can even imagine—of the Court’s claimed power to create “liberties” that the Constitution and its Amendments neglect to mention. This practice of constitutional revision by an unelected committee of nine, always accompanied (as it is today) by extravagant praise of liberty, robs the People of the most important liberty they asserted in the Declaration of Independence and won in the Revolution of 1776: the freedom to govern themselves.

(…)

But we need not speculate. When the Fourteenth Amendment was ratified in 1868, every State limited marriage to one man and one woman, and no one doubted the constitutionality of doing so. That resolves these cases. When it comes to determining the meaning of a vague constitutional provision—such as “due process of law” or “equal protection of the laws”—it is unquestionable that the People who ratified that provision did not understand it to prohibit a practice that remained both universal and uncontroversial in the years after ratification.12 We have no basis for striking down a practice that is not expressly prohibited by the Fourteenth Amendment’s text, and that bears the endorsement of a long tradition of open, widespread, and unchallenged use dating back to the Amendment’s ratification. Since there is no doubt whatever that the People never decided to prohibit the limitation of marriage to opposite-sex couples, the public debate over same-sex marriage must be allowed to continue.

(…)

But the Court ends this debate, in an opinion lacking even a thin veneer of law. Buried beneath the mummeries and straining-to-be-memorable passages of the opinion is a candid and startling assertion: No matter what it was the People ratified, the Fourteenth Amendment protects those rights that the Judiciary, in its “reasoned judgment,” thinks the Fourteenth Amendment ought to protect.13 That is so because “[t]he generations that wrote and ratified the Bill of Rights and the Fourteenth Amendment did not presume to know the extent of freedom in all of its dimensions . . . . ”14 One would think that sentence would continue: “. . . and therefore they provided for a means by which the People could amend the Constitution,” or perhaps “. . . and therefore they left the creation of additional liberties, such as the freedom to marry someone of the same sex, to the People, through the never-ending process of legislation.” But no. What logically follows, in the majority’s judge-empowering estimation, is: “and so they entrusted to future generations a charter protecting the right of all persons to enjoy liberty as we learn its meaning.”15 The “we,” needless to say, is the nine of us. “History and tradition guide and discipline [our] inquiry but do not set its outer boundaries.”16 Thus, rather than focusing on the People’s understanding of “liberty”—at the time of ratification or even today—the majority focuses on four “principles and traditions” that, in the majority’s view, prohibit States from defining marriage as an institution consisting of one man and one woman.

(…)

Take, for example, this Court, which consists of only nine men and women, all of them successful lawyers who studied at Harvard or Yale Law School. Four of the nine are natives of New York City. Eight of them grew up in east- and west-coast States. Only one hails from the vast expanse in-between. Not a single Southwesterner or even, to tell the truth, a genuine Westerner (California does not count). Not a single evangelical Christian (a group that comprises about one quarter of Americans19), or even a Protestant of any denomination. The strikingly unrepresentative character of the body voting on today’s social upheaval would be irrelevant if they were functioning as judges, …

(…)

They have discovered in the Fourteenth Amendment a “fundamental right” overlooked by every person alive at the time of ratification, and almost everyone else in the time since. They see what lesser legal minds— minds like Thomas Cooley, John Marshall Harlan, Oliver Wendell Holmes, Jr., Learned Hand, Louis Brandeis, William Howard Taft, Benjamin Cardozo, Hugo Black, Felix Frankfurter, Robert Jackson, and Henry Friendly— could not. They are certain that the People ratified the Fourteenth Amendment to bestow on them the power to remove questions from the democratic process when that is called for by their “reasoned judgment.” These Justices know that limiting marriage to one man and one woman is contrary to reason; they know that an institution as old as government itself, and accepted by every nation in history until 15 years ago,21 cannot possibly be supported by anything other than ignorance or bigotry. And they are willing to say that any citizen who does not agree with that, who adheres to what was, until 15 years ago, the unanimous judgment of all generations and all societies, stands against the Constitution.

(…)

The opinion is couched in a style that is as pretentious as its content is egotistic. It is one thing for separate concurring or dissenting opinions to contain extravagances, even silly extravagances, of thought and expression; it is something else for the official opinion of the Court to do so.22 Of course the opinion’s showy profundities are often profoundly incoherent. “The nature of marriage is that, through its enduring bond, two persons together can find other freedoms, such as expression, intimacy, and spirituality.”23 (Really? Who ever thought that intimacy and spirituality [whatever that means] were freedoms? And if intimacy is, one would think Freedom of Intimacy is abridged rather than expanded by marriage. Ask the nearest hippie. Expression, sure enough, is a freedom, but anyone in a long-lasting marriage will attest that that happy state constricts, rather than expands, what one can prudently say.) Rights, we are told, can “rise . . . from a better informed understanding of how constitutional imperatives define a liberty that remains urgent in our own era.”24 (Huh? How can a better informed understanding of how constitutional imperatives [whatever that means] define [whatever that means] an urgent liberty [never mind], give birth to a right?) And we are told that, “[i]n any particular case,” either the Equal Protection or Due Process Clause “may be thought to capture the essence of [a] right in a more accurate and comprehensive way,” than the other, “even as the two Clauses may converge in the identification and definition of the right.”25 (What say? What possible “essence” does substantive due process “capture” in an “accurate and comprehensive way”? It stands for nothing whatever, except those freedoms and entitlements that this Court really likes. And the Equal Protection Clause, as employed today, identifies nothing except a difference in treatment that this Court really dislikes. Hardly a distillation of essence. If the opinion is correct that the two clauses “converge in the identification and definition of [a] right,” that is only because the majority’s likes and dislikes are predictably compatible.) I could go on. The world does not expect logic and precision in poetry or inspirational popphilosophy; it demands them in the law. The stuff contained in today’s opinion has to diminish this Court’s reputation for clear thinking and sober analysis.

(…)

(3 – JUSTICE THOMAS)

(No reproduzco nada porque me parece muy inferior a las opiniones anteriores)

Tuiter no exculpa a Zapata, pero recuerde: tampoco lo condena

 

Acabamos de saber que el magistrado Pedraz ha admitido a trámite una querella contra el concejal Guillermo Zapata. La primera consecuencia de la admisión es que Zapata está imputado se le haya citado o no como tal. Recuerdo esto porque, como siempre digo, todo procedimiento penal implica que se impute a alguien concreto la comisión de un presunto delito. En otro caso, el procedimiento se abre y se cierra inmediatamente hasta que podamos identificar a sus posibles autores. Al margen de esto, se ha llamado a Guillermo Zapata a declarar como imputado. Y a Irene Villa se la cita, imagino que para ofrecerle acciones, ya que uno de los tuits se refería a ella, víctima del terrorismo.

Ya expliqué mi opinión sobre las gracietas de Zapata y sobre el famoso contexto así que intentaré ser breve comentando un par de cosas sobre la cuestión estrictamente penal.

La primera es que me parece muy bien que el fiscal apoye la apertura de la causa y que el juez la acuerde, cuando alguien presenta una querella y acompaña tuits como esos, publicados aparentemente por D. Guillermo Zapata. Y digo aparentemente aunque aparentemente el propio Zapata admita que son suyos. Esa es la diferencia entre un proceso penal, que debe someterse a reglas rigurosas y a garantías y el mundo del periodismo, la opinión y la comunicación en las redes sociales, en los que, por decirlo sin crudeza, somos bastante más ligeros en eso del rigor.

El código penal dice en su artículo 578:

El enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos comprendidos en los artículos 571 a 577 de este Código o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares se castigará con la pena de prisión de uno a dos años. El Juez también podrá acordar en la sentencia, durante el período de tiempo que el mismo señale, alguna o algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 57 de este Código.

Este artículo en realidad comprende dos delitos: uno es el de enaltecimiento terrorista; el segundo es el de realizar actos que impliquen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas. Sobre este último dice el Tribunal Supremo:

Y de otro lado, en un segundo párrafo, considera también punible un supuesto por completo diferente cual es; “la realización de actos que entrañen descrédito (esto es, disminución o perdida de la reputación de las personas o del valor y estima de las cosas), menosprecio (equivalente a poco aprecio, poca estimación, desprecio o desdén), o humillación (herir el amor propio o dignidad de alguien, pasar por una situación en la que la dignidad de la persona sufra algún menoscabo) de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, esto es se trata de perseguir conductas especialmente perversas de quienes calumnian o humillan a las víctimas al tiempo que incrementan el horror de sus familiares. Actos todos ellos que producen perplejidad e indignación en la sociedad y que merecen un claro reproche penal (Exposición Motivos, apartado III, Ley 7/2000 de 22.12)”.

Ahora, olvidémonos de lo que creamos saber sobre Guillermo Zapata (tras el ruido y la furia) y sobre el contexto en el que produce su “obra” y veamos uno de sus tuits:

 

bromaahoramadridirenavillan-672xxx80

 

¿Puede entenderse este texto como menosprecio y humillación de una víctima del terrorismo? Si alguien me dice que no, rehago la pregunta ¿si eso mismo lo dice el terrorista que puso la bomba que mutiló a Irene Villa supondría menosprecio? Bien, si se contesta que sí, entonces hay que abrir el proceso penal, porque lo que no es admisible es que sin investigar el contexto excluyamos que algo puede ser delito cuando admitimos que ese algo sí es delictivo en un determinado contexto.

En consecuencia, es lógico que se abra el proceso penal. El problema en realidad deriva de la perversión a la que hemos llegado con el uso de la palabra “imputado”. La histeria es tan profunda que basta con que a alguien se le impute un delito para que se convierta en un apestado. Y además, va por barrios: porque mucha gente se dedica a la cacería de personas que “aparentemente” han podido cometer un delito, por el hecho de que se las investigue y aunque ni siquiera se haya abierto juicio contra él, no digo ya que resulte sentenciado. Esa locura colectiva nos ha convertido en esclavos de la imagen, infantilizando la sociedad y trasladando la idea de que es más importante la apariencia que la verdad. Así, todo imputado es ya culpable. Y, por cierto, si ahora está moviendo la cabecita porque cree que tengo razón, recuerde qué pensó del presunto pederasta detenido en Madrid hace poco, de Bárcenas, de Correa, de Griñán, de Zaplana o de los tres gitanos a los que detuvieron por una denuncia por violación. Recuerde qué pensó y qué escribió en esas redes sociales en las que se enfanga tanta gente a diario.

Decía que es normal que el juez admita a trámite la querella y que el señor Zapata, asistido por un letrado designado por él, o uno que pagaremos todos si no tiene dinero para permitirse un abogado particular, pueda dar, con garantías y ante el juez y el fiscal y el abogado de la acusación popular (y en su caso el de Irene Villa) las explicaciones que considere sobre si efectivamente escribió ese tuit o no, sobre su intención y sobre el famoso “contexto”. Podrá explicarse y además podrá pedir que se practique prueba, porque a veces las explicaciones no bastan. Podrá acompañar la conversación completa. Podrá acompañar pruebas periféricas sobre sus opiniones en la materia. Y además contará con la ventaja con la que cuentan todos aquellos contra los que se dirige una acción penal: la presunción de inocencia y el principio de que, en caso de duda, se deba resolver en favor del acusado.

He leído las explicaciones que dio y he visto que los tuits que pudieran ser delictivos sí estaban entrecomillados (explico esto porque otros bastante asquerosos no lo estaban pero no se refieren a víctimas del terrorismo). Creo que pasará algo que explica bien esta sentencia del Tribunal Supremo:

En cualquier caso, como también subraya la  STS núm. 224/2010, de 3 de marzo  (RJ 2010, 1469) , con cita de la  STS núm. 585/2007, de 20 de junio  ( RJ 2007, 3440 ), se requiere en estos supuestos de un análisis judicial particularmente riguroso, examinándose caso a caso las concretas circunstancias en las que el acto humillante, hostil o vejatorio se produce, las frases y/o acciones en que queda materializado, la ocasión y escenario en que se desarrolla, etc. Aunque referido al enaltecimiento, procede traer a colación lo que también señalaba la STS num.  812/2011, de 21 de julio  (RJ 2011, 5546) por remisión a la  STS núm. 31/2011, de 2 de febrero  ( RJ 2011, 457 ), en el sentido de que en esta clase de delitos es importante no sólo el tenor literal de las palabras pronunciadas, sino también el sentido o la intención con que hayan sido utilizados, pues es evidente que el lenguaje admite ordinariamente interpretaciones diversas y, a los efectos de establecer la responsabilidad por un delito de esta naturaleza, es preciso determinar con claridad en cuál de los posibles significados ha sido utilizado en cada concreta ocasión.

Preveo, por tanto, que el procedimiento termine sobreseído. Ahora bien, esta decisión la tendrá que tomar el juez una vez practicadas las diligencias de instrucción en el juzgado, y no en tuiter, en facebook o en un blog. Y, por tanto, mi opinión sobre el futuro del asunto adolece de las mismas carencias que denuncio. La única diferencia es que yo soy consciente.

Una última cosa. Hay quien se pregunta si es normal que el Estado reaccione así frente a uno o varios tuits. Y cuando dice “así” quiere decir desmesuradamente. Una afirmación así parte de dos errores capitales:

a) El primero es que no hay nada más importante que la investigación de conductas delictivas. No promuevo ni defiendo un estado policial, pero si se denuncia la comisión de hechos que pueden ser delito, hay que investigar. Eso o nos tomamos a chufla el código penal y la razón por la que el parlamento, expresión de la soberanía nacional, ha convertido determinadas conductas en delictivas.

b) El segundo es que afirmar que es desmesurado actuar así implica precisamente prejuzgar un hecho. Es decir, considerar que es más importante mi opinión basada en datos  de origen incierto (que normalmente otros escogen por mí), que una investigación en serio realizada por profesionales y con garantías. Me temo que yo opto por la segunda opción. Y seguro que usted, si es víctima o si es presunto autor de un delito, también.

Que sí, que seguro.

¿Y qué dice la sentencia del Tribunal Supremo?

 

Cuando publiqué la entrada en la que exponía el contenido de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condenaba a Alfonso Fernández Ortega no conocíamos la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que resolvía el recurso de casación interpuesto por su letrado.

Ya la conocemos, así que podemos ver qué respuesta han merecido los reproches que el abogado ha venido realizando de aquella sentencia primera.

Los motivos para impugnar la sentencia han sido tres:

1.- El primero es vulneración de su derecho constitucional a la presunción de inocencia:

Argumenta el recurrente que la prueba de cargo es insuficiente, porque la declaración de los agentes que le detuvieron carece de credibilidad, y no consta que el aparato que le fue ocupado coincida con el analizado por la policía científica, pues a su entender se ha roto la cadena de custodia.

El Tribunal Supremo recuerda que hay que valorar las siguientes cuestiones: si hay prueba de cargo, si la prueba se obtuvo sin lesionar derechos fundamentales y con todas las garantías procesales y si la valoración que hace el tribunal que sentencia es racional, es decir, si de toda la prueba puede deducirse que el hecho delictivo se produjo y que es autor el condenado. En este punto, el Tribunal Supremo recuerda que no le corresponde sustituir por otro el proceso lógico que llevó al tribunal sentenciador a condenar, salvo que se aprecie que aquel fue arbitrario o irracional. Esto implica que la declaración de hechos probados no se ve afectada salvo que las conclusiones del tribunal que juzgó, basadas en prueba obtenida legalmente, sean absurdas o se basen en razonamientos en los que exista algún tipo de falla lógica.

 

¿Y qué dice el Tribunal Supremo sobre esto? Lo siguiente:

a) Que hay prueba válida y suficiente porque fue detenido …

… cuando portaba una bolsa grande de plástico en el que escondía un aparato explosivo, con una gran capacidad lesiva, pues contenía un iniciador, dos botellas de gasolina y dos bombonas de gas, así como metralla. La utilización de ese explosivo puede causar, como es evidente, un daño letal, y su confección, al añadirle tornillos metálicos, que funcionan como metralla, pone de relieve que estaba destinado, precisamente, a causar graves lesiones e incluso la muerte de una o varias personas que se encontrasen cerca en el momento de la explosión. Cualquiera que fuese la protesta en la que pretendía participar el recurrente, es claro que sus intenciones no eran pacíficas, por lo que la tenencia de un artefacto explosivo tan peligroso como el ocupado en su poder, justifica una reacción penal contundente.

b) Que la prueba testifical de los tres policías “no ofrece duda alguna” ya que …

… Los tres declaran que vieron al acusado portando la bolsa, que la depositó en el suelo ante la presencia policial, y que el artefacto explosivo estaba dentro. Sus declaraciones fueron sometidas a contradicción, mediante la denominada “cross examination”, con intervención del letrado de la defensa, y no arrojaron resquicio alguno sobre su credibilidad. El Tribunal sentenciador, a quien corresponde valorar la prueba directa practicada en su presencia, manifiesta que los tres agentes han dado muestras evidentes de decir la verdad.

A continuación reproduce lo que ya decía la sentencia que condenaba y añade el Tribunal Supremo que …

… en el caso actual, no se aprecia irracionalidad o arbitrariedad alguna en la valoración probatoria del Tribunal sentenciador. La parte recurrente intenta desvirtuar esta prueba de cargo cuestionando la credibilidad subjetiva de los testigos, sobre la base de una supuesta animadversión policial. Pero de esta animadversión no existe indicio alguno, pues los tres testigos que detuvieron al acusado, y declararon en el juicio, no le conocían previamente y el informe al que se refiere la parte recurrente para fundamentar esa supuesta animadversión fue elaborado por otro equipo policial distinto, la Brigada Provincial de Información, que considera al recurrente como persona violenta y peligrosa en función de los antecedentes policiales que obran en el informe. La Sala sentenciadora no ha valorado como prueba el referido informe, sino el hecho acreditado de la ocupación en poder del acusado de un peligroso artefacto explosivo, lo que ha quedado probado por las declaraciones prestadas en el acto del juicio por policías que no tenían ninguna relación previa con el recurrente, y que constituyen una prueba de cargo manifiestamente válida.

c) En cuanto a la supuesta ruptura de la cadena de custodia, el Tribunal Supremo indica que ….

Esta Sala ha declarado que los eventuales defectos en la cadena de custodia no afectan propiamente a la validez de la prueba sino a su fiabilidad (STS 320/2015, de 27 de mayo). En el caso actual, ha de partirse de la base de que los testigos policiales que ocuparon el artefacto explosivo en poder del acusado lo describen con gran minuciosidad. Y que esa descripción coincide exactamente con las características que ofrece el artefacto analizado por los Tedax, habiéndose practicado la oportuna prueba pericial contradictoria en el acto del juicio oral. La persona detenida y el explosivo fueron entregados a la Brigada de Información, constando una descripción precisa del artefacto en el atestado, y poco tiempo después el referido artefacto es entregado a los Tedax para su análisis. El hecho de que pueda haber algún error numérico a lo largo del proceso es irrelevante y no invalida la convicción del Tribunal sentenciador, basada en el conjunto de la prueba practicada, de que el artefacto es el mismo.

 

2.- El segundo motivo es infracción de ley por indebida aplicación del artículo 568 del código penal:

Este motivo, sin embargo, requiere que previamente el Tribunal Supremo modifique el relato de hechos que se declaren probados. Es decir, es subsidiario del anterior y la desestimación del primero implica la del segundo motivo.

 

3.- El tercer motivo es error de hecho en la valoración de la prueba basado en documentos:

 

Se trata de uno de los cauces a través de los cuales se puede modificar en casación el relato de hechos de una sentencia, cuando algo que se declara probado se ve contradicho por un documento que obre en autos.

Ahora bien, como bien sabemos todos los letrados que hemos padecido esta estricta regulación, para que pueda apreciarse un motivo de este tipo es preciso que concurran una serie de requisitos:

a) Que el documento sea un documento, no que se trate de una prueba de otro tipo que luego se “documenta”, como ocurriría con una declaración testifical puesta en un acta, por ejemplo.

b) Que el documento demuestre que quien juzgó se ha equivocado: por ejemplo una sentencia declara que una vivienda pertenece a una persona cuando resulta que hay una escritura pública que demuestra que en realidad es de otra diferente.

c) Que ese supuesto error no se contradiga por otras pruebas válidamente obtenidas, ya que una regla esencial en todo proceso es que el tribunal ha de juzgar considerando todo el material probatorio en su conjunto y puede que lo que acredite un documento se vea contradicho por otras pruebas que el tribunal ha valorado y apreciado.

d) Que ese error tenga alguna trascendencia a los efectos de determinar el fallo de la sentencia. Esto es importante. A veces cuando se lee una sentencia la gente se empeña en discutir algún argumento parcial o concreto, olvidando que lo importante es la decisión que se toma y que no basta con discutir ese punto determinado, sino que hay que sustituir una argumentación determinada por otra como consecuencia de ese error que se advierte, de forma que la nueva argumentación sea, no solo más adecuada, sino que influya en que el resultado de la sentencia, el fallo, la condena, sea otro distinto. Esto pasó mucho cuando se analizaba la sentencia del 11M: la gente encontraba fallos, pero era incapaz de ofrecer un relato “mejor” que el que resultaba del análisis conjunto de la prueba contenido en la sentencia. Es el mal de centrarte en los detalles de un documento judicial, olvidando que esos detalles son un reflejo de algo que tuvo que existir en el mundo real.

¿Y que nos dice el Tribunal Supremo en este caso? Pues dos cosas:

1.- Que el recurso se ha basado en partes del atestado y no en auténticos documentos. Solo por esta causa podría inadmitirse el motivo.

2.- Que además y a mayor abundamiento lo que hace es ofrecer, como consecuencia de la interpretación que efectúa, una versión de los hechos diferente que “no se deduce en absoluto de los referidos documentos”.

No puedo, por desgracia, analizar por qué es así, en la medida en que la sentencia no lo explica. Para poder analizarlo más en profundidad necesitaría el propio recurso de casación del abogado del condenado y los escritos de impugnación efectuados por el fiscal.

 

 

La sentencia es muy breve. Los motivos son los habituales cuando tienes poco en qué basar tu recurso. El resultado es el habitual en estos casos. Más aún: lo normal en un caso así, y viendo la sentencia, es que incluso se hubiera inadmitido el recurso.

Quizás si en vez de ser “Alfon”, se tratase de un tipo cualquiera al que hubieran pillado recogiendo un paquete con un par de kilogramos de cocaína en un servicio de correos y la prueba de esa recogida fuese únicamente la declaración de tres policías, un recurso así no habría pasado ni siquiera el primer filtro.

Claro está, ese tipo no habría sido noticia en los periódicos ni se habrían manifestado a su favor por las calles de Madrid.

 

De cómo Carmena “enchufa”, según el ABC, y se “salta la ley”, según La Razón, pero nosotros nos descojonamos de ambos

 

Leo en La Razón que Manuela Carmena ha incumplido la ley y ha enchufado al marido de una sobrina, algo prohibido. Más tarde, veo en El Diario que desde el Ayuntamiento de Madrid se dan explicaciones defendiendo que la medida es legal.

Jurídicamente la defensa de la legalidad se basa en que la reforma que supuestamente impediría a Luis Cueto (que así se llama el sobrino político) ser designado, aprobada por Ana Botella, se refiere a cargos de confianza, y el señor Cueto ha sido designado como coordinador general de la alcaldía, cargo directivo y no de confianza. Esto lo explican en un informe que enlaza El Diario.

El ABC hace referencia a estas explicaciones, titulando de tal forma que demuestra no creérselas:

Carmena justifica el «enchufe» del marido de su sobrina

Al ver esto lo primero en qué he pensado es en si Manuela Carmena había “inventado” una forma legal de enchufar a su sobrino político, sobre todo porque La Razón dice esto:

Así, el mismo día de su investidura como alcaldesa, en la constitución de la primera Junta de Gobierno, Carmena acordó la creación de la Coordinación General de la Alcaldía –cargo similar al que ostentaba José Antonio Gómez-Angulo para Botella–, nombrando titular a su sobrino político, situación familiar que no ha trascendido hasta ahora.

Las negritas son mías.

Estaría muy feo y sería muy propio de la casta eso de crear una “coordinación general” con su “coordinador general” para no tener que decir que su sobrino político ocupa un puesto de confianza y así salvar el obstáculo, utilizando ladinamente esas malvadas leyes del sistema.

Así que he mirado primero qué es un coordinador y me ha parecido que no encajaba con eso del “coordinador general de la alcaldía”. Les explico, el artículo 46 del Reglamento (que es el que regula la cuestión) dice:

Artículo 46 . Coordinadores generales. 1 . Los coordinadores generales dependen directamente del titular del Área de Gobierno, y les corresponden las funciones de coordinación de las distintas direcciones generales u órganos asimilados que integran el Área de Gobierno, los servicios comunes y las demás funciones que les deleguen el alcalde o la Junta de Gobierno. 2. En los casos en que se nombre, en una misma Área de Gobierno, más de un coordinador general, el decreto de estructura de la misma delimitará los sectores de la actividad administrativa sobre los que actuará cada uno de ellos. 3 . El coordinador general a quien corresponda la gestión de los servicios comunes de cada Área de Gobierno se madrid AYUNTAMIENTO DE MADRID 17 denominará secretario general técnico. Excepcionalmente, en los casos en los que el Área de Gobierno esté estructurada en Áreas de Coordinación o delegadas, el secretario general técnico podrá depender funcionalmente del titular de una de éstas, de conformidad con lo que establezca al respecto el alcalde en el decreto de organización de dicha Área de Gobierno.

Como puede verse, los coordinadores dependen de titulares de “áreas de gobierno”, por lo que resulta como mínimo extraño que se designe uno que dependa directamente del alcalde. Mi primera impresión era, por tanto, favorable a una especie de “fraude de ley” para salvar una posible acusación de ilegalidad.

Naturalmente, esto se basaba en que efectivamente y como decía La Razón el cargo de Coordinador General de la Alcaldía lo hubiese creado Manuela Carmena. Y miras el acuerdo de nombramiento y parece que es así. Es de 13/6/2015 y dice:

ACUERDA

 

PRIMERO.- Crear la Coordinación General de la Alcaldía como órgano directivo dependiente directamente de la Alcaldía con las funciones definidas en el Decreto de la Alcaldesa, de 13 de junio de 2015, por el que se establece el número, denominación y competencias de las Áreas en las que se estructura la Administración del Ayuntamiento de Madrid: coordinación administrativa general; gabinete de la Alcaldesa; relaciones con otras instituciones públicas; asesoramiento legal estratégico; protocolo; organización de actos oficiales; promoción de la ciudad en el exterior y relaciones internacionales; cooperación al desarrollo; fondos europeos, y relaciones con la Oficina del Defensor del Pueblo. Se adscribe a esta Coordinación el Consorcio Institución Ferial de Madrid (IFEMA).

 

SEGUNDO.- Nombrar Coordinador General de la Alcaldía a Luis Cueto Álvarez de Sotomayor.

Sin embargo, oh sorpresa, no es Carmena quien crea ese órgano, sino Ana Botella. Efectivamente, mediante acuerdo de 10/05/2013:

Artículo 1. Estructura. Se crea la Coordinación General de la Alcaldía como órgano dependiente de la Alcaldía.

(…)

Artículo 2. Coordinador General de la Alcaldía. 1. Al Coordinador General de la Alcaldía le corresponden las competencias ejecutivas en materia de coordinación general, coordinación institucional, coordinación territorial, comunicación y coordinación de la información, fondos europeos y relaciones y proyección internacional de la Ciudad de Madrid. Asimismo, le corresponden las demás competencias que le puedan ser asignadas por la Junta de Gobierno, sin perjuicio de las que pueda ejercer por delegación o desconcentración del Alcalde. (…)

Aquí lo tienen completo.

Es decir, que no es cierto que Carmena haya creado esta figura.

Algo más. ¿Recuerdan que en La Razón decían …

… cargo similar al que ostentaba José Antonio Gómez-Angulo para Botella …

¡Similar por los cojones! ¡Es el mismo puto cargo! Aquí tienen el nombramiento el 10/05/2013:

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.h) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y en el artículo 49 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su reunión de 10 de mayo de 2013,

ACUERDA

PRIMERO.- Nombrar Coordinador General de la Alcaldía a don Juan Antonio Gómez-Angulo Rodríguez.

SEGUNDO.- El presente Acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el “Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid”.

 

Es decir, que los de La Razón (y los del ABC por simpatía) reprochan a Carmena que se salte la ley porque nombre a su sobrino político para un cargo directivo (no de confianza) añadiendo que ese cargo se lo acaba de inventar cuando lo creó la administración del PP y hubo una persona que ostentó un cargo idéntico antes de que Ahora Madrid ganase las elecciones.

Va a ser que esto es una basura como una casa.

Tsevan Rabtan es un facha

 

Últimamente mi hija pequeña, que si se muerde se envenena, se dedica a llamarme “cutre abogado podemita”. La culpa es mía. Por contarle un comentario que vi en el blog de una persona que había mencionado una de mis entradas. Concretamente una en la que defendía a Manuela Carmena de unos artículos en Libertad Digital. Creo que es la entrada que más visitas ha tenido desde que abrí el blog. Y me consta que mucha gente de Podemos la usó para atacar a los que criticaban a la candidata de Ahora Madrid.

Explico esto por la siguiente razón: llevo casi diez años escribiendo y -bocazas impenitente como soy- me he metido con mucha gente. Por ejemplo, he criticado agriamente a Libertad Digital, a Esradio y a sus periodistas estrella (sobre todo a Losantos). A Pedro Jota le he llamado de todo. A los del ABC y sus portadas criminales, no les cuento. No he escrito casi nada de Marhuenda, pero porque no le presto atención de lo poco que me interesa. He criticado al PP (mucho en los años de Zapatero) y a Rajoy, un presidente que debió dimitir hace mucho por el falso despido de Bárcenas. Me he metido con el PSOE y con Zapatero (el inane mentiroso que siguió negociando con ETA después de decir que había roto las negociaciones) y con Podemos y con IU -considerando lo anticomunista que soy, era inevitable. He sido muy crítico con el nacionalismo vasco y el catalán, pero algunos se apoyaron en cosas que escribí cuando El Mundo publicó informes inexistentes para atacar a Pujol en vísperas de unas elecciones. He criticado muchas noticias de El País y Público y El Diario. Y he despotricado de Escolar (la visión especular de Losantos). Estuve de acuerdo con la sentencia contra Garzón y con la del TEDH sobre la doctrina Parot, y critiqué al Supremo por ilegalizar Sortu. Fui violento con Carlos Herrera y Santiago González por el análisis superficial de las sentencias sobre descuento de penas a etarras y con Arcadi Espada cuando trató de cierta forma el asunto de la eugenesia, aunque muchos me llamaron criminal abortista cuando defendí una ley de plazos en cierto artículo. Me han criticado por defender que está bien perseguir a los que entran en capillas interrumpiendo a los que allí rezan, pero a muchas personas les pareció muy mal que, ateo y anticlerical como soy, dijese en twitter que no me salía de los cojones respetar las creencias de nadie. A pesar de que soy proisraelí en el cerebro reptiliano y lo expliqué a las claras hace muchos años, una pirada se dedicó a hacerme la vida imposible por escribir sobre los elementos materiales de los conflictos en Israel y el mundo árabe, amenazándome con darme a conocer entre sus amigos sionistas. Escribí un artículo elogiando la segunda enmienda de la constitución americana y he declarado mi admiración muchas veces por ese fantástico país, aunque también escribí sobre la vergüenza de Guantánamo, de la que ellos mismos se arrepentirán en el futuro. Me he choteado de todas las formas posibles del infantilismo de los ancaps y de las versiones más adanistas del liberalismo económico, a pesar de que siempre me defino como liberal. Y, además, soy la única persona en el mundo que ha defendido a Montoro.

Todo lo anterior me ha llevado a tomar con cierta distancia los comentarios de la gente. La peña tiende a definirte con ligereza, basándote en lo último que escribes. Y además esto que estoy haciendo es un error: nunca hay que dar explicaciones de que tus opiniones sobre algo concreto no te definen. Sin embargo, lo hago por una razón: he llegado a la conclusión de que soy un facha. A pesar de todo lo que haya podido escribir y opinar que pudiera alejarme de esa definición, tengo que ser un facha. Sí, un fascista. La razón es la siguiente: cuando he escrito contra personas a las que habitualmente los de izquierdas califican como fachas, estas personas han solido callarse. No me han llamado rojo, ateo, comunista, vendido de la izquierda, etarra, asesino de niños u otras lindezas por el estilo. Ha habido algún caso, pero han sido relativamente raros. Sin embargo, en cuanto escribo algún artículo contra personas a las que habitualmente los de derechas califican como rojos, he recibido un montón de insultos. Y el más habitual es ese: facha. El facha que escribe en JotDown, una revista por lo demás, y salvo por esa manía de dar sitio a algún facha (como se daba sitio a los negros en los jurados de blancos), excelente.

Y no puede ser que tanta gente esté equivocada, ¿verdad?

Termino aprovechando para romper una lanza por los tunos. He sido durante años inmisericorde con ellos. Ninguno, ni una vez, me ha insultado. Solo en una ocasión, uno de ellos, pero de forma muy educada y cortés, me preguntó qué tenía contra ellos. Ya nada, amigo tuno. ¿Cómo va un facha a decir nada malo de un tuno?