La furia

 

Ayer vi este tuit:

Ahora Madrid es una organización instrumental que solo tenía por objetivo ganar las elecciones municipales en Madrid capital. La cabeza de lista era Manuela Carmena, actual alcaldesa. Doy por sentado que ella es la máxima responsable de Ahora Madrid. Es simple cuestión de lógica.

Desde que hay democracia en España, muchos partidos han caído en la tentación de instrumentalizar la justicia. Muchos han criticado sentencias importantes. Muchos han realizado gestos que inequívocamente servían para socavar las bases del estado de derecho, es decir de la democracia. Dirigentes del PSOE acompañaron a condenados del GAL cuando iban camino de prisión. Y parte del PP jugó durante mucho tiempo con la idea de que se había producido algo amorfo (digo amorfo porque variaba con el tiempo) similar a un golpe de estado antes y después de los atentados del 11-M. Sin embargo, ni siquiera en esos casos los partidos dieron el paso de pedir que se incumpliera una sentencia judicial que condenaba a alguien.

Como digo, se trató de comportamientos lamentables que hicieron un enorme daño a la credibilidad de nuestro sistema. Naturalmente, también le hicieron daño a dicha credibilidad ciertas resoluciones judiciales luego corregidas en el exterior, muy apartadas de estándares jurídicos admisibles y que podían sonar a venganzas judicializadas. Estas, sin embargo, casi siempre se referían a cuestiones de índole jurídica, no a cuestiones de hecho. Las hostias que la justicia española ha sufrido fuera no tienen que ver con si se ha condenado en falso a un inocente o si se ha absuelto arbitrariamente a un culpable, sino con la aplicación retroactiva de normas desfavorables o la inexistencia de una segunda instancia penal que se entienda como tal.

También ha habido manifestaciones que protestaban contra las consecuencias de ciertas sentencias (normalmente relativas a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, como las del matrimonio homosexual, el aborto o el Estatut). Como es obvio, toda ley es susceptible de ser cambiada, incluso la propia constitución. Tan constitucional sería una ley que estableciese que el matrimonio solo cabe si los que se casan son un hombre y una mujer como la ley actual. Y una ley que prohibiese totalmente el aborto sería constitucional, sobre todo porque los problemas de constitucionalidad (tal y como resulta de la jurisprudencia de nuestro TC) los puede plantear más una ley menos represiva del aborto que la contraria (ya que el centro de la polémica constitucional se encuentra en la protección al nasciturus). Es decir, se trataba de cuestiones políticas, de lege ferenda, como lo sería en el caso de una manifestación de personas que planteasen que se reformase la constitución para incluir la pena de muerte o para suprimir la propiedad privada. Todas serían perfectamente legítimas.

Es la primera vez, sin embargo, que un partido político (uno que ahora gobierna además la ciudad de Madrid) se une a una manifestación que pide directamente que se incumpla una sentencia judicial firme sobre un caso particular (que yo recuerde, al menos). No es una sentencia destinada a cambiar una ley o un artículo de la constitución o a protestar por una interpretación general sobre, por ejemplo, cómo se computan beneficios penitenciarios. Es una manifestación que pide la absolución de alguien condenado en firme.

Aclararé algunas cuestiones:

1.- La manifestación pide directamente que se incumpla la sentencia. Solo así cabe entender la solicitud de absolución. Si se pidiera un indulto, el indulto lo sería -por definición- para alguien que es culpable.

2.- La manifestación pretende que “alguien” (no sé muy bien quién) se salte la separación de poderes; es decir, la ley. Eso o es directamente idiota. Porque si se pide algo es porque se pretende conseguir ese algo. Puesto que varios magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid y del Tribunal Supremo han decidido -en ejercicio de sus funciones constitucionales- que “Alfon” es culpable y la manifestación lo es “por su absolución” solo cabe entender que lo que quiere esa gente es que alguien de fuera del poder judicial se entrometa y se pase por la entrepierna una sentencia firme.

3.- La sentencia es firme. Es susceptible de recurso de amparo (como toda sentencia) y, en su caso, de recurso ante el TEDH, pero esos recursos no son ordinarios sino que tienen que ver con la protección de derechos fundamentales. Tanto es así, que hasta la sentencia del Tribunal Supremo, “Alfon” no estaba condenado en firme y su ingreso en prisión solo podía serlo de forma preventiva, mientras que ahora su ingreso en prisión es como condenado y solo puede pedir suspensión, suspensión que, además, es restrictiva:

cuando el amparo constitucional se solicita respecto de resoluciones judiciales firmes, la suspensión de su ejecución entraña en sí misma una perturbación de la función jurisdiccional, de suerte que la regla general debe ser la improcedencia de la suspensión, que se configura así como una medida provisional de carácter excepcional y de aplicación restrictiva (por todos, AATC 2/2001, de 15 de enero, 106/2002, de 17 de junio, y 357/2006, de 9 de octubre) 

4.- La manifestación pretende sustituir la aplicación del derecho por un tribunal por el juicio popular. Pretende, en consecuencia, que los ciudadanos sean condenados o no según los apoyos que reciban y los simpáticos o antipáticos que nos parezcan. Pretende, por tanto, saltarse las normas establecidas, las que disponen que los juicios (y los recursos) se celebren conforme a un procedimiento preestablecido, conforme a normas sustantivas y procesales previas a los hechos que se juzgan, en situación de contradicción y audiencia, en juicio público, con un orden de intervenciones, con garantías en la producción de las pruebas, y que sean juzgados por el juez natural (es decir alguien que corresponde conforme a normas también preestablecidas de designación). Es decir, mediante un procedimiento fruto de la reflexión, con pasos prefijados y que se dirigen a minimizar los errores y maximizar el acierto. Frente a eso, los que se manifiestan han decidido que “Alfon” debe ser absuelto.

5.- La existencia de un poder judicial independiente es la primera garantía frente a dos tiranías: la del estado que con su maquinaria puede aplastar al ciudadano y la de las mayorías populares. Ambas son muy peligrosas. Los que se manifiestan denuncian la primera, pero para supuestamente evitarla quieren imponer la segunda. Sin embargo, frente a las intromisiones políticas y los fallos del sistema (si es que se producen, porque hasta ahora nadie me ha demostrado ningún indicio de que se den uno en este caso) solo cabe un procedimiento: la profundización en la independencia judicial, en los procedimientos internos y externos de control de los aparatos del estado y en las garantías de los ciudadanos.

Esto es muy antiguo: cuando se impone la justicia popular no solo desaparecen la ley y la civilización, sino que se imponen la tiranía y la arbitrariedad. Si la decisión sobre la culpabilidad e inocencia dependen de lo que decida el pueblo la libertad desaparece. Porque es sabido que un hombre con la ley en la mano tiene siempre más razón que cualquier turba.

Por todo esto, me parece preocupante que un partido que gobierna en un lugar de tanta importancia, apoye un acto de esta naturaleza. Dice mucho sobre sus pulsiones. Ya sé que muchos insisten  en que no hemos de tener miedo a Podemos o a sus dirigentes e ironizan sobre una supuesta venida de los bárbaros para chotearse del mensaje del miedo.

Por desgracia, sí dan miedo. Lo dan porque es razonable pensar que, con el poder en la mano, fuesen consecuentes y no solo apoyasen una manifestación que pide algo ilegal y antidemocrático, sino que lo impusiesen.

En ese momento dejaríamos de ser ciudadanos y nos convertiríamos en súbditos.

 

NOTA: He descubierto que ya usé el título “La furia” en otra ocasión. Es la primera vez que me sucede.

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5 comentarios en “La furia

  1. Creo que en Barcelona se manifestaron, varios partidos incluidos, contra la entrada en prisión de los condenados por el T.S. por el cerco al Parlament y amenazas y actos contra diputados. Pero no recuerdo el lema exacto; quizás no fuera tan cafre.

  2. Y, aprovechándome de su buena disposición, ¿qué opina del tuit de la alcaldesa sobre “rescindir judicialmente” la venta de viviendas públicas, “además de negociar” con los compradores? A mí me chirría mucho, pero no soy de leyes.

  3. CaptAchab, no sé bien a qué se refiere Manuela Carmena.

    Si se refiere a “resolución” de contratos esta siempre es posible si se han producido incumplimientos contractuales (si este es el caso, sería posible solicitarlo judicialmente y que se declare). Ahora bien, eso técnicamente no es una “rescisión” aunque muchos juristas usan mal ese término. La rescisión es otra cosa (la más usual es la rescisión por fraude a los acreedores, la llamada acción pauliana).

    En cualquier caso, si se trata de pedirle algo a un juez conforme a derecho, siempre me parecerá bien. Y si no hay base legal el Ayto. perderá.

  4. Gracias. Yo imaginaba que quería insinuar una declaración de lesividad, pero sin comprometerse. Realmente no es nada claro.

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