¿Y qué dice la sentencia del Tribunal Supremo?

 

Cuando publiqué la entrada en la que exponía el contenido de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condenaba a Alfonso Fernández Ortega no conocíamos la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que resolvía el recurso de casación interpuesto por su letrado.

Ya la conocemos, así que podemos ver qué respuesta han merecido los reproches que el abogado ha venido realizando de aquella sentencia primera.

Los motivos para impugnar la sentencia han sido tres:

1.- El primero es vulneración de su derecho constitucional a la presunción de inocencia:

Argumenta el recurrente que la prueba de cargo es insuficiente, porque la declaración de los agentes que le detuvieron carece de credibilidad, y no consta que el aparato que le fue ocupado coincida con el analizado por la policía científica, pues a su entender se ha roto la cadena de custodia.

El Tribunal Supremo recuerda que hay que valorar las siguientes cuestiones: si hay prueba de cargo, si la prueba se obtuvo sin lesionar derechos fundamentales y con todas las garantías procesales y si la valoración que hace el tribunal que sentencia es racional, es decir, si de toda la prueba puede deducirse que el hecho delictivo se produjo y que es autor el condenado. En este punto, el Tribunal Supremo recuerda que no le corresponde sustituir por otro el proceso lógico que llevó al tribunal sentenciador a condenar, salvo que se aprecie que aquel fue arbitrario o irracional. Esto implica que la declaración de hechos probados no se ve afectada salvo que las conclusiones del tribunal que juzgó, basadas en prueba obtenida legalmente, sean absurdas o se basen en razonamientos en los que exista algún tipo de falla lógica.

 

¿Y qué dice el Tribunal Supremo sobre esto? Lo siguiente:

a) Que hay prueba válida y suficiente porque fue detenido …

… cuando portaba una bolsa grande de plástico en el que escondía un aparato explosivo, con una gran capacidad lesiva, pues contenía un iniciador, dos botellas de gasolina y dos bombonas de gas, así como metralla. La utilización de ese explosivo puede causar, como es evidente, un daño letal, y su confección, al añadirle tornillos metálicos, que funcionan como metralla, pone de relieve que estaba destinado, precisamente, a causar graves lesiones e incluso la muerte de una o varias personas que se encontrasen cerca en el momento de la explosión. Cualquiera que fuese la protesta en la que pretendía participar el recurrente, es claro que sus intenciones no eran pacíficas, por lo que la tenencia de un artefacto explosivo tan peligroso como el ocupado en su poder, justifica una reacción penal contundente.

b) Que la prueba testifical de los tres policías “no ofrece duda alguna” ya que …

… Los tres declaran que vieron al acusado portando la bolsa, que la depositó en el suelo ante la presencia policial, y que el artefacto explosivo estaba dentro. Sus declaraciones fueron sometidas a contradicción, mediante la denominada “cross examination”, con intervención del letrado de la defensa, y no arrojaron resquicio alguno sobre su credibilidad. El Tribunal sentenciador, a quien corresponde valorar la prueba directa practicada en su presencia, manifiesta que los tres agentes han dado muestras evidentes de decir la verdad.

A continuación reproduce lo que ya decía la sentencia que condenaba y añade el Tribunal Supremo que …

… en el caso actual, no se aprecia irracionalidad o arbitrariedad alguna en la valoración probatoria del Tribunal sentenciador. La parte recurrente intenta desvirtuar esta prueba de cargo cuestionando la credibilidad subjetiva de los testigos, sobre la base de una supuesta animadversión policial. Pero de esta animadversión no existe indicio alguno, pues los tres testigos que detuvieron al acusado, y declararon en el juicio, no le conocían previamente y el informe al que se refiere la parte recurrente para fundamentar esa supuesta animadversión fue elaborado por otro equipo policial distinto, la Brigada Provincial de Información, que considera al recurrente como persona violenta y peligrosa en función de los antecedentes policiales que obran en el informe. La Sala sentenciadora no ha valorado como prueba el referido informe, sino el hecho acreditado de la ocupación en poder del acusado de un peligroso artefacto explosivo, lo que ha quedado probado por las declaraciones prestadas en el acto del juicio por policías que no tenían ninguna relación previa con el recurrente, y que constituyen una prueba de cargo manifiestamente válida.

c) En cuanto a la supuesta ruptura de la cadena de custodia, el Tribunal Supremo indica que ….

Esta Sala ha declarado que los eventuales defectos en la cadena de custodia no afectan propiamente a la validez de la prueba sino a su fiabilidad (STS 320/2015, de 27 de mayo). En el caso actual, ha de partirse de la base de que los testigos policiales que ocuparon el artefacto explosivo en poder del acusado lo describen con gran minuciosidad. Y que esa descripción coincide exactamente con las características que ofrece el artefacto analizado por los Tedax, habiéndose practicado la oportuna prueba pericial contradictoria en el acto del juicio oral. La persona detenida y el explosivo fueron entregados a la Brigada de Información, constando una descripción precisa del artefacto en el atestado, y poco tiempo después el referido artefacto es entregado a los Tedax para su análisis. El hecho de que pueda haber algún error numérico a lo largo del proceso es irrelevante y no invalida la convicción del Tribunal sentenciador, basada en el conjunto de la prueba practicada, de que el artefacto es el mismo.

 

2.- El segundo motivo es infracción de ley por indebida aplicación del artículo 568 del código penal:

Este motivo, sin embargo, requiere que previamente el Tribunal Supremo modifique el relato de hechos que se declaren probados. Es decir, es subsidiario del anterior y la desestimación del primero implica la del segundo motivo.

 

3.- El tercer motivo es error de hecho en la valoración de la prueba basado en documentos:

 

Se trata de uno de los cauces a través de los cuales se puede modificar en casación el relato de hechos de una sentencia, cuando algo que se declara probado se ve contradicho por un documento que obre en autos.

Ahora bien, como bien sabemos todos los letrados que hemos padecido esta estricta regulación, para que pueda apreciarse un motivo de este tipo es preciso que concurran una serie de requisitos:

a) Que el documento sea un documento, no que se trate de una prueba de otro tipo que luego se “documenta”, como ocurriría con una declaración testifical puesta en un acta, por ejemplo.

b) Que el documento demuestre que quien juzgó se ha equivocado: por ejemplo una sentencia declara que una vivienda pertenece a una persona cuando resulta que hay una escritura pública que demuestra que en realidad es de otra diferente.

c) Que ese supuesto error no se contradiga por otras pruebas válidamente obtenidas, ya que una regla esencial en todo proceso es que el tribunal ha de juzgar considerando todo el material probatorio en su conjunto y puede que lo que acredite un documento se vea contradicho por otras pruebas que el tribunal ha valorado y apreciado.

d) Que ese error tenga alguna trascendencia a los efectos de determinar el fallo de la sentencia. Esto es importante. A veces cuando se lee una sentencia la gente se empeña en discutir algún argumento parcial o concreto, olvidando que lo importante es la decisión que se toma y que no basta con discutir ese punto determinado, sino que hay que sustituir una argumentación determinada por otra como consecuencia de ese error que se advierte, de forma que la nueva argumentación sea, no solo más adecuada, sino que influya en que el resultado de la sentencia, el fallo, la condena, sea otro distinto. Esto pasó mucho cuando se analizaba la sentencia del 11M: la gente encontraba fallos, pero era incapaz de ofrecer un relato “mejor” que el que resultaba del análisis conjunto de la prueba contenido en la sentencia. Es el mal de centrarte en los detalles de un documento judicial, olvidando que esos detalles son un reflejo de algo que tuvo que existir en el mundo real.

¿Y que nos dice el Tribunal Supremo en este caso? Pues dos cosas:

1.- Que el recurso se ha basado en partes del atestado y no en auténticos documentos. Solo por esta causa podría inadmitirse el motivo.

2.- Que además y a mayor abundamiento lo que hace es ofrecer, como consecuencia de la interpretación que efectúa, una versión de los hechos diferente que “no se deduce en absoluto de los referidos documentos”.

No puedo, por desgracia, analizar por qué es así, en la medida en que la sentencia no lo explica. Para poder analizarlo más en profundidad necesitaría el propio recurso de casación del abogado del condenado y los escritos de impugnación efectuados por el fiscal.

 

 

La sentencia es muy breve. Los motivos son los habituales cuando tienes poco en qué basar tu recurso. El resultado es el habitual en estos casos. Más aún: lo normal en un caso así, y viendo la sentencia, es que incluso se hubiera inadmitido el recurso.

Quizás si en vez de ser “Alfon”, se tratase de un tipo cualquiera al que hubieran pillado recogiendo un paquete con un par de kilogramos de cocaína en un servicio de correos y la prueba de esa recogida fuese únicamente la declaración de tres policías, un recurso así no habría pasado ni siquiera el primer filtro.

Claro está, ese tipo no habría sido noticia en los periódicos ni se habrían manifestado a su favor por las calles de Madrid.

 

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Un comentario en “¿Y qué dice la sentencia del Tribunal Supremo?

  1. Nada nuevo bajo el sol: si la policía no se contradice, date por condenado. Y sinceramente, no es tan difícil que vayan al juicio con la lección aprendida, si los abogados lo conseguimos a la hora de hacer nuestro informe, cualquiera puede hacerlo.

    En varios casos propios ha pasado lo mismo: la palabra de la policía ha ido a misa, y sin incluso elementos periféricos que avalasen sus declaraciones (no digo que mintiesen, pero no había ninguna otra prueba de cargo).

    Resulta innegable que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, si deciden -por el motivo que sea- declarar de manera concertada y ordenada contra alguien, será condenado sin duda. No creo que lo hagan habitualmente, pero seguro que a veces pasa. Y no hay defensa posible. Los casos más flagrantes los estamos viendo en EE.UU, porque desde que la gente graba con el móvil se desmontan las versiones policiales de legítima defensa un día y otro. Aquí en España, cuando ha habido ocasión de que sean grabados, también hemos visto cómo policías pueden agredir a un detenido etc. Por tanto, no ver que no siempre la policía dice la verdad, realmente es negar la realidad y ser peligrosamente inocente.

    Estaría bien que se discuta sobre ello fuera de motivaciones puntuales o partidistas, porque desde mi punto de vista se debería de exigir un plus a las declaraciones, algo más, algún elemento objetivo que las sustente.

    Desconozco el caso concreto del que habla la entrada, pues como bien se indica no he visto el juicio y no conozco los escritos, sólo las sentencias, pero parece que queda reducido a la palabra de la policía contra la del acusado. Algo más debería de exigirse en estos casos. No estaría de más, por ejemplo, que le hubiesen grabado o fotografiado previamente con la mochila, que hubiesen encontrado sus huellas en algún sitio etc.

    Saludos y enhorabuena por el blog.

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