Objeción de conciencia

 

Ayer el Tribunal Constitucional dictó una sentencia francamente lamentable en un recurso de amparo. La cuestión central se refiere a la existencia o no de un derecho a la objeción de conciencia de un farmacéutico sevillano conforme al cual sería nula una resolución que lo sancionaba por no contar con píldoras “del día después” y preservativos.

La sentencia es técnicamente flojísima, con una argumentación banal en extremo, basada en hipótesis y que se aparta de la configuración doctrinal que resultaba de las sentencias del propio tribunal, tras una primera sentencia (la 15/1982 de 23 de abril) que parecía admitir (aunque referida a un supuesto sí previsto expresamente en la constitución, el de objeción de conciencia en el ámbito del servicio militar previsto en el art. 30.2) un contenido mínimo constitucional a ese derecho como derivación de la libertad ideológica prevista en el artículo 16, y tras la sentencia 53/1985, de 11 de abril (sobre despenalización del aborto) que hacía una manifestación sobre la cuestión evidentemente obiter dicta. Esas sentencias fueron luego superadas por otras que declararon rotundamente que no existía un derecho constitucional autónomo a la objeción de conciencia como derivado del derecho a la libertad ideológica (esta vez como ratio decidendi de la cuestión) y que solo cuando la ley admite esa posibilidad y lo configura legalmente puede admitirse. Además esta línea doctrinal era conforme con lo previsto en el derecho de la UE y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos  y con sentencias como la del TEDH de 2 de octubre de 2001 en el caso Pichon y Sajous c. Francia.

Esto es lo más grave. Y que lo haya hecho sobre la base de un conflicto que no se produjo (pues la sanción lo era por no tener y no por no dispensar), utilizando una argumentación extremadamente discutible, sin base en la legislación estatal ni en la autonómica aplicable, a modo de analogía infantil entre el derecho regulado legalmente del médico (que interviene activamente en el aborto) y el farmacéutico, que es uno más en una cadena, que nos podría llevar a todo el que intervenga en el proceso de obtención de materiales, síntesis química, fabricación, expedición y transporte. Y que además utilice como argumento una norma sin rango legal (los estatutos y códigos de un colegio farmacéutico) como base de creación de “confianza” que solo puedeo representarme como una suerte de subterfugio legal. Y todo ello, pese a su trascendencia, ventilado de forma totalmente superficial.

Frente a esto, y al margen de los argumentos técnicos sobre el supuesto conflicto (que comparto) en el voto particular de dos magistrados, resulta al menos clarificador que el propio magistrado ponente, D. Andrés Ollero Tassara, en un voto concurrente haya planteado la cuestión en toda su intensidad. Al menos percibo una voluntad de explicar cuál es el camino jurídico que pretende. Camino que me parece peligroso y contrario a mi visión del derecho, pero que al menos defiende de cara.

Termino. La magistrada Dª Adela Asua Batarrita, en su voto particular, da un varapalo considerable a sus compañeros de tribunal. Un varapalo técnicamente impecable y argumentado. Lo suscribo de cabo a rabo. Solo les copio el final. El excelente final:

 

8. Una vez expuestas las anteriores razones, se entenderá el estupor que me causa la limitada argumentación de la Sentencia de la mayoría, construida sobre apriorismos, sonoros silencios y omisiones, junto con sorprendentes saltos de la lógica argumentativa. Difícilmente puede asumirse la omisión de referencias a numerosos y muy relevantes pronunciamientos de nuestra doctrina constitucional así como de resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no solo fueron alegados por quienes han comparecido en este proceso constitucional sino que también fueron utilizados en las deliberaciones previas a la aprobación de esta resolución, por varios componentes del Pleno entre los que me incluyo. Omisión, por lo tanto, consciente para los Magistrados de la mayoría que han dado su apoyo a esta Sentencia. En ella se lleva a cabo, de forma encubierta, un drástico overruling de la doctrina constitucional pergeñada durante décadas en plena sintonía con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Este drástico cambio doctrinal puede tener consecuencias aciagas para nuestro Estado Constitucional de Derecho y, en definitiva, para el equilibrio de nuestra convivencia. Hoy es la dispensación de la píldora anticonceptiva, mañana podrán ser la vacunación obligatoria, o la obligación tributaria, o un largo etcétera, 13 los supuestos afectados por la negativa a cumplir el correspondiente deber jurídico apelando al derecho a la objeción de conciencia, conformado a voluntad de quien esgrime la objeción, sin necesidad de una previsión legal al respecto.

3 comentarios en “Objeción de conciencia

  1. Impecable no es, porque da por hecho que la vacunación es obligatoria en España y debería saber que no es así 😉

  2. Hay un error en el enlace al primer voto discrepante (Valdés). La url debe acabar en VPS1.pdf. Preocupante (la resolución).

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