La razón política no se puede imponer

 

Cayetana Álvarez de Toledo, actuando en nombre de la plataforma Libres e Iguales, ha pedido a Rajoy que evalúe la inconstitucionalidad del plan electoral “plebisciario” de Artur Mas.

Eso dice, al menos Europa Press.

Me gustaría conocer con más detalle los argumentos, porque, en fin, eso de que las elecciones se van a celebrar en una situación de “corrupción institucional” es un argumento jurídico equivalente a la nada. Como lo es el que una candidatura se haya diseñado con una forma plebiscitaria o que entre sus objetivos declarados se incluya la secesión en un plazo de seis meses.

Nada de eso es inconstitucional. Los partidos políticos, nos dice la Constitución deben ser democráticos, y la Ley de partidos añade que será declarado ilegal “cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante” una serie de conductas que se caracterizan precisamente por su naturaleza violenta.

Ni la ley ni la Constitución exigen una adhesión de los partidos al sistema constitucional vigente. Y es perfectamente legal y constitucional querer acabar con ese sistema y sustituirlo siempre que se haga por medios no violentos. Véase que no digo por medios legales: digo por medios no violentos.

En consecuencia, querer dar un significado concreto a una candidatura no puede ser inconstitucional, porque la ley y la constitución ya nos dicen para qué sirven las candidaturas en cada elección concreta. Tampoco es inconstitucional ni ilegal presentarse a unas elecciones anunciando que tu programa es la secesión por una razón muy concreta: porque no puedes hacerlo. Ni el parlamento catalán ni el gobierno de la Generalidad tienen facultades en esa materia. Si hacen esa declaración de secesión, eso será inconstitucional y, en consecuencia, nulo y quizás incluso delictivo, pero eso lo será cuando tenga lugar. Como digo, cualquier acto para el que no tengan competencias será ilegal y nulo. El monopolio de la violencia corresponde a las instituciones del Estado, sometido a una jerarquía, al control jurisdiccional y a la ley, incluido el uso de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución. Y solo si se pretendiera por algún partido político imponer de manera violenta decisiones nulas, estaríamos en presencia de una causa para su ilegalización.  

La constitución española dio un margen de autogobierno a las comunidades autónomas. Ese margen implicaba que tuvieran una cierta capacidad de autoorganización y, en consecuencia, que sus ciudadanos pudieran elegir a sus representantes. Que existe una deslealtad institucional por parte de los nacionalistas y secesionistas es una obviedad. Que llevan décadas usando las instituciones para acabar con nuestro sistema y disgregar España es otra obviedad. La cuestión es que no hay nada que impedir cuando se trata de ideas y proyectos pacíficos. Cualquiera es admisible, en particular si lo que se pretende es crear un estado que también sea democrático y que reconozca los derechos fundamentales habituales en un estado moderno y avanzado.

No se puede proceder preventivamente; ni siquiera en una materia así. Porque la acción política y la legislativa no son idénticas. Por eso me molesta esa referencia a una supuesta táctica del apaciguamiento. El Gobierno hizo lo que debía: recurrió ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le dio la razón. Y lo hizo incluso cuando el referéndum se convirtió en una farsa impresentable, pese a que muchos defendían que precisamente, por serlo, era absurdo dar esa “baza” al secesionismo. No lo era, porque era ilegal. Porque era un fraude de ley. Porque apestaba a mendacidad.

En las próximas elecciones algunos partidos secesionistas se van a presentar juntos y van a llenar sus listas con bustos parlantes. Más aún, su programa es cristalino. Todo esto es indiferente: las elecciones son para elegir un parlamento autonómico y ese parlamento solo podrá legal, constitucional y democráticamente hacer aquello que permite la Constitución. Negarles el derecho a presentarse (pese a cumplir la ley) por plantear una futura acción ilegal sería exigir una militancia que es contraria a los principios que nos dimos al aprobar la Constitución. Y para que más tarde podamos exigir que se cumpla, la debemos cumplir incluso cuando no nos gusta como la utilizan los que la utilizan dentro de sus límites para acabar con ella.

No es apaciguamiento: es democracia y ley.

Y ya puestos, no estaría de más que los que pensamos que esos partidos secesionistas, en su huida hacia adelante, llevan a Cataluña a un callejón sin salida lleno de peligros y frustraciones intentásemos convencer a sus posibles votantes del error que supondría apoyarles.

 

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4 comentarios en “La razón política no se puede imponer

  1. Sí a todo, como es habitual en mi humillante seguidismo tsevanrabtiano, excepto a estas frases:

    ‘Es perfectamente legal y constitucional querer acabar con ese sistema y sustituirlo siempre que se haga por medios no violentos. Véase que no digo por medios legales: digo por medios no violentos’.

  2. Estoy con Mercutio. El problema es esta frase de Tsevan:

    “Ni la ley ni la Constitución exigen una adhesión de los partidos al sistema constitucional vigente. Y es perfectamente legal y constitucional querer acabar con ese sistema y sustituirlo siempre que se haga por medios no violentos. Véase que no digo por medios legales: digo por medios no violentos”.

    No estoy nada convencido de que esto se sostenga jurídicamente. Los medios han de ser legales, no solo pacíficos. Es decir, el procedimiento ha de respetarse. Creo que la clave la da una vieja sentencia del TC, de hace ya muchos años, en que se trataba el tema de los estrafalarios juramentos abertzales con ocasión de las investiduras en el País Vasco. En los años ochenta, creo, se dictó jurisprudencia al respecto. Lo que se venía a decir es que cuando se juraba acatar la constitución, se juraba acatar el respeto al procedimiento legal para cambiarla. Así se conseguía que los del PNV más a menos se avinieran a las fórmulas legales de toma de investidura, hoy ya pasadas de moda, como hemos visto recientemente.

    Todo esto es vago, lo sé. Habría que buscar esa jurisprudencia. Pero en mi opinión, desde el momento en que un partido dice que no va a respetar el procedimiento constitucional (no que crea en ella) se sitúa técnicamente fuera de la legalidad. Cosa distinta es que en España ningún gobierno quiera hacer valer esa legalidad.

    Abrazos,

    Juan Cla

  3. Mercutio, Juan Claudio, esa frase la reescribí porque quería explicar algo que se relaciona com lo que viene después.

    Digo que es legal “querer” acabar con el sistema por medios ilegales siempre que sean no violentos. Naturalmente, que sea legal querer hacer eso no convierte en legales esos medios y procedimientos. Solo los actos preparatorios de futuros actos violentos podrían ser ilegales. Esto es importante: dejamos un margen amplísimo para la acción política no violenta. Lo restringimos en el caso de la violenta. Así, preparar actos de desobediencia civil pacífica no sería ilegal sin perjuicio de que lo fueran los actos en sí. El casuismo en esto es amplísimo pero esta es la idea básica.

    Me baso, para defender esto, en la idea de que, no exigiendo militancia constitucional, incluir en la ilegalidad a los actos preparatorios de futuras actuaciones no violentas que se plantearan al margen de los procedimientos constitucionales implicaría una especie de negación del principio. Es casi una tautología: defender que se cambie la Constitución por sus procedimientos es militancia constitucional, porque la reforma según sus procedimientos forma parte de la propia CE. Por esa razón insisto en distinguir entre los actos preparatorios o programáticos que desborden o incluso sean contrarios (cuando se ejecuten) a la CE y los propios actos en sí. Los actos preparatorios son constitucionales porque forman parte de la actividad política libre. Los actos en sí serán legales o ilegales según respeten el ordenamiento o no. Y el que escoge el camino pacífico pero ilegal deberá asumir las consecuencias de esa ilegalidad, es decir, todas las respuestas que la ley prevé en esos casos.

  4. Entiendo. Hilando así de fino entiendo por dónde vas. Gracias por la aclaración. En todo caso, estaría bien echar un vistazo a las viejas sentencias del TC donde se dirimía el caso de las investiduras folclóricas.

    A ver qué hace nuestro gobierno.

    JC

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