Dulce ley

 

He leído unos tuices sobre Eduardo Torres Dulce, el antiguo Fiscal General del Estado, desde hace nada abogado del bufete Garrigues, que me parecen significativos.

Son estos:

En ellos se afirma que hay una prohibición de que Eduardo Torres Dulce ejerza la abogacía durante dos años y que eso se evita “haciendo una excepción con él”, por un lado, y por otro se dice que el Gobierno autoriza a Eduardo Torres Dulce a saltarse la ley.

He preguntado a los autores de ambos tuits. A la primera qué prohibición es esa y dónde está el artículo que permite al Gobierno hacer una excepción; al segundo, que ley es esa que se está saltando el señor Torres Dulce. La primera no me ha contestado. El segundo me remite a la “noticia de los fiscales” y más tarde me menciona la Ley 3/2015, de 30 de marzo. Esa noticia aparece en varios periódicos y se basa en lo que dice una agencia (Europa Press) sobre lo que dice una Asociación de Fiscales. Por ejemplo, aquí se comenta.

Por desgracia no he podido leer el comunicado de los fiscales. Lo he buscado en su web, en último comunicado, pero se ve que su web la actualiza algún fiscal que está de vacaciones. Me he creído incluso que lo publicaba El Mundo, ya que así lo decían los fiscales asociados desde su cuenta de tuiter, pero qué va, es un timo:

Sigues el enlace y te lleva a El Mundo que copia la nota de Europa Press.

No soy experto en esta materia, solo he mirado la ley.

Me parece muy discutible que la Ley 3/2015 sea aplicable a Eduardo Torres Dulce, ya que cuando entró en vigor (el 20/04/2015) ya no era Fiscal General y no veo disposiciones transitorias que permitan su aplicación a aquellos que dejaron de ser “altos cargos” antes de esa fecha. El tema es dudoso ya que el plazo de dos años del que luego hablaré aún seguiría corriendo, pero la ley deja bien claro a quién se aplica y Torres Dulce ya no es una de las personas ahí mencionadas. Me inclino por considerar que no le es aplicable.

El asunto es importante a efectos de lo que ahora escribo, porque la nueva ley es más rigurosa y ha cambiado el régimen previsto en la que se deroga, la ley 5/2006 en la parte que nos ocupa.

Si examinamos la ley los tuices que he copiado antes no se sostienen formalmente (esto en parte es un chiste y luego lo explicaré). No hay ninguna prohibición de dedicarse a la abogacía aplicable a un Fiscal General. Tampoco hay norma alguna que permita al Gobierno hacer excepciones (lo siento Marta Rivera). Más aún, tampoco hay un régimen de autorizaciones, aunque el propio Gobierno lo diga así (busquen aquí a Torres Dulce).

El Gobierno no autoriza o deja de autorizar nada. La ley  de 2006 dice:

Artículo 8. Limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese.

1. Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos, a los que se refiere el artículo 3, no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado. A estos efectos se considera que existe relación directa cuando se den cualquiera de los siguientes supuestos de hecho:

a) Que los altos cargos, sus superiores a propuesta de ellos o los titulares de sus órganos dependientes, por delegación o sustitución, hubieran dictado resoluciones en relación con dichas empresas o sociedades.

b) Que hubieran intervenido en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado algún acuerdo o resolución en relación con dichas entidades.

Luego añade:

Artículo 8. Limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese.

(…)

4. Las personas que hubiesen desempeñado alguno de los altos cargos comprendidos en el artículo 3 deberán efectuar, durante el período de dos años a que se refiere el primer apartado de este artículo, ante la Oficina de Conflictos de Intereses prevista en el artículo 15, declaración sobre las actividades que vayan a realizar, con carácter previo a su inicio. En el plazo de un mes la Oficina de Conflictos de Intereses se pronunciará sobre la compatibilidad de la actividad a realizar y se lo comunicará al interesado y a la empresa o sociedad en la que fuera a prestar sus servicios.

La Oficina de Conflictos de Intereses, de la que luego hablaré, no autoriza o deja de autorizar, sino que decide si la actividad concreta que el exjerifalte quiere realizar encaja o no en las incompatibilidades previstas en el artículo que antes he transcrito. Si hay compatibilidad lo dice y si no la hay dice lo contrario (y es una decisión recurrible).

Decir que el Gobierno autoriza al señor Torres Dulce a incumplir la ley implicaría defender que esa resolución, que yo desde luego desconozco, está infringiendo la ley. Por cierto, es una “autorización” como la que en su momento permitió a Elena Salgado trabajar para Unión Fenosa en Chile.

Ahora voy a explicar el chiste. Yo creo que esos tuices están mal. Como lo están las noticias. No sé si la nota de los fiscales está mal o bien, ya que no la conozco íntegramente. Digo que están mal los tuices porque dan a entender que existe una prohibición general para la que cabe una excepción discrecional que el Gobierno concede. Y esto no es así según la ley. Si los responsables de esa oficina, con la mísera categoría de subsecretaría dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas …

Ministerio

… creen que la actividad es incompatible y así lo dicen (motivándolo, naturalmente) no hay excepciones ni autorizaciones que valgan. Y si dicen que es compatible no se están saltando ninguna ley, sino que la están cumpliendo.

Ya, ya va lo del chiste: eso que acabo de decir es la explicación formal, porque ¿se está cumpliendo la ley por esos funcionarios que deben velar por que se cumpla? Puede entenderse que sí, ya que la ley es suficientemente vaga para ello. Depende de cómo la interpretes. Esto mismo lo explicaba muy bien Elisa de la Nuez en este artículo. Por lo que parece, lo de Eduardo Torres Dulce no ha sido una excepción, sino una interpretación habitual.

Así que los tuices son formalmente incorrectos: la ley formalmente se está cumpliendo. Lo triste del asunto es que cabía una interpretación menos formal y la razón por la que seguramente no se da es porque no se puede pedir peras al olmo. Vuelvan a mirar el organigrama: ¿creen que los que están en esa minúscula oficina iban a ser capaces de poner trabas a gente de tanta importancia? Sí, la ley era esencialmente deficiente y el organismo encargado de vigilarla esencialmente débil.

La ley ha mejorado bastante (no solo en ese aspecto). Ahora su artículo 15 dice:

Artículo 15. Limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese.

1. Los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado.

La prohibición se extiende tanto a las entidades privadas afectadas como a las que pertenezcan al mismo grupo societario.

2. Quienes sean alto cargo por razón de ser miembros o titulares de un órgano u organismo regulador o de supervisión, durante los dos años siguientes a su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan estado sujetas a su supervisión o regulación.

A estos efectos, se entenderán en todo caso incluidos los altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y el Consejo de Seguridad Nuclear.

3. Se entiende que un alto cargo participa en la adopción de una decisión que afecta a una entidad:

a) Cuando el alto cargo, en el ejercicio de sus propias competencias o funciones o su superior a propuesta de él o los titulares de sus órganos dependientes, por delegación o sustitución, suscriba un informe preceptivo, una resolución administrativa o un acto equivalente sometido al Derecho Privado en relación con la empresa o entidad de que se trate.

b) Cuando hubiera intervenido, mediante su voto o la presentación de la propuesta correspondiente, en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado la decisión en relación con la empresa o entidad.

Sin embargo, el organismo encargado de su aplicación sigue igual de rácano que antes.

Termino. Puede que haya cometido algún error, ya que se trata de una materia que no domino, así que agradecería que de ser así alguien me lo indicara. En cualquier caso, me parece mal que quien ha sido Fiscal General del Estado pueda en apenas ocho meses fichar por un despacho de abogados. Si la ley lo permite, hay que cambiarla ya. Para que no vuelva a repetirse.

Bastaría por cierto con decirlo así. Expresamente.

Por cierto, me cae estupendamente D. Eduardo.

2 comentarios en “Dulce ley

  1. Hola, solo una pequeña corrección organizativa: la Oficina de Conflictos de Intereses no tiene rango de Subsecretaría (que por cierto no es un rango mísero: el Subsecretario va justo debajo del Ministro), sino de Subdirección General, que efectivamente es el órgano administrativo de menor rango que existe en la Administración General del Estado.

    Esto se puede comprobar en el organigrama oficial del Ministerio, disponible aquí:
    http://www.minhap.gob.es/es-ES/El%20Ministerio/Organigrama/Paginas/organigrama%20HTML%20Ministerio%20de%20Hacienda%20y%20Administraciones%20Publicas.aspx

    Es curioso, porque la Oficina tiene rango de Subdirección General pero el rango de su titular ha cambiado este año con la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-3444 – Art.19) y ahora tiene rango de Director General, un grado por encima y ya alto cargo.

    Lo cierto es que el hecho de que este Director dependa de un Ministerio y sea nombrado por el Consejo de Ministros no habla bien de su independencia. Mi opinión es que quien tiene que decidir (entre otras cosas) sobre si miembros del Gobierno y altos cargos están cumpliendo o no ciertas leyes debería gozar de mayor independencia organizativa, para poder hacer su trabajo correctamente sin miedo al cese.

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