El dislate nacional

 

Tiempo atrás, cuando el proceso secesionista catalán aún quería guardar las formas, uno tenía que efectuar juicios de intenciones para demostrar la mendacidad de muchos políticos y dirigentes catalanes al utilizar los instrumentos del ordenamiento jurídico para dinamitarlo. Es cierto que no resultaba un juicio muy complicado, porque cada vez era más evidente que se estaba imponiendo un permanente uso fraudulento de la ley y que la propia dinámica del discurso, necesitado de tintes gloriosos, dificultaba enormemente el encubrimiento de las auténticas intenciones. Basta con leer las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el circo del año pasado para comprobar lo simple que resultó demostrar ese uso compulsivo del fraude.

Hoy ya no es preciso ningún juicio de intenciones. La convocatoria electoral es, para una de las candidaturas, un fraude declarado y buscado. Pretenden que unas elecciones que, conforme a ley solo pueden servir para una cosa, sirvan para otra diferente. Más aún, han anunciado que de lograr su objetivo fraudulento directamente dejarán de cumplir todo el ordenamiento jurídico español (pues esa es la consecuencia de arrancar la clave de bóveda de ese edificio) y lo sustituirán por otro cimentado en un sujeto político diferente.

Que esto es así me parece indiscutible. Sin embargo, cuando el Partido Popular, hoy, ha presentado una proposición de ley para, al parecer, dotar al Tribunal Constitucional de mecanismos añadidos para obligar a que se cumplan sus sentencias, esto, que es perfectamente legal, ha sido tildado de electoralista.

No vean hasta dónde llegan mi perplejidad y mi cansancio.

Que un partido o unos partidos que se presentan a unas elecciones rompiendo radicalmente las reglas del juego electoral y anunciando que lo siguiente será incumplir todas las reglas del juego, acusen a otros de hacer algo legal por razones exclusivamente electorales es una burla. Son como el violador que acusa a la mujer forzada de vestir provocativamente.

Y que los otros partidos que denuncian la maniobra secesionista se apunten a la acusación resulta sangrante. ¿Les parece mal que las sentencias del Tribunal Constitucional se cumplan? Porque uno comprendería que se afirmase que el Partido Popular lleva años gobernando con mayoría absoluta y podría haber hecho esto antes, pero esto mismo es aplicable a los otros partidos con mayorías suficientes para proponer una ley similar. También podrían haberlo hecho antes. ¿Creen que el Partido Popular pretende ganar votos con esto? Pues apúntense a la manifestación y estropéenles la jugada. Porque la cuestión es sencilla: estas elecciones no se han planteado como las anteriores elecciones autonómicas. Se han planteado en unos términos tales que solo caben dos bandos: los que están en el lado de la ley y los que no.

Lo electoralista es seguir jugando a dos bandas y situar en el mismo nivel al que anuncia que va a romper las reglas de juego y a tu oposición política, pese a que tu oposición política actúe dentro de la constitución. Por eso es sangrante acusar de electoralismo a los que mal y tarde anuncian una medida manifiestamente higiénica, porque lo hacen mal y tarde, pero lo hacen, mientras que tú sigues apostando por ganar votos entre los que creen que es una opción saltarse la ley.

Llegados a este punto, con los mendaces ya sin careta, no habría que admitir que comiencen una frase en la que se usen palabras como electoralismo o ley sin dejar constancia de que han perdido el derecho a usarlas rectamente.

Sin embargo, el coro de los ambiguos no solo no deja constancia de eso, sino que apuntala el disparate.

No es extraño que tanto catalán ande confuso, cuando tantos que dicen defender la constitución y las leyes actúan como si prefiriesen a los que quieren acabar con ellas frente a los que quieren que se cumplan.

Quién sabe; quizás no las defiendan tanto.

 

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10 comentarios en “El dislate nacional

  1. “[…] cuando tantos que dicen defender la constitución y las leyes actúan como si prefiriesen a los que quieren acabar con ellas frente a los que quieren que se cumplan.”

    No actúan como. A poco que exista la posibilidad de obtener un rédito, los prefieren abiertamente.

  2. Bueno, supongo que lo que impulsa a los independentistas catalanes es saber que la legalidad, por lo menos aquí, no depende de lo decidido si no de quién interpreta lo decidido…el mismo TC con otros componentes podría tener otra “sensibilidad” y quizá sólo es esperar la adecuada conjunción partido/s-jueces/magistrados del TC que permita legalizar (“interpretar”) lo que antes era ilegal (¿…”alegal”…?), debido a la “correcta interpretación” (ahora sí) de lo que sea…

  3. Es, desde luego, pornográfico escuchar al senyor Mas declarar, con la hiriente solemnidad de los cínicos: “El PP se plantea cargarse el estado de derecho” (sic). ¿Y él? ¿Pero qué quieren hacer él, Fat Junqueras y Hairy Romeva, acompañados de las chicas del coro, monjas internas o mediopensionistas?
    Pero también es, por lo menos, sorprendente escuchar las reacciones de los partidos “constitucionalistas” (también sic), y me refieron sobre todo a Ciudadanos, porque del PSOE uno ya se lo espera todo, quejándose de la idea y poniéndole pegas cogidas por los pelos por los que se la cogen con guantes de silicona.
    Que el escorpión mate a la rana, entra dentro de su naturaleza; pero que las ranas se maten a patadas, no. Y así estamos los demás: atónitos ante el espectáculo.

  4. Despachados el cinismo desvergonzado de Mas y el calculismo del Psoe, quedaría analizar las cualidades del proyecto, más allá de sus intenciones.
    Personalmente me parece que podrían caber en la naturaleza del TC mecanismos para la ejecución de sus sentencias en lo tocante -teniendo como objeto- a las instituciones y su funcionamiento. Sus actos e incluso la ocupación de sus órganos de gobierno.
    Pero pretender que entre en funciones punitivas ejecutivas (multas) e incluso penales (sanciones mayores, inhabilitaciones) sobre las personas de los gobernantes me parece un despropósito. No está pensado para ello ni tiene los instrumentos básicos para un procedimiento mínimamente homologable.
    No he leído el proyecto y asumo que los medios pueden disparatar, pero parecen coincidir en que se pretende que asuma esas atribuciones.
    Soy de ciencias pero alcanzo a pensar que es algo inquietante. A veces en las obras algún peón joven no tiene un martillo a mano y, por no levantarse, golpea el clavo con la llave inglesa. No es lo correcto, pero me contaron de uno que cogió un nivel. Duró poco.

  5. No si, precisamente multas coercitivas actualmente tiene potestad para imponer, y dicta quién ha de ejecutar la sentencia. Por lo que el obligado a ejecutarla que se negara bien podría recibir esa multa. Ahora bien, a ver cómo desarrollan el proyecto, porque así explicado, parece que le estén atribuyendo al TC competencias que le estaban reservadas a otros poderes del Estado según el 155.
    El tema es que ya hay normas suficientes para pararle los pies a cualquiera, Mas incluido, pero parece que hay que hacer mucho aspaviento o algo así.

  6. La misma brillantez y claridad de ideas de siempre, efectivamente. El enfoque, sin embargo, es distinto a los textos de Tse sobre estas cuestiones: netamente político en esta ocasión, sin más consideraciones jurídicas que afirmar que la proposición de ley es perfectamente legal o que resulta “manifiestamente higiénica”, sin ningún añadido o explicación respecto a esta última consideración. Confío en no ser el único que al empezar a leer esperaba fundamentalmente argumentos que discutieran los del resto de partidos políticos o alguna editorial periodística, en mi opinión razonables: que se ha tomado una decisión de enorme calado respecto al funcionamiento de TC a última hora y a base de rodillo, sin buscar ningún tipo de consenso con los partidos constitucionalistas ni el asesoramiento de instituciones que están para eso, o que el Gobierno trata de quitarse de encima una responsabilidad de naturaleza política que por tanto le corresponde.

    Es decir, por ese flanco, una pequeña decepción. Y por la otra, la netamente política, un gran desacuerdo, porque el argumento se reduce expresamente a esto: esas elecciones provocan una situación excepcional y por tanto, en estas circunstancias, sólo caben dos bandos y en consecuencia criticar esta decisión del PP supone situarse automáticamente del lado de Mas y compañía. Permítame ponerme como ejemplo para rebatirlo, Tse: esta decisión me parece equivocada, pero soy partidario de aplicar el famoso 155 sin el menor complejo, vacilación ni dilación si tras esas elecciones hacen lo que efectivamente vienen anunciando que harán. Eso me parece manifiestamente más higiénico que transformar la naturaleza del TC sin encomendarse a dios ni al diablo.

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