Pan para hoy, hambre para mañana

 

Leo este interesante artículo escrito por Lluís Orriols: Recuperar la lealtad de Cataluña se llama. Su ventaja, la del artículo y Orriols, es que se trata de un autor inteligente que escribe cosas inteligentes. Merece, por tanto, la pena, el esfuerzo de explicar por qué estoy en desacuerdo con él.

Empezaré diciendo que no comparto sus premisas.

Veamos el título. Cataluña no es desleal. Admitir que existe una Cataluña a la que pueda atribuírsele lealtad o deslealtad me plantea dos problemas:

a) Uno de fondo: no creo que la lealtad pueda atribuirse a entes colectivos y artificiales. Menos aún cuando hablamos de millones de personas. Soy muy escéptico, lo digo siempre, con la extensión excesiva de esas ficciones útiles construidas sobre bases más o menos reales. No existen los sujetos colectivos. No hay pasiones colectivas. No hay afectos colectivos. No hay una voluntad colectiva que sirva como sujeto al que podamos imputar actos leales o desleales y, en ocasiones, las metáforas solo sirven para que nuestros análisis de la realidad no se simplifiquen, sino que resulten erróneos. Lo que sí existe es un lenguaje que parte de la existencia de esos entes colectivos y esto sí tiene influencia en el comportamiento de los sujetos individuales. Pero esta es otra cuestión, relacionada con nuestra naturaleza tribal.

b) Otro ad hoc: en las últimas elecciones catalanas, menos del 50% de los catalanes que votaron, votaron a favor de candidaturas secesionistas. Continúan siendo una minoría de los catalanes que pueden votar. ¿Por qué esto se convierte en una deslealtad de Cataluña, de toda Cataluña? Solo se me ocurren dos respuestas: o se impone el lenguaje de los secesionistas catalanes, que dicen hablar en nombre de Cataluña, aunque no haya razón para admitirlo así, o se está prefijando un terreno de juego favorable a las propias tesis “terceristas” del autor. En realidad, de poderse afirmar algo habría que afirmar que Cataluña, hoy, sigue siendo leal.

En mi opinión, los que han sido desleales con España (entendida como Estado constitucional) han sido los partidos nacionalistas. Y es lógico que lo hayan sido, ya que son lo que son y para ellos la España constitucional y su modelo autonómico era un instrumento que sería útil mientras permitiera una construcción nacional que, en su límite, terminaría en la secesión. En cuanto a los ciudadanos catalanes, lo que han hecho ha sido básicamente dedicarse a sus asuntos particulares e ir votando en las diferentes elecciones. Y tampoco es que pueda decirse que el proceso hacia la creación nacional les haya importado mayoritariamente. Basta con ver las cifras de votantes en el referéndum de aprobación del estatuto vigente. Sí, ha habido manifestaciones muy numerosas en los últimos años, pero allí no estaban ni Cataluña ni la mayoría de los catalanes.

Dicho esto, es obvio que el articulista tiene razón cuando afirma que muchos catalanes son secesionistas (él utiliza el término independentista). Y es cierto que la existencia de un fuerte movimiento secesionista en Cataluña plantea un problema serio que será fuente de turbulencias. E imagino que puede tener razón cuando afirma que el secesionismo no es monolítico y que algunos de los que hoy han votado a partidos secesionistas podrían no hacerlo en el futuro.

Como digo, eso parece muy razonable. Lo que falta es un análisis del porqué. Hoy, en 2015, nos dice Orriols que hay una dicotomía entre “independencia o statu quo“. Y al statu quo lo llama inmovilismo. Hay una perversión notable del lenguaje en esa dicotomía. No discuto que muchas personas la perciban así. Lo que discuto es que sea real. Y por eso hablo de trampas en el lenguaje y de asunción de premisas.

En los últimos treinta y cinco años, España se ha convertido en un Estado muy descentralizado. Las competencias de la Generalidad y del parlamento catalán son enormes. Las competencias de la administración  central del Estado se han ido reduciendo, no solo por la descentralización, sino por el proceso europeo. El llamado statu quo no tiene nada de inmovilista. Precisamente porque las instituciones catalanas tienen enormes competencias, su capacidad de hacer política y de transformar Cataluña es todo lo contrario de un statu quo. Esto sin contar con la propia representación de los ciudadanos catalanes en las instituciones de todos, muy importante, dado su peso demográfico y que ha influido, de manera enorme, en la política estatal.

El discurso creado nos lleva a un punto interesante, que es totalmente simbólico. Mil veces he preguntado, y nunca con respuesta satisfactoria, qué derecho individual obtendría un catalán en un hipotético estado catalán que no tuviera ahora. Nos dice Orriols que el “Gobierno central” ha renunciado a lo que llama votante federalista, no poniendo en la mesa ninguna “tercera vía” y escudándose en la legalidad.

Lo interesante del asunto es que el uso peyorativo de la palabra “legalidad” introduce otra perversión. La legalidad es un escudo, sí, pero la legalidad constitucional protege sobre todo al ciudadano individual contra el Estado y contra las mayorías. En particular contra las mayorías organizadas. La legalidad no es una excusa. La legalidad es el principal argumento en toda discusión sobre derechos y sobre construcción de instituciones representativas y administrativas. La legalidad incluye, como es obvio, las reglas para la modificación de la ley.

Resulta, por tanto, chocante que haya que convencer, no a unos votantes de que la ley hay que cumplirla, sino a los encargados de que se cumpla de que es ilegítimo obtener réditos de amenazar con incumplirla. Vuelvo al inmovilismo y al statu quo: admitir la realidad de esa dicotomía implica considerar que el proceso de construcción del Estado español ha de estar siempre en manos de los que no quieren realmente construirlo.

En realidad, la supuesta dicotomía y la llamada “tercera vía” se convierten de nuevo en el pago de un chantaje que solo sirve para ganar un poco de tiempo. Y, además, como sabemos todos, el pago del chantaje solo sirve para animar al chantajista. El votante “federalista” se verá recompensado y podrá iniciarse un nuevo proceso de construcción de nuevas ofensas (como las que el articulista describe) que permitan nuevamente discutir las reglas el juego.

Insisto, no planteo que las reglas no puedan cambiarse. Simplemente planteo que no se puede jugar a algo si el que está jugando contigo cree que las reglas solo sirven mientras a él le interesan.

Hay, además, un error enorme, en mi opinión, en el ejemplo que utiliza. Los ciudadanos no somos consumidores. No podemos escoger a qué Estado pertenecemos. No podemos “cambiar de marca” sin más. Yo no puedo decidir dónde pago impuestos o donde voto y, menos aún, decidir eso mismo por mi vecino.

También esto implica una perversión del lenguaje que influye precisamente en la decisión de muchos catalanes de votar a partidos secesionistas: la idea de que pueden marcharse de España simplemente decidiéndolo así. Y que el Estado ha de ofrecerles algo para que vuelvan a ser leales a la “marca España”.

No. Todos sabemos que no es así. Que no es sencillo en absoluto (personalmente lo creo imposible). No se puede plantear la cuestión como si existiera una equivalencia entre “quedarse” e “irse”. Esto, por desgracia, se probará si el llamado proceso continúa y desemboca en decisiones ilegales. En ese momento se comprobará que los ciudadanos sí pueden escoger fácilmente entre pepsi y cocacola, decidir fácilmente por votar a Junts pel Sí o al PSC, pero no pueden decidir fácilmente entre ser españoles o catalanes (serlo a efectos legales, administrativos y políticos). Veremos que la cuestión del nivel de tolerancia ya no se planteará en términos positivos, sino negativos. Aún no hemos empezado a atisbar ese proceso y personalmente espero que no empecemos nunca.

Es hora ya de que esta cuestión se plantee en sus estrictos términos. Si comprar tiempo garantizase la lealtad de los que quieren, radical o circunstancialmente, irse de España, tendría sentido discutirlo, pero ¿cómo creer esto si cada cesión es instrumental y el punto de vista del desleal es que mantendrá las formas mientras pueda sacar algo a cambio? Véase que todas las demandas de los secesionistas (y en esto muchos que no lo son están de acuerdo) se basan en la existencia de un sujeto de soberanía.

Llegados a este punto, creo que el “tercerismo” es en el mejor de los casos un autoengaño y en el peor simple estrategia política dirigida a ganar elecciones. Pan para hoy, hambre para mañana.

 

Diarios de un tipo que no tiene horno de gas (XII)

 

¿Cuánto vale un rumano muerto?

Aunque les parezca una pregunta extraña, es algo que se discute a diario en una versión más general. Los muertos tienen un valor cuando alguien tiene que pagar por ellos. Siempre que escuchen esa pregunta, miren, habrá un abogado cerca. En cierta ocasión tuve que discutir por el valor de un rumano muerto. Además de muerto, el rumano era un ladrón al morir, casi adolescente. Llevaba en la mano una bolsa con lo robado y corría, de noche, perseguido por los faros —la luz que salta y rebota al compás de las zanjas— de un todoterreno.

Aunque nuestro comercio es el que es, los abogados solemos disimular y no decir cosas como “cuánto vale un rumano muerto”. También la abogada del cazador disimulaba, hasta que, al ver que yo calculaba el valor del rumano muerto como si fuera el de un español muerto, se quejó. “Eso, en Rumanía, es una fortuna”. Lo asqueroso es que la hija de la gran puta tenía razón. Pero pagó.

Su padre no parecía un ladrón. Cogió el dinero con una mano. Una fortuna. También se llevó el cadáver con la otra mano, en un ataúd especial.