La única estrategia posible

 

Me maravilla la facilidad que tiene gente que afirma defender un Estado moderno para admitir la excepción. No porque no sea “natural”, claro. Al contrario, el grupo siempre protege a los suyos y las relaciones con los otros grupos se organizan midiendo la fuerza relativa, como hacen esas tribus que tienen guerras periódicas que terminan casi siempre enseñando un poco los dientes.

Sin embargo, en cuanto la igualdad se rompía, la reacción unánime de las sociedades era el sometimiento. Siempre. Del desarrollo de sociedades más complejas y cada vez más poderosas se deriva la necesidad de regular las relaciones de los súbditos con el poder y de los propios Estados entre sí.

El derecho existe porque es útil. Es mejor saber cuánto hay que pagar por un muerto que facilitar una venganza privada que puede degenerar en turbamulta o guerra. La historia de la Humanidad es la historia paralela del desarrollo de la fuerza militar y del desarrollo de instituciones cada vez más complejas destinadas al mantenimiento de la paz. Esas instituciones han funcionado, aunque parezca que no. Claro, siempre nos acordamos de los fracasos, porque con cada uno se acumulan los muertos en el campo de batalla.

Las claves de esas instituciones tienen que ver con el desarrollo del poder democrático. El poder democrático es más fuerte por varias razones: en primer lugar, porque la arbitrariedad de pocos reúne, casi siempre, menos inteligencia a largo plazo. En segundo lugar, porque rehúye a menudo enfrentamientos estériles malos para los negocios; recuérdese que el poder en las democracias se suele relacionar con los intereses de las clases medias y pudientes. En tercer lugar, porque las democracias, cuando deciden utilizar sus recursos a fondo porque se sienten amenazadas, son capaces de movilizarse con mayor determinación y crueldad, ya que todos los que participan de la prosperidad la defienden y no puedes descabezar un ejército de ciudadanos fácilmente. Por último, las normas de la democracia se suelen basar en principios generales. Nadie quiere admitir vacíos u obscuridades. Como el gobernante de turno puede sentirse tentado a utilizar facultades discrecionales se limita esa posibilidad. Se da la arbitrariedad, claro, pero no en aspectos esenciales para el mantenimiento del proceso democrático, sino habitualmente en cuestiones alimenticias.

Si esa es su fuerza, ¿por qué renunciar a ella? Quizás por partir de una afirmación errónea: todos los problemas tienen solución. Sin embargo, no existen pruebas de que sea así, por más que el progreso científico y la mentalidad ilustrada nos lo hayan hecho creer. Es perfectamente posible que el crimen, la locura o la muerte sean inevitables. Es razonable que se investiguen estrategias para disminuir esas lacras, pero no deberíamos obsesionarnos con el propósito de eliminarlas por completo, porque es posible que un objetivo imposible perjudique otros más sensatos y se olviden las buenas estrategias destiladas a lo largo de siglos, merced a la muerte y el sufrimiento de tantos. Si te empeñas en curarte del cáncer a lo mejor dejas la quimioterapia y te vas a Brasil a que te imponga las manos un sanador.

Imaginemos ahora un escenario: los fines ilegales de un grupo son apoyados por una parte importante de los ciudadanos de un Estado democrático. Esos fines podrían discutirse dentro de las reglas de ese Estado, pero la actuación ilegal (en el extremo, la actuación criminal del terrorista) da ventaja a los que defienden esos fines, hasta el punto de que no es posible conocer con exactitud cuántos realmente están de acuerdo con ellos o en que medida los admiten porque desean verse libres de la situación de enfrentamiento. Con esa actitud, además, se impide la defensa de otros fines distintos y el convencimiento por la palabra, clave del poder democrático. Por tanto, se produce la doble circunstancia de que, por un lado, se cometen ilegalidades, incluso crímenes, y, por otro, estos favorecen la preeminencia de una determinada opción política.

El Estado decide hacer lo racional, habida cuenta la existencia de reglas abstractas aplicables a todos. Se persigue a los que incumplen la ley, se los juzga y castiga. La norma establece que esa consecuencia es incondicionada más allá de las reglas abstractas. Es decir, cuando se juzga a un asesino se le aplican las reglas previstas en los códigos conforme a las normas de inferencia generales, sin considerar motivaciones íntimas, más allá de aquellas que afecten a la capacidad o a la volición. Es así porque eso es lo racional y civilizado. Se inadmiten motivaciones justificadoras de otro tipo.

Por otro lado, ese Estado se niega a admitir el desarrollo de una línea política favorecida por la coacción y la ilegalidad. Es obvio por antidemocrático. No puedes defender la ventaja del que se salta la ley ni del que goza de protección criminal. Y, en consecuencia, limitas el poder institucional de los favorecidos por el paraguas de la arbitrariedad.

Entonces alguien dice: hay un problema y hay que resolverlo, porque hay gente que “piensa distinto” y quiere imponerse o porque hay gente que muere. Veamos las soluciones: unos dirán utilicemos el mismo sistema, el crimen, la coacción y la ilegalidad. Esa ha sido una respuesta tradicional, pero es débil porque también introduce la excepcionalidad. Otros dirán, veamos en qué medida podemos negociar con los que se saltan la ley y con los que los apoyan. Esa es la respuesta de un Estado débil y con déficit democrático, porque también introduce la excepcionalidad y convierte a los que mandan en cómplices de los que incumplen la ley. De esa forma es evidente que la minoría puede imponerse a la mayoría o la mayoría puede tiranizar a la minoría. Basta con que tengan el ánimo o la falta de escrúpulos suficientes para jugar fuerte hasta lograr pasar de una masa crítica de terror o apoyo. Condicionar esa negociación a cualquier concesión previa (por ejemplo, la entrega de las armas o promesas de que en el futuro cumplirán la ley) no cambia nada. Sin la existencia previa de la ilegalidad el Estado no negociaría. Es el que incumple la ley el que, unilateralmente, crea las condiciones para la negociación y eso hace que su conducta sea, evidentemente, rentable.

Ambas soluciones pueden resolver el tema puntual. Lo malo es la consecuencia. La primera solución convierte al Estado en un Estado criminal y terrorista, camino del autoritarismo, porque lo que se hace con el que se salta la ley se termina haciendo con el ciudadano que molesta al poderoso. La segunda solución convierte al Estado en un Estado criminal y terrorista, camino del autoritarismo, porque cuando se permite al que se salta la ley imponerse terminará haciéndose con el poder. Y, en todo caso, lo debilita de tal manera que queda a merced de cualquier estrategia similar.

En resumen, sólo hay una solución posible. No pretender resolver el problema. Simplemente aplicar la ley. Es posible que sigamos así mucho tiempo. O no. Quizás si los que intentan forzar al Estado se convencen de que, de verdad, no van a obtener nada en el futuro, y si los que se apuntan al objetivo, aprovechándose de los réditos, se convencen de que su estrategia hace más difícil la consecución de sus objetivos políticos, la fe de algunos de los primeros empiece a flaquear, y los segundos dejen de apoyarles, porque, ya se sabe, la causa es lo primero.

Quizás sí o no. Pero no nos lo planteemos. Simplemente hagamos lo correcto. Como si fuésemos personas mayores de edad, libres y responsables.

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