Qué es un rey para ti

 

Ayer Arcadi Espada escribía este artículo. Estoy en desacuerdo con unas cuantas cuestiones de las que se plantean en él y con algún calificativo, especialmente alguno de tipo legal, pero eso no es lo que me interesa en esta ocasión.

Lo que me interesa es esto:

Entre otros asuntos, no menores, porque al presidente de la Generalidad lo nombra el Rey de España, y seguramente al Rey de España le convendría saber si su firma, por muy a acto debido que responda y muy automática que sea, va a sancionar el nombramiento de alguien que ha manifestado nítidamente su voluntad de destruir el Estado.

Si nos atenemos a la literalidad, parece que Espada está preocupado por que el Rey conozca que el actual Presidente de la Generalidad es secesionista y, con el apoyo de diputados que suponen la mayoría absoluta del Parlamento catalán, ha anunciado que va a llevar a la práctica un plan ilegal de secesión (declarado nulo por el Tribunal Constitucional).

Es difícil pensar que el Rey no conozca esos hechos, salvo que asumamos que es oligofrénico, pero como el propio Espada demuestra que conoce que el nombramiento es un acto debido, es difícil deducir de la lectura del artículo y de su literalidad que el autor pretenda otra cosa.

Sin embargo, hoy mismo, en el programa de Carlos Alsina, el propio Arcadi Espada y David Jiménez, director de El Mundo, han planteado (a partir de 02H40′) la posibilidad de que el Rey no hubiese “sancionado” el nombramiento de Carles Puigdemont.

No sé si David Jiménez sabe de qué habla y no voy a presuponerlo, pero Espada demuestra en su artículo que sí. En cualquier caso, ambos plantean que el Rey incumpla la Constitución y que incumpla su juramento.

El artículo 61 de la Constitución establece:

1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.

El artículo 56 establece:

1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

Ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Esas y no otras.

El artículo 152 de la Constitución dice:

1. En los Estatutos aprobados (…) la organización institucional autonómica se basará en (…)  un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey (…)

El artículo 67 del Estatuto de Cataluña (ley orgánica del Estado español) establece:

(…) 4. El Presidente o Presidenta de la Generalitat es nombrado por el Rey.

El artículo 62 de la Constitución establece que corresponde al Rey:

a) Sancionar y promulgar las leyes.

(…)

f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, (…)

Respecto a la sanción de las leyes, el artículo 91 de la Constitución establece que:

El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

Hoy mismo se ha publicado el decreto que da cuenta del nombramiento conforme a lo previsto en la ley. Es este:

Decreto

Esto dicen la Constitución española y las leyes vigentes que la desarrollan. El Rey, conforme a la Constitución española, simplemente no solo no puede negarse a sancionar ninguna ley (es decir a vetarla), sea cual sea su contenido, sino que tratándose de nombramientos su obligación es aún más taxativa: la Constitución utiliza la expresión “expedir”, ya que se trata de un decreto.

Si el Rey se niega a sancionar una ley o se niega a nombrar a alguien designado por el Parlamento español o por alguna de sus cámaras, sea quien sea, no solo hace algo ilegal e inconstitucional, sino que se atribuye funciones que corresponden al poder legislativo. Es decir, da un golpe de Estado. Haría lo mismo que hacen los espadones que se atribuyen facultades legislativas y empiezan a publicar decretos y a declarar inválidos los que se aprueban en una cámara elegida democráticamente y conforme a la ley. Haría lo que, por lo que parece, está empezando a hacer Maduro en Venezuela, por ejemplo.

La Constitución da al Gobierno, al Senado y al Tribunal Constitucional facultades más que suficientes para, conforme a su letra y su espíritu, detener cualquier ilegalidad como la que se anuncia se va a empezar a producir. Son ellos, el Gobierno, el Senado y el Tribunal Constitucional, los que deben tomar esa decisión. No somos ninguno de nosotros, o el Congreso, o el gobierno de Asturias, o el JEMAD, o la Junta de Gobierno del Casino de Bollullos del Condado o el Rey, los que pueden adoptar decisiones de esa naturaleza. Y no lo somos porque los españoles lo decidimos al aprobar, en referéndum, una constitución que establecía una monarquía parlamentaria.

Saltarse la ley (en particular, la Constitución) no debería ser una respuesta frente a los que hacen eso mismo.

Sobre todo porque se supone que no somos iguales a ellos y por eso tenemos razón.

Menos mal, por lo que parece, que el Rey conoce sus obligaciones.