Qué es un rey para ti

 

Ayer Arcadi Espada escribía este artículo. Estoy en desacuerdo con unas cuantas cuestiones de las que se plantean en él y con algún calificativo, especialmente alguno de tipo legal, pero eso no es lo que me interesa en esta ocasión.

Lo que me interesa es esto:

Entre otros asuntos, no menores, porque al presidente de la Generalidad lo nombra el Rey de España, y seguramente al Rey de España le convendría saber si su firma, por muy a acto debido que responda y muy automática que sea, va a sancionar el nombramiento de alguien que ha manifestado nítidamente su voluntad de destruir el Estado.

Si nos atenemos a la literalidad, parece que Espada está preocupado por que el Rey conozca que el actual Presidente de la Generalidad es secesionista y, con el apoyo de diputados que suponen la mayoría absoluta del Parlamento catalán, ha anunciado que va a llevar a la práctica un plan ilegal de secesión (declarado nulo por el Tribunal Constitucional).

Es difícil pensar que el Rey no conozca esos hechos, salvo que asumamos que es oligofrénico, pero como el propio Espada demuestra que conoce que el nombramiento es un acto debido, es difícil deducir de la lectura del artículo y de su literalidad que el autor pretenda otra cosa.

Sin embargo, hoy mismo, en el programa de Carlos Alsina, el propio Arcadi Espada y David Jiménez, director de El Mundo, han planteado (a partir de 02H40′) la posibilidad de que el Rey no hubiese “sancionado” el nombramiento de Carles Puigdemont.

No sé si David Jiménez sabe de qué habla y no voy a presuponerlo, pero Espada demuestra en su artículo que sí. En cualquier caso, ambos plantean que el Rey incumpla la Constitución y que incumpla su juramento.

El artículo 61 de la Constitución establece:

1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.

El artículo 56 establece:

1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

Ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Esas y no otras.

El artículo 152 de la Constitución dice:

1. En los Estatutos aprobados (…) la organización institucional autonómica se basará en (…)  un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey (…)

El artículo 67 del Estatuto de Cataluña (ley orgánica del Estado español) establece:

(…) 4. El Presidente o Presidenta de la Generalitat es nombrado por el Rey.

El artículo 62 de la Constitución establece que corresponde al Rey:

a) Sancionar y promulgar las leyes.

(…)

f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, (…)

Respecto a la sanción de las leyes, el artículo 91 de la Constitución establece que:

El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

Hoy mismo se ha publicado el decreto que da cuenta del nombramiento conforme a lo previsto en la ley. Es este:

Decreto

Esto dicen la Constitución española y las leyes vigentes que la desarrollan. El Rey, conforme a la Constitución española, simplemente no solo no puede negarse a sancionar ninguna ley (es decir a vetarla), sea cual sea su contenido, sino que tratándose de nombramientos su obligación es aún más taxativa: la Constitución utiliza la expresión “expedir”, ya que se trata de un decreto.

Si el Rey se niega a sancionar una ley o se niega a nombrar a alguien designado por el Parlamento español o por alguna de sus cámaras, sea quien sea, no solo hace algo ilegal e inconstitucional, sino que se atribuye funciones que corresponden al poder legislativo. Es decir, da un golpe de Estado. Haría lo mismo que hacen los espadones que se atribuyen facultades legislativas y empiezan a publicar decretos y a declarar inválidos los que se aprueban en una cámara elegida democráticamente y conforme a la ley. Haría lo que, por lo que parece, está empezando a hacer Maduro en Venezuela, por ejemplo.

La Constitución da al Gobierno, al Senado y al Tribunal Constitucional facultades más que suficientes para, conforme a su letra y su espíritu, detener cualquier ilegalidad como la que se anuncia se va a empezar a producir. Son ellos, el Gobierno, el Senado y el Tribunal Constitucional, los que deben tomar esa decisión. No somos ninguno de nosotros, o el Congreso, o el gobierno de Asturias, o el JEMAD, o la Junta de Gobierno del Casino de Bollullos del Condado o el Rey, los que pueden adoptar decisiones de esa naturaleza. Y no lo somos porque los españoles lo decidimos al aprobar, en referéndum, una constitución que establecía una monarquía parlamentaria.

Saltarse la ley (en particular, la Constitución) no debería ser una respuesta frente a los que hacen eso mismo.

Sobre todo porque se supone que no somos iguales a ellos y por eso tenemos razón.

Menos mal, por lo que parece, que el Rey conoce sus obligaciones.

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4 comentarios en “Qué es un rey para ti

  1. Obviamente, no estoy de acuerdo con los comentarios. Sí con la propuestas de que el Rey no debería haber firmado el nombramiento o que lo podría firmar, aun habiéndole advertido el Presidente del Gobierno de que él no iba a refrendar ese nombramiento, si el Rey, convenientemente asesorado, pensaba que la Constitución le obligaba a firmar dicho nombramiento de forma automática o, incluso, como un autómata.
    Como sabes, mi tesis se basa en los siguientes hechos:
    -El Parlamento de Cataluña aprueba una Declaración de ruptura con España (creo que el 9 de noviembre de 2015)
    -El Gobierno plantea un recurso al Tribunal Constitucional y éste lo acepta a trámite. Con ello, la Declaración queda, automáticamente, en suspenso de forma cautelar.
    -El Tribunal, en un plazo excepcionalmente breve para su costumbre, declara nula dicha dicha Declaración por unanimidad. La brevedad y la unanimidad probablemente no añaden ningún valor jurídico a la nulidad declarada, pero sí tiene valor en cuanto a que testimonia la importancia de la propuesta (de ahí la celeridad de la decisión) y la claridad de su carácter inconstitucional (por eso se produjo la unanimidad).
    – El domingo día 10 de enero de 2016, el Parlamento de Cataluña decide investir como Presidente de la Generalitat a un candidato cuyo programa se basa, y desarrolla íntegramente, la Declaración anulada por el Tribunal constitucional.
    En consecuencia, mi tesis es:
    -Si una Declaración ha sido declarada inconstitucional, quien se propone aplicarla como base de su programa de Gobierno, a fortiori, no puede ser nombrado Presidente de ese Gobierno.
    -Sin embargo, ha sido investido por el Parlamento de Cataluña. Precisamente el mismo Órgano que aprobó la declaración inconstitucional. Esta investidura se produce aplicando uno de los Apartados de la Declaración inconstitucional que decía que no se aceptarían las Sentencias del Tribunal Constitucional.
    -Nótese que la investidura de un Presidente no equivale a su nombramiento y que, en consecuencia, hasta que éste no se produzca el Presidente no puede tomar posesión del cargo.
    – ¿Quién debe y puede impedir este desafuero?. Solamente el Rey, que es el que hace formalmente el nombramiento, o el Presidente del Gobierno de España, que es el responsable de refrendar los actos del Rey.
    -Por eso, mi tesis se completaba diciendo que el Presidente del Gobierno-que es quien asume la responsabilidad de sus actos y de los del Rey-no debería refrendar el nombramiento. Por ello, debería advertirle al Rey, antes de que éste firmara el nombramiento, de su decisión de no refrendarlo. Ante esa situación el Rey, asesorado por sus servicios jurídicos, podría:
    * no firmar el nombramiento, pidiendo, si lo deseaba, que el Presidente del Gobierno le manifestara por escrito su decisión de no refrendarlo en caso de que se produjera, para justificar la razón de la negativa a firmar dicho nombramiento, o
    *firmar el nombramiento, si dichos servicios jurídicos considerasen que este acto es automático y que no hacerlo llevaría al Rey a cometer un acto inconstitucional.

    Nuevamente, el Gobierno de España dejó de actuar, como ha hecho con las banderas o con el aislamiento del español en la enseñanza en Cataluña. Sin embargo, nos anuncia que actuará con firmeza y proporcionalidad ante cualquier ilegalidad que se cometa. Los antecedentes nos obligarían a no creerle. Pero la necesidad nos fuerza, perentoriamente, a darle un nuevo voto de confianza. Aunque, personalmente, me temo que actuará más con proporcionalidad que con firmeza. O no actuará, como en el caso de este indebido nombramiento que, hoy día 12 de Enero, ya ha sido publicado en el BOE. Es más fácil cometer errores con mucha rapidez que adoptar decisiones acertadas, aunque sea con desesperante lentitud.

  2. “Si una Declaración ha sido declarada inconstitucional, quien se propone aplicarla como base de su programa de Gobierno, a fortiori, no puede ser nombrado Presidente de ese Gobierno.”

    Me temo que esta opinión no tiene el menor soporte jurídico, y a partir de ese punto toda su argumentación deja de tener sentido. Para ser nombrado Presidente de un Gobierno hacen falta unos requisitos, que Puigdemont cumple. Sus intenciones, verdaderas o falsas, legales o ilegales, no cuentan hasta que no haya un tribunal que las declare ilegales (o sus actos, o palabras) y aplique las sanciones correspondientes.

    Intentar bloquear su nombramiento por “lo que sabemos que va a hacer” es totalmente ilegal, con ese argumento se podría bloquear el de cualquier cargo público que nos caiga mal. Y si el Rey o el Rajoy comenzaran con actos ilegales, mal se podría luego echar en cara a los otros las suyas cuando empezasen a realizarlas.

    1. Hola Confusa. Constato con placer que lo de confusa es una apelativo para despistar porque no te veo nada confusa en tu comentario. Jurídicamente puede que lleves razón pero ya sabes eso de que lo jurídico, si se quiere que sea creíble, debe ser ante todo acorde con el sentido común. Porque este caso no cae en aquellos en los que alguien nos caiga mal sino que se trata de amenazas contundentes y reiteradas de colectivos que no ocultan que nos quieren cambiar las reglas de convivencia que, civilizada y reglamentariamente, nos hemos dado y apoyado la inmensa mayoría de los españoles de todas las comunidades autónomas. ¿Que pretendes con tus buenas, santas y jurídicas maneras? ¿que lo consigan con sus arteras maneras? ¿Y que el Estado quede atada de pies y manos mientras ellos campan por sus respetos? Si así lo quieres entonces puedes seguir llamándote Confusa porque lo eres y lo estás. Salud

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