¡Viva la autonomía!

 

Habla hoy Arcadi Espada sobre Carles Sastre, este hombre minúsculo, y sobre la amnesia de sus entrevistadores. La segunda de las entrevistas que menciona pueden verla aquí; sí, es fastuosa la formalidad del entrevistador con las rehabilitaciones del entrevistado. Cuántas veces no lo son en otras ocasiones en las que el ruido y la furia transmigra incluso más allá de la muerte y contagia a los descendientes.

Dice Arcadi algo que me parece crucial:

Lo extraordinario es que en las dos entrevistas se trató de política y, más concretamente, de separatismo. Un contexto donde la mención del asesinato aún cobraba más sentido: Sastre mató a un hombre y militó en una banda terrorista por las mismas razones que ahora firmaba el manifiesto favorable a la continuidad de Mas.

Hay una cuestión colateral no muy importante, pero que resulta, en este contexto, sarcásticamente procedente.

He encontrado y leído la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que ratificó la condena de Sastre y la previa que ratificaba la condena de otros de los partícipes en esos mismos hechos.

En ambas, los abogados de los reos argumentaron que se les debía aplicar la ley de amnistía de 15 de octubre de 1977.

Esa ley, en su artículo primero decía:

I. Quedan amnistiados:

a) Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis.

b) Todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis y el quince de junio de mil novecientos setenta y siete, cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España. (…)

Como puede verse, todos los actos anteriores al 15/12/1976 quedaron amnistiados. En esa fecha tuvo lugar el referéndum de la Ley para la Reforma Política que abrió pasó a las primeras elecciones democráticas y a la redacción de la Constitución Española.

La segunda de las fechas, la del 15/6/1977, fue la de las primeras elecciones generales.

Los actos que quedaron amnistiados entre la primera y la segunda de las fechas exigían que el móvil del crimen lo fuese el restablecimiento de las libertades públicas o la reivindicación de autonomías “de los pueblos de España”.

El asesinato de José María Bultó tuvo lugar el 9/5/1977.

Sastre, como otros de los autores del asesinato de José María Bultó, estaba en prisión y fue puesto en libertad por aplicación de dicha ley. El Gobierno decidió recurrir esa decisión judicial, pero Sastre y el resto fueron avisados (al parecer por una periodista) y escaparon a Francia. La amnistía fue revocada, por cuanto el móvil no era la autonomía, sino la independencia.

Esto es lo divertido. Los abogados de los acusados, en los dos juicios y en los dos recursos, alegaron que el delito sí había sido amnistiado. El argumento dado fue que hasta la Constitución Española (posterior en un año a la Ley de Amnistía) autonomía podía equivaler a independencia.

Dice el Supremo:

… al no concederse al inculpado el beneficio de amnistía a que cree tener derecho, aludiendo a que, si bien a partir de la Constitución de 1978 puede distinguirse entre los conceptos de «independencia» y de «autonomía», en octubre de 1977, cuando se promulga la Ley de Amnistía, en modo alguno puede decirse que exista política o jurídicamente acuñado el término de autonomía.

(…) Indudablemente, el secesionismo del complejo unitario del Estado español, con ánimo de erección de un país independiente, no puede parificarse a la intención reivindicativa autonómica a que alude la Ley citada. El acusado y recurrente pertenecía al Ejército Popular Catalán para la liberación de los Países Catalanes, rama o brazo armado del Front Nacional de Catalunya que propugnada la independencia.

(…) Ha de recordarse que en la fecha de los hechos las libertades públicas se hallaban restablecidas por la Ley de Reforma Política de 4 de enero de 1977, y las autonomías en trance de promoción y creación, siendo restablecida la Generalitat en el propio año. El propósito de secesión o de independencia de Cataluña -resume citada sentencia de 1982- por la fuerza de las armas y mediante un ejército revolucionario no puede estar en el ámbito de la citada Ley de Amnistía, a no ser mediante una interpretación extensiva que repugna a toda medida de gracia y que indebidamente parifique autonomía e independencia. Que en el texto constitucional queden perfectamente definidos los conceptos de «autonomía» y «comunidades autónomas» – artículos 2, 3.2, 137, 143, etc.-, no supone que, con precedencia a la promulgación de la Constitución, se confundieran, tornándose sinónimos o equivalentes, los de «autonomía» e «independencia», cuando el proceso hacia el logro de las «autonomías», en su acepción propia y genuina, fue lento en su elaboración, siendo objeto de plurales sugerencias y anteproyectos y, desde luego, incurso en la dialéctica de la transición política hacia la democracia, sin ambigüedades ni confusiones.

Uno comprende al abogado. Cuántas veces he intentado yo cosas tan absurdas como esta. Incluso uno comprende al hombrecillo Sastre, que se jugaba el cuello. Lo divertido es que el proclamado histórico del independentismo combativo, ese hombre ideal, el preso político catalán de más larga trayectoria, tenga ese agujero en su biografía. Que no se levantase en su juicio y dijera: “¿que no sabía yo que mataba por la independencia de Cataluña? ¡Aparten de mí a ese abogado!”

Esta sería una buena pregunta para Sastre: si no ha devenido independentista desde el autonomismo que proclamaba su abogado cuando pedía la amnistía para sus crímenes.

Ya saben, sería otro producto más de la fábrica de independentistas.

Por cierto, esa argumentación —por llamarla de alguna forma— del abogado es, despojada de las costras del tiempo, la misma que tantas veces aflora en los que dicen que se van, que se están yendo, pero que nunca se van del todo.

A ver si todos van a ser autonomistas como Sastre.

 

Bobadas

 

Leo esta entrada de Santiago González y el robot @qtyop indica que el Hacienda somos todos fue invención (como argumento jurídico) del juez Castro, en su auto de apertura de juicio oral, y que, en consecuencia, los opinantes se equivocaron al atribuir a la abogada del Estado la introducción “alegre” en una discusión jurídica de un argumento tan pobre. Se añade, en la entrada, además, que la abogada del Estado trató, como merecía, la “bobada argumental” del juez Castro. Luego se añade que este argumento ha sido asumido por las “jóvenes” magistradas de la Audiencia que han decidido que Cristina de Borbón siga en el banquillo.

En realidad, la cuestión, como de costumbre, se ha dislocado, porque entre optar por una argumentación jurídica muy enrevesada y compleja o centrarse en una parida, los opinantes —profesionales y/o tuiteros varios— siempre escogerán la parida.

Digo esto por las siguientes razones:

a) Lo de Hacienda somos todos era, en el auto del juez Castro (antes enlazado), una simple mención de pasada. Su auto me parece confuso y técnicamente muy flojo (a menudo, por ejemplo reproduce artículos de prensa de Enrique Gimbernat), pero la razón para imputar no era la frase de marras. Además, es fácil comprender de dónde proviene la inclusión de la frase. El juez Castro hizo, como hace Gimbernat y como hace cualquier jurista, uso de las argumentaciones contenidas en los votos particulares de las diferentes sentencias dictadas por el Tribunal Supremo sobre la cuestión controvertida: la capacidad de una acusación popular para, conforme a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre el procedimiento abreviado, sostener una acusación si el fiscal y el acusador particular no lo hacen.

Basta con observar que, en el auto de apertura del juicio oral, Castro reproduce partes de todos los votos particulares de los magistrados del Tribunal Supremo en la sentencia sobre el caso Botín (la primera que introdujo esa limitación para la acusación popular).

Pues bien, en uno de esos votos, el magistrado D. Julián Sánchez Melgar dice esto (entre otras muchas cosas):

En efecto, no siempre es fácil de determinar cuál es el concreto ofendido o perjudicado por el delito, sobre todo en función de aquellos delitos cuyo bien jurídico protegido no es la vida, integridad física, honor, libertad o patrimonio de un particular, sino cuando se trata de intereses difusos o colectivos. ¿Quién es el perjudicado por un delito contra la Administración Pública: solamente el Abogado del Estado, solamente el particular afectado por la resolución prevaricadora, o todos los ciudadanos? ¿Quién es el afectado por un delito medioambiental? ¿Quién respecto a un delito contra la defensa nacional? ¿Quién en un delito contra la salud pública, cuando la jurisprudencia reiteradamente declara que no se puede confundir con la salud individual de cada uno de los destinatarios de las sustancias? Y por fin, ¿quién es el ofendido en un delito contra la Hacienda Pública? ¿Solamente el Abogado del Estado, como representante del Erario Público? ¿Hacienda no somos todos?

b) Como es obvio, Castro leyó esta mención, simplemente ejemplificativa, con su punto de ironía, del magistrado del Tribunal Supremo, y la utilizó. Pero lo hizo con una extensión similar, es decir, para ilustrar el razonamiento jurídico. Ese razonamiento sobre la naturaleza del delito existe en el auto del juez Castro y se fundamenta en citas jurisprudenciales (básicamente las que derivan de la sentencia en el caso Atutxa) y legales.

Aclaro que no comparto lo que dice Castro (ni, claro está, lo que dice Gimbernat) y ya expliqué aquí por qué. En mi opinión, las sentencias dictadas en la materia y su lectura conjunta (y la de los votos particulares) establecen con claridad que cuando existe una acusación particular personada no se puede abrir juicio si esta y el fiscal no acusan, solo porque lo haga la acusación popular. Esto, sin embargo, no quiere decir que Gimbernat y Castro se hayan basado en un eslogan.

c) Para terminar, me gustaría referirme al auto de las “jóvenes” magistradas de la Audiencia de Baleares que “han dado por bueno” el argumento de que Hacienda somos todos, según Santiago González.

Me temo que no es así. El auto no da por bueno ese argumento (que, como hemos visto, tampoco era “el” argumento). El auto, en realidad, no se basa en los argumentos que aparecen en la resolución de Castro, sino que contiene un análisis pormenorizado de la jurisprudencia dictada en la materia, de la que finalmente se apartan expresamente. Así, tras resumir de forma muy clara y sucinta, en el Fundamento de Derecho segundo, la jurisprudencia, en el Fundamento de derecho tercero las magistradas hacen lo que sigue:

1.- Explican en qué consiste la acción popular y para qué fue creada, desde una perspectiva constitucional.

2.- Discrepan de la jurisprudencia sobre el alcance de las expresiones contenidas en materia de procedimiento abreviado y para justificarlo hacen un análisis (que ya aparece en alguno de los votos particulares de las sentencias del Supremo) del devenir de la reforma (con referencia a las enmiendas y al texto de la Exposición de Motivos) que introdujo la modificación del procedimiento abreviado —la que dio lugar a la doctrina Botín—. Ese análisis (del que se puede discrepar o no; personalmente lo comparto) es detallado y razonable.

3.- Analiza la posibilidad de que la llamada doctrina Botín no resulte aplicable cuando sí se está acusando respecto de otro u otros acusados (como es el caso, ya que se acusa a los respectivos esposos de la infanta Cristina y Ana María Tejeiro). Se trata de saber si las acusaciones (fiscal y acusación particular) pueden dejar fuera a algunas personas pese a que los hechos sí se introduzcan por esas acusaciones en el plenario como enjuiciables pero referidos a otros.

4.- Establece que no existe una obligación de seguir la jurisprudencia del Tribunal Supremo por haber sido “constitucionalizada” en la STC 205/2013 de 5 de diciembre. Y tienen razón por cuanto esa sentencia simplemente postuló que no existía identidad entre un caso de delito contra la Hacienda Pública y otro de desobediencia y no se daban los requisitos constitucionales para estimar infringido el principio de igualdad.

5.- Analiza la naturaleza jurídica del bien jurídico protegido en los delitos contra la Hacienda Pública, a los que califica de delitos pluriofensivos, de naturaleza colectiva o metaindividual. Y lo hace con citas de sentencias del Tribunal Supremo, incluso con cita de alguna que podría interpretarse en sentido contrario a sus tesis, como la la STS 4/2015, de 29 de Enero. Hacen, además, una mención sucinta, pero clara, de las posiciones doctrinales (la tesis patrimonialista, frente a la funcionalista), que discuten sobre si lo afectado es el patrimonio público o si lo es la función pública financiera o, más limitadamente, la función pública del tributo. Las magistradas afirman que la existencia de un concreto perjudicado por el delito (la Hacienda Pública) no agotaría la posibilidad de que otros (ciudadanos en general) puedan considerarse también afectados por cuanto, el impago —en este caso— implicaría una conducta inequitativa y dañina para la sociedad, ya que el Estado contaría con menos recursos para el cumplimiento de sus fines.

6.- Finalmente —y esto es a mi juicio lo esencial—, sobre la base de todos estos argumento dicen las magistradas esto:

En su consecuencia, la doctrina emanada de la STS 1045/2007, desnaturaliza la institución del acusador popular amparándose en una interpretación asistemática de la norma penal y, en argumentaciones valorativas de la voluntad del legislador que no se ajustan a las realmente queridas, a tenor del sentido literal de las enmiendas y de la exposición de motivos que anteriormente hemos transpuesto. Y, esa desnaturalización se sigue manteniendo si se interpretan en sentido acumulativo los efectos excluyentes a tal limitación, contenidos en las SSTS 54/2008 y 8/2010. Ello es así, por cuanto que, de exigirse en los supuestos de delitos de naturaleza difusa, colectiva o metaindividual en los que exista un perjudicado o perjudicados concretos, que el acusador particular o bien no se persone en la causa o, personado, ejercite la acción penal, para que el acusador popular esté legitimado para accionar, continúa dejándose en manos de tal acusación particular el devenir procesal del acusador popular respecto de delitos que, no lo olvidemos, por los bienes jurídicos que amparan, configuran un espacio donde halla su más plena justificación la participación de los ciudadanos en el proceso. En definitiva, esta doctrina jurisprudencial que no halla sustento en la norma procesal penal vigente ni puede ampararse en la voluntad del legislador que, de haber querido, hubiera contemplado tales limitaciones al ejercicio de la acción popular, no puede dejar de cohonestarse con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a la que hacíamos referencia al inicio del presente fundamento de la que se extrae que, la existencia de la acusación popular en el proceso penal -a partir de la previsión legal contenida en los artículos 101 y 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal-, se integra “en el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva y disfruta de la protección que le otorgan los medios 35 constitucionales de garantía (amparo)”, como expresa la STC 64/1999, de 26 de Abril.

Es decir, que las magistradas, tras hacer un estudio técnicamente solvente y correcto de la jurisprudencia y de la ley, se apartan de la jurisprudencia consolidada por las razones que explican y lo dicen abiertamente. Esto demuestra que la conocen. Si el Tribunal Supremo finalmente se pronuncia sobre la materia podrá reafirmar nuevamente su posición (y, en tal caso, revocará esta decisión) o la modificará: bien radicalmente, bien introduciendo una nueva excepción en casos como este en el que sí se abre juicio por esos hechos contra otros acusados (supuesto no de sobreseimiento parcial, en mi opinión, sino total respecto de esos acusados, y es este punto el único en el que discrepo radicalmente del auto dictado).

El juez Castro no hacía nada de esto.

Habrán visto que el Hacienda somos todos ni se menciona en el auto. Por cierto: no escuché la argumentación de la abogada del Estado, pero seguro que el Hacienda somos todos tampoco fue el centro de su argumentación jurídica.

La doctrina Botín siempre me pareció aberrante y estoy de acuerdo con los argumentos que constan en los votos particulares que aparecen en esas sentencias del Tribunal Supremo. También es cierto que preferiría que todos los tribunales siguieran siempre la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Nos facilitaría a todos el trabajo. Pero no hablamos de preferencias, hablamos de argumentos y los del auto de las jóvenes magistradas no son bobadas (un día, si tengo tiempo y ganas, explicaré el estado de la cuestión sobre la obligatoriedad o no de someterse a la jurisprudencia y concretamente a cuál).

Una última cuestión: por un asunto igual (incluso igual en cuanto a que se abrió juicio respecto de otros acusados), la Audiencia Provincial de Vizcaya dio la solución contraria y dejó sin enjuiciar a un ciudadano anónimo. Espero que nadie siga manteniendo que a Cristina de Borbón se la trata con privilegio. Hay un señor anónimo en Vizcaya que seguro que piensa otra cosa.