Andrés Bódalo

 

 

Veo esto.

Y me voy a la sentencia: AP de Jaén (Sección 2ª) Sentencia num. 240/2015 de 27 octubre

Andrés Bódalo es el que aparece mencionado como “Gabriel”. Mis comentarios son los que aparecen sin sangrar:

 HECHOS PROBADOS.

Se declaran probados los siguientes HECHOS:

El 16 de Septiembre de 2012 una serie de miembros y simpatizantes del SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores) procedieron a realizar un encierro reivindicativo en la Casa de la Cultura de Jódar, solicitando del Ayuntamiento de la citada localidad un Plan de Empleo Público para paliar los escasos días de trabajo de la campaña de vendimia. En este marco todos los días salían del encierro con pancartas por distintas calles de la localidad.

El 27 de Septiembre de 2012 con ocasión de que varios sindicalistas estaban citados en el Ayuntamiento para prestar declaración en un expediente sancionador por el incumplimiento de una Ordenanza sobre el uso público de megafonía, la Policía Local de servicio manifestó a los comparecientes que no podían entrar a declarar en las dependencias municipales todos juntos sino de uno en uno, produciéndose una discusión entre los comparecientes y la policía local sobre dicho extremo. En ese momento, como los jornaleros encerrados habían salido para realizar su marcha diaria, decidieron solidarizarse con el resto de sus compañeros, realizando todos juntos una sentada en la Plaza de España, junto a la entrada del Ayuntamiento, produciéndose un corte de tráfico que fue desviado por la Policía Local por las calles adyacentes.

La sentada, en la que participaban unas 60 o 70 personas, entre las que se encontraban todos los acusados, se estaba desarrollando por cauces pacíficos, hasta que en un momento dado, cuando Rubén, teniente-alcalde de dicha localidad, se disponía a entrar en las dependencias consistoriales, tras haber salido momentos antes a tomar un café, escuchó cómo Sonsoles gritaba: “Ahí viene el Rubén , vamos a por él”; en dicho momento varios de los participantes en “la sentada” se avalanzaron sobre el concejal, arrinconándole contra la pared, a escasos metros de la entrada del Ayuntamiento, siendo golpeado con los puños por Gabriel y Jenaro; y recibiendo varias patadas por parte de Sonsoles y Gregoria.

La Policía Local al ver los anteriores hechos formó rápidamente un cordón de seguridad para proteger al concejal, logrando introducirlo en el Consistorio e impidiendo a los allí reunidos entrar en dichas dependencias, si bien finalmente se calmaron los ánimos y desistieron de su actitud, volviendo al encierro en la Casa de la Cultura, donde fueron finalmente desalojados el 5 de Octubre.

Como consecuencia de los hechos descritos Rubén sufrió lesiones consistentes en dolor costal y contusión costal con hematoma, las cuales no precisaron para su sanidad más de una asistencia, tardando en curar 4 días no impeditivos.

Al realizar el cordón policial resultaron igualmente lesionados, con diversas contusiones, dos Policías Locales y 2 manifestantes:

-El Policía Local Miguel Ángel presentaba una contusión lumbar, que no precisó más de una asistencia para su curación, requiriendo para su sanidad 14 días (7 de los cuales fueron incapacitantes).

-El Policía local Pedro Francisco presentaba dolor e impotencia funcional en el brazo derecho, que no precisó más de una asistencia para su curación, requiriendo para su sanidad 5 días (3 de los cuales fueron incapacitantes).

– Rita presentaba dolor abdominal y eritema en epigastrio hasta hipocondrio, que no precisó más de una asistencia para su curación, requiriendo para su sanidad 3 días no impeditivos.

– Sonsoles presentaba dolor en cuello, espalda y cabeza, así como dos erosiones en la muñeca derecha, que no precisó más de una asistencia para su curación, requiriendo para su sanidad 15 días (5 de los cuales fueron incapacitantes)

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

 .- Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular califican los hechos acaecidos el 27 de Septiembre como constitutivos de un delito de desórdenes públicos previsto y penado en el art 557.1 del CP (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) , en su redacción anterior a la LO 1/2015 (RCL 2015, 439) .

Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de Julio de 2011 (RJ 2011, 6164) “El art. 557 del C. Penal tipifica la conducta de alterar el orden público con el fin de atentar contra la paz pública. (…)

En el caso de autos no consideramos que pueda hablarse en la descripción de hechos probados de un delito de desórdenes públicos. Se trataba de un acto reivindicativo de carácter sindical que se estaba desarrollando por cauces pacíficos, (…)

El propio concejal agredido reconoce en su declaración que “la sentada” de protesta se desarrollaba de forma pacífica; de hecho, momentos antes de la agresión sufrida, salió tranquilamente del Ayuntamiento a tomar un café, no existiendo en aquel instante ningún intento de acometimiento, más allá de ciertos abucheos y consignas reivindicativas. (…)

Por tales motivos procede absolver libremente a todos los acusados del delito de desórdenes públicos ya analizado.

Como pueden ver, el tribunal absuelve a todos los acusados (eran dieciocho) por un delito por el que se pedía una pena de un año y nueve meses de prisión.

SEGUNDO

 .- Se articula acusación igualmente por un delito de atentado contra el teniente-alcalde de la Corporación Municipal (…)

En el caso de autos tanto de la declaración del concejal agredido, como de la declaración de todos y cada uno de los agentes de la Policía Local y Guardia Civil que depusieron en el acto de la vista, se desprende sin género de dudas que se produjo un acto de acometimiento físico contra el aludido concejal, precisamente por su condición de concejal y no por cualquier otro móvil ajeno a sus funciones públicas. Cualidad que era sobradamente conocida por todos los acusados.

No hay duda de que el concejal sufrió una agresión. Según el tribunal todos los testigos declaran que así sucedió. No hay duda, por tanto, de que se cometió un delito de atentado.

(…) Con respecto a la autoría material de estos actos de acometimiento nos encontramos básicamente con la declaración de la víctima, el cual identifica plenamente a Gabriel , Jenaro, Sonsoles y Gregoria, como los autores de la agresión sufrida; a los dos primeros los acusa de haberle dado puñetazos y a las dos segundas patadas.

La prueba contra los acusados es la declaración del testigo. Los agentes no pudieron identificar al agresor. Salvo en un caso: en el caso precisamente de Andrés Bódalo, en el que, como veremos, concurre una prueba añadida, la declaración de un agente fallecido. Sin embargo, en la sentencia no veo que haya testimonios de los agentes que sean prueba de descargo como afirma aquí. Que los agentes no vieran quién agredía no es prueba de descargo. Lo sería que alguien afirmase que Bódalo no intervino.  

A tales efectos debemos de recordar que para que la declaración de la víctima tenga aptitud para desvirtuar el principio de presunción de inocencia es necesario que reúna una serie de requisitos:

1º.- Ausencia de la incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones acusador/acusado, que pudiera conducir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, interés o de cualquier índole que prive a la declaración de la aptitud necesaria para generar certidumbre.

En el caso de autos pese a las manifestaciones realizadas por la defensa sobre un ánimo espúreo en la identificación realizada derivado de la rivalidad política existente entre las partes, no consideramos que la mera discrepancia ideológica o la pertenencia a un determinado sindicato o partido político, prive de cualquier valor a la declaración realizada por la víctima, cuando no se ha manifestado ni acreditado ningún elemento de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, interés o de cualquier índole de la víctima con respecto a los acusados.

En este punto advierto una motivación insuficiente. Se declara hecho probado que los acusados le identificaron y fueron a pegar al concejal. Esto, al menos, demuestra una animadversión contra el concejal que puede tener origen en una mala relación mutua. No obstante, es cierto que debería haberse probado en el juicio esa mala relación previa, con hechos sometidos a contradicción, para desvirtuar la declaración del testigo, que señala a personas concretas, cuando lo cierto es que le acometen y agreden muchas personas.

2º.- Verosimilitud, ya que, puesto que la declaración de la víctima no es propiamente testimonio, en cuanto la misma puede mostrarse parte en la causa, ha de estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria en orden a su finalidad primordial, como es en definitiva la constatación de la real existencia del hecho. (…) En el caso de autos concurre en el relato de la víctima tanto la coherencia interna como externa que hacen el mismo verosímil.

Con respecto a la coherencia interna nos encontramos con un relato fluido, preciso, coherente y creíble a juicio de esta Sala, no apreciándose ningún titubeo o contradicción en la exposición del mismo.

Con respecto a la coherencia externa, nos encontramos con datos objetivos de carácter periférico que confirman la realidad del testimonio; en este sentido podemos destacar el informe del IML que transcribe la sintomatología apreciada en el parte de urgencias en donde se describe la contusión costal y hematoma perfectamente compatible con el relato de los hechos; igualmente nos encontramos con la declaración de todos los agentes policiales que declararon en el acto de la vista, los cuales si bien no fueron capaces de identificar concretamente a los agresores, sí constataron el ataque y vieron “in situ” el moratón que presentaba la víctima una vez que fue introducido en las dependencias municipales. En este sentido merece destacarse la declaración del Policía local NUM050 ( Miguel Ángel ), ya fallecido, si bien se incorporó su declaración al acto del juicio mediante la lectura de la misma, el cual sí identifica plenamente a Gabriel como uno de los autores de la agresión al concejal dándole un puñetazo en la barriga.

Este elemento es muy importante: hay una corroboración de la agresión y de los resultados de la agresión, que coinciden con los detalles dados por el testigo. Y, además, hay un testimonio de un policía que sí identifica a Bódalo. Ese testimonio, aun no reproducido en el juicio oral, es válido, al no haberse producido por el fallecimiento del agente.

3º.- Persistencia y firmeza del testimonio incriminatorio, que ha de ser prolongado en el tiempo, sin presentar ambigüedades ni contradicciones. (…)

En el caso de autos el relato de los hechos realizado por la víctima tanto en fase de instrucción como en el juicio oral no presenta ambigüedades o reticencias y son plenamente coincidentes.

Por lo anteriormente expuesto debemos de considerar a Gabriel, Jenaro , Sonsoles y Gregoria responsables del delito de atentado ya descrito. Dicha responsabilidad se extenderá igualmente al resultado lesivo derivado de tal acometimiento, el cual dada su escasa entidad (lesiones que precisaron exclusivamente una 1ª asistencia para su sanidad) debe de ser calificado como una falta del antigüo art 617.1 del CP , vigente en el momento de producción de los hechos, al ser más favorable en cuanto a su penalidad que el actual art 147.2 del CP.

La sentencia, al menos en lo relativo a Bódalo, cuenta con prueba de cargo suficiente para condenar.

TERCERO

 .- Procede absolver al resto de los acusados, no reseñados en el fundamento jurídico anterior, del delito de atentado al citado concejal, tal y como pretende el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, ya que la mera presencia de los mismos en el lugar de los hechos y su participación en los actos reivindicativos o de protesta ya descritos, no les hace responsables del acto de acometimiento cometido por los cuatro acusados ya identificados.

Como puede observarse, la sentencia condena a cuatro personas, pero absuelve a catorce. 

Igualmente procede absolver libremente a los acusados del delito de atentado a los agentes de la Policía Local ya que, tal y como se constató en el acto del juicio, los actos de acometimiento no fueron dirigidos contra dichos agentes, sino contra el concejal, si bien se produjeron ciertas contusiones tanto en los agentes como en los manifestantes como consecuencia del cordón policial realizado para proteger al mismo.

Más aún, la sentencia absuelve de atentado contra los agentes de la policía local con un argumento, en mi opinión, muy discutible: que no querían acometerlos a ellos sino al concejal. Digo que es un argumento discutible, porque si el agente está protegiendo a una autoridad y alguien, para acometer a esa autoridad, lo hace previamente con el agente, en mi opinión, hay también atentado. El agente está desempeñando sus funciones propias y quien le acomete lo hace con el dolo propio del delito de atentado, por mucho que su fin último sea agredir a otro.

Por último procede absolver a los acusados de la falta de amenazas igualmente objeto de acusación, supuestamente dirigidas a miembros de la Policía local, ya que no se ha acreditado la efectiva producción de las mismas.

CUARTO

 .- En la comisión del delito de atentado descrito en el Fundamento Jurídico Segundo de esta resolución, concurre en el acusado Gabriel la agravante de reincidencia del art 22.8º del CP (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) ya que el mismo había sido ejecutoriamente condenado el 30 de Junio de 2010 (firme el 6/9/2011) por la AP de Sevilla por un delito de atentado.

La sentencia impone la pena mínima. Bódalo ya había sido condenado por atentado. Es decir, va a prisión porque es reincidente. Vean ustedes que a los otros condenados se les impone la pena de un año (cuando la pena va de uno a seis años). Es la reincidencia la que determina esa condena, por aplicación estricta de las disposiciones del código penal. 

No concurre en la comisión de los hechos descritos la atenuante de dilaciones indebidas alegada por la defensa. (…)

En el caso de autos no podemos hablar de dilaciones indebidas en la tramitación de la causa. En este sentido debemos de recordar que nos encontramos ante un proceso con múltiples acusados (18), que se incoó el 11 de octubre de 2012, y en su fase de instrucción se han planteado precisamente por la defensa de los acusados hasta dos recursos de apelación que fueron resueltos por sendos autos de esta AP de 3 de Julio de 2013 y 10 de Noviembre de 2014, habiendo sido incluso necesario decretar la busca y captura de alguno de los acusados para lograr su declaración. No existe en la tramitación de la causa ningún período de inactividad procesal que sea relevante, por lo que en ningún caso podemos entender que concurra la atenuante planteada.

Se alegó la existencia de dilaciones indebidas. Sin embargo, las explicaciones de por qué no concurre son perfectamente razonables, ya que en parte son resultado de los propios recursos de los acusados. En cualquier caso, el plazo es el normal, teniendo en cuenta nuestra lamentable administración de justicia.

QUINTO

 .- Con respecto a la penalidad a imponer a los acusados por los hechos descritos en el Fundamento Jurídico Segundo de esta resolución cabe realizar las siguientes precisiones:

1º.- En cuanto al delito de atentado a un miembro de la Corporación Local resulta de aplicación la penalidad prevista en el actual art 550.3 del CP (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) , en su redacción dada por la LO 1/2015, prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses, procediendo imponer a Gabriel la pena en su mitad superior al concurrir la agravante de reincidencia, por lo que se le impone la pena de 3 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( art 56 del CP ) y 9 meses de multa a razón de 6 € cuota-día.

Como he dicho antes, es por esto por lo que va a prisión.

En cuanto a los otros 3 acusados especificados en el fundamento jurídico tercero de esta resolución, al no concurrir circunstancias modificativas de responsabilidad y teniendo en cuenta la escasa entidad de las lesiones producidas, procede imponerles la pena en su mínimo legal de 1 año de prisión inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ( art 56 del CP ) y 6 meses de multa a razón de 6 € cuota-día.

(…)

En resumen: este hombre no debe ir a la cárcel —según Pablo Iglesias—, pero hay que concluir que la única razón para ello es que es colega de Pablo Iglesias.

2 comentarios en “Andrés Bódalo

  1. Fino. Coincido en el segundo atentado (o mínimo resistencia: por un dedo fisurado, al practicar la detención, ejemplo habitual).

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