Los que respetan la ley

Leo y escucho esto, y no doy crédito:

¿Quién es el señor Casado o el partido del señor Casado para establecer si Otegi puede o no ser candidato? Además, ¿a nada? ¿Tampoco a presidente de una comunidad de propietarios?

Ese lenguaje de espadón sobra. No solo porque ni él, ni su partido político, ni el gobierno del señor Rajoy tengan competencia para limitar los derechos fundamentales de un ciudadano español, sino porque además refuerza la idea —equivocada— de mucha gente, que sostiene que Otegi ha sido un preso político.

Otegi puede presentarse a lo que le dé la gana, salvo que un tribunal, y en ejecución de una pena impuesta en una sentencia, ordene otra cosa. Y la fiscalía, además, debe obrar, como dice su estatuto, en defensa de la legalidad, y no al dictado de ningún político, partido o miembro del ejecutivo.

Ya nos habría valido hacer siempre las cosas bien en este país siempre y no caer en excesos que luego solo han servido para que la hez terrorista pueda exhibir razones.

Lo peor, además, es la sensación inevitable —considerando la torpeza de lo que acaba de decir Casado— de que el PP hace esto ahora porque se acercan las elecciones. A sabiendas de que no depende de ellos, y con la intención de engañar a los españoles escandalizados con Iglesias y su discurso hagiográfico sobre ese tipo al que algún imbécil moral pretende comparar con Nelson Mandela.

Y encima tener que escribir esto. Tener que defender los derechos de Otegi.

Valiente panda de cretinos.

 

ACTUALIZACIÓN:

Lo anterior es suficiente para que se comprenda por qué me enfada tanto esa declaración de Casado. La ejecución de una pena privativa o limitativa de un derecho fundamental corresponde a los tribunales.

Pero como me han preguntado, explico por qué es discutible que baste la sentencia dictada por la Audiencia Nacional (ratificada en este punto por el Tribunal Supremo, aunque rebajó su duración de diez a seis años) para impedir que Otegi sea candidato en las próximas elecciones vascas.

Esto dice el artículo 42 del Código Penal:

La pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público produce la privación definitiva del empleo o cargo sobre el que recayere, aunque sea electivo, y de los honores que le sean anejos. Produce, además, la incapacidad para obtener el mismo u otros análogos, durante el tiempo de la condena. En la sentencia habrán de especificarse los empleos, cargos y honores sobre los que recae la inhabilitación.

Esto dice la sentencia que condenó a Otegi:

3

¿Se especifica en algún sitio el cargo que Otegi no puede ejercer?

Vean qué dice el Tribunal Supremo, en su sentencia 1246/2009 de 30 de noviembre:

Tiene razón el recurrente aunque no en la formulación de la disensión como recurso de casación cuando el error hubiera podido desvanecerse a través de una aclaración a la sentencia. El tribunal de instancia no ha cumplido con el deber de concreción que previene el art. 42 , al disponer que en la sentencia habrá de especificarse los empleos, cargos y honores sobre los que recae la inhabilitación. Este error se produce tanto con respecto a las condenas de inhabilitación absoluta como a las de inhabilitación especial, salvo cuando, expresamente, se refieren al derecho de sufragio. La ley exige la especificación del cargo a que se refiere en la inhabilitación especial, en la medida en que para la absoluta la inhabilitación es para todos los cargos públicos, honores y empleos del condenado, lo que no concurre en la especial que es “sobre el que recayere”. Ese error es preciso subsanarlo en esta sentencia en la medida en que se trata de una pena prevista en la ley cuya interpretación jurisprudencial es clara y referida a “aquéllos cargos en los que se abusa de sus funciones con motivo de la perpetración del delito” STS  756/1999, de 13 de marzo  ( RJ 1999, 4954)  . En los mismos términos la  STS 388/2001 , de 13 de marzo  ( RJ 2001, 3556) , en la que se afirma que “atendiendo a la interpretación gramatical del precepto permite referir la relación directa con el delito a las accesorias inhabilitación especial para empleo o cargo público”. O la STS de  10.12.2008  ( RJ 2008, 7286), que cita el Ministerio fiscal, en la que se declara que el contenido de la inhabilitación ha de conectarse con la función raíz, con la actividad que está en el origen del delito. En todo caso, se trata de centrar en una actividad una inhabilitación, en principio, mas gravosa, por extensa, que la que ahora se determina.

Ahora, si se fijan en la sentencia, en la misma se hace constar que la necesidad de especificación no es aplicable al supuesto en el que se trata del derecho de sufragio pasivo. Efectivamente, el artículo 44 del código penal dice:

La inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo priva al penado, durante el tiempo de la condena, del derecho a ser elegido para cargos públicos.

Es decir, que el asunto no está en absoluto claro.

Además, el propio Tribunal Supremo tampoco exige que los cargos se especifiquen con, por así decirlo, “nombres y apellidos”.

El auto de 24 junio 2015 de la Sala segunda dice:

Ciertamente el art. 42CP obliga a concreciones que siempre serán relativas pues la inhabilitación se extiende a la obtención de otros cargos o empleos análogos. Es inviable un pronunciamiento que tratase de listar o enumerar todos esos hipotéticos cargos o empleos similares imaginables. Será suficiente muchas veces con una referencia más genérica (cargos o empleos análogos o que reúnan determinadas características), sin perjuicio de que en fase de ejecución en ocasiones puedan suscitarse incidentes en relación a ese punto que habrán de ser resueltos de manera específica con la correlativa posibilidad de impugnación.

Todo esto, que simplemente esbozo, se relaciona con esta noticia. Si quieren saber mi opinión, a bote pronto, Otegi no puede ser elegido porque se le ha suspendido el derecho de sufragio pasivo hasta 2021.

Y creo que esto es lo que debería decir el tribunal encargado de ejecutar la sentencia.

Lo que me molesta es que el PP se meta donde no le llaman. Para sacar pecho. De forma que, si el tribunal más adelante impide que Otegi se presente, resulte que todo es un montaje liberticida.

Lo dicho: una panda de cretinos.

 

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Un comentario en “Los que respetan la ley

  1. Soy un seguidor admirado por tu trabajo y tiempo tendré de atreverme a exponer mis comentario en un foro de tanta altura.En esta ocasión sólo tengo la osadía de proponer en tu blog algún comentario sobre la creciente ‘amanciortega fobia’ de nuestra sociedad, sostenida incluso por numerosos periodistas, en mi opinión poco instruidos. Como ejemplo el titular de hoy de El Confidencial a propósito del reparto de una extra ‘extraordinaria’ del grupo Inditex entre sus empleados: ‘Amancio Ortega se lleva 1.108 millones en dividendo y, cada empleado, 479 euros extra’.Enhorabuena por tu blog.

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