He leído la resolución dictada en el asunto de las esteladas. Es razonable.
También he leído que hay quien pide la dimisión de la delegada del Gobierno e incluso quien se chotea de que Rajoy haya dicho que este asunto gubernativo no es materia de su competencia.
Ay, qué intensos somos. A todas horas las autoridades gubernativas adoptan decisiones administrativas que se revocan en los tribunales. Por cierto, esta no se ha revocado. Solo se ha concedido una medida cautelar que implica la suspensión de su ejecutividad. La decisión de la delegada del Gobierno, ya lo he dicho, me parece arbitraria. Pero como tantas otras. Uno va a los tribunales, las discute y, a veces, te dan la razón. Si tuviera que dimitir cada funcionario o autoridad que dicta una resolución luego revocada, nos íbamos a quedar sin funcionarios en seis meses. Por cierto, nos quedaríamos también sin jueces: porque los jueces también son funcionarios que dictan resoluciones que en ocasiones se ven corregidas por tribunales superiores.
¿Por qué cojones va a tener que dimitir Dancausa? ¿Porque haga su trabajo y tome decisiones?
El otro asunto es el de las declaraciones de Rajoy. Naturalmente que este tema no compete a Rajoy. ¿A alguien le parece razonable que Rajoy se ponga a decidir lo que se puede introducir en un campo de fútbol? ¿No, verdad? La existencia de jerarquías y de responsabilidad política no debe extenderse, salvo que nos volvamos locos, a todas las decisiones que se adopten desde el Presidente hacia abajo y, en particular, a la fundamentación jurídica de esas decisiones. Salvo que tengamos pruebas de que la delegada (y los que participaron en la decisión) recibía órdenes de alguien en este asunto y no se limitaban a interpretar, mejor o peor, la ley vigente. No hay nada que aborrezca más, por otra parte, que la figura del mandatario populista que sabe de todo y que sin necesidad de estudiar nada corrige las decisiones de los que sí tienen competencia, a golpe de cámara y micrófono, al estilo del Chávez, que iba por una plaza de Caracas diciendo «exprópiese».
Este asunto es un asunto nimio, engordado por los que necesitan agravios para justificar sus planes masivos de insumisión jurídica. En España, la libertad de expresión está garantizada y se ejerce con gran soltura. También la libertad de expresión de los que se la quieren cargar y, en sus áreas de poder, imponen sus propios silencios de radio y consignas masivas. Esta decisión, adoptada por un juzgado de Madrid, demuestra de nuevo lo estupendo que es dejar que la ley y las instituciones funcionen.
Ya saben, la ley y los tribunales. La democracia formalizada. Eso que tanto odian los secesionistas.
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«Ciencia»