No hagas nada, no sea que te señalen

 

Por lo visto toca darle cera al Tribunal Constitucional. Mira que hay días para hacerlo, por muchas razones, pero hombre, hoy, hoy no.

En el asunto de la secesión catalana y el golpe de Estado en tránsito, había dos vías: la judicial y la política. La judicial es como es, con sus plazos, cruces de caminos, recursos, discusiones, decisiones. Los procesos judiciales son bastante coñazo, hasta para los que nos dedicamos a al noble arte de la mentira, así que comprendo que aburran al personal, que quiere una respuesta inmediata sobre si este hizo aquello y sobre las consecuencias de sus actos. La otra vía, legal y constitucional, pero política, era la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Era la vía lógica. La Constitución estableció un mecanismo de cierre para el caso de que alguien decidiese estar por encima de la soberanía nacional representada en las Cortes. Ese mecanismo no necesitaba otra cosa que una motivación (porque la decisión también se sujeta al control constitucional), un voto y un listado de medidas.

La primera vía es posible y, además, inevitable en algunos casos. Los tribunales están a punto de juzgar a Mas y sus mariachis por el esperpento del 9N. Sea. Y la fiscalía puede que presente una querella contra Forcadell y quizás en unos años también veamos a Forcadell juzgada y absuelta, o juzgada y condenada. Sea también. En esos casos, el mundo será el que se describa en los autos y todo lo que no esté en ellos no estará en el mundo.

Para evitar la segunda vía, se aprobó una nueva redacción del artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Sobre esa reforma de la ley tendrá que decidir el propio tribunal si es o no constitucional (hay que yo sepa dos recursos presentados) y si las buenas razones que se alegan son suficientes o no. Por eso de las prisas y de los atajos, resulta que se atribuye a un tribunal creado para garantizar la aplicación de la Constitución, para interpretarla, y para defender a los ciudadanos de las actuaciones públicas contrarias a sus derechos fundamentales, unas potestades sancionatorias tremendas sobre personas concretas, en parte innominadas, para ejecución de sus resoluciones. Hay quien sostiene que lo más lógico sería que esas facultades correspondiesen a los tribunales ordinarios a instancia de la fiscalía, la abogacía del Estado o cualquier ciudadano, incluso. Lo triste es que esa reforma es, como digo, un atajo innecesario: la creación de un primo de zumosol como consecuencia de las debilidades de los que han ostentado el poder legislativo.

En cualquier caso, el Tribunal Constitucional ha deducido testimonio a la fiscalía. Ha optado por el “camino judicial”. Sí, el premioso y garantista camino que exige la querella (decisión que incumbe solo a la fiscalía), la admisión a trámite, la práctica de diligencias, las resoluciones, los recursos. No utiliza, hasta que no decida si es constitucional o no, los recursos extraordinarios con los que ahora cuenta. Imaginen que lo hace. Sería legal, pero, ¿podría realmente el Tribunal Constitucional decidir después que la norma es inconstitucional cuando ha hecho uso de ella? En teoría sí, pero qué difícil de explicar. Por cierto, no estaría de más que se incluyese entre los supuestos de inmediata suspensión de la aplicación de una norma, aquellos recursos contra modificaciones de la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Todo esto es simple consecuencia del miedo al uso de la ley. Preferimos que un “tribunal” sea el que tome medidas para parar un golpe de Estado. Es estúpido y, además, es innecesario, por muchas llamadas a la prudencia que se quieran dar. Es estúpido porque las resoluciones de los tribunales terminan necesitando también a un policía que las haga cumplir. Al final, la ley es ley porque detrás de ella hay una fuerza que la impone. Y las sentencias aplican la ley porque si hace falta terminan arrastrándote a una celda, echándote de tu casa, embargando tus cuentas y arrancándote los galones en la plaza de armas.

Si no tuviésemos miedo a la ley, el Senado podría haber adoptado ya medidas que implicasen que toda la administración autonómica catalana estuviese bajo control de la Administración del Estado, de forma que los ciudadanos catalanes y el resto de los españoles no se viesen perjudicados por la deriva de los dirigentes autonómicos. Y una vez fuera de las instituciones, que los tribunales decidiesen, a su ritmo y con todas las garantías. Luego, pasado un tiempo prudencial y previo desmontaje del aparato secesionista, se ordenaría una recuperación progresiva del funcionamiento de las instituciones estatutarias.

Como hacer esto acojona mucho a mucha gente, la solución, al parecer, es que las decisiones no tenga cara. Es el recurso al funcionario anónimo, al colegio de magistrados. Y mientras que los secesionistas se pudran.

Puede que sea mejor, ya que los españoles somos así, alérgicos a la ley. Y también lo son los españoles que viven en Cataluña, incluidos los que al parecer esperan invasiones de los tres ejércitos en alguna diada. Personalmente, me asquea bastante esa estrategia fabiana, pero qué sé yo del futuro y sus obras, cuando no entiendo a la mayoría de los que me rodean. Ahora, lo que no me parece justo es criticar a los únicos que de momento, aunque sea con toda la premiosidad del mundo, están haciendo su trabajo: los señores de las togas.

Es como criticar a los bomberos por no apagar los fuegos cuando ordenas una estrategia de tierra quemada.

3 comentarios en “No hagas nada, no sea que te señalen

  1. Aceptando la lógica impecable de su comentario, pienso no obstante, que el Gobierno está haciendo bien en no entrar al trapo de la provocación, confiando en la lentitud de la justicia y en que los secesionistas se vayan cociendo en sus propias contradicciones. Tal vez sea de las poquitas cosas que Rajoy está haciendo bien, en mi opinión.
    El único plan del secesionismo (la única hoja de ruta verdadera), es la provocación, como ponía al descubierto este magnífico artículo: http://elpais.com/elpais/2015/11/03/opinion/1446558718_118690.html y como se comprueba viendo que constantemente se repiten sobre las mismas declaraciones, las mismas bravatas y las mismas amenazas.

  2. El problema será (peor) cuando haya sentencias concretas y surja la primera resistencia activa a cumplirlas. Entonces ya no habrá más espacio para la inacción política.

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