No lo llames desobediencia cuando es sabotaje

 

Hace unos días, una serie de concejales del Ayuntamiento de Badalona decidieron incumplir una resolución judicial. Uno de ellos hizo una performance que convertía esa desobediencia en una desobediencia pública y de contenido político. Entre otras cosas, afirmó que el auto que ordenaba unas medidas cautelares en un procedimiento judicial era un golpe de Estado a la autonomía municipal.

Las asociaciones de jueces emitieron ayer un comunicado criticando duramente a los desobedientes. Sin embargo, esa unanimidad se ha roto al aparecer disidentes en una de las asociaciones. Los jueces catalanes de la asociación Jueces para la Democracia han expresado su “total desacuerdo” por las siguientes razones (extracto solo esas partes porque no he encontrado el comunicado completo):

  • Porque el comunicado está “cargado de un claro prejuicio ideológico, prescindiendo de hacer una visión desde la perspectiva del ejercicio de los derechos ciudadanos”.
  • Y porque “lo consideramos totalmente innecesario, da una visión parcial e insuficiente del hecho y no aporta ninguna racionalidad al debate sobre la relación deseable entre política y justicia”.

Los argumentos son originales. Por lo visto, existe una perspectiva del ejercicio de los derechos ciudadanos en la que el cumplimiento de todas las resoluciones judiciales dictadas por jueces democráticos en un sistema democrático no se incluye.

Véase que el entrecomillado no se refiere al acto de desobediencia como acto político y como acto ético con consecuencias para el desobediente. Quien cree que una ley es injusta y por ello la incumple, asumiendo la sanción, para provocar un movimiento político que cambie la ley, no ejercita un derecho. No hay un derecho a la desobediencia. En un sistema democrático no existe un derecho al incumplimiento de la ley.

La razón para esto es muy sencilla. El respeto a la ley y a las instituciones no se basa en la “justicia” o la “bondad de las normas, sino en su origen democrático, y en razones prácticas y lógicas. En el momento en el que admitamos que existe un derecho a incumplir la ley, abrimos la puerta a imposibles lógicos: ¿quién decide qué parte de la ley se puede o no cumplir?; ¿cómo se decide qué parte de la ley se puede o no cumplir?; ¿escribimos en una ley quién decide qué se puede cumplir y qué no, y lo votamos?; ¿escribimos en alguna ley cómo, en un momento dado, puede alguien incumplir una ley?; ¿estas leyes de las que acabo de hablar se pueden desobedecer legalmente? Esta última pregunta nos enlaza con el problema lógico: si existe un derecho a incumplir una ley que consideramos injusta y no lo formalizamos, la ley deja de existir, ya que cualquiera de nosotros, en cualquier momento, puede decidir qué cumplimos o no basándonos exclusivamente en nuestra opinión. Podemos, además, unirnos a otros, formar banderías e imponer a los demás nuestros actos de incumplimiento, si chocan con sus particulares opiniones sobre lo que es o no justo. Si, por contra, pretendemos formalizar ese derecho a incumplir la ley, estaremos escribiendo una ley que fijará un procedimiento, atribuirá unas potestades y establecerá un castigo. Esa formalización, esa ley, es contradictoria con el derecho que pretende crear.

Más aún, si cedemos a un “soberano” (por ejemplo, al barbado concejal que rompe el auto) el “ejercicio” de un supuesto derecho a la desobediencia, porque ese concejal es un concejal elegido por los vecinos, estamos cediendo nuestra soberanía al modo hobbesiano. Si el concejal —que denuncia un golpe de Estado— actúa en nombre de los que le nombraron saltándose la ley, su soberanía se convierte en una soberanía absoluta, ya que podría, por ejemplo, escoger no cumplir la ley que le obliga a someterse a nuevas elecciones, ponerse una peluca y decir “El Estado soy yo”.

Para evitar ese peligro, justificación de la monarquía absoluta, el ejercicio del poder político democrático se definió de forma que se encontrase limitado. La limitación no deriva de alguna especie de voluntad “bruta” de los ciudadanos. La limitación se encuentra en la ley que define el edificio institucional y que establece sus propias reglas de modificación. Los límites a la soberanía popular vienen establecidos en los documentos legales en los que esa soberanía popular se define como fuente de derecho; es decir, el lugar en el que se crea ese artificioso y ubérrimo concepto. Uno de esos límites es precisamente que no se puede ceder definitivamente en otro la potestad para decidir el contenido de la ley.

Por todas estas razones, me parece absurdo defender que exista una “perspectiva” que contemple un derecho al incumplimiento de la ley, como se deduce del comunicado de los jueces disidentes. El incumplimiento de la ley es un acto ilegal que lleva aparejada una sanción. Si se hace públicamente, por motivos políticos, esto no cambia su naturaleza. Si el desobediente consigue su objetivo y más tarde se modifica la ley por los procedimientos en ella establecidos, puede que el desobediente se convierta en un héroe ciudadano, pero esto no cambia el pasado y su castigo previo sigue cumpliendo una función esencial.

Hay una vertiente políticamente peligrosa de esto: se ha instalado un cierto discurso —habitual en Podemos y movimientos afines, y en el secesionismo— que dice defender la desobediencia civil apelando directamente al pueblo y a la democracia (que son lo que ellos definen).

Este discurso es ventajista. Siempre ha habido movimientos políticos que buscan un cambio de sistema. Para ellos, la desobediencia no se justifica por el contenido del acto, sino por su naturaleza disolvente, y es un instrumento para el sabotaje, no para la mejora. Es bastante obvio que un sistema legal se desmorona si constantemente se ponen en entredicho sus normas y se pretende que los tribunales de justicia no lo apliquen. Los secesionistas buscan esto abiertamente, ya que saben que la secesión unilateral es ilegal y que la pactada exige un proceso y unas mayorías difíciles de obtener. La única manera de conseguirla, en consecuencia, es romper el sistema desde dentro, cuestionando el propio edificio constitucional. Algo similar sucede con Podemos: el sistema no es democrático y utilizarán todos sus instrumentos para acabar con él (de ahí la apelación constante a la “gente” como forma de justificación) y sustituirlo por otra cosa.

Quien cree en el sistema democrático, pero lo quiere perfeccionar, asume el riesgo de la desobediencia. El desobediente leal con el sistema democrático no pretende cambiar las reglas del juego en el que está participando. Quiere cambiar las reglas de los juegos que vendrán, y se arriesga para conseguirlo.

El triunfo del que cree en el sistema es la proclamación por el sistema de que tenía razón. El triunfo del que no cree en el sistema es su demolición.

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5 comentarios en “No lo llames desobediencia cuando es sabotaje

  1. Veo más peligro en los jueces que creen poder interpretar la ley, o más ampliamente el derecho, según su idea del bien social, o de lo que debería ser legal, aun resolviendo en contradicción expresa con las leyes. Aunque no quieran disolver el sistema sino enmendarlo. Actúan como jefes de la tribu y los medios suelen animarles a ello.

  2. Estando totalmente de acuerdo con el contenido tanto del post como del comunicado de las asociaciones de jueces, no me termina de parecer bien que asociaciones profesionales que deben ocuparse de velar por los intereses de sus asociados emitan un comunicado sobre un hecho que ya ha sido denunciado y está en investigación por un juez. Mucho menos si es una asociación de jueces.

  3. Cito:

    “Hay una vertiente políticamente peligrosa de esto: se ha instalado un cierto discurso —habitual en Podemos y movimientos afines, y en el secesionismo— que dice defender la desobediencia civil apelando directamente al pueblo y a la democracia (que son lo que ellos definen).

    Este discurso es ventajista”.

    Cabría matizar:

    1- Cualquier desobediencia civil que se pretenda justa ha de basarse en principios ajenos a las leyes que se combate. El ejemplo ilustre más característico es la resistencia pacífica. Uno actúa contra una autoridad quebrantando las leyes, pero de manera que nadie salga perjudicado.

    (Por desgracia, tal y como usted habló largo y tendido en este blog, el Partido Popular penalizó con multas la resistencia pacífica con la ley mordaza. Pero no quiero seguir por esta senda, ya que sé que esto de la ley mordaza le saca a usted de quicio por cómo bordea lo ilegítimo; de modo que paso al punto dos, que es el que hoy nos ocupa).

    2- Por lo tanto, dicha desobediencia no puede sustentarse en el capricho pasajero. Por mera lógica. Ha de apelar a valores universales. Y, por extensión, populares.

    3- Quiero decir que no puedo yo imaginarme en ningún lado ninguna desobediencia que no se base en el pueblo ni en la democracia. Me viene a la mente el ejemplo glorioso de los estudiantes en Tiananmen. Ellos, equivocados o no, actuaban a favor del pueblo y de la democracia.

    4- En conclusión, me pregunto cómo saber cuándo uno de verdad actúa para el pueblo y para la democracia, y no para otros fines.

    Sintetizando la pregunta:

    “¿En qué momento una desobediencia civil se puede considerar en España sincera, no partidista, y por lo tanto libre de sabotaje? O sea: considerable de ser escuchada y tenida en cuenta como algo serio, incluso en un país que sea formalmente democrático”.

    Le pregunto específicamente en España, porque es el país en donde vivimos y porque es el país en el cual ejerce usted su labor.

    Tenga usted en cuenta dónde ubicar la resistencia pasiva en los desahucios, por ejemplo.

    P.D: Soy anti nacionalista y anti secesionalista a tope. No me hable de nacionalismo porque de eso no va la pregunta.

    P.D: Mi pregunta es jurídica. En la estupidez de la desobediencia civil de la gente que usted cita estoy de acuerdo en todo. No se puede ser desobediente civil en términos nacionalistas.

  4. Yo estoy a la espera de que salgan objetores de conciencia a las leyes y actos de estos nuevos de Podemos, CUP, Mareas y demás. Lo que fue capaz de hacer CiU con los desobedientes, léase Albert Boadella — que siempre se mantuvo dentro de la ley–, ya lo sabemos. Ahora solo toca esperar lo que harán Maestre, Colau, Iglesias y compañía.

  5. Esto es la banalización de la desobediencia civil.
    La desobediencia civil no tiene sentido hecha desde puestos de poder. Decir que la practicas cuando tienes mando sobre fuerzas de orden público es un disparate.

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