Sentencias a mí

El Tribunal Constitucional declara nula una norma que prohibía las corridas de toros en Cataluña. No conocemos la sentencia, ni el voto particular que se anuncia. Solo la nota de prensa. El asunto enjuiciado no tiene que ver con la bondad o maldad de la fiesta de toros, sino con la competencia para prohibirla. Sin leer la sentencia y los votos particulares es absurdo anticipar una opinión sobre los argumentos utilizados. Los que aparecen en la nota de prensa son un resumen (y no se dice en ella prácticamente nada del voto particular). Por tanto, ya comentaré la sentencia cuando la conozcamos.

Esta prevención no ha afectado, sin embargo, a nuestros amigos los políticos. En concreto a aquellos a los que la sentencia no ha gustado. Las reacciones que aparecen en El País son las esperadas. Así, Ada Colau:

La alcaldesa de Barcelona ha decidido que las “normativas” se encuentran por encima del Tribunal Constitucional, órgano encargado de velar precisamente por que esas normas sean válidas y se ajusten a la norma suprema, la Constitución. A la alcaldesa, “lo que diga” el Tribunal Constitucional se la sopla, que ella es más chula que un ocho y ella decide qué normativa hay que cumplir y cuál no.

Este señor, que es abogado y consejero de justicia de la Generalidad, dice lo que sigue:

No. No es verdad. Esa protesta hay que dirigirla al parlamento español, a las normas vigentes y a la propia jurisprudencia que consideran la fiesta de toros como producto cultural. Por cierto, es indudable que es un producto cultural (como lo era la lucha de gladiadores). Otra cosa es que deba ser prohibida. Y eso es lo que no aparece en el tuit: quién puede o no prohibir los toros, eso es lo que se decidía en la sentencia.

No voy a mencionar a los representantes de los partidos secesionistas. Para qué perder el tiempo con gente que hace mucho decidió pasarse la ley por el forro. No obstante, me ha hecho gracia algo que ha dicho Josep Rull:

“no volverán a haber corridas de toros diga lo que diga el Tribunal Constitucional”. En su opinión, la Generalitat tiene “capacidad de regulación y es muy fácil” evitar la celebración de corridas. Rull ha evitado concretar qué medidas se pueden tomar, pero ha explicado que en los próximos días analizarán la sentencia para decidir qué opciones hay “para hacer imposible que haya corridas de todos”.

El señor Rull ha dado muestras, mucho antes, de su facilidad para poner sus argumentos al servicio del fraude de ley. De nuevo vuelve a soltar una parrafada guiñando el ojo como si fuese lo más natural del mundo utilizar las competencias autonómicas para hacer imposible el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional. Más aún, lo dice abiertamente. Es tal su desfachatez que, en vez de callar y desarrollar una normativa que haga más exigente (por ejemplo) la regulación, justificándola en la necesidad de proteger a las reses bravas hasta el momento de la corrida, incluso llegando al punto de que sean inviables económicamente, saca pecho y dice que se inventará lo que haga falta (“es muy fácil”) para descojonarse en la cara de los magistrados taurinos y peperos. Luego, cuando alguien impugne en los tribunales esas normas, pondrá cara de sorprendido, dirá que la norma no busca que no se cumpla la sentencia, sino otra cosa muy bien argumentada, y eso a pesar de que anunció el fraude de ley el mismo día de la sentencia. Es como lo de los presuntos desobedientes Artur Mas y compañía, que, después de anunciar públicamente que estaban dispuestos al martirio, ahora van por todas partes diciendo, “¿desobedecer? ¿yo? No sé de qué me habla”.

La señora Hortènsia Grau, diputada de Catalunya Sí que Es Pot ha dicho que mucha gente está en Cataluña en contra de los toros. Que son mayoría, vamos. No sé si es cierto, pero en cualquier caso da igual. Nadie ha dicho que la ley no contase con mayoría en el parlamento catalán.

El diputado socialista Jordi Terrades dice que “desde el PSC no compartimos la sentencia del TC”. Por lo visto ya la tienen (aunque no sé si se ha redactado completa) y se la han leído. No solo ha afirmado esto: ha dicho que los del PSC quieren  “acompañar” a la Generalitat a “buscar la fórmula que haga imposible” que en Cataluña se vuelvan a celebrar corridas de toros. El PSC nunca falla: a la hora de decidir entre que se cumpla la ley y una buena felación en grupo, siempre opta por la felación en grupo. Que no quieren parecer aguafiestas.

Tampoco podía faltar Alberto Garzón: “El Tribunal Constitucional tumba la prohibición de los toros en Cataluña. El TC respalda así la barbarie y la tortura animal”. Otro que tal baila: por lo visto los magistrados del Tribunal Constitucional, afectados por el horror de la “tortura” a los animales, tendrían que haber encontrado un argumento para dejar de cumplir su función constitucional: decidir sobre aquello concreto que se les plantea (en este caso una cuestión de competencias).

Una vez más va a dar igual lo que diga la sentencia. La deslealtad es rentable y el desprestigio de las instituciones un objetivo político. Y nosotros somos su coartada.

 

 

7 comentarios en “Sentencias a mí

  1. Por partes:

    1- La ley está para acatarla y en este caso no cabe ni la aplicación de la desobediencia civil en ningún sentido, ya que no obliga a nadie a realizar nada que no desee. Las palabras de estos tipos sobran, y manifiestan su suprema ignorancia y terquedad en un asunto político que quieren convertir en bandera de sabe Dios qué.

    2- No entiendo que el TC haya sido tan efectivo y tan tajante en la cuestión de los toros en Cataluña, y en cambio sienta una curiosa indiferencia hacia la misma prohibición en las islas Canarias:

    http://elpais.com/diario/1991/04/18/cultura/671925612_850215.html

    De hecho, las prohibió el Partido Popular (in illo tempore).

    Hasta que decidió sacar en 2013 una ley ex profeso para tumbar la prohibición:

    http://www.elmundo.es/cultura/2013/11/06/527ab20e684341e70a8b4576.html

    Recordemos que Cataluña había prohibido los toros en 2011.

    En este país de pandereta uno no sabe dónde están el norte, el sur, el suelo o el cielo, y todos juegan al tú la llevas y a tocarse los cojones mutuamente.

    Saludos.

  2. Anónimo, que yo sepa no hay ninguna norma que prohíba expresamente los toros en Canarias. Y es muy discutible que prohíba implícitamente los toros. Esta es la ley: http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/4643.pdf Para empezar, la norma se refiere a animales domésticos y de compañía. Es bastante discutible que el toro bravo sea un animal doméstico o de compañía. Además, verá usted que no se menciona a los toros, pero sí se salvan las peleas de gallos (que sí son animales domésticos). Nadie impugnó esa ley, que nunca se ha aplicado a los toros para empezar porque hace mucho que no hay espectáculos taurinos en Canarias. De haber alguien que quisiera abrir una plaza de toros en Canarias, veríamos el resultado.

    Sin embargo, en el caso de Cataluña la prohibición es expresa. Esto dice la ley: https://www.boe.es/boe/dias/2010/08/24/pdfs/BOE-A-2010-13358.pdf

    «f) Las corridas de toros y los espectáculos con toros que incluyan la muerte del animal y la aplicación de las suertes de la pica, las banderillas y el estoque, así como los espectáculos taurinos de cualquier modalidad que tengan lugar dentro o fuera de las plazas de toros, salvo las fiestas con toros a que se refiere el apartado 2.»

    Y es expresa porque la norma sí prohibió algo que ocurría en Cataluña. En Canarias nadie cerró una plaza de toros y nadie prohibió una becerrada o un encierro. Más aún, me gustaría saber hasta qué punto alguien (de ese parlamento canario) tuvo en la cabeza la fiesta de toros cuando en 1991 se dictó esa ley.

    Este señor, que presidía la Comunidad entonces y que fue el impulsor de la ley, dice que los toros no están prohibidos en Canarias: http://www.laprovincia.es/canarias/2010/08/02/lorenzo-olarte-toros-fervor/315268.html

    Aquí se explica en persona:

  3. Buenos días.

    Muchísimas gracias por la información, es curioso que se vendiera ya en 1991 como “se han prohibidos los toros en Canarias”. El vídeo y las leyes son muy reveladores.

    Sin embargo, me queda una pregunta que no logro responderme en la web (como no versado en leyes, me cuesta): ¿Por qué se aplica la ley con efecto retroactivo?

    Al fin y al cabo, la prohibición en 2011 fue legal. Se sacó la ley de 2013, obviamente, para que la prohibición de 2011 no fuera legal. Pero, ¿cómo se le confiere carácter de retroactividad?

    Saludos y gracias.

  4. El problema no me parecen los toros sino el autogobierno. Aquí se ha dicho que España estaba muy descentralizada, patatín, patatán, que qué suerte teníamos los vascos y los catalanes de no haber dado con los franceses, pero a la hora de la verdad una y otra vez estamos viendo como el parlamento y el gobierno vasco (o catalán en este caso) no tienen competencias para prácticamente nada. Es una autonomía tutelada por el estado central y eso no es autonomía. Es un te dejamos administrarte mientras no nos molestes. ¿Tienes competencias sobre los ferrocarriles que no sean de interés nacional? Pues los declaramos todos de interés nacional y listo.

    Para colmo sobre el nivel de “autogobierno” decide el tribunal constitucional. He estado mirando como se nombran sus miembros y vaya, te tienes que reír. A unos los nombra el senado (español), a otros el congreso (español) a otros el gobierno (español) y a otros el CGPJ.

    Es decir, cuando hay un conflicto entre el legislativo vasco (o catalán) y el legislativo español el conflicto lo resuelve un árbitro … nombrado directa o indirectamente por el legislativo español.😀 Tú dirás que los jueces solo aplican técnicamente la ley… pero si existen votos discrepantes es que no son 2+2. Sino que depende de pareceres y en esos pareceres van a influir las ideas de cada cual. ¿Va a nombrar el legislativo español jueces favorables al auto-gobierno? Ni en los mejores sueños de catalanes y vascos.

    ¿Tú resolverías un contencioso con un tercero mediante un árbitro que nombrase ese tercero? Pues en esa situación está la autonomía vasca y catalana. Me parece una tomadura de pelo por la que tragaron el PNV y CIU durante la transición porque no quedaba más remedio que aguantarse.

    Y no entiendo el problema que ves a lo que dice el PSC. Es decir, el estado español me prohíbe prohibir los toros en mi comunidad autónoma. Vale, no me queda más remedio que comerme una decisión judicial que ni me parece justa ni me parece siquiera legítima, pero tengo un mecanismo legal para aumentar los impuestos o las condiciones de seguridad sobre “la fiesta” o retirarle toda subvención pública que dependa de mi. Y lo hago. ¿Dónde está el problema? Si el gobierno central puede joder a la gente de algunas autonomías mediante tecnicismos legales (“no tienes competencia”), no veo por qué no pueden los representantes de estas autonomías utilizar esos tecnicismos para arrimar el ascua a su sardina (“pero para esto si la tengo”).

    El tribunal constitucional tiene autoridad legal pero no creo que tenga mucha legitimidad moral en el País Vasco y Cataluña, en vista de que es la otra parte quién nombra a sus miembros. Las sentencias hay que cumplirlas, pero si te están vacilando en tu cara tienes derecho a decirlo, y más cuando la otra parte siempre está hablando del supuesto enorme nivel de auto-gobierno. Lo justo sería que en las cuestiones de auto-gobierno decidiese un tribunal cuya mitad de los miembros fuese nombrada por el estado central y la otra mitad por la autonomía en cuestión. Pero claro, esa decisión debería tomarla el legislativo español y todos sabemos que ni de broma harán algo así.

    Sobre el fondo del tema no estoy a favor de prohibir los toros. No iría a una corrida de toros ni muert pero no me parece que ir a golpe de prohibiciones sea la solución. Sin embargo me parece terrible que el parlamento español pase por encima de la autonomía catalana de una forma tan brutal en un tema como este. El mensaje ha sido demoledor y la reacción en contra me parece lógica. Los catalanes quieren tener autonomía para tomar sus propias decisiones, en eso consiste el auto-gobierno y es el acuerdo al que se llego en la transición, no a vivir en un estado centralizado.

  5. A ojo, el 99% de las críticas que los políticos españoles hacen a sentencias de cualquier Tribunal se basan en que la decisión no corresponde con su intuición moral de lo que está bien o de lo que “el pueblo” considera correcto. Rarísimo ver una crítica a la argumentación jurídica (si es que alguno espera a leerla). Les basta con decir que el tribunal ha hecho una lectura restrictiva, retrógrada, conservadora, legalista o una chorrada similar.

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