La puerta de atrás

 

Por fin hemos conocido la sentencia y los votos particulares (1, 2 y 3) sobre la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, que reforma la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (esencialmente confiriendo al Tribunal Constitucional facultades para asegurar la ejecución de sus sentencias que llegan incluso a la suspensión de funciones y la ejecución sustitutoria). La sentencia declara constitucionales los artículos impugnados (aunque se limita a examinar el recurso del Gobierno vasco, dejando el de la Generalidad para más adelante).

No voy a entrar en el análisis de la sentencia ni en el de los tres magistrados que discrepan (Adela Asua, Fernando Valdés y Juan Antonio Xiol), porque sería muy largo y no sé si serviría de algo. Quien tenga interés puede leerse los documentos (especialmente acertado, de nuevo, el de la magistrada Adaela Asua).

Solo quería dejar constancia de los documentos y enlazarlos, para quien guste, y decir tres o cuatro cosas que me sugieren su lectura:

1.- La primera, que veo en algunas de las últimas sentencias una cierta pereza argumentativa en las decisiones de la mayoría y un exceso en la utilización de argumentos casi circulares, en los que se confunde el instrumento técnico-jurídico con aquello que debe ser objeto de enjuiciamiento. Para explicarme, y dicho de forma burda, se dice que un homicidio lo es porque lo que ha hecho alguien es cometer homicidio.

2.- La segunda, que, en este caso, los votos particulares son mucho más convincentes que la decisión mayoritaria, en particular en lo relativo a la inconcreción e inconstitucionalidad de medidas materialmente sancionatorias que, a la vez, y aunque parezca paradójico, que dan más poder al Tribunal Constitucional, rebajan la auctoritas derivada de su naturaleza arbitral.

3.- La tercera, que esta sentencia y los riesgos que se denuncian amargamente en los votos particulares, son resultado de un comportamiento negligente del PSOE y el PP y, en particular, del Gobierno de Mariano Rajoy. El miedo al uso de las instituciones y a las facultades legítimas reservadas en la Constitución al poder legislativo llevó a no utilizar la medida lógica: el artículo 155 de la Constitución. Razones de supuesta oportunidad han llevado a introducir esas medidas por una puerta trasera que, además, son fáciles de vender a los ciudadanos, que observan asombrados cómo cargos públicos anuncian que van a desobedecer las resoluciones del TC y de otros jueces e incluso las desobedecen sin que, aparentemente, suceda nada (digo aparentemente porque hay procedimientos judiciales abiertos). Sin embargo, esa puerta trasera es un error que distorsiona el edificio constitucional: en Cataluña no hay solo un problema de ejecución de sentencias, sino un anunciado y deliberado plan de insumisión que hay que atajar aplicando la ley, tal y como previeron los españoles al aprobar la Constitución. El subterfugio de hacer frente a esa voluntad rebelde y manifiesta forzando al Tribunal Constitucional a hacer el “trabajo sucio” es, siento tener que decirlo, cobardía disfrazada de sensatez.

Termino: los magistrados hoy discrepantes han firmado las sentencias en las que quedaba clara la inconstitucionalidad grosera de muchas de las decisiones adoptadas a instancias del secesionismo catalán. No hay dudas sobre esa inconstitucionalidad. Si el Gobierno y el Senado hubieran hecho su trabajo no tendríamos que leer las quejas de los magistrados discrepantes.

 

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