Dahomey

Jean Marie Bayol llegó a Abomey en 1889. El Gobierno francés lo enviaba para meter en cintura al salvaje rey Glegle, un tipo que se empeñaba en pretender que el rey de Porto-Novo, un buen hombre llamado Toffa, era vasallo suyo, cuando todo el mundo en Francia sabía que era vasallo de los franceses. Esa discusión no era nominalista, Glegle mantenía la costumbre de sus predecesores de “visitar”, de vez en cuando, a sus vecinos y, de paso, agenciarse de una buena colección de trofeos. No en vano Dahomey, que así se llamaba el reino de Glegle, llevaba sus buenos dos siglos dedicado al comercio de esclavos.

La historia de Dahomey se remonta al siglo XVII. Entre los actuales Accra y Lagos, se encontraba una zona libre de selva, conocida como el “Gran Claro”. No es un accidente geográfico: fue producto del desbrozo del bosque. Allí, y por los alrededores (entiéndanlo en un sentido amplio), vivían (y viven) los yoruba, los edo, los ibo, los akan, los ewe. A nosotros, los que nos interesan son los fon, instalados en el centro del “Gran Claro”. Su historia mítica y la de sus ciudades se remonta a las peleas entre tres hermanos: el que ganó se quedó con Allada, el núcleo de expansión. Otro fundó Ayaché, a la que los portugueses llamaron Porto Novo. El tercero se fue al norte y fundó Abomey.

Los europeos no tenían, al principio, especial interés en esa zona y se centraron en explorar y explotar la vecina Costa de Oro, al sur del país ashanti. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que oro había poco y gente mucha, y que era mejor negocio la captura y trata de esclavos. Y la mejor zona para el tráfico era el Gran Claro, pronto rebautizado como Costa de los Esclavos. Su centro fue Widah, un villorrio infecto, controlado por europeos, que rápidamente comenzó a tratar con los fon de Allada.

Las noticias, ya lo saben, vuelan. Y más si se trata de dinero y ganancias. Los fon del norte, los que vivían en Abomey, habían fundado una pequeña Esparta, a la que llamaron Danhomé, que se convirtió entre los españoles, los portugueses y los franceses del lugar, en Dahomey. Los occidentales pronto crearán mitos alrededor de sus prácticas bestiales: los sacrificios rituales, sobre todo a la muerte de algún rey, el canibalismo, la tortura de los enemigos …

Uno de esos mitos, el más fastuoso, precisamente por no serlo, es el del regimiento de amazonas. Lo había fundado un rey con iniciativa que ordenó a unas cuantas de sus esposas defender la patria. La cosa resultó bien, se dice que por la ferocidad de las pobres amazonas, que en su calidad de esposas del rey sólo podían fornicar con este, bajo pena de muerte. Y no le veían mucho.

Como todos los cuerpos de élite que en el mundo han sido, se las atendía muy bien, tenían un rancho especial, y, cuando no andaban matando y aterrorizando a la gente, vivían en las mejores chozas que se podían adquirir en la “urbe”.

El caso es que esta gente no se iba a quedar cruzada de brazos, dejando en manos de sus muelles primos del sur el negocio de la trata. Así que conquistaron todo el país fon y lo hicieron tan bien que terminaron incluyendo en la conquista la propia Widah. Los militaristas, ya saben, no entienden bien de la cosa mercantil, y suelen matar la gallina de los huevos de oro a base de maniobras. Los tratantes, que gozaban de una envidiable movilidad geográfica y funcional, se piraron a Porto Novo, o más al este, a la costa de la actual Nigeria. El negocio fue decayendo hasta que, a principios del siglo XIX, aparecieron los negreros brasileños, dando lugar a una época dorada de los reyes del Dahomey. Esa prosperidad se acredita con la dilatada duración del reinado de sus dos reyes más importantes, Guezo, entre 1818 y 1858, y Glele, entre 1858 y 1889. Lo malo de las economías esclavistas es que no suele ser vista con buenos ojos por los esclavizados. Cuando llega el senador Bayol a Abomey, los yoruba y los ingleses ya les habían dado unos cuantos sustos a los simpáticos prusianos de Dahomey, que habían terminado prometiendo, con la boca pequeña, abandonar una práctica tan fea.

Sin embargo, la clave de su destino no fue la trata, sino la presencia alemana en Togo. Ya saben: la carrera, pero no hacia el mar, sino hacia el interior. Los franceses no podían permitir que los alemanes se hicieran con el control de Dahomey. Glele no vio el peligro: se estaba muriendo cuando llegó Bayol a Abomey. Uno de sus hijos le dijo al explorador que el rey de Dahomey no iba a regalar su tierra y que, además, no entendía como podía pretender eso una nación gobernada por jóvenes irreflexivos. A esa conclusión había llegado al enterarse de que Francia era una república y no un reino. Lo gracioso es que se lo dijera al provecto Bayol.

Todo se precipitó a la muerte de Glele. En su funeral, su sucesor, que se autodenominaba “Tiburón de Tiburones”, de nombre de pila Kondo, y coronado como Behanzin, dio un fiestorro que no gustó mucho en la puritana Europa. Sobre todo por el sacrificio de cuarenta y un muchachitos y cuarenta y un muchachitas. En el parlamento francés se alzaron las voces de la cultura y la defensa de los derechos humanos, sobre todo la de un diputado que llamó a Behanzin “gorila real”, y se acordó sacar a Dahomey de la barbarie antes de que lo hicieran los alemanes. Dos años les costó a los franceses, que no comprendían cómo podían usar tan bien los cañones los putos negros (tal era su sorpresa que siempre vieron detrás de esas habilidades la mano alemana; creo que no salieron del error hasta Dien Bien Phu). Las amazonas se portaron como de costumbre y no quedó una en pie.

Y el gorila real, Behanzin, terminó fatal: vean que sólo se pudo llevarse cinco de sus doce mujeres a Martinica. Murió en Argelia, supongo que fumando su pipa.

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No compres lotería: compra Materialismo y empiriocriticismo

 

Cada Navidad aparecen los que intentan convencer a los ciudadanos de que la lotería es un impuesto, de que es usted imbécil si la compra y de que las probabilidades de ganar son tan insultantemente bajas que hacer cuentas sobre lo que uno haría de ganar es propio de una mente sin civilizar.

Hoy, por ejemplo, he leído este artículo (que por lo demás es moderado y cabal en comparación con otros) en el que, por ejemplo, me encuentro con este párrafo:

La lotería se aprovecha de que los humanos no somos robots racionales. Para verlo, respondamos a estas preguntas: a) ¿Qué preferimos: ganar 1.000 euros con una probabilidad de 0,001 o ganar un euro seguro? y b) ¿Qué preferimos: perder 1.000 euros con una probabilidad de 0,001 o perder un euro seguro? Si fuésemos fríamente racionales seríamos indiferentes en las dos cuestiones, porque el valor esperado en cada disyuntiva es el mismo (un euro). Sin embargo, la mayoría escogemos ganar 1.000 euros con una probabilidad baja en la pregunta a y perder un euro en la b. Estamos pues programados para comprar tanto boletos de lotería como seguros contra los imprevistos. Aunque los números no den.

El articulista concluye que lo racional es, en ambos casos, optar por una respuesta que no da. Fíjense, no dice qué respuesta sería la racional (y es inteligente, porque prefiere que rellene usted el espacio). Solo dice que deberíamos ser indiferentes. Y, efectivamente, ganar o perder un euro (aunque sea lo más probable) nos da igual a la mayoría. Puestos, si la alternativa remotísima a esa seguridad es ganar mil euros la gente opta por perderlo. Si la alternativa remotísima a no perder el euro es perder mil euros, la gente también suele optar por perder el euro. En ambos casos pierdes el euro (en ambos casos YA tienes el euro). La respuesta es la misma. ¿Seguro que esto no es racional? Sobre todo teniendo en cuenta que sí hay una probabilidad muy alta de que nos enteremos de que alguien con nombre y apellidos gana mil euros o pierde mil euros. Esa una de las razones por la que socializamos riesgos, por ejemplo. Porque he visto en la televisión a un señor llamado Antonio, que vive en Colmenarejo, que se ha hecho rico con la lotería: ¿se imaginan la probabilidad de algo así?

You know, the most amazing thing happened to me tonight. I was coming here, on the way to the lecture, and I came in through the parking lot. And you won’t believe what happened. I saw a car with the license plate ARW 357. Can you imagine? Of all the millions of license plates in the state, what was the chance that I would see that particular one tonight? Amazing!

Por cierto, lo del impuesto es algo que siempre me ha hecho gracia: impuesto es participio de imponer. Por tanto, un impuesto es, por definición, obligatorio. Si no es obligatorio comprar lotería no es un impuesto. Ni siquiera es algo “como” un impuesto o un impuesto “encubierto”. No, no se empeñen, la lotería no es un impuesto, como una donación tampoco es un impuesto, aunque ambos negocios jurídicos estén gravados con impuestos. Sin embargo, hay gruñones empeñados en vender que es eso, una obligación voluntaria. Y que eres gilipollas si compras lotería. Cuando además —aunque hay muy buenas razones para que haya juegos de azar legales, para que estén limitados y para que sean de titularidad del Estado— ni siquiera el Estado monopoliza ya las apuestas y puedes hacer rica a una empresa rusa en vez de al fisco español.

Como es obvio, gastamos nuestro dinero en cosas que incluso a nosotros nos parecen estúpidas (y no les digo a los demás). Constantemente. Si nos da un arrebato a la Savonarola, imaginen todo lo inútil, superfluo, vulgar e incluso dañino que querrían eliminar. Si yo tuviera que hacer mi lista, la lotería no estaría en los primeros lugares. Ni siquiera en las primeras páginas. No comprendo por qué se le tiene tanta manía. Solo se me ocurre que sea una muestra de soberbia intelectual. La lotería sería cosa de cuñados, de imbéciles incapaces de comprender que, en realidad, no te va a tocar nunca. Como si la gente no fuera consciente de que, efectivamente, no te va a tocar nunca y de que está comprando ficción autobiográfica. La misma que compra cuando lee una novela o ve una peli y siente que es protagonista, o la que compra cuando ve un partido de fútbol y suelta la pierna para rematar. Bueno, no la misma. No hay una lotería que te dé la remota posibilidad de ser Cristiano Ronaldo, descubrir la conjura del Opus Dei para ocultar que Cristo tuvo descendencia o traducir a unos extraterrestres con pinta de arbustos. 

 

No, no existe una puerta trasera legal

 

He visto que hoy vuelve a plantearse el debate sobre si puede modificarse el Título X de la Constitución Española por el procedimiento de reforma del artículo 167 de la Constitución Española, es decir, por el procedimiento ordinario.

Ya saben, hay un procedimiento ordinario de reforma constitucional (mayoría de 3/5 y, si no se logra, mayoría absoluta del Senado y de 2/3 del Congreso posterior, con posible referéndum si lo pide 1/10 de congresistas o senadores) y otro extraordinario para el caso de revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Titulo preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II (mayoría de 2/3 de cada cámara, disolución de las Cortes, ratificación de las nuevas cámaras, nuevo texto, aprobación de 2/3 de las nuevas cámaras y referéndum posterior). El ordinario lo regula el art. 167 CE y el extraordinario el 168 CE.

Aunque un procedimiento es más riguroso que otro, la distinción es material: se usa uno u otro procedimiento por razón de la materia constitucional afectada. Esto implica, por ejemplo, que tampoco se puede usar el extraordinario para cambiar, no sé, el artículo 127 de la CE, aunque ese procedimiento parezca más garantista o exigente. Hacer eso también sería inconstitucional. ¿Saben por qué? Porque lo que importa es aquello que se regula y no el sitio donde se regula.

Ahora bien, como el Título X no se incluye, aparentemente, entre las materias reservadas al procedimiento extraordinario, ¿qué sucede si cambiamos el art. 168 —que se encuentra dentro del Título X— por el procedimiento ordinario y, por ejemplo, se aprueba un artículo que diga: “el Título preliminar de la Constitución podrá modificarse por mayoría simple en el pleno del Congreso o, incluso, de no lograrse, en algún programa de La Sexta en el que intervenga la gente“?

La respuesta habitual es que algo así sería contrario al “espíritu de la Constitución” o supondría un fraude de ley. Sin embargo, hay, a mi juicio, una respuesta más simple. Voy a dejar de lado cuestiones profundas y aburrídisimas sobre el poder constituyente y la naturaleza de una constitución. También voy a dejar de lado vías de hecho: quién sabe, a lo mejor un día hacemos una legislatura constituyente por la cara sin cumplir una sola norma y nadie protesta. Voy a plantear el asunto en términos estrictamente jurídicos.

Imaginemos que se reforma el artículo 127 de la CE por el procedimiento del artículo 167 (el ordinario) y, en vez de hablar de las incompatibilidades de los jueces y magistrados, lo redactamos así: “En España está prohibida la pena de muerte, salvo en caso de guerra y tal y, por supuesto, en el caso de los tunos“. Esa reforma sería constitucional si consideramos que lo que importa es el lugar (a los efectos del artículo 168), ya que el artículo 127 no está en ninguno de esos títulos, capítulos y secciones reservados a la reforma extraordinaria. Sin embargo, el artículo 15 de la CE (que regula esta cuestión de la pena de muerte) sí se encuentra en una de esas partes reservadas a la reforma extraordinaria. Si interpretamos la Constitución en un sentido recto, la exigencia de un procedimiento u otro de reforma no depende del “lugar” en que se encuentra la materia, sino de la propia “materia” objeto de reforma. Yo no puedo crear un conflicto normativo regulando en “otro lugar” algo que está reservado a la reforma extraordinaria, utilizando el procedimiento ordinario.

Lo anterior es aplicable directamente al Título X. Si reformamos el artículo 168 de la CE por el procedimiento del artículo 167 de la CE, reformamos por el procedimiento ordinario toda la materia reservada al procedimiento extraordinario, ya que dentro de esa “materia” se incluyen las reglas para su modificación. Cuando la CE dice …

    “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”

… también dice que esto no se puede modificar sino por el sistema del artículo 168 de la CE tal y como está materialmente redactado. Y si se modifica el artículo 168 de la CE por el procedimiento del artículo 167 de la CE se está reformando ya el artículo 15. Esa reforma sería inconstitucional. Por esa sencilla razón.

Naturalmente, esto lo podría decir el propio Tribunal Constitucional, ya que la CE es una ley y solo puede ser sustituida o modificada por otra del mismo rango legal que entre en vigor conforme al sistema que existe antes: es decir el previsto en la Constitución derogada o modificada.

Cualquier otra interpretación me parece aberrante.

Consideren, por cierto, algo: una reforma del artículo 168 (¡o del propio artículo 167 de la CE!) por el sistema del artículo 167 podría no solo relajar los requisitos, sino agravarlos. Podría, incluso, eliminar la posibilidad de reforma.

Si admitimos la tesis de los que creen que el Título X se puede reformar por el procedimiento del artículo 167 de la CE, cabría la posibilidad de sustituirlo entero (por ese sistema, es decir sin disolución de las Cortes ni referéndum obligatorio) por un artículo que dijera: “La Constitución es inderogable e inmutable en el tiempo. La Constitución Española no podrá reformarse nunca”. Los argumentos formales son idénticos.

¿Siguen pensando lo mismo? ¿O esto les parece pelín absurdo?

 

 

 

Matones, mentiras y audios de radio

 

Escuchaba hace un rato una entrevista de Carlos Alsina a Francesc Homs motivada por la petición encubierta de “tanques” del político secesionista —es significativa la parafilia secesionista en este punto—. La entrevista, como de costumbre (ya he escuchado otras antes), ha estado muy bien, pero —el pero que motiva esta entrada— ha habido una afirmación de Alsina que ha encendido el interruptor de mis obsesiones. Recordando el esperpento del 9/11/2014 (en el que no hubo tanques, ni policía, ni “matones” que lo impidieran, sino solo recursos ante tribunales y luego querellas) Alsina pregunta a Homs por qué vuelve a hablar de tanques y matones cuando no los hubo ni los habrá cuando vuelva a haber un referéndum (vayan al minuto 5). La expresión utilizada, en realidad, ha sido otra, “poner las urnas”. Ante esa pregunta, el entrevistado ha convertido los “tanques, los matones y la policía”, tras unos balbuceos y varios “usted ya me entiende”, en “tribunales”.

Como he escrito muchas veces sobre el golpe de Estado secesionista en tránsito no voy a repetirme. Valga, por ejemplo, esta entrada, si alguien esta interesado en conocer mi posición. Tampoco voy a comentar las paupérrimas (intelectualmente hablando) y mendaces (con la distinción que hace, para salvar su trasero, entre el referéndum y la “consulta”) declaraciones.

Voy a centrarme en una cuestión de fondo, la del uso de la fuerza. Lógicamente, Homs decide dramatizar y hablar de tanques y matones. Luego añade jueces y policía. Dejemos de lado la interesada boutade sobre los matones. Que yo sepa el Gobierno de España no tiene contratados “matones”. Mencionar esto es de un mal gusto psicológica y políticamente significativo: la mentira busca afianzar el discurso. Sin novedad. Ahora bien, España si cuenta con “tanques”. Y cuenta con policía. Tanto el Gobierno, como muchas Comunidades Autónomas, como los Ayuntamientos. Y España cuenta con tribunales, claro. No somos, ya lo saben, una anomalía en el mundo de las naciones. Todos los Estados pueden usar, y de hecho usan, la fuerza.

La pregunta es sencilla: ¿puede o no utilizar el Estado español la fuerza si se realiza una ilegalidad? En abstracto la respuesta es sencillísima. Como España es un Estado de derecho, el uso de la fuerza esta regulado con detalle. Ha de provenir de una autoridad legítima, ha de estar justificado legalmente y ha de ser proporcional. En todo caso, hay un principio esencial: la ley ha de cumplirse. Este objetivo es esencial porque si la ley no se cumple se puede derrumbar todo el edificio. El cumplimiento total y permanente es un desiderátum: todos los Estados funcionan con un margen de tolerancia. En ninguno se cumple total y constantemente la ley, pero el edificio aguanta mientras no se sobrepase abiertamente ese límite. Como es obvio, no hay nada más disolvente que los casos notorios y públicos de incumplimiento —sobre todo de “empleados públicos”— en los que el Estado demuestra su incapacidad para dar una respuesta. Por eso México está como está: al borde del desastre como Estado democrático.

La pregunta, por tanto, es ¿por qué considerar “natural” que una resolución de uno de los más importantes tribunales españoles, sobre un asunto tan trascendente como el de la asunción ilegal de facultades constitucionales, no vaya a recibir una respuesta proporcional del Estado que incluya, si es preciso, el uso de la fuerza? La prudencia y la proporcionalidad son exigibles, es indudable. Más aún cuando aparentemente hay millones de ciudadanos convencidos de que esta ilegalidad o no lo es o está justificada de alguna forma. No obstante, el trabajo —que no se está haciendo— de explicación del enorme error que supone pensar así, no exime de la obligación de hacer lo preciso e imprescindible para que la ley se cumpla. Si el Tribunal Constitucional ordena que no se celebre un referéndum, el Estado ha de impedir que se celebre. La retórica sobre “las urnas” es ajena a esta sencilla cuestión —hablo de sencillez en términos argumentales, no digo que sea sencillo en términos prácticos—. Lo político es ajeno a esta cuestión. No digo que no tenga importancia. Hablo del aspecto estrictamente legal (la ley es el marco para lo político; la ley incluye los mecanismos legales para su modificación). Las autoridades tampoco deben eludir su obligación legal de usar los medios a su disposición para evitar que la ley se incumpla. Es tan simple como esto. ¿Consideramos normal que el Estado —y sus agentes— eludan sus obligaciones?

Para comprenderlo vayamos un paso más allá: imaginemos que el Senado, a petición del Gobierno, aprueba, por la vía del artículo 155 de la CE, medidas que impliquen el control por la Administración central de todas o algunas de las instituciones de la Comunidad Autónoma catalana. Imaginemos que los funcionarios designados intentan acceder a los medios materiales para cumplir con la función constitucional y legalmente asignada, y se encuentran con que se les intenta impedir. No hablo del ejercicio de libertades esenciales (que solo pueden suspenderse si se dan las condiciones extremas que justifiquen estados de sitio y excepción —condiciones previstas en la Ley 4/1981 de 1 de junio—); naturalmente, es previsible que haya protestas y manifestaciones, legítimas si no sobrepasan determinados límites. Hablo de coacciones y desobediencia. En tal caso, ¿alguien cree sensato que las autoridades y los tribunales dejen de lado sus responsabilidades y obligaciones constitucionales y las consientan? Insisto, con la prudencia y proporcionalidad que exijan los casos concretos, ¿se pretende seriamente que se incumpla la ley y los que cobran para que se cumpla miren para otro lado?

Volvamos al asunto de “las urnas”. Como es obvio, el argumento de “las urnas” me parece falaz. No obstante, los que lo defienden (los secesionistas) pueden usarlo. Nadie se lo impide. Ahora, cuando lo utilizan para defender que lo que hacen es legal su uso ha de ajustarse a ciertas reglas. Si es un argumento jurídico, y lo expones ante el Tribunal Constitucional tienes que someterte al resultado final (o, en su caso, al de instancias internacionales, como el TEDH, cuando se pretenda que se vulneran derechos humanos). Si tu argumento es que las leyes del Estado al que perteneces y sus tribunales no te afectan, el argumento ya no es legal, es político. Pregunta, por ejemplo, Homs “¿se va a suspender a cientos de alcaldes?” y la pregunta es tramposa. No, no se va a suspender a cientos de alcaldes. El Gobierno no puede ir por la calle y decir: “exprópiese”. Por suerte. Y tampoco la Generalidad o el Gobierno catalán pueden ir por la calle y decir “exprópiese” o hacer algo para lo que no tienen competencias y que pretende, además, destruir el Estado. La respuesta legal protege al Estado, pero en el Estado democrático, la respuesta legal protege ante todo al ciudadano. Se olvida, a menudo, que las instituciones del Estado español hoy controladas por secesionistas también pueden ser —y de hecho lo están siendo— arbitrarias. Y además se están anunciando por anticipado y con exhibición de una voluntad incumplidora.

Lo anterior es así con independencia de las cuestiones políticas —y del uso de la desobediencia como arma política—. Como ciudadano estas cuestiones me interesan y me conciernen. Como tengo una opinión y unos argumentos sobre la cuestión del secesionismo y sus consecuencias, no tengo problema en discutirlo. Ahora bien, la discusión civilizada no puede basarse en la arbitrariedad. Cuando alguien dice “voy a saltarme la ley, ¿qué vas a hacer tú, mandar tanques, policías, matones o jueces?”, yo, si estoy obligado a ello, respondo: “voy a cumplir la ley y a hacer lo preciso para que se cumpla. Así que matones, no, como es obvio. ¿Jueces y policía? Si hace falta. ¿Tanques? No, no puedo imaginarme un escenario en el que tengamos que llegar a eso. No estaría de más que abandonase ese lenguaje. Porque imagino que tú tampoco lo quieres, ni siquiera aunque convenga a tu causa”.

 

Aunque no lo lean pueden recomendarlo

 

¿Ninguna? ¿Seguro? ¿Ninguna de ningún tipo?

Si existe una numerosa jurisprudencia (tanto de tribunales internacionales, como de tribunales nacionales) sobre los límites a la libertad de expresión e ideológica y sobre la posibilidad de castigar penalmente ciertas conductas (por ejemplo, la quema de banderas) es precisamente porque esta no ha sido una cuestión pacífica. De hecho, las condenas y sanciones suelen fundamentarse en una legislación positiva que existe y que suele ser discutida sobre la base de la existencia de derechos fundamentales (ya formalizados). De esa constante tensión entre la libertad ideológica y de expresión frente a sus límites (derecho al honor, orden público, proscripción del discurso del odio -y, por tanto, definición de lo que es “discurso del odio”-) deriva el que se hayan afinado cada vez en mayor medida estas instituciones. Su corolario es el siguiente: cuando se navega en los límites la discusión siempre puede volver a plantearse, ya que el casuismo es infinito. Dice el autor del tuit que “quemar una foto” del rey nunca puede ser delito. Y esa opinión es un exceso: depende. Depende del contexto. Quemar la foto de una persona puede ser una forma de amenazarla. Insisto: depende de cómo se haga y de los actos previos y posteriores. No creo que sea necesario imaginar hipótesis, porque pienso que lo que digo lo entiende cualquiera.

En cualquier caso, una buena prueba de que es desmesurado afirmar que no existe ninguna base jurídica para considerar delito la quema de una foto del rey es la propia sentencia núm. 177/2015 de 22 julio. RTC 2015\177 del Tribunal Constitucional.

Esta sentencia la firman once magistrados del Tribunal Constitucional. Hay tres votos particulares.

Para empezar, ninguno de los magistrados (ni siquiera los disidentes) llega tan lejos como el profesor Queralt. Ninguno afirma que la condena de la Audiencia Nacional carezca de base jurídica. Lo que discuten los magistrados es si esa condena no debió dictarse por actuar los condenados amparados por su libertad ideológica y de expresión amparadas por la Constitución. Es decir, no si la actuación de los condenados cumplía los requisitos del tipo, sino existía una causa que justificase que la lesión fuese admisible (como sucede con el que mata para defenderse legítimamente).

La discusión es interesantísima. En mi opinión, aciertan los magistrados disidentes. El Tribunal Constitucional debió anular la condena. Más aún, en mi opinión, la sentencia es manifiesta y gravemente errónea y contraria a la jurisprudencia internacional, a la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional y, además, incurre en el grave defecto de alterar la base de la condena para justificar que la misma es admisible en la medida que supone una manifestación del discurso del odio (cuando la condena lo es por injurias). Yo creo que esas personas estaban oponiéndose a una institución del Estado por razones ideológicas, que su conducta no tenía un fin esencialmente vejatorio de las personas (algo que, tratándose de quien se trata, debería ser prístino y casi exclusivo o muy preponderante para justificar una condena penal), que esa expresión concreta no es manifestación de ningún discurso del odio (tampoco aunque se utilice la ideología como criterio definidor de un supuesto grupo “odiado”) . Tampoco creo que exista una amenaza o una incitación a la comisión de delitos.

Voy a reproducir extractos (bastante amplios) de la argumentación de la mayoría y de los votos particulares. Por si alguien tiene interés. Comprendo que es largo y, a veces, farragoso, pero merece la pena por dos razones:

1.- Porque la discusión se centra en las dos caras de un aspecto esencial de un Estado democrático: la de su protección y la de los excesos que pueden, pese a su pretensión de protegerlo, desvirtuarlo.

2.- Porque si ustedes pierden media hora leyendo argumentos (los que me convencen y los que no me convencen) podrán tener una opinión fundada.

Si deciden saltárselo, les propongo el siguiente resumen en forma de tuit: “sobre eso de las fotos del rey, es imprescindible leer a Tsevanrabtan”

Los hechos sucintamente:

… «sobre las 20:00 horas del día 13 de septiembre de 2007, con motivo de la visita institucional de S.M. el Rey a la ciudad de Gerona, J.R.C y E.S.T … quemaron previa colocación boca abajo de una fotografía de SS.MM. los Reyes de España en el curso de una concentración en la plaza de Vino de esa capital. A dicha concentración le había precedido una manifestación encabezada por una pancarta que decía “300 años de Borbones, 300 años combatiendo la ocupación española”. Lo citados iban con el rostro tapado para no ser identificados y, tras colocar la citada fotografía de gran tamaño de SS.MM. los Reyes en la forma expuesta, en el centro de la plaza se procedió por Enric Stern a rociarla con un líquido inflamable y por Jaume Roura a prenderle fuego con una antorcha procediendo a su quema, mientras eran jaleados con diferentes gritos por las varias decenas de personas que se habían reunido en la citada plaza».

La opinión mayoritaria (las negritas son mías):

Con arreglo a estos presupuestos nos corresponde dilucidar si, como defienden los demandantes de amparo, el hecho de quemar, en las circunstancias descritas, una fotografía de SS.MM. los Reyes es una conducta penalmente no reprochable por constituir un legítimo ejercicio de la libertad de expresión que garantiza la Constitución [art. 20.1 a)  CE  (RCL 1978, 2836)  o si, por el contrario, … dicha conducta tiene un contenido intrínsecamente injurioso y vejatorio que desborda los límites constitucionales de la libertad de expresión. Para ello será preciso analizar la concreta acción ejecutada por los recurrentes, atendiendo particularmente a los siguientes criterios:

a) En primer lugar, conviene subrayar la singular y reforzada protección jurídica que el legislador penal otorga a la Corona, al igual que hace con otras altas Instituciones del Estado, para defender el propio Estado Constitucional, pues así lo corrobora el hecho de que el delito de injurias a la Corona no figure en el titulo XI del Código Penal, relativo a los delitos contra el honor, sino en el título XXI, dedicado precisamente a los delitos contra la Constitución. Por consiguiente, en lo que ahora exclusivamente nos importa, el art. 490.3 del  Código Penal (CP)  (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) tipifica un delito de naturaleza pública, a cuyo través se protege el mantenimiento del propio orden político que sanciona la Constitución, en atención a lo que la figura del Rey representa. No obstante, el honor y la dignidad del monarca también forman parte del bien jurídico protegido por el precepto, siempre que la ofensa tenga que ver con el ejercicio de sus funciones o se produzca con ocasión de dicho ejercicio. Ahora bien, la protección penal que ofrece el art. 490.3 CP no implica que el Rey, como máximo representante del Estado y símbolo de su unidad, quede excluido de la crítica especialmente por parte de aquéllos que rechazan legítimamente las estructuras constitucionales del Estado, incluido el régimen monárquico. (…)

b) En segundo lugar, debe destacarse que la destrucción de un retrato oficial posee un innegable y señalado componente simbólico. Aunque las más genuinas formas de expresión consisten en manifestaciones orales o escritas, las personas pueden igualmente comunicar o expresar sus ideas y opiniones mediante conductas, hechos o comportamientos no verbales que, en tal consideración, son también manifestaciones de la libertad de expresión. En este sentido, la Constitución garantiza el derecho fundamental a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas u opiniones no sólo mediante la palabra o el escrito, sino también mediante «cualquier otro medio de reproducción» (…) 

c) Por último interesa remarcar que, desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión, la formulación de críticas hacia los representantes de una institución o titulares de un cargo público, por desabridas, acres o inquietantes que puedan resultar no son más que reflejo de la participación política de los ciudadanos y son inmunes a restricciones por parte del poder público. Sin embargo, esa inmunidad no resulta predicable cuando lo expresado, aun de forma simbólica, solamente trasluce ultraje o vejación. De ahí, precisamente, la importancia de calibrar el significado de la conducta llevada a cabo por los demandantes, a fin de determinar si dicho comportamiento expresa un pensamiento crítico contra la Monarquía y los Reyes … o, por el contrario, se trata de un acto que incita a la violencia o al odio hacia la Corona y la persona del monarca, instrumentado mediante una liturgia truculenta.

4.  Teniendo en cuenta estos criterios …  las Sentencias recurridas declaran probado que los recurrentes irrumpieron con el rostro tapado –uno encapuchado y otro embozado– en la concentración que siguió a la manifestación precedente celebrada en protesta de la visita real y, previa deliberada colocación boca abajo de una fotografía de gran tamaño de los Reyes, procedieron a quemarla mientras eran jaleados por varios de los concentrados para, seguidamente, retirarse e intentar confundirse con el resto de los asistentes. De las circunstancias relatadas, los órganos judiciales coligieron el carácter delictivo de los hechos, dada la expresión simbólica de desprecio y destrucción que en el contexto en que se produjo comportó el uso del fuego, amén de la colocación del retrato de los Reyes en posición claudicante (boca abajo). Dichos órganos también escindieron nítidamente la transcendencia jurídica de la precedente manifestación antimonárquica, que consideraron amparada por el legítimo ejercicio del derecho a la libertad de expresión, del subsiguiente episodio sometido a enjuiciamiento, el cual, además de ser considerado formalmente injurioso, se reputó innecesario para exteriorizar una posición crítica hacia la Monarquía. (…) Desde la perspectiva que nos corresponde debemos dilucidar si los hechos acaecidos son expresión de una opción política legítima, que pudieran estimular el debate tendente a transformar el sistema político, o si, por el contrario, persiguen desencadenar un reflejo emocional de hostilidad, incitando y promoviendo el odio y la intolerancia incompatibles con el sistema de valores de la democracia.

Cuando una idea u opinión se manifiesta, como en el caso enjuiciado, mediante la destrucción de elementos con un valor simbólico, la conducta ha de ser examinada con arreglo a un canon de enjuiciamiento particularmente atento a las concretas circunstancias del caso. Un acto de destrucción puede sugerir una acción violenta y, en consecuencia, ser susceptible de albergar mensajes que no merecen protección constitucional. Pues, como es obvio, no es jurídicamente indiferente manifestar la protesta o el sentimiento crítico utilizando medios o instrumentos inocuos para la seguridad y dignidad de las personas, que hacerlo incitando a la violencia o al menosprecio de las personas que integran la institución simbolizada o sirviéndose del lenguaje del odio.

En la  STC 136/1999, de 20 de julio  (RTC 1999, 136)  afirmamos que «no cabe considerar ejercicio legítimo de las libertades de expresión e información a los mensajes que incorporen amenazas o intimidaciones a los ciudadanos o a los electores, ya que como es evidente con ellos ni se respeta la libertad de los demás, ni se contribuye a la formación de una opinión pública que merezca el calificativo de libre» (FJ 15). Del mismo modo, la utilización de símbolos, mensajes o elementos que representen o se identifiquen con la exclusión política, social o cultural, deja de ser una simple manifestación ideológica para convertirse en un acto cooperador con la intolerancia excluyente, por lo que no puede encontrar cobertura en la libertad de expresión, cuya finalidad es contribuir a la formación de una opinión pública libre.

Es obvio que las manifestaciones más toscas del denominado «discurso del odio» son las que se proyectan sobre las condiciones étnicas, religiosas, culturales o sexuales de las personas. Pero lo cierto es que el discurso fóbico ofrece también otras vertientes, siendo una de ellas, indudablemente, la que persigue fomentar el rechazo y la exclusión de la vida política, y aun la eliminación física, de quienes no compartan el ideario de los intolerantes.

En estos términos deben valorarse los hechos ocurridos el 13 de septiembre de 2007 en la plaza mayor de la ciudad de Girona, donde, tras haber situado en la plaza mayor de la ciudad de Girona una estructura metálica en la que se sujeta una fotografía de las efigies en tamaño real de los Monarcas, puesta «boca abajo», los oficiantes, encapuchado uno y embozado otro, le prenden fuego mediante una antorcha, al tiempo que otras personas aprueban la acción con gritos y aplausos.

La escenificación de este acto simbólico traslada a quien visiona la grabación videográfica la idea de que los Monarcas merecen ser ajusticiados, sin que deba dejar de advertirse además que el lóbrego acto provoca un mayor impacto en una sociedad democrática, como la española, que de forma expresa excluye en su Constitución la pena de muerte (art. 15  CE  (RCL 1978, 2836) .

Quemar en público, en las circunstancias descritas, la fotografía o la imagen de una persona comporta una incitación a la violencia contra la persona y la institución que representa, fomenta sentimientos de agresividad contra la misma y expresa una amenaza.

En definitiva, quemar públicamente el retrato de los Monarcas es un acto no sólo ofensivo sino también incitador al odio, en la medida en que la cremación de su imagen física expresa, de un modo difícilmente superable, que son merecedores de exclusión y odio.

5. A continuación, pasamos a dar respuesta a la primera de las lesiones denunciadas en la demanda que, en síntesis, se funda en el siguiente alegato: la condena impuesta por los órganos judiciales constituye un castigo por la expresión pública de unas convicciones antimonárquicas, lo que vulnera el derecho a la libertad ideológica de los demandantes (arts. 16.1 CE). (…)  Una vez sintetizada nuestra doctrina, hemos de afirmar que las penas impuestas a los demandantes no vulneran el derecho fundamental a la libertad ideológica (art. 16.1 CE), pues sin perjuicio del trasfondo antimonárquico de su comportamiento, de todo punto evidente, el reproche penal que realizan las Sentencias impugnadas no se fundamenta en el posicionamiento ideológico de los recurrentes, sino en el contenido de un acto episódico de naturaleza simbólica. En el ordenamiento español no existe ninguna prohibición o limitación para constituir partidos políticos que acojan idearios de naturaleza republicana o separatista, ni para su expresión pública, como evidencia la celebración de la manifestación que tuvo lugar inmediatamente antes de la comisión de los hechos sancionados. En suma, pues, la condena penal carece del proscrito efecto disuasorio respecto de la exteriorización de un determinado credo político en torno a la institución monárquica o, más concretamente, respecto de la figura del Rey, ya que tal condena se anuda, exclusivamente, al tratamiento de incitación al odio y a la exclusión de un sector de la población mediante el acto de que fueron objeto los retratos oficiales de los Reyes.

El voto particular de la magistrada Adela Asua Batarrita:

(…) Considero que procedía la estimación del recurso otorgando el amparo solicitado por vulneración del derecho a la libertad ideológica y de expresión [arts. 16.1 y 20.1 a)  CE  (RCL 1978, 2836)  ya que la conducta de los recurrentes de prender fuego a una foto oficial de los Reyes, ante otras personas, al término de una manifestación antimonárquica pacífica, se inserta en el amplio campo de protección que la Constitución garantiza al ejercicio de aquellas libertades.

1. Los derechos a la libertad de opinión, de expresión y de información conforman el sustrato básico de la sociedad abierta propia del moderno Estado constitucional, son inherentes al valor superior del pluralismo político que consagra el art. 1.1 de nuestra Constitución. El grado de firmeza y la amplitud en la tutela de estas libertades se convierten en fieles indicadores de la solidez del sistema democrático, en el que la crítica y la expresión de la disidencia garantizan la legitimidad política del sistema. Cuando se trata de manifestación de opiniones sobre aspectos políticos o institucionales, sobre la actuación de gobernantes o de quienes desempeñan poderes constitucionales, el ámbito de la libertad de expresión carece prácticamente de límites. Como tantas veces ha repetido este Tribunal, la crítica malsonante, la manifestación políticamente incorrecta, los gestos o actos desabridos, de mal gusto o de impactante exageración no quedan expulsados del campo legítimo de la libertad de expresión. Lo cual no significa, naturalmente, que no puedan ser objeto de rechazo, censura o de reprobación por sectores más o menos extensos de la opinión pública, en la dialéctica propia del necesario contraste de opiniones y convicciones. Claro es que también operan ciertos límites, como se advierte en los mismos arts. 16.1 y 20.4 CE, límites que remiten a las condiciones básicas de seguridad de la convivencia democrática y que marcan la frontera exterior donde cesa la tutela constitucional. Un primer límite es el de la ausencia de violencia, en sí misma incompatible con el significado del derecho. La violencia vehicula un mensaje, sin duda, que de inmediato queda descalificado como ejercicio del derecho fundamental, como también se descalifica un discurso acompañado de actos de violencia o de provocación de un riesgo inminente para la seguridad de personas o cosas, o de una amenaza verosímil. Otro límite generalmente aceptado remite al «discurso del odio», presente en los mensajes que incitan a la discriminación y a la exclusión –cuando no a la agresión o la eliminación– de determinados colectivos por razón de sus características étnico-culturales, religiosas, origen nacional, sexo u orientación sexual, o factores análogos de vulnerabilidad. Así considerado, el llamado «discurso del odio», es un exponente histórico del reverso de la democracia, o del peligro de su quiebra.

La frontera de la violencia, pero también de la provocación a la misma, como límite externo de la libertad de expresión fue definida con precisión por el Juez Holmes …  «al igual que debe castigarse la provocación al asesinato, no puede oponerse reparo constitucional al castigo de aquel discurso que produzca, o que intente producir un riesgo claro e inminente de desencadenar un daño sustancial que el Estado constitucionalmente debe tratar de impedir». En aquel caso, mantuvo en solitario la necesidad de verificar esos dos requisitos ineludibles –peligro evidente e inminente ( clear and present danger )– precisamente para argumentar su desacuerdo con la resolución del Tribunal que consideró conforme a la primera Enmienda la condena a prisión por la preparación y difusión de panfletos críticos con medidas del gobierno relacionados con la guerra europea. Aunque la aceptación de la doble exigencia requirió varias décadas, hoy día ha quedado consolidado como estándar operativo para demarcar el campo del discurso protegido en el marco constitucional e internacional de los derechos humanos.

En cuanto a la segunda limitación, …  el repudio del discurso del odio pasa a ser admitido en la jurisprudencia europea como un inexcusable límite a la tutela del ejercicio de aquel derecho. La experiencia histórica con discursos y prácticas xenófobas de segregación como antesala de barbarie, han conducido a identificar el discurso del odio con cualquier forma de expresión que incite, promueva o propague el odio racial, la xenofobia, u otras formas de odio basadas en la intolerancia, mediante la creación de un clima de hostilidad y exclusión, generador de un efecto cierto de amenaza que perturba el ejercicio de la igualdad de derechos de los miembros de determinados colectivos socialmente vulnerables.

Sobre estos límites a la libertad de expresión y su significado versaron buena parte de las intervenciones durante los debates mantenidos en el Pleno sobre el presente recurso de amparo, por ello he creído conveniente este previo recordatorio; pero también porque finalmente la Sentencia de la que discrepo fundamenta el sentido del fallo en el entendimiento de que la quema de la foto real fue expresión de un verdadero «discurso del odio», y a la vez exteriorización de una amenaza y de provocación a la violencia. Interpretación que a mi juicio, no solo carece totalmente de sustento fáctico, sino que desfigura el concepto del «discurso del odio» y distorsiona peligrosamente su alcance. A ello me referiré a continuación con mayor detalle.

2. Comparto evidentemente el contenido de los fundamentos jurídicos 2 y 3 de la Sentencia … ; así como los aspectos concernientes a los cargos públicos o representantes institucionales, incluido el Jefe de Estado, en cuanto al mayor nivel de crítica y de incomodidad o molestia que deben soportar … y … el criterio de que la violencia y el discurso del odio constituyen claros límites a la libertad de expresión, … Dicho esto, mi discrepancia se proyecta sobre los fundamentos jurídicos 4 y 5 de la Sentencia, momento en el que la aplicación del canon y de los criterios definidos en los fundamentos precedentes los somete a una reformulación que los convierte en irreconocibles, previa reinterpretación de los datos constatados en los hechos probados recogidos en las resoluciones judiciales objeto de impugnación. Concretamente, … en el fundamento jurídico 4 de nuestra Sentencia, inopinadamente, el parámetro de enjuiciamiento ha virado para «dilucidar si los hechos acaecidos son expresión de una opinión política legítima que pudiera estimular el debate tendente a transformar el sistema político, o si, por el contrario persiguen desencadenar un reflejo emocional de hostilidad, incitando y promoviendo al odio y la intolerancia incompatibles con el sistema de valores de la democracia». Perspectiva no invocada ni aludida por ninguna de las partes, pero que va a conducir a afirmar que los hechos tuvieron un «significado netamente incitador al odio». Un entendimiento del discurso del odio muy alejado de las definiciones contempladas en instrumentos internacionales ya avanzadas antes y sobre las que volveré posteriormente.

La reconstrucción fáctica y jurídica incluye la atribución de intención o finalidad, como elementos subjetivos que, se afirma, subyacen a la provocación a la violencia y al odio, lo cual no solo resulta insólito, por convertir a este Tribunal en una especie de tercera instancia que revisa hechos y elementos subjetivos inaudita parte , sino que aboca, ante todo, a una clara alteración de la calificación jurídica de los hechos, y, a continuación, a una incongruencia omisiva, porque deja sin responder al objeto del amparo: si la condena por delito de injurias al Rey, es decir el respeto al honor del Rey y/o el honor institucional de la monarquía, puede operar como límite a la libertad de expresión política. El desarrollo argumental de la Sentencia discurre por otros derroteros, por la exploración de la capacidad del discurso simbólico de convertirse en «discurso de odio» y de provocación a la violencia. La provocación a la violencia contra las personas sobrepasa, sin duda, los límites de la libertad de expresión, pero para afirmar la presencia de una provocación a la violencia es ineludible verificar seriamente el eventual riesgo de la escalada violenta, en cuanto a su claridad y a su conexión de inmediatez.

3. Las dos resoluciones judiciales previas … rechazaron que los hechos pudieran quedar amparados por la libertad de expresión del art. 20 CE, por tratarse de una extralimitación ya que «en abuso del ejercicio del derecho se pretende menoscabar y despreciar la dignidad de otro, en este caso la Institución de la Corona». Abuso de derecho y vejación innecesaria son los argumentos de la precaria fundamentación de las resoluciones impugnadas. En la Sentencia desestimando la apelación constan votos particulares de varios Magistrados rechazando que se produjera menosprecio intrínsecamente vejatorio o afectación al núcleo de la dignidad personal de los Reyes, de su fama u honor.

En la Sentencia aprobada por la mayoría de este Tribunal se considera que el castigo impuesto a los recurrentes por la comisión de un delito de injurias al Rey y a sus familiares no vulnera sus derechos a la libertad ideológica (art. 16 CE) y de expresión [art. 20.1 a) CE], pero no por razón de la vejación o deshonor alegados en las Sentencias impugnadas, sino porque «quemar públicamente el retrato de los Monarcas es un acto no sólo ofensivo sino también incitador al odio, en la medida en que la cremación de su imagen física expresa, de un modo difícilmente superable, que son merecedores de exclusión y de odio».

Implícitamente se rechaza, por tanto, que la ofensa al honor o al prestigio de los Reyes , o de la institución monárquica pueda operar como límite a la tutela de la libertad de expresión. El silencio al efecto es revelador, como lo es la búsqueda de otro asidero para poder afirmar que hubo «extralimitación» o, incluso más, que los recurrentes «lisa y llanamente actuaron con el propósito de incitar a la exclusión sirviéndose de una escenificación lúgubre y con connotaciones violentas». (…) La quema del retrato no puede verse como mensaje de opinión política según la mayoría del Pleno, pese al carácter antimonárquico de la manifestación previa en la que consta que ambos demandantes de amparo participaron, dado que precisamente gracias a la grabación de la misma fueron identificados. Especialmente grave resulta la asertividad voluntarista de las afirmaciones.

En el fundamento jurídico 5 se retorna a la línea diseñada de eludir la realidad o de, lo que es más grave, reelaborarla. Así, en relación a la vulneración de la libertad ideológica, rechazando que la sanción impuesta pudiera desplegar efecto inhibidor o de «desaliento» en el ejercicio del derecho, se niega esa posibilidad «ya que tal condena se anuda exclusivamente, al tratamiento de incitación del odio y a la exclusión de un sector de la población mediante el acto de que fueron objeto los retratos oficiales del Rey». Basta leer las Sentencias de instancia y de apelación, o el extracto de ellas reproducido en los antecedentes de nuestra Sentencia para comprobar la ausencia de toda referencia a incitaciones al odio, o exclusión ¿de un sector de la población?; y las explícitas referencias al menosprecio de la dignidad, a la injuria o vejación innecesaria, calificaciones acordes con el sentido del fallo condenatorio.

Resulta igualmente preocupante, desde el prisma de las garantías procesales y de la tutela judicial efectiva el descubrimiento que la Sentencia de la que disiento hace de elementos intencionales hasta entonces desconocidos, como los «propósitos de incitar a la exclusión»; al parecer de la exclusión «de quienes los recurrentes identifican con la Corona».

Asimismo, en cuanto al «riesgo evidente de que el público presente en la concentración percibiera la conducta de los recurrentes como una incitación a la violencia y el odio a la Monarquía y hacia quienes la representan» se encadenan hipótesis dudosas e inverificables como que: «pudo suscitar en los presentes reacciones violentas» o similares, una extrapolación de los hechos que no indican la presencia de un clima en el que tal hipótesis pudiera alcanzar visos de realidad. Lejos se sitúan tales hipótesis de la exigencia de constatación de que el peligro que se alegue debe reunir los caracteres de ser real, apoyado en datos fehacientes, y además acuciante, inminente. Difícilmente puede compartirse que los Reyes corrieran algún peligro cierto y próximo, consecutivo al acto de la quema del retrato; no hay atisbo de datos en los hechos probados que permitan asentar el temor en algún suelo más seguro que el de la mera suposición.

4. En cuanto al discurso del odio, como es sabido, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos reproduce la definición que ofrece la Recomendación núm. R (97) 20 del Consejo de Europa: «el término ‘discurso del odio’ abarca cualquier forma de expresión que propague, incite, promueva o justifique el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia que se manifiestan a través del nacionalismo agresivo y el etnocentrismo, la discriminación y la hostilidad contra las minorías y los inmigrantes o personas de origen inmigrante» (STEDH caso Feret c. Belgica, de 16 de julio de 2009, § 44). Por ello, calificar la quema del retrato real como una expresión del «discurso de odio», como se hace en la actual Sentencia, no puede considerarse sino un ejercicio errático en la búsqueda de una cobertura jurídica que se antoja imposible, tratando de justificar de cualquier manera la desestimación del presente recurso de amparo. Equiparar bajo el mismo concepto el discurso antimonárquico –aquí y ahora– con el discurso dirigido a fomentar la discriminación y exclusión social de colectivos secularmente vulnerables, revela una lamentable utilización de conceptos acuñados sobre realidades dramáticas que en modo alguno admiten comparación con los insultos a una institución o a unas personas de tan alta relevancia pública.

En definitiva, la posición defendida por la opinión mayoritaria parece asumir implícitamente que la tutela del honor o el prestigio de la Monarquía propiamente no puede prevalecer sobre la libertad de expresión, pues no otra conclusión puede obtenerse del enfoque argumental ceñido al discurso de odio y de la violencia que la quema de la foto real expresaría. Una conclusión coherente con esa argumentación debería haber conducido a estimar el amparo porque la condena penal por injurias impuesta a los recurrentes queda sin sustento para negar el legítimo ejercicio de la libertad de expresión. Conforme al argumento de la Sentencia, dado que la extralimitación proviene de la amenaza o provocación, la calificación penal pertinente compatible con tal forma de razonar debería haber sido la de un delito de amenazas, o la de un delito contra la integridad física en estadio de provocación. Si nos atenemos a la tesis del «discurso del odio», la previsión penal del art. 510 CP, que castiga como delito la provocación al odio y a la violencia contra colectivos vulnerables a la discriminación, ciertamente quedaría fuera de consideración. Hipótesis que solo a efectos dialécticos pueden ser objeto de comentario, pues en ningún caso puede tomarse en serio su concurrencia, como he pretendido poner de relieve.

Concluyo retomando mi primera reflexión: la maximización de la tutela del ejercicio de la libertad de expresión va asociada a la madurez de la democracia, pero asimismo es condición ineludible para que el sistema democrático alcance la madurez cuando todavía se está en el camino, como puede ser nuestro caso. Advertía en su día el Juez Holmes que «debemos estar siempre vigilantes contra los intentos de impedir las expresiones que aborrecemos». Cometido distintivo de la democracia es garantizar por igual la opinión crítica y la reprobación tanto de los malos gobiernos como de los gobiernos ejemplares si tal calificación fuera posible; tanto respecto a las propuestas que agradan a la mayoría como respecto a las que solo una minoría aplaude. Esta premisa subyace a mi disentimiento de las resoluciones impugnadas en el presente recurso que no entraron a ponderar debidamente el significado de los derechos constitucionales en juego, carencia que correspondía sanar a este Tribunal estimando el amparo que se nos solicitaba.

El voto particular de la magistrada Encarnación Roca Trías:

(…)  Es decir, la libertad ideológica, al igual que la religiosa y de cultoSTC 46/2001, de 15 de febrero  (RTC 2001, 46)  FJ 5), no se encuentra sometida a más restricciones que las que puedan derivarse de la citada cláusula, … La equiparación entre una y otras limitaciones, requiere, en todo caso, que … cuando el hecho imputado a un ciudadano afecte principalmente a su derecho a la libertad ideológica, su enjuiciamiento ha de ponderar y analizar también principalmente de qué manera a través de su manifestación externa se ha vulnerado el ‘orden público protegido por la Ley’». (…) En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado también que «cuando el art. 16.1 CE garantiza las libertades ideológicas, religiosa y de culto ‘sin más limitación, en sus manifestaciones, que el orden público protegido por la ley’, está significando con su sola redacción, no sólo la trascendencia de aquellos derechos de libertad como pieza fundamental de todo orden de convivencia democrática (art. 1.1 CE), sino también el carácter excepcional del orden público como único límite al ejercicio de los mismos, lo que, jurídicamente, se traduce en la imposibilidad de ser aplicado por los poderes públicos como una cláusula abierta que pueda servir de asiento a meras sospechas sobre posibles comportamientos de futuro y sus hipotéticas consecuencias» ( STC 46/2001  (RTC 2001, 46)  FJ 11).

(…) Este canon o estándar no ha sido, sin embargo, el utilizado por la Sentencia de la que discrepo, que centra su argumentación en la constatación de que, desde el prisma del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, los hechos acaecidos comportan «una incitación a la violencia contra la persona y la Institución que representa» y «avalan categóricamente el significado netamente incitador al odio» (FJ 3); límites establecidos como tales por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en atención al reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos como fundamento de una sociedad democrática y pluralista. No creo que el contenido de ambos cánones sea exactamente el mismo. Los límites del derecho a la libertad de expresión, cuando está concernida la libertad ideológica, deben ser, a mi juicio, sensiblemente distintos y así, entiendo, se puede deducir de la Constitución tal como es interpretada en las Sentencias anteriormente citadas. Evitando entrar en valoraciones sobre si nos encontramos realmente ante un supuesto que pueda reconocerse como de incitación al odio o la violencia, como así lo ha estimado la mayoría, creo que el límite establecido constitucionalmente en relación con el ejercicio del derecho a la libertad ideológica y a la expresión de la misma —es decir, el del orden público— es menos restrictivo que el mantenido en la Sentencia de la que discrepo.

No siempre el ejercicio de la libertad de expresión deriva del de la libertad ideológica, pero cuando parte de su ejercicio, la posibilidad de limitación del derecho, debe ser menor, y así, salvo la imposición por la violencia de los propios criterios y la alteración del «orden público», debe permitirse su libre exposición «en los términos que impone una democracia avanzada» (…)  En el presente caso, no se encontraba en juego únicamente el ejercicio de la libertad de expresión de meros pensamientos, ideas u opiniones, sino el de la expresión de una concreta ideología, es decir, quedaba afectada la libertad ideológica.

Considero, en definitiva, que la limitación establecida por la Constitución en el ejercicio de la libertad ideológica (art. 16.1 CE) permitía, en un caso como el presente, una posición basada en el principio clear and present danger , tal como sostiene la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, fundada en la protección prioritaria de la libertad, pues:

1.º Lo que se enjuiciaba era la expresión de una determinada posición ideológica (art. 16.1 CE); en este caso, el de unas convicciones antimonárquicas.

2.º Que fue expresada a través de una actuación simbólica y, por ello, de contenido, significado y alcance mucho más opinable que el resultante de un texto escrito. Y, además, a través de la quema de un retrato oficial; en este sentido, se hace preciso traer a colación que el tipo penal previsto en el art. 490.3 del Código Penal, por el que fueron condenados los demandante de amparo, lo que sanciona es la calumnia o injuria al Rey o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe heredero de la Corona, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas.

3.º En un espacio público, y, en concreto, al término de una manifestación cuyo objetivo era mostrar el rechazo a la visita del Monarca a Cataluña. La escenificación tenía, pues, relación con un asunto de relevancia pública en aquél momento;

4.º Y sin que, además, tras ella se produjeran conflictos o altercados de ningún tipo.

Se trata, como manifesté en el Pleno, de una decisión compleja, llena de aristas y discutible, como así lo demuestran los diferentes modelos de ponderación a los que me he referido –estadounidense y europeo–, sobre cuyo estudio y comparación se ha ocupado la doctrina científica. Dicho esto, y dado que la Constitución permitía, a mi juicio, una interpretación como la ya referida, mi postura ante esta difícil decisión ha sido optar, en este caso, por el reconocimiento de la libertad ideológica y la protección de su manifestación, pues, como se ha dicho por este Tribunal, «sin la libertad ideológica consagrada en el art. 16.1 de la Constitución, no serían posibles los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico que se propugnan en el art. 1.1 de la misma para constituir el Estado social y democrático de derecho que en dicho precepto se instaura», pues «[p]ara que la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político sean una realidad efectiva y no la enunciación teórica de unos principios ideales, es preciso que a la hora de regular conductas y, por tanto, de enjuiciarlas, se respeten aquellos valores superiores sin los cuales no se puede desarrollar el régimen democrático que nos hemos dado en la Constitución de 1978» (STC 20/1990, FJ 3).

Voto particular del magistrado Juan Antonio Xiol Ríos:

1. Los derechos a la libertad de expresión e información están íntimamente ligados a la democracia. La sensibilidad y la forma con que los poderes de un Estado abordan y tratan estos derechos son un indicador de la calidad de su democracia; por eso me alarma la tendencia restrictiva de estos derechos en la más reciente jurisprudencia constitucional. (…) En esta ocasión los afectados son dos ciudadanos condenados penalmente por la utilización de una forma de expresión –la destrucción o quema de fotos de representantes políticos o de símbolos políticos– que es ampliamente aceptada en los estándares internacionales de derechos humanos como una inocua manifestación del derecho a la libertad de expresión.

2. La opinión mayoritaria en que se sustenta la Sentencia considera que la sanción penal impuesta a los recurrentes …  no vulnera sus derechos a la libertad ideológica (art. 16 CE) y de expresión [art. 20.1 a) CE]. El argumento para sustentar esta afirmación, separándose por completo de cuál fue la línea de razonamiento en la vía judicial para fundamentar la condena de los recurrentes, es que esa conducta simbólica no supone el «legítimo» ejercicio de esos derechos, al ser una manifestación del denominado «discurso del odio», que es uno de los límites intrínsecos a ese ejercicio.

(…) Mi discrepancia radica en que, a mi juicio, (i) la concreta conducta de destrucción mediante el fuego de una foto institucional del Jefe del Estado y su consorte como la realizada por los recurrentes y en el contexto en que fue desarrollada no es una manifestación del «discurso del odio» que suponga un ejercicio incurso en extralimitación o abusivo y, por tanto, «ilegítimo» del derecho a la libertad de expresión; (ii) que esa concreta extralimitación y por esa causa, hipotéticamente, no justifica la respuesta penal por aplicación del delito de injurias al Rey y a sus familiares que fue establecida en la vía judicial previa; y (iii) que esa concreta respuesta penal, además, no resulta necesaria y proporcionada ponderando los derechos, valores e intereses constitucionales en conflicto.

I. La banalización del discurso del odio.

3. La opinión de la mayoría, …  banaliza el discurso del odio y su significación como restricción legítima de la libertad de expresión.

La jurisprudencia constitucional y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) han establecido dos notas distintivas para poder calificar un acto comunicativo como «discurso del odio»: (i) que suponga una incitación directa a la violencia y (ii) que se dirija contra los ciudadanos en general o contra determinadas razas, creencias o actitudes vitales en particular. (…) En coherencia con ello, el análisis que ha proyectado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el discurso del odio … aparece siempre referido a supuestos de actos comunicativos que pudieran ser interpretados como de incitación a la violencia contra grupos y colectivos basados en consideraciones étnicas, religiosas, nacionales, raciales, de orientación sexual, etc., o justificativos de tratamientos discriminatorios y limitativos del disfrute de los derechos humanos por parte de estos grupos y los individuos que los integran. En ese contexto, cuando se ha pretendido aplicar la doctrina del discurso del odio a supuestos de una eventual incitación u hostilidad contra personas singulares no integradas en grupos vulnerables se ha negado que se trate de manifestaciones del discurso del odio (STEDH caso  Otegi Mondragón c. España  (TEDH 2011, 30) , de 15 de marzo de 2011, § 54); o se ha contrapuesto, precisamente, a otras restricciones legítimas de la libertad de expresión para la protección de intereses individuales, como son la difamación o la incitación a ejercer violencia contra personas individuales y determinadas (STEDH caso Delfi As c. Estonia, de  16 de junio de 2015  (JUR 2015, 156017) .

Por otra parte, en lo que se refiere a que el acto suponga por sí mismo una incitación directa al ejercicio de la violencia como resultado del discurso del odio –solo por citar supuestos de actos simbólicos que pueden servir de parámetro de enjuiciamiento en este caso– la STEDH caso Fáber c. Hungría , de  24 de julio de 2012  (JUR 2012, 255139)  estimó que no podía ser calificado como una manifestación del discurso del odio el hecho de mostrar una bandera de polémicas connotaciones al paso de una manifestación antirracista. E, igualmente, la STEDH caso Murat Vural c Turquía , de 21 de octubre de 2014, tampoco consideró que fuera un ejercicio ilegítimo de la libertad de expresión la conducta de cubrir de pintura efigies o estatuas de personajes representativos del Estado. Esa misma conclusión ha sido defendida por la STEDH caso Christian Democratic People´s Party c Moldavia(núm. 2), de 2 de febrero de 2010 § 27, en relación con la destrucción mediante el fuego de retratos de representantes políticos institucionales y banderas. Esta jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no hace sino entroncar con la visión más extendida de que este tipo de actos comunicativos son comportamientos socialmente conocidos que han sido considerados como manifestación de la libertad de expresión por otros Tribunales Constitucionales, (…)

4. La argumentación de la opinión mayoritaria en la que se sustenta la Sentencia, acerca de que la conducta de los recurrentes suponía una incitación a la violencia y expresaba una amenaza a las personas de los Reyes no resulta aceptable, ya que (i) se basa en una reconstrucción de los hechos declarados probados en la vía judicial previa, vedada por el art. 44.1 b) de la  Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)  (RCL 1979, 2383) mediante la cual se pretende, recurriendo a la escenificación y al lenguaje emotivo, dotar al acto enjuiciado de una significación que está muy alejada de una comprensión normal de este tipo de conductas; y (ii) utiliza argumentos justificativos totalmente descontextualizados y desconectados de una normal interpretación del acto desarrollado por los recurrentes, pues se basa en exacerbar determinados elementos de carácter meramente simbólico.

La exacta descripción del relato de hechos probados ha sido reproducida en el antecedente 2 b). Los elementos fácticos que fueron considerados relevantes por el órgano judicial … son: (i) desde el punto de vista del contexto, que la conducta de los recurrentes se produjo …  «con motivo de la visita institucional de S.M. el Rey a la ciudad de Gerona» y «en el curso de una concentración en la Plaza de Vino de esa capital. A dicha concentración le había precedido una manifestación encabezada por una pancarta que decía ‘300 años de Borbones, 300 años combatiendo la ocupación española’»; (ii) desde el punto de vista de la apariencia de los recurrentes, que «iban con el rostro tapado para no ser identificados»; (iii) desde el punto de vista de la dinámica del acto, que «quemaron previa colocación boca abajo … una fotografía de SS.MM. los Reyes de España» y que «tras colocar la citada fotografía de gran tamaño de SS.MM. los Reyes en la forma expuesta, en el centro de la plaza se procedió por Enric Stern a rociarla con un líquido inflamable y por Jaume Roura a prenderle fuego con una antorcha procediendo a su quema»; y (iv) desde el punto de vista de las consecuencias, que dicha conducta se desarrolló «mientras eran jaleados con diferentes gritos por las varias decenas de personas que se habían reunido en la citada plaza».

Frente a estos elementos del relato de hechos probados … la opinión de la mayoría opone que dos recurrentes desarrollaron esa conducta … «tras haber situado en la plaza mayor de la ciudad de Gerona una estructura metálica en la que se sujeta una fotografía de las efigies de tamaño real de los Monarcas, puesta “boca abajo”» (FJ 4, párrafo sexto). A partir de ello se hace también referencia a que «la escenificación de este acto simbólico traslada a quien visiona la grabación videográfica la idea de que los Monarcas merecen ser ajusticiados» (FJ 4, párrafo séptimo).

Desde luego, ni la referencia a un supuesto traslado por los recurrentes de esa estructura metálica aparece en las resoluciones impugnadas ni, en lo que a mí se me alcanza, ha sido objeto de visionado por este Tribunal ningún tipo de grabación videográfica de los hechos ni ningún otro medio de prueba a partir del cual se puedan extraer consecuencias constitucionales de tal relevancia como son las relativas a la existencia de una incitación directa a la violencia, que, hay que recordarlo e insistir en ello, no fue apreciada ni mencionada en la vía judicial previa.

5. Esta reconstrucción de los hechos probados es la que sirve a la opinión de la mayoría para concluir la existencia de una incitación directa a la violencia contra el Rey (…) 

Con este razonamiento, la opinión mayoritaria exacerba determinados elementos simbólicos, muy repetidos en este tipo de manifestaciones de protesta, hasta elevarlos a la categoría de incitación personal al odio y calificarlos como expresión de una amenaza. Así, el hecho de que los recurrentes colocaran la fotografía boca abajo, una posición que la sentencia de apelación califica expresamente de «claudicante», y por tanto, aun sin decirlo expresamente, ofensiva o denigrante, no resulta concluyente. Esta circunstancia aparece directamente conectada con una expresión de la reivindicación política de los recurrentes en favor del derrumbamiento o de la caída del sistema monárquico vigente en España y, en consecuencia, es una manifestación de su opinión hostil a la institución monárquica que simboliza la fotografía de sus majestades los Reyes y está en la línea del activismo político que anima toda la conducta de los recurrentes, según afirma la sentencia de primera instancia, confirmada en apelación. Teniendo en cuenta esta opinión u opción ideológica de los recurrentes, abiertamente contraria a la Corona –opinión legítima en el marco que garantiza la Constitución– no aparece circunstancia alguna en las Sentencias recurridas que permita apreciar que la colocación de la fotografía en posición invertida busque otra cosa que manifestar una posición de rechazo de la institución como órgano constitucional. Invertir una fotografía , como una bandera, es una reiterada forma de manifestar el disgusto que acompaña estos actos reivindicativos, ajeno a la pretensión de que en conexión con ello se desarrollen actos de violencia personal.

El hecho de que los demandantes de amparo actuaran encapuchados es, en el criterio de la opinión mayoritaria, otro elemento relevante que prueba, se dice, hasta qué punto los propios recurrentes eran conscientes del carácter ilícito de su acción y premeditaron su conducta. Esta conclusión carece, sin embargo, de significación concluyente. La aplicación de los tipos penales, con carácter general, no depende de la percepción subjetiva que tengan los protagonistas sobre el grado de ilicitud de su conducta. Por otra parte, como testimonian las resoluciones judiciales que cita la Sentencia de primera instancia, existen en la jurisprudencia ordinaria casos de condena penal por hechos similares que podían explicar la percepción de quienes así actuaban, por lo que atribuir valor decisivo a aquella circunstancia equivaldría a dar valor concluyente a esos precedentes judiciales, claudicando del enjuiciamiento constitucional que nos corresponde.

Del mismo modo, tampoco resulta definitivo el argumento de que junto con la quema de la foto no se pronunciara ninguna expresión o mensaje del que cupiera inferir la oposición política a la institución monárquica por parte de los recurrentes. No creo que sea necesario insistir en el activismo político de estos ni en que el acto se realizó (…) sin solución de continuidad con una manifestación antimonárquica e independentista, en que se identificaba a la dinastía borbónica con la ocupación española del territorio catalán, ni en la suficiencia comunicativa, al margen de cualquier tipo de expresión verbal, de este tipo de actos simbólicos.

Por último, no me parece adecuado ni suficientemente ponderado …  que la opinión de la mayoría sustente que este acto simbólico traslada «la idea de que los Monarcas merecen ser ajusticiados» y que ello «provoca un mayor impacto en una sociedad democrática, como la española, que de forma expresa excluye en su Constitución la pena de muerte (art. 15 CE)» (fundamento jurídico 4, párrafo séptimo, de la Sentencia). Me resulta penoso que a la banalización del odio se le una ahora una banalización de la pena de muerte. Ninguna de ellas es necesaria ni contribuye a justificar una desestimación de este recurso de amparo. Extraer del hecho de la quema de unas fotografías la conclusión de que los recurrentes estaban pretendiendo la muerte de los Reyes es un paralogismo que desborda más allá de lo imaginable la comprensión que un espectador neutral puede formarse en el ámbito del discurso racional.

6. Frente a esta forma extrema de razonamiento, considero, de manera más ponderada, que, ciertamente, un acto de destrucción puede sugerir una acción violenta y, en consecuencia, susceptible en hipótesis de albergar mensajes que no merecen protección constitucional. Pero, como es obvio, no es jurídicamente indiferente manifestar la protesta o el sentimiento crítico utilizando medios o instrumentos inocuos para la seguridad y dignidad de las personas o hacerlo incitando a la violencia o atentando contra la dignidad de las personas que integran la institución simbolizada. No cabe controvertir que el tipo de conductas como las desarrolladas por los recurrentes tiene una carga negativa evidente; pero en el caso concreto no fue acompañada de una invitación a la violencia ni suscitó reacciones de esta naturaleza ni desembocó en perturbaciones del orden público, pues ninguna consecuencia de ese tipo fue reflejada o valorada por los órganos judiciales para justificar su condena, sino solo la existencia de manifestaciones ruidosas de adhesión por parte de personas concurrentes. (…)

Es relevante también que la acción de los recurrentes se desenvolvió en el marco y con ocasión de una concentración ciudadana convocada en protesta por la visita de los Reyes … En ese marco, el derecho a la libertad de expresión alcanza una mayor amplitud y resulta especialmente resistente a las restricciones que en otras circunstancias habrían de operar. El contexto de actuación de los recurrentes se relaciona, además, con cuestiones de relevancia general sobre la forma política del Estado y la vigencia de los órganos constitucionales como elementos definidores de nuestro sistema constitucional. Esta circunstancia también debe ser objeto de consideración al ponderar los intereses en juego, al igual que el hecho de que no aparece que la conducta enjuiciada implicase una crítica directa sobre aspectos personales o íntimos de los Reyes, sino que todos los datos recogidos en las sentencias de primera instancia y de apelación ponen de manifiesto que se trataba de una manifestación de hostilidad al órgano constitucional que encarnan. Estos elementos atestiguan y acentúan el carácter de crítica institucional y política de la conducta de los recurrentes ajena al núcleo de la dignidad de las personas y desde luego a su integridad física o seguridad personal. En este marco resultan ampliados los límites de la crítica constitucionalmente protegida, pues no es la misma la posición constitucional que ocupa el honor de las personas que la que ocupa la dignidad o el prestigio de las instituciones. Así, como se afirma en la STEDH caso Morice c. Francia , de 23 de abril de 2015, «en términos generales, si bien es legítimo que las instituciones del Estado, como garantes del orden público institucional, sean protegidas por las autoridades competentes, la posición dominante ocupada por esas instituciones requiere que las autoridades muestren una moderación en recurrir a procesos penales (…)

A esos efectos, tampoco cabe olvidar, como es reiterado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no puede establecerse una protección privilegiada de los jefes de Estado frente al ejercicio de los derechos a la libertad de expresión e información (…) Y, en esa medida, al tratarse de un mero acto de rechazo hacia la institución monárquica, constitucionalmente protegido, no puede legitimar por sí solo ninguna restricción del ejercicio de la libertad de expresión mediante la imposición de una sanción penal.

II. Una condena frente a la libertad de expresión incoherente con el interés protegido por el tipo penal.

7. El discurso del odio, en los términos expuestos y ya criticados, ha sido el argumento utilizado por la opinión mayoritaria (…) Estimo que en esta posición no se ha ponderado adecuadamente que lo enjuiciado en este proceso constitucional no era la conducta de los recurrentes, sino la reacción estatal frente a ella, lo que ha desfigurado, hasta hacerlo irreconocible, el juicio de constitucionalidad que hubiera sido preciso realizar. (…)

8. La opinión mayoritaria, siguiendo una doctrina jurisprudencial que comparto plenamente, acepta que el análisis de constitucionalidad que debe realizar este Tribunal bajo la invocación de derecho a la libertad de expresión no se circunscribe a examinar la razonabilidad de la motivación de la resolución judicial. Debe resolver, con plena autonomía, el eventual conflicto entre los derechos e intereses constitucionales afectados atendiendo al contenido que corresponde a cada uno de ellos, aunque para este propósito sea preciso utilizar criterios distintos a los aplicados por los órganos judiciales.

(…) no puede obviarse que el objeto de impugnación en este recurso es una condena penal por injurias al Rey y a sus familiares. En el Voto particular que formulé a la  STC 65/2015, de 13 de abril  (RTC 2015, 65)  expuse con amplitud que en los supuestos en que el Estado reacciona recurriendo al derecho penal frente a conductas que considera un ejercicio de la libertad de expresión abusivo o incurso en extralimitación, el análisis constitucional no puede limitarse a una mera ponderación del eventual conflicto entre el contenido de este derecho fundamental y el de los valores o intereses constitucionales que legitiman su restricción. En tales casos, es necesario que se escrute la legitimidad constitucional de la reacción penal del Estado para la protección de esos valores o intereses que se pretenden salvaguardar con la restricción de la libertad de expresión.

En aquel supuesto, puse en relación la legitimidad constitucional de la reacción penal con la exigencia de efectuar un juicio de necesidad y de proporcionalidad en que se ponderara si el eventual exceso o abuso en el ejercicio de la libertad de expresión era de tal magnitud –y la lesión correlativa que generaba en ese otro valor o interés constitucional era de tal importancia– que resultaba justificado acudir a la imposición de penas privativas de libertad o multas penales. (…)

(…) El art. 20.4 CE establece diversos límites constitucionales a los derechos a la libertad de expresión y de información. Unos tienen que ver con intereses o derechos subjetivos –derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen– y otros con intereses colectivos –la protección a la juventud y a la infancia–. Cabe también fundamentar una legítima restricción del derecho a la libertad de expresión en otros intereses constitucionales, incluyendo el previsto en el art. 16.1 CE para la libertad ideológica –el mantenimiento del orden público protegido por la ley– y el que se aprecia en la opinión mayoritaria referido al «discurso del odio». La eventual lesión de esos derechos subjetivos o intereses constitucionales legitimadores de la restricción del derecho a la libertad de expresión puede dar lugar a una reacción punitiva con los límites y en la medida en que esté previsto en la legislación sancionadora de referencia. Ahora bien, por tratarse de una respuesta punitiva, no resulta indiferente cuál sea el concreto límite que se afirma que ha traspasado la conducta enjuiciada. Es evidente que no es lo mismo entender justificada una restricción de la libertad de expresión mediante la reacción penal por lesionarse un derecho de la personalidad de una concreta persona que por resultar vulnerado un interés colectivo. Tampoco lo es cuando esa lesión se refiere al derecho al honor o la dignidad personal o cuando se refiere a su seguridad personal. (…)

9. Este principio de coherencia no ha sido respetado por la opinión mayoritaria y la consecuencia, a todas luces anómica y disfuncional, ha sido que se ha acabado justificando constitucionalmente una sanción penal basada en el art. 490.3 CP –por haberse lesionado un interés institucional como es el prestigio de la institución monárquica–, cuando, por el contrario, el fundamento que dicha opinión defiende como legitimador de la injerencia en el ámbito de la libertad de expresión es la incitación directa a la violencia y la expresión de una amenaza contra el Rey, (…)

Insisto en ello: como el objeto directo de nuestro enjuiciamiento criminal no era la conducta de los recurrentes, sino la reacción penal consistente en su condena por un delito de injurias del art. 490.3 CP, incluso aceptando que esa conducta fuera una manifestación del discurso del odio, solo se podría estar de acuerdo con la premisa de que el acto de los recurrentes supuso un ejercicio de la libertad de expresión incurso en extralimitación, pero no con la conclusión de que está justificada la concreta reacción penal que era el objeto de nuestro análisis de constitucionalidad.

Por tanto, una posición como la defendida por la opinión mayoritaria y reflejada en la sentencia, que alteraba de manera sustancial el razonamiento en virtud del cual se justificaba la restricción de la libertad de expresión y la condena en vía judicial, hubiera debido llevar, en su caso, a la anulación de las resoluciones judiciales impugnadas.

 

Vamos a decir sandeces

 

Por culpa de Berta González de la Vega descubro que en El Mundo han entrevistado a un señor que no conozco, que se llama Robe Iniesta y que es roquero.

Cuando he visto esto …

1

… he cometido un segundo error y he leído la entrevista.

No hay dos sin tres, así que veamos algunas afirmaciones:

1.- El mundo “Va a peor, sí. Muy a peor. No sé si soy un poco paranoico, pero si ves un telediario es como para hacer apuestas“. ¿Este señor vota? ¿A quién vota? (es una broma) Por lo visto, su manera de medir si el mundo va a peor o a mejor o si sigue por el espacio interestelar indiferente a la carrera musical del entrevistado es el “telediario”. Frente a esto qué más da que todos los estudios objetivos indiquen que todos los datos globales sobre bienestar, esperanza de vida, educación, etc. siguen mejorando .

NOTA: Añado esto. Me ha parecido interesante. Aunque, en fin, basta con leer habitualmente sobre el tema, para saber que “… qué más da que todos los estudios objetivos indiquen que todos los datos globales sobre bienestar, esperanza de vida, educación, etc. siguen mejorando.”

2.- “No, pero a lo mejor ahora soy más consciente. No sé si hace 10 años había más hambre en África que ahora pero sí que había una amenaza concreta, que era la Guerra Fría y salvar las ballenas. Ahora eso se ha multiplicado: ya no hay una guerra fría sino que estamos en muchas guerras calientes, incluida la Guerra Fría, porque esa sigue: aunque no entre la URSS y Estados Unidos. Hay muchos conflictos“. No sabe si había hace diez años más hambre en África. Es hilarante: mide la evolución de la humanidad en escalas de diez años de telediarios. En todo caso: ¿hace diez años el conflicto era la Guerra Fría? ¿En 2006? Por otra parte, ¿hay muchos conflictos? Sí, claro. Algunos son además terribles. ¿Pero hay más o menos? De nuevo, cualquier comparación entre el siglo XX y lo que llevamos de siglo XXI o cualquier análisis de la evolución de los últimos 50 años demuestra que el número de víctimas ha descendido de manera notable. Y si nos fijamos en los últimos 25 años veremos que ahora el número de víctimas es algo más alto que la media, pero ni siquiera es el momento más alto (el período 1993-1996 es cinco veces peor).

3.- La Guerra Fría. “No, no se ha enfriado del todo porque ha habido otros componentes. Hay muchos más países con armamento nuclear. Coño, que es difícil ver una noticia buena en política, ver que se pongan de acuerdo. Las emisiones de CO2, por ejemplo. “Pues se han reunido todos los países. No se ha llegado a ninguna solución, pero han pasado allí unos días”. Creo que la cosa está mucho peor porque no se arregla nada.” ¿MUCHOS MÁS países con armamento nuclear? El Tratado de no proliferación nuclear es de 1970. En ese momento había cinco potencias nucleares reconocidas y una que seguramente posee armas atómicas (Israel). La India las posee desde 1974. Pakistán inició su programa en 1972 y las posee oficialmente desde 1998. El programa de Corea del Norte se remonta también, al menos, a la década de los ochenta, aunque oficialmente es potencia nuclear desde hace diez años. En realidad, en los últimos 25 años lo que hay es MENOS POTENCIAS NUCLEARES. En primer lugar, porque Sudáfrica, que era potencia nuclear, dejó de serlo al ratificar el Tratado de no proliferación nuclear a principios de los noventa. Y porque Bielorrusia, Kazajistán y Ucrania, a mediados de los noventa, entregaron todas las armas nucleares heredadas de la URSS a Rusia.

4.- Sobre el aumento de la civilización: “Lo de civilizando habría que verlo. Ir de traje no tiene que ver. Hablas de la Edad Media y… Yo me refiero a los instintos. Siguen existiendo los mismos instintos. El egoísmo. Para mí. Para mi familia. Para los de mi pueblo. Para nosotros. Siempre barriendo para casa” y “Claro. Lo demás sigue evolucionando. Y lo de más civilizados… Sí: “usted, ¿me deja pasar?“. Extraordinario dato: no ha variado el genoma de los seres humanos desde la Edad Media. En cualquier caso, con una población mundial de 7.400 millones de habitantes, los porcentajes de CUALQUIER ÍNDICE que se quiera utilizar sobre los efectos prácticos de esos instintos en la vida de la gente demuestran que el egoísmo tribal y el nacionalismo influyen ahora mucho menos que en cualquier otra etapa previa de nuestra historia.

5.- “Desde luego que sí. No es éste un disco de rendirse y sí de cabreo, de ya está bien. Al final, hay cosas que no puedes decir. No puedes decir: “Creo que lo mejor será una guerra nuclear”. Está el cabreo ese de: bueno, vamos a reaccionar, ya está bien. Y, de algún modo, estás diciendo: como ya hemos hablado mucho de esto, se está agotando el tiempo. En el medio ambiente estamos llegando a un punto de no retorno, porque se están perdiendo especies“. Un “disco de rendirse” 🙂 Lo de que se “esta llegando” a un punto “de no retorno” porque “se están perdiendo especies” es maravilloso. Por lo visto, una vez que se alcance un porcentaje de especies extinguidas que no podemos calcular exactamente (ya que no conocemos el número de especies), habrá un punto de no retorno. Lo que no sabemos es de no retorno a qué.

6.- “Sí, puede ser, puede ser. Tengo una idea como de catástrofe inminente. Como que ya no me sorprende nada. Veo en un telediario lo peor y digo: “Bueno, normal. Tenía que llegar. ¿Ha salido Trump? Claro, con tantos millones de subnormales…”. Parece una visión catastrofista, pero es realista. Estamos aquí pensando que es todo muy estable y mira lo que pasó en la sala Bataclan. Estaban en el concierto y creían que era un día más y que era imposible que pasara nada raro. El que no iba a follar pensaba que no iba a follar, y el que iba a follar que qué bien, pero todo lo demás era inamovible. Y, de repente, se fue todo a la mierda. Cada vez veo menos cosas inamovibles. Todo parece estar pendiente de un hilo, de volcar. En cualquier sitio. El entrevistado descubre (de nuevo por el telediario) que existen la muerte y el mal y que eso demuestra que nada es estable (como si la muerte y el mal no demostrasen precisamente que la vida y el bien son bastante estables e incluso aumentan). Cada vez ve “menos cosas inamovibles” (por ejemplo que un día a lo mejor no follas aunque pensabas que sí, que ibas a follar). Eso sí, pese a esos pensamientos la hostia de profundos regala un “subnormales” a los votantes de Trump.

7.- Sobre la esperanza. “Sí, por eso tampoco este disco es un rollo de tirar la toalla y decir no puedo. Hay un poco de enfado, como digo, pero en más de una canción hay otra visión, aunque seguramente sean menos llamativas“. Un día ibas a follar y llega un islamista y te pega un tiro en una sala de baile y ya no follas, pero no es tan grave porque él ha escrito una canción.

8.- Sobre qué hacer con el mundo. “Sí, pero también se pueden hacer ayudas. Por lo que tú decías antes de que las canciones las escucha mucha gente y va a darles muchas vueltas“. Sin duda se pueden hacer ayudas, como se demuestra a diario en el baloncesto profesional, pero lo importante es que la Guerra Fría y las guerras calientes y el punto de no retorno por la pérdida de especies se pueden revertir si le das vueltas a las canciones de este señor.

9.- “Antes estaba borracho y podía decir lo que quisiera, pero ahora ya te tienes que pensar las cosas un poco más porque luego te avasallan. Yo creo que eso es lo malo de la democracia, que todo el mundo pueda votar. Creo que eso está mal. No todo el mundo debería poder votar. No digo que yo esté capacitado, ¿eh? Pero del mismo modo, no todo el mundo está capacitado para votar.¿Habría que pasar un examen previo? Habría que pasar varios exámenes. Estamos diciendo que la Historia nos tiene que valer para algo, y que la experiencia, estos miles de años que llevamos viviendo en el planeta, nos tiene que servir para algo. Nuestra propia Historia, la guerra que hemos tenido, todo lo que nos ha pasado tiene que servir para avanzar. Pero ¿cómo puede votar un tío que no sabe quién fue Napoléon? ¿Por qué puede votar? ¿Cómo puede votar gente que no tiene ni puta idea de Historia?Todo este párrafo es pura basura. Lo trágico es que esto mismo, a pesar de “nuestra propia historia”, lo piense tanta gente.

10.- ¿Sugiere que sea una aristocracia, una élite, la que vote?, le preguntan: “Es que así era la democracia primera. No era todo el mundo a votar, venga. “A ver, tú, el más tonto, ¿tú quién dices?”. No puede ser. Ya sé que es políticamente incorrecto, pero lo pienso. A lo mejor mañana pienso otra cosa y cuando me digan: “Tú dijiste esto”, lo negaré. Pero ahora lo pienso. No todo el mundo está capacitado para votar. Esa gente que está pensando nada más que en comer donuts y en ponerse más gorda de lo que está, ¿esa gente va a votar?” Sí, en Atenas no votaba todo el mundo. Por ejemplo, las mujeres no votaban. Tampoco los esclavos. Naturalmente, Atenas tampoco era una democracia. El sistema que propone el señor roquero no se ha aplicado nunca. Los sistemas de democracia limitada nunca se han basado en la capacidad, sino en el sexo, en la renta, en la ciudadanía. Nunca ha existido una democracia en la que solo hayan votado los más capaces (idea imbécil donde las haya por otro lado). Lo más parecido solo existió en los sueños totalitarios de Platón y en la paliza que le dio al autócrata de Siracusa.

En fin, el mundo mejora. No hay duda. Aquí me ven discutiendo las afirmaciones de un cantante, como si tuvieran alguna importancia. Qué mayor prueba de riqueza de lujo.

 

 

Una vez más

 

Nunca veo programas de debate en La sexta. Las pocas veces que me lo ha planteado o he caído por casualidad en uno, después de medio minuto escuchando gritos y consignas he cambiado de canal.

Ayer, en tuiter, descubrí que le estaban arreando a Eduardo Inda por no pagar las pensiones alimenticias a sus hijos. No voy a hablar de Inda, ya lo he hecho en muchas ocasiones: cuando publica algo, necesito siete fuentes independientes y haberlo visto personalmente para creerlo. Lo interesante, sin embargo, es comprobar cómo (con el cadáver de la cueva afgana aún caliente) la turba, dirigida por los que mandan en Podemos y coreada por algunos opinólogos y tuiteros estrella, dio por buena una noticia que es una porquería.

La Justicia ha dictado el embargo del salario, sueldos y otros ingresos de Eduardo Inda en La Sexta por incumplir sus obligaciones económicas con sus hijos …

Voy a aclarar algo: un embargo en un proceso de ejecución no implica que el embargado deba nada. Básicamente porque el embargo es automático cuando se acredita el cumplimiento de determinados requisitos. Por ejemplo, que hay una sentencia de separación o divorcio o de guarda o custodia que dice que tiene alguien que pagar XXX € al mes y que el que presenta la demanda de ejecución afirma que se le debe dinero. ¿Lo ven? Basta con que el demandante lo afirme para que se embargue. Luego, en el proceso de ejecución, el ejecutado se puede oponer y a lo mejor resulta que no debe nada y que la demanda era infundada. Podría ser, claro está, que el periódico supiera que ya se ha resuelto la oposición y la deuda existiese sin ninguna duda. Pero yo creo que no: que el periódico no tiene ni puta idea y no lo digo porque ya no me crea ni la fecha de un panfleto como Público, sino por lo que viene a continuación:

… según la ejecución forzosa difundida por las redes sociales y que ha sido dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Alcobendas (Madrid). Público ha recogido la sentencia tras confirmarla con fuentes judiciales y comprobar su impacto entre la opinión pública, donde las redes han convertido en trending topic la información sobre la cadena de Atresmedia y su colaborador estrella.

¿Cómo me voy creer eso de que Público ha confirmado no sé qué con “fuentes judiciales” cuando dice que “ha recogido la sentencia”? Para empezar, en un proceso de este tipo no hay ninguna sentencia. Para seguir, lo que publica Público es un recordatorio de un oficio. Es decir, para decirlo con llaneza el recordatorio de una carta. Por no ser, no es ni siquiera la resolución que acuerda el embargo (que, como digo, es prácticamente automática). Sin embargo, como tiene una “pinta” imponente hablan de sentencia. Es imposible tomarse a esta gente en serio. Continúa:

La resolución establece que el director de OK Diario sólo podrá disponer cada mes del mínimo legal establecido en este tipo de ejecuciones hasta que satisfaga los 13.344,44 euros que el juzgado ha sentenciado que debe a su ex esposa y a sus hijos, así como el pago de otros 4.000 euros adicionales en concepto de los intereses devengados y de las costas procesales.

Como pueden deducir de lo que he dicho antes, eso de que “el juzgado ha sentenciado” que debe no resulta en absoluto de ese recordatorio de un oficio. Pero es que, además, el propio texto de la noticia demuestra que el que la escribe como mínimo no tiene ni zorra idea de lo que habla: los 4.000 € no son para pago de costas y de intereses devengados. Los 4.000 son una cantidad presupuestada para eso. La ley permite que con tu demanda ejecutiva, a lo que tú dices que se te debe por por principal, añadas hasta un 30% por si en su momento te dan la razón y el ejecutado tiene que pagar costas e interesas (y así se asegura el cobro). ¿Ese recordatorio de un oficio demuestra que Inda tenga que pagar algo por costas e intereses y en su caso cuánto? Pues no, claro que no.

Todo, como ven, es porquería a carretadas, esparcida desde un partido político contra un periodista incómodo para ellos.

Pero hay más. He visto el vídeo que aparece aquí. La señora Bescansa es diputada. Eso es lo que me acojona. Porque a mí Inda no me representa. Pero la diputada Bescansa sí. Juzguen ustedes mismos. Por cierto, las explicaciones de Inda serán falsas o auténticas, pero al menos no son prima facie una porquería como la noticia del periódico.

Termino: gracias a los bufidos de la señora diputada me he enterado de esta ley del parlamento balear. En ella se ha basado la diputada para decir que “lo de Inda” es violencia machista.

He mirado y me he encontrado con esto:

Artículo 65

Definición

1. A los efectos de esta ley, se entiende por violencia machista aquella que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por el hecho mismo de ser mujeres.

2. La violencia a la que se refiere esta ley comprende cualquier acto de violencia por razón de sexo que tenga como consecuencia, o que pueda tener como consecuencia, un perjuicio o sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica, e incluye las amenazas de estos actos, la coerción y las privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.

3. A los efectos de esta ley, también se consideran víctimas las hijas y los hijos de la madre víctima de violencia.

4. A los efectos de esta ley, se considera violencia machista:

a) Violencia física, que incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de las mujeres, con resultado o riesgo de producir lesión física o daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación de análoga afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, tienen la consideración de actos de violencia física contra las mujeres los ejercidos por los hombres en su entorno familiar o en su entorno social o laboral.

b) Violencia psicológica, que incluye cualquier conducta, verbal o no verbal, que produce en las mujeres desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, insultos, control, aislamiento, culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación de análoga afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, tienen la consideración de actos de violencia psicológica contra las mujeres los ejercidos por los hombres en su entorno familiar o en su entorno social o laboral.

c) Violencia económica, que incluye la privación intencionada, y no justificada legalmente, de recursos para el bienestar físico o psicológico de las mujeres y de sus hijas y sus hijos o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja.

d) Violencia sexual, abusos sexuales y agresiones sexuales, que incluyen cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el agresor o no consentida por las mujeres: la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la imposición, mediante la fuerza o con intimidación, de relaciones sexuales no consentidas, y el abuso sexual o cualquier acto que impide a las mujeres ejercer libremente su sexualidad, con independencia de que el agresor tenga relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la víctima o no.

e) Violencia simbólica, que incluye iconos, representaciones, narrativas, imágenes, etc., que reproducen o transmiten relaciones de dominación de los hombres respecto de las mujeres, así como desigualdades de poder entre sexos y de segregación.

f) Feminicidio, asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, al margen de que exista o haya existido relación de pareja.

g) Mutilación genital femenina: cualquier procedimiento que implique o pueda implicar una eliminación total o parcial de los genitales femeninos o produzca lesiones en los mismos, aunque exista consentimiento expreso o tácito de la mujer o de la niña.

Para empezar, he de decirles que ni siquiera con lo que dice ese artículo puede la diputada Bescansa acusar a Inda de ejercer violencia machista. Primero porque es una norma que se aplica solo en las Islas Baleares. Y segundo, y sobre todo, porque el propio artículo dice:

“c) Violencia económica, que incluye la privación intencionada, y no justificada legalmente, de recursos para el bienestar físico o psicológico de las mujeres y de sus hijas y sus hijos o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja.

¿Sabe la diputada Bescansa si Inda ha privado a sus hijos de sus pensiones? ¿Sabe si, en su caso, tenía una causa legal para hacerlo? Ya sabemos que no. Que no lo sabe.

Dicho esto y para terminar, qué norma más excesiva y errada. Al final, se degrada la violencia, la violencia real, convirtiendo todo en violencia (como se degrada el terrorismo o el genocidio convirtiendo todo en terrorismo o genocidio). En último lugar aparece la mutilación genital. Compárenlo ustedes con eso que llaman “violencia simbólica” o la “ecónomica” que aparece antes. En fin, no sigo, no sea que alguien termine diciendo que ejerzo violencia machista en la modalidad “simbólica” por decir que eso me parece no solo falso, sino además estratégicamente equivocado. Es lo que tiene la pretensión de ajustar la realidad a mi discurso ideológico, que al final el que critica ese discurso no solo es un machista, sino un violento.

Tributo al campeón

El ajedrez se ha convertido en algo muy especial con la llegada de la computación.

Ha cambiado la forma en la que se juega, obligando a que las partidas se terminen al momento, sin posibilidad de que los jugadores abandonen un recinto controlado.

Ha cambiado la forma en la que se ve.

El aficionado sabe más que el jugador y suspira porque su jugador favorito haga la jugada que está viendo. Que está viendo gracias al ordenador.

La partida va por otro derrotero: dos cabezas pensando sin ayuda. Construyendo un relato, una táctica, una idea por donde desarrollar las piezas y hacer fluir el juego o el contrajuego.

Los fallos se ven al instante. Los aciertos parecen menos. Y así ha transcurrido todo el mundial.

Las partidas largas han sido en general bastante precisas. Creo que recordar que sólo dos fallos de los gordos: Magnus buscando una victoria improbable cuando tenía tablas decentes y Sergei perdiendo una oportunidad de tablas y perdiendo.

Las tres últimas partidas rápidas de anoche han explotado todo el potencial del juego.

En la primera Magnus ha tenido una posición abrumadora con ordenadores cantando mate en 10 jugadas o algo así. No ha sabido construir el relato, entender la posición, o asignar las casillas correctas a sus piezas. Ha desaprovechado una ocasión ventajosa. Sergei ha hecho todo lo contrario. Encontrar su relato, su fortaleza y sacar unas increíbles tablas por ahogado.

En la siguiente partida Magnus simplemente ha destrozado a Sergei. Hay un movimiento crítico 29… Bxf6 que todos los ordenadores y comentaristas del mundo han cantado como malérrima. Todos preferían gxf6 porque abría la columna g para el ataque de Magnus. El siguiente movimiento de Magnus 30… e4 ha dejado boquiabiertos a casi todos los que criticaron Bxf6: ha abierto la gran diagonal negra. Frente a un ordenador no habría ganado pero frente a Sergei fue suficiente. Hizo crack.

La última partida era épica por su trascendencia pero muy desequilibrada. A Magnus, con blancas, le bastaban las tablas para seguir siendo campeón. Sergei tenía que ganar sólo para seguir jugando. Era demasiada ventaja. Sergei sólo ha podido complicar buscando más que nada el error del adversario.

La partida ha dado un momento bellísimo. Los comentaristas cantando una línea aguda, peligrosa pero digna de una traca final de mundial. Y, esta vez, el ajedrecista ha dado con ella, que la ha preferido a un movimiento más calmado, suficiente, anodino y seguro.

Así fue en chess24 en inglés con Peter Svidler y Jan Gustafsson. Peter jugó el torneo de candidatos (la prefinal del mundial). Es como tener a uno de los mejores jugadores de un deporte comentando la final del mismo deporte. En un momento Jan llega a decir que Peter es el mejor ordenador en estos momentos (la partida rápida) porque piensa más o menos como quienes están jugando la partida. Peter se da cuenta de la línea y de su último movimiento y estalla con un wooo. Prácticamente descarta que esa línea vaya a ocurrir por lo arriesgado del momento. Lo que ocurrió después le sorprendió

Y así fue en chess24 en castellano.

Fue una gran noche.