Matones, mentiras y audios de radio

 

Escuchaba hace un rato una entrevista de Carlos Alsina a Francesc Homs motivada por la petición encubierta de “tanques” del político secesionista —es significativa la parafilia secesionista en este punto—. La entrevista, como de costumbre (ya he escuchado otras antes), ha estado muy bien, pero —el pero que motiva esta entrada— ha habido una afirmación de Alsina que ha encendido el interruptor de mis obsesiones. Recordando el esperpento del 9/11/2014 (en el que no hubo tanques, ni policía, ni “matones” que lo impidieran, sino solo recursos ante tribunales y luego querellas) Alsina pregunta a Homs por qué vuelve a hablar de tanques y matones cuando no los hubo ni los habrá cuando vuelva a haber un referéndum (vayan al minuto 5). La expresión utilizada, en realidad, ha sido otra, “poner las urnas”. Ante esa pregunta, el entrevistado ha convertido los “tanques, los matones y la policía”, tras unos balbuceos y varios “usted ya me entiende”, en “tribunales”.

Como he escrito muchas veces sobre el golpe de Estado secesionista en tránsito no voy a repetirme. Valga, por ejemplo, esta entrada, si alguien esta interesado en conocer mi posición. Tampoco voy a comentar las paupérrimas (intelectualmente hablando) y mendaces (con la distinción que hace, para salvar su trasero, entre el referéndum y la “consulta”) declaraciones.

Voy a centrarme en una cuestión de fondo, la del uso de la fuerza. Lógicamente, Homs decide dramatizar y hablar de tanques y matones. Luego añade jueces y policía. Dejemos de lado la interesada boutade sobre los matones. Que yo sepa el Gobierno de España no tiene contratados “matones”. Mencionar esto es de un mal gusto psicológica y políticamente significativo: la mentira busca afianzar el discurso. Sin novedad. Ahora bien, España si cuenta con “tanques”. Y cuenta con policía. Tanto el Gobierno, como muchas Comunidades Autónomas, como los Ayuntamientos. Y España cuenta con tribunales, claro. No somos, ya lo saben, una anomalía en el mundo de las naciones. Todos los Estados pueden usar, y de hecho usan, la fuerza.

La pregunta es sencilla: ¿puede o no utilizar el Estado español la fuerza si se realiza una ilegalidad? En abstracto la respuesta es sencillísima. Como España es un Estado de derecho, el uso de la fuerza esta regulado con detalle. Ha de provenir de una autoridad legítima, ha de estar justificado legalmente y ha de ser proporcional. En todo caso, hay un principio esencial: la ley ha de cumplirse. Este objetivo es esencial porque si la ley no se cumple se puede derrumbar todo el edificio. El cumplimiento total y permanente es un desiderátum: todos los Estados funcionan con un margen de tolerancia. En ninguno se cumple total y constantemente la ley, pero el edificio aguanta mientras no se sobrepase abiertamente ese límite. Como es obvio, no hay nada más disolvente que los casos notorios y públicos de incumplimiento —sobre todo de “empleados públicos”— en los que el Estado demuestra su incapacidad para dar una respuesta. Por eso México está como está: al borde del desastre como Estado democrático.

La pregunta, por tanto, es ¿por qué considerar “natural” que una resolución de uno de los más importantes tribunales españoles, sobre un asunto tan trascendente como el de la asunción ilegal de facultades constitucionales, no vaya a recibir una respuesta proporcional del Estado que incluya, si es preciso, el uso de la fuerza? La prudencia y la proporcionalidad son exigibles, es indudable. Más aún cuando aparentemente hay millones de ciudadanos convencidos de que esta ilegalidad o no lo es o está justificada de alguna forma. No obstante, el trabajo —que no se está haciendo— de explicación del enorme error que supone pensar así, no exime de la obligación de hacer lo preciso e imprescindible para que la ley se cumpla. Si el Tribunal Constitucional ordena que no se celebre un referéndum, el Estado ha de impedir que se celebre. La retórica sobre “las urnas” es ajena a esta sencilla cuestión —hablo de sencillez en términos argumentales, no digo que sea sencillo en términos prácticos—. Lo político es ajeno a esta cuestión. No digo que no tenga importancia. Hablo del aspecto estrictamente legal (la ley es el marco para lo político; la ley incluye los mecanismos legales para su modificación). Las autoridades tampoco deben eludir su obligación legal de usar los medios a su disposición para evitar que la ley se incumpla. Es tan simple como esto. ¿Consideramos normal que el Estado —y sus agentes— eludan sus obligaciones?

Para comprenderlo vayamos un paso más allá: imaginemos que el Senado, a petición del Gobierno, aprueba, por la vía del artículo 155 de la CE, medidas que impliquen el control por la Administración central de todas o algunas de las instituciones de la Comunidad Autónoma catalana. Imaginemos que los funcionarios designados intentan acceder a los medios materiales para cumplir con la función constitucional y legalmente asignada, y se encuentran con que se les intenta impedir. No hablo del ejercicio de libertades esenciales (que solo pueden suspenderse si se dan las condiciones extremas que justifiquen estados de sitio y excepción —condiciones previstas en la Ley 4/1981 de 1 de junio—); naturalmente, es previsible que haya protestas y manifestaciones, legítimas si no sobrepasan determinados límites. Hablo de coacciones y desobediencia. En tal caso, ¿alguien cree sensato que las autoridades y los tribunales dejen de lado sus responsabilidades y obligaciones constitucionales y las consientan? Insisto, con la prudencia y proporcionalidad que exijan los casos concretos, ¿se pretende seriamente que se incumpla la ley y los que cobran para que se cumpla miren para otro lado?

Volvamos al asunto de “las urnas”. Como es obvio, el argumento de “las urnas” me parece falaz. No obstante, los que lo defienden (los secesionistas) pueden usarlo. Nadie se lo impide. Ahora, cuando lo utilizan para defender que lo que hacen es legal su uso ha de ajustarse a ciertas reglas. Si es un argumento jurídico, y lo expones ante el Tribunal Constitucional tienes que someterte al resultado final (o, en su caso, al de instancias internacionales, como el TEDH, cuando se pretenda que se vulneran derechos humanos). Si tu argumento es que las leyes del Estado al que perteneces y sus tribunales no te afectan, el argumento ya no es legal, es político. Pregunta, por ejemplo, Homs “¿se va a suspender a cientos de alcaldes?” y la pregunta es tramposa. No, no se va a suspender a cientos de alcaldes. El Gobierno no puede ir por la calle y decir: “exprópiese”. Por suerte. Y tampoco la Generalidad o el Gobierno catalán pueden ir por la calle y decir “exprópiese” o hacer algo para lo que no tienen competencias y que pretende, además, destruir el Estado. La respuesta legal protege al Estado, pero en el Estado democrático, la respuesta legal protege ante todo al ciudadano. Se olvida, a menudo, que las instituciones del Estado español hoy controladas por secesionistas también pueden ser —y de hecho lo están siendo— arbitrarias. Y además se están anunciando por anticipado y con exhibición de una voluntad incumplidora.

Lo anterior es así con independencia de las cuestiones políticas —y del uso de la desobediencia como arma política—. Como ciudadano estas cuestiones me interesan y me conciernen. Como tengo una opinión y unos argumentos sobre la cuestión del secesionismo y sus consecuencias, no tengo problema en discutirlo. Ahora bien, la discusión civilizada no puede basarse en la arbitrariedad. Cuando alguien dice “voy a saltarme la ley, ¿qué vas a hacer tú, mandar tanques, policías, matones o jueces?”, yo, si estoy obligado a ello, respondo: “voy a cumplir la ley y a hacer lo preciso para que se cumpla. Así que matones, no, como es obvio. ¿Jueces y policía? Si hace falta. ¿Tanques? No, no puedo imaginarme un escenario en el que tengamos que llegar a eso. No estaría de más que abandonase ese lenguaje. Porque imagino que tú tampoco lo quieres, ni siquiera aunque convenga a tu causa”.

 

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