Qué dijeron los tribunales sobre el Yak-42

 

No he leído el dictamen del Consejo de Estado sobre el accidente del Yakovlev 42 porque no lo he encontrado. Sin embargo, sí he encontrado y he leído varias resoluciones (autos y sentencias) sobre el asunto (de índole civil y penal). También he leído la comparecencia del exministro Bono en el Congreso de los Diputados el 7/07/2004. Esta comparecencia es muy interesante porque en ella ya mencionó el propio ministro muchos de los datos (incluidos correos, mensajes, comunicaciones y testimonios) que se han utilizado desde entonces en webs y artículos periodísticos, y ya se expresaron discrepancias sobre algunos de esos datos por el representante del Partido Popular. Muchos los habrán leído repetidamente desde ayer. No son nuevos, por tanto. Se conocen desde hace doce años.

He leído también estas palabras dichas por la portavoz de la asociación de víctimas del Yak-42:

“Es muy importante que el dictamen se haya aprobado por unanimidad, que todos tengan claro que el Yak-42 nunca debió volar, que era un vuelo ilegal y que hubo negligencia por parte de la administración no velando por la seguridad de nuestros militares …”

Explico la anterior porque creo que es relevante que puedan ustedes leer algunos párrafos del auto de 17/05/2012 dictado por la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la causa penal (que no se seguía contra Federico Trillo sino contra diversos mandos del Ejército). Esta causa ya había sido archivada y reabierta, y se intentó imputar también al ministro y a otras personas, pero esas peticiones se habían desestimado previamente por los mismos tribunales. Finalmente el juez de instrucción, Fernando Grande Marlaska, dictó auto de sobreseimiento en 2012. Ese auto fue confirmado por la resolución de la que luego hablaré y hubo dos hitos más: un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y otro ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ninguno fue admitido a trámite.

Ahora pueden leer algunos párrafos del auto antes mencionado (no lo copio entero porque se haría muy largo). Las negritas son mías:

SEGUNDO

El primero de los motivos de oposición argüido por la defensa de un grupo de recurrentes, y asumido por el resto, es dar como cierta la conclusión del accidente alcanzada por la comisión internacional de investigación en el año 2.005, obviando la existencia de datos que demuestran las distintas quejas acerca del mal estado y funcionamiento que presentaban los aviones utilizados para el transporte de las tropas y, en particular, el que fue objeto de las presentes actuaciones y junto a lo anterior, el que, en realidad, tal informe tampoco resulta de interés, por cuanto no se centra ni estudia los responsables del accidente.

Lo anterior no puede ser compartido por este tribunal y ello por lo siguiente: 1°.-Sería suficiente un detenido repaso a lo actuado y obrante en los 43 tomos de la instrucción practicada para poder afirmar que, además del citado informe, se han practicado todas y cada una de las diligencias solicitadas por todas y cada una de las partes personadas, y ello, precisamente, para apurar, al máximo, las posibilidades de investigación acerca de lo que ha constituido desde el inicio de la investigación el eje de procedimiento, esto es, el porqué del accidente. 2°.- Partiendo de esa premisa, figuran en autos, como no podía ser de otra manera, todos aquellos extremos que constituyen la información oficial, esto es, la forma en que la jerarquía militar imputada ha llevado a cabo las gestiones en el marco de los compromisos internacionales asumidos por España dentro de la OTAN, y por ello se han aportado, los contratos y todas las comunicaciones oficiales internas. 3°.- Pero, esa concatenación de datos oficiales sólo constituye una parte de lo investigado. En efecto, en ese afán de profundizar sobre el porqué del accidente, las partes han aportado: a) las numerosas quejas sobre los vuelos; b) la existencia de la comisión parlamentaria; c) las continuas comunicaciones entre los mandos del Ejercito y Chapman; d) los datos del pleito civil de Zaragoza, y entre ellos, la prueba practicada y la sentencia; e) las declaraciones del piloto noruego o las del periodista español; f) los artículos periodísticos y g) un buen número de comunicaciones privadas entre los miembros de la tropa y sus familias.

Sin embargo, ni las partes han demostrado otra causa del accidente, ni han propuesto más diligencias que las ya indicadas; por tanto, si estas últimas no han sido consideradas como determinantes y causantes del accidente es obvio que legalmente no deban incluirse en el auto que acuerda el archivo que, por el contrario, deberá recoger y detallar, cuáles sean las razones por las que finalmente se decide que la actuación de los imputados no es constitutiva de delito.

La segunda alegación, dentro de este mismo motivo, era la irrelevancia de las conclusiones del informe internacional porque en él, se alega en el recurso, no se estudian quiénes son los responsables del mismo. Bastaría leer las conclusiones del informe, que por dos veces aparecen en los fundamentos de derecho segundo y cuarto de la resolución recurrida para deducir, con meridiana claridad y sin duda alguna razonable sobre la responsabilidad, cual fue la causa del accidente.

En efecto, aparece en el fundamento de derecho segundo lo siguiente (folio 15.756):… “En síntesis, se vienen a establecer como causas del siniestro, la falta de preparación concreta de la tripulación para aterrizar en aeropuertos como el de Trabzon, así como de cursos de gestión de cabina quepermitiera una sinergia en la tripulación ante situaciones de riesgo, su correcta consideración y respuesta adecuada en tiempo, y que unido a la razonable fatiga, consecuencia de las horas y circunstancias de los vuelos, determinaron el que se valorara inadecuadamente la realidad.” En similares términos, los dos últimos apartados del fundamento de derecho cuarto (folio 15.763) dicen:../’ Las cinco horas de retraso inesperado, una aproximación de no precisión realizadas en la fase final de un vuelo bajo condiciones meteorológicas adversas, y después de aproximadamente cuatro horas y medio de vuelo, consumieron las energías de la tripulación, afectó a su lucidez mental, la capacidad de atención y la coordinación entre sus miembros carentes de formación específica en gestión de recursos humanos en cabina“…. Finalmente, y a continuación de lo anterior, se indica como colofón: “El vuelo sufrió un típico accidente causado por pérdida de conciencia de la situación, incumplimiento de los procedimientos normalizados de acuerdo con el manual de vuelo y las cartas de aproximación publicadas, la realización de una aproximación falta de precisión, la utilización incorrecta de los sistemas de vuelos automático, una insuficiente formación específica y descender por debajo de la altitud mínima de descenso de la zona” .

Sostener, después de lo transcrito, que las conclusiones de la comisión no indican quiénes sean los responsables, carece de rigor.

(…)

CUARTO

(…)

No obstante lo anterior, debe precisarse los siguientes extremos: l°.-No puede pretenderse, como causa de oposición a un auto de archivo de unas diligencias de investigación con una duración de 10 años, que se reproche al Instructor no haber sido capaz de averiguar el destino del dinero entregado por las autoridades españolas para llevar a cabo trasladar tropas españolas, cuando de un mero examen de la documentación acordada se deduce lo que percibió UM AIR y lo que percibió Chapman, de conformidad con las comisiones y cesiones de contratos obrantes. 2°.- No consta en autos que ninguno de los recurrentes haya presentado denuncia alguna para investigar el paradero del dinero entregado por las autoridades españolas a los fines mencionados, que indique un sobrepago o destino distinto y ajeno a las comisiones derivadas de la presencia de un intermediario o broker -Chapman- y de los contratos que éste realizó con posterioridad de acuerdo con las posibilidades legales en el comercio internacional. 3°.- Tampoco figura que las comisiones o los contratos hayan disminuido la seguridad de los vuelos en general o del avión siniestrado en particular. Es más, bastaría a estos efectos, haber prestado atención a las explicaciones realizadas por otro de los recurrentes al exponer la secuencia de la contratación, que extrayendo los datos obrantes en la causa, apuntó la existencia de comisiones de la operación dentro de la más estricta legalidad del tráfico comercial internacional y, por ello, perfectamente acreditadas en autos, todo ello sin perjuicio y dejando al margen que las dos empresas españolas que participaron en la licitación pública internacional organizada por NAMSA, que se indicarán más adelante, fueron descartadas por los precios ofrecidos para llevar a cabo la misión del traslado de tropas.

QUINTO

(…)

En efecto, consta dentro del fundamento de derecho cuarto, ya transcrito, y, en particular, dentro del informe internacional emitido, el retraso del avión siniestrado durante 5 horas en el aeropuerto de Bishek, última escala antes de poner fin al largo trayecto en el aeropuerto turco de Trabzón. Consta igualmente que tal retraso, calificado por la comisión como “inesperado”, en el sentido de que no era conocido por la tripulación, por supuesto que aumentó su fatiga, y también así se hace constar, pero tal dato, perfectamente recogido y ponderado en el auto no puede erigirse, en la causa del accidente y además, serle imputado a las autoridades militares que, en ejercicio de las funciones gubernamentales conferidas se limitaron a poner en marcha el traslado de tropas a través de los mecanismos proporcionados por la OTAN.

SEXTO

(…)

Y eso es precisamente lo que ha ocurrido con anterioridad en las presentes actuaciones, donde el Instructor, tras entender concluida la investigación y una vez impugnada su decisión, la Sala no ha compartido el criterio sino que haciendo suyo el parecer de las partes, le ha exigido una mayor profundización en su labor investigatoria, hasta que una vez agotada al máximo aquélla, vuelve a insistir, con más criterio y sin extralimitación alguna, en el archivo de la causa.

(…)

NOVENO

Examinadas las anteriores alegaciones, se expondrá a continuación, en primer término, la forma en que las autoridades militares españolas desarrollaron las obligaciones asumidas en su cooperación internacional (…)

Pues bien, del conjunto de ese entramado de relaciones contractuales entre: 1°.-España y NAMSA, en una doble vertiente, ya sea como consecuencia del establecimiento de tareas o SOW que deba asumir la futura entidad contratista operadora del vuelo que surja en la licitación pública realizada por NAMSA o, ya sea en la sustitución de España por NAMSA, 2°.- NAMSA y Chapman, en virtud de la cual, Chapman, en su condición de intermediario o broker, propone una empresa subcontratada -UM Air- que reúne, de una parte, las condiciones exigidas por la OTAN respecto de las normas de aviación civil y, de otra, las condiciones exigidas por las autoridades militares contratantes en la declaración de tareas, no se deduce cláusula alguna que permita inferir dejación de las condiciones de seguridad en los vuelos llevados a cabo generadora de algún tipo de responsabilidad penal contra las autoridades militares españolas y eso pese a las denominadas “Notas sobre partes de incidencias” que en un total de 14 fueron recibidas por el EMACON y comunicadas el Ministerio de Defensa (obrantes al folio 293 y siguientes de la citada pieza), entre las que se distinguen entre las recibidas antes del 26/05/2006 y las conocidas con posterioridad aunque los hechos que las motivaron fueron anteriores a la indicada fecha.

La primera de ellas, afecta a un extremo sin interés en la causa, en cuanto menciona el excesivo control de la policía española a los componentes de la unidad a su regreso de Kabul y el resto de quejas hacen referencias a extremos tales como la presencia de personal no militar en los vuelos, retrasos, cambios de horario, distribución, estiba y anclaje de la carga, estado de las ruedas del tren de aterrizaje o defectos en puertas de accesos o de emergencia, deficiencias que, tras ser conocidas por las autoridades españolas, fueron puestas en conocimiento de NAMSA para su corrección, sin que, pueda apreciarse que alguna de tales quejas o deficiencias pueda deducirse infracción acerca de la seguridad de la aeronave.

Como figura en las actuaciones (folios 66 y siguientes de la pieza separada), el avión Yakolev 42 D. con número de registro 42.352, siniestrado, propiedad de la compañía “Ukranían Mediterranean Airlines” Ltd- UM. Air-, disponía de los equipos que exige la normativa JAR 25 para operar en la Unión Europea y la FAR 25 de Estados Unidos, así como todos los equipos de navegación y aproximación convencionales; certificado de aeronavegabilidad expedido por el Ministerio de Transportes de Ucrania el 23/04/2003 y con validez de un año; certificado de ruido, expedido el 22/04/2003, con validez de 3 años; licencia de estación de aeronave, de la misma fecha, con fecha de duración de año y medio; certificado de mantenimiento expedido el 09/02/2002, con validez de 2 años y los registros técnicos de mantenimiento y control de calidad expedidos el 09/04/2003, incluso, el día anterior al accidente pasó las dos revisiones técnicas sobre mantenimiento y control de calidad.

El citado aparato contaba igualmente desde julio de 2.002, con la acreditación otorgada por la Subdireccíón General de Explotación del Transporte Aéreo para operar con servicios no regulares en España.

(…)  Con arreglo a los criterios más relevantes de imputación objetiva doctrinalmente aceptados, la imputación jurídico penal del resultado típico a una conducta requiere, además de la constatación de una causalidad natural, en el plano normativo, un especial nexo de antijuridicidad vinculado a una relación de riesgo entre acción y resultado, de manera que, por un lado, la conducta haya creado un riesgo no permitido, es decir, jurídicamente desaprobado, y este riesgo implícito en la acción imprudente se haya realizado en el resultado, el cual debe constituir la concreción o materialización directa del dicho peligro contenido en la conducta, y, de otro modo, que el resultado se produzca dentro del ámbito o fin de protección de la norma infringida, la cual ha de orientarse precisamente a impedir esta consecuencia dañosa… considerando que el resultado sólo puede imputarse objetivamente al sujeto si se demuestra de forma inequívoca que su comportamiento indebido supuso un agravamiento notable del riesgo ya existente, más allá de los límites de lo socialmente admitido, aumentando sensiblemente las posibilidades de producir el resultado lesivo. “

De lo transcrito se desprende: 1°.- Que ni en el citado párrafo ni en los anteriores de la parte dogmática del auto, destinados a analizar los elementos de la forma imprudente de la comisión por omisión, se habla de la existencia de una relación de causalidad entre la no acción de los imputados y el resultado producido; más bien, al contrario, en lo que se detiene el auto es si le es atribuible a los imputados el resultado por haberse excedido en el riesgo asumido; 2°.- Que, en el caso no existe el requisito examinado, esto es, la imputación objetiva por parte de los imputados y 3°.- Que tampoco los imputados agravaron la situación respecto de un Estado previo. La citada conclusión, es decir, la inexistencia de imputación objetiva, es compartida por este tribunal y ello por lo siguiente: el apartado b) del artículo 11 del Código Penal exige que el omitente, es decir, los imputados, hubieran creado el riesgo mediante una acción u omisión precedente y tal requisito no concurre, puesto que ni han creado el riesgo, – entendiendo por tal la gestión realizada a los efectos de dar cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por España en el marco de sus compromisos con la comunidad internacional en el marco de la OTAN-, ni por supuesto lo han agravado, limitándose a cumplir, una vez más, con la misión encomendada acudiendo a los mecanismos legales de índole comercial arbitrados por la OTAN, tal como ha sido suficientemente expuesto, llevando a cabo con anterioridad al avión siniestrado otras 43 operaciones de similar índole, con similares aviones y con idéntica forma de proceder a la adjudicación en las compañías aéreas, sin que, por lo demás, se haya acreditado, a instancia de ninguna de las partes recurrentes, ni otra causa del accidente distinta a la descrita en el auto, ni la relevancia de las quejas también indicadas en una y otra resolución.

(…)

Pues bien, centrando el tema en esta tercera posibilidad, el Código exigiría: a) que los imputados hubieran realizado una conducta anterior creadora de un riesgo no permitido; b) que este riesgo implícito en la acción imprudente se haya realizado en el resultado, de tal forma que éste se materialice o concrete, y c) que el resultado se produzca dentro del ámbito o fin de protección de la norma infringida.

En el presente caso, se reitera, los imputados no han llevado a cabo ninguna acción generadora de un riesgo no permitido, ni ostentaban ni asumían la condición de garantes de que el resultado no se produjera, de forma tal que el desgraciado resultado no hubiera podido ser evitado medíante una hipotética acción omitida.

 

Este auto se dictó tras un procedimiento penal que duró casi diez años. Como es obvio, la afirmación de que el vuelo era “ilegal” y de que hubo negligencia es incompatible radicalmente con esa resolución, la más completa sobre la materia en cuestión (la supuesta responsabilidad de las personas que se encargaron de la contratación del vuelo) y en el que las partes gozaron de todos los instrumentos procesales para defensa de sus intereses. Incluido el Ministerio Fiscal que pidió la apertura de juicio oral.

Pretender que, frente a esto, es más importante un dictamen (que no una sentencia como he leído por ahí) del Consejo de Estado (que no es un tribunal), que se da en un procedimiento que tiene un fin muy concreto —determinar la posible responsabilidad del Estado por su funcionamento normal o anormal y, en su caso, indemnizar— es un terrible exceso. No se está hablando en los medios de la responsabilidad del Estado; se habla de la responsabilidad de personas concretas y de la responsabilidad política de quien mandaba en el Ministerio.

No tengo ningún aprecio por Federico Trillo. No creo que los familiares de las víctimas del accidente sean objetivas en este asunto y es comprensible que sea así.

En cuanto a los demás, no deberíamos perder la ecuanimidad y convertir esto en una cacería.

Yo confío en que los magistrados que dictaron estas resoluciones después de estudiar miles de folios del sumario hicieron correctamente su trabajo. Y desde luego no voy a cambiar de opinión por un dictamen igual —en su conclusión— a otros miles que se emiten cada año sobre responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y que solo buscan determinar si un daño fue resultado de una discrepancia no con lo exigible a alguien concreto (con la existencia de un culpable), sino con la posibilidad de que algo hubiera podido funcionar mejor.

Y les aseguro que todo, todo sin excepción, es susceptible de mejora sin que esa perfectibilidad nos exija un responsable con nombre y apellidos. Y también de empeoramiento. Por ejemplo, sería un empeoramiento evidente utilizar estos dictámenes para arrojárselos a alguien concreto a la cabeza.  Sobre todo porque de ellos se derivan indemnizaciones que objetivamente compensan el daño derivado de la imperfección de las instituciones.

 

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Yo ya lo dije

 

Leo en El País esto:

Frente a la afirmación de Trillo de que las únicas quejas recibidas antes del siniestro se referían a incomodidades o retrasos, el dictamen subraya la importancia del informe secreto del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército (CISET) que, el 28 de abril de 2003, casi un mes antes del accidente, advertía: “Se están corriendo altos riesgos al transportar personal en aviones de carga fletados en países de la antigua URSS, su mantenimiento es como mínimo muy dudoso”.

Defensa intentó descalificar este informe alegando que su autor no tenía “ningún conocimiento en seguridad aeronáutica o mantenimiento de aeronaves”, pero el Consejo de Estado replica que esa advertencia era suficiente para desencadenar “una comprobación o verificación” de su denuncia. “Desgraciadamente los hechos se encargaron de demostrar que sus valoraciones no estaban alejadas de la realidad, cualquiera que sea la opinión sobre los conocimientos del autor”, se lamenta.

No voy a opinar sobre el asunto concreto del que habla la noticia, ya que no he podido leer el informe completo. Lo traigo porque me llamó mucho la atención ayer y porque hoy mismo, al leer cierta deposición en la que alguien se encontraba muy orgulloso de una predicción, volví a pensar en esa afirmación tan dudosa: “los hechos se encargaron de demostrar”.

La mayoría de ustedes conocerá la falacia Post hoc ergo propter hoc: que algo siga a algo no implica que este algo sea causa de aquello. Esta falacia perniciosísima —sobre todo por ser difícilmente atacable— es la fuente de constantes estafas, engaños y errores. Es la causa fundamental, por ejemplo, del prestigio e influencia de pseudociencias y de falsos métodos de curación. También lo es del prestigio e influencia —estos normalmente más transitorios— de tipos que han acertado. No usaré la expresión, tipos con suerte, por no caer en esa misma falacia. Cuando se trata de predecir el futuro (no toda su complejidad, basta con algún hecho más o menos discreto) siempre, entre toda la maraña de personas que se dedican a tan antiquísima labor, habrá gente que acierte. Incluso habrá personas que acierten varias veces. Ni siquiera hablo de manipulación, aunque esta es posible. Cuenta John Allen Paulos en una de sus obras (disculpen, no recuerdo exactamente en cual) una de esas posibles estafas: alguien escoge a 10.000 posibles inversores y envía a la mitad de ellos una carta prediciendo que cierto valor va a subir en bolsa y a la otra mitad les dice lo contrario. Si el valor sube, envía una segunda carta, solo a la primera mitad de ellos, dividiéndolos en dos grupos y de nuevo prediciendo la subida y la bajada de cierto valor bursátil. Suba o baje, selecciona a los 2.500 adecuados y continúa el proceso. Cuando ha repetido, por ejemplo, seis veces la jugada, 156 posibles inversores han visto cómo el tipo acierte siempre. En ese momento, les pide dinero.

Esta manipulación es posible también con los opinadores: ¿quién se ocupa de hacer un inventario de todo lo que alguien publica para contrastar su grado de acierto? Casi nadie, y además esos inventarios suelen perderse entre el ruido. Y, si el tipo es hábil, siempre dará altavoz a sus aciertos y casi nunca (salvo que tratemos con alguien especialmente honesto) recordará sus errores. Sobre todo si puede exhibir algún acierto especialmente “espectacular”. Vuelvo atrás: un acierto “espectacular” no es prueba de nada. Entre los millones de opiniones y predicciones que se efectúan la probabilidad de que “alguien” (casi al azar) acierte suele ser muy alta. Recuerden: a alguien le toca la lotería. ¿Convierte, ese acierto, a esa persona en alguien que realiza juicios especialmente bien encaminados, que maneja información mejor o que cuenta con alguna suerte de intuición avanzada? En absoluto. Personalmente, yo sospecharía. Una solución aberrante me parece sospechosa precisamente porque puede ser síntoma de una mente que no razona bien, que no maneja buena información o que se ve afectada por esa enfermedad del discurso llamada disonancia cognitiva. La opinión “media” de los expertos suele ser la correcta. Es posible que esa media sea simple acomodo. De vez en cuando hay alguna “revolución” auténtica, pero estas son más raras de los que pensamos y exigen pruebas abrumadoras antes de imponerse.

Sin embargo, en esta época en la que vamos a toda hostia y en la que cualquier oscuro sujeto en cualquier esquina del mundo puede reclamar su lugar bajo el sol y conseguirlo a fuerza de RTs, atrae especialmente el gurú instantáneo. El tipo que “acertó” en algo que escribió en su página de facebook, aunque su acierto fuese simple casualidad y aunque sus razonamientos fuesen completamente erróneos o estúpidos.

Los hechos, por desgracia, no demuestran nada. Una demostración es otra cosa. Que se estrellase un avión por falta de mantenimiento (algo que, por lo que parece, ni siquiera es el caso) no es prueba de que tuviera razón quien dijo que ese avión padecía falta de mantenimiento. Si esa persona no tenía conocimientos sobre el mantenimiento de aviones no hay acierto. Solo hay coincidencia. No puede haber acierto cuando dices algo pero no sabes por qué lo dices o tus razones no son las razones que servirían para afirmar que ese juicio es un razonamiento basado en el conocimiento.

Sin embargo, constantemente damos púlpitos a los que han acertado. Los más habilidosos aprenden pronto el oficio de tertuliano u opinador profesional, dejan de hacer afirmaciones peligrosas y se apuntan al mensaje sentimental o generalista. Los que se creen sinceramente tocados por el aliento divino siguen haciendo predicciones hasta que meten la pata escandalosamente y todo el mundo se ríe de ellos. Lo malo es que, mientras tanto, los necesitados de profetas beben sus afirmaciones como si vinieran del mismo Dios de Abraham. ¿Por qué? Porque es el que ha acertado. Luego, cuando se equivoca, lo cambian por el “nuevo” que ha acertado.

Naturalmente, entre todos estos hombres del momento están los que han acertado porque de verdad conocen la materia, manejan buena información y son capaces de articular razonamientos auténticos. En mi opinión hay síntomas que suelen (vean que digo suelen) identificarlos: no recuerdan constantemente que acertaron, y admiten que pudieron equivocarse entre otras razones porque ya se han equivocado antes y porque son conscientes de la inmensa complejidad de lo real. Este tipo de gente es un coñazo, eso sí. Dan malos titulares, piensan antes de hablar y titubean todo el rato.

Leopoldo II

En el mes de Agosto de 1885, los que sabían algo acerca de África en el Foreign Office estaban de vacaciones. Alguien, sin embargo, remitió una comunicación, un “nos damos por enterados”, algo intrascendente. Y al hacerlo, le dio al tramposo un póquer de ases. Me explicaré.

Los americanos no se interesan demasiado por los negros. Esto lo dijo, en 1884, uno de los tipos más extraordinarios de todos lo tiempos, y no entiendan lo de extraordinario como un elogio, sino en sentido literal. Un tipo que necesitaría varias entradas para empezar a hablar de él y de su asquerosa obra. Un timador, un trilero, un sujeto amoral, el rey de un país demasiado pequeño y ordenado, capaz de soportar su afición por las niñas, pero incapaz de darle su sueño hecho de mapas, barcos y mercaderías.

Lo curioso es que el mismo hombre que preguntaba si estaban en venta las Filipinas, que pensaba en conquistar algún pedazo de China o que ponía por escrito que el tesoro del emperador del Japón estaba “mal custodiado”, terminó haciéndose con un territorio tan grande como media Europa. Lo consiguió engañando a todo el mundo, jugando con cartas marcadas, y aprovechándose de la apatía y la ignorancia de unos, y de la negligencia de otros.

Primero encabezó un movimiento (la AIA) casi filantrópico destinado a crear bases en África Central e introducir allí la “civilización”; luego compró a Stanley y creó una compañía mercantil, la CEHC, en la que participaban, además del tahúr, otras personas que pronto desaparecieron de la empresa, de dudosa reputación (ellos) y prácticamente en quiebra, especialmente interesadas en la explotación la navegación del río Congo y la construcción de un vía férrea que salvase los últimos kilómetros del río, imposibles de navegar. Finalmente convirtió el comité en la Association Internationale du Congo, la AIC. Sir Travers Twiss, el experto oxoniense, contestó, cuando se le consultó formalmente acerca de la posibilidad de depositar en algo tan extraño la soberanía de una nación, que por qué no, que ahí estaban la Orden de Malta o los Caballeros Teutónicos.

Pero me he adelantado. La cosa africana lo era de costas y casi todas estaban ocupadas. Portugueses, ingleses y franceses discutían sobre la desembocadura del Congo y nuestro trilero fue prometiendo a todos lo que negaba a todos, sin más fuerza que las proclamas y una buena fortuna. Cuando el inmigrante despreciado, el extraordinario Brazza, firmó con el reyezuelo Makoko un tratado de amistad, un diputado de la Asamblea dijo con sorna: “Por fin tenemos un aliado”. Lo cierto es que la presencia, no buscada, de Francia, al norte del río Congo, llevó a los políticos ingleses a aceptar a los negreros portugueses. No parecía haber otra solución. Sin embargo, el timador, alto y barbudo y amante de la filantropía, proclamó: ¡libre comercio! Nada hay que guste más a un inglés que eso. Tan filantrópico era nuestro protagonista que anunció que asumiría todos los gastos de la empresa. Los ingleses gritaron ¡hurra! y los franceses, que creían que el tipo era un excéntrico, se encontraron con garantías de que Francia tenía “preferencia” para ocupar el territorio si no era capaz de sacarlo adelante. Y no crean que se olvidaron; pregúntenle a De Gaulle.

Tan absurdo era todo que, cuando Bismarck organizó la Conferencia de Berlín (esa en la que según los libros que habrán leído supuestamente se repartió África), nadie invitó al tahúr. No importó; se coló en la fiesta usando a la delegación americana y al viejo Stanley; y fue prudente: solo pidió, a través de su marioneta, que el territorio incluyeses lo que llamó la “cuenca geográfica y comercial del Congo”, o lo que es lo mismo África central de costa a costa. No se le hizo caso, claro, pero las actas de la conferencia se llenaron de mapas y más mapas, repletos de errores, de cordilleras y lagos inexistentes, y el trilero los fue convenciendo, de uno en uno. Los americanos fueron fáciles: no se interesaban por los negros y “su” hombre era “su” hombre. Bismarck era más difícil. No se tragó las proclamas de buenas intenciones, pero calculó sobre contrapesos: así, cuando el timador se presentó sin fronteras le mandó a paseo, pero luego aceptó un Congo sin Katanga. Los franceses le darían el resto: el timador les dijo que renunciaba a los territorios al norte del río, que no controlaba, pero que, a cambio, reclamaba los que había excluido de los mapas presentados al “canciller de hierro”. Y los franceses, por segunda vez, se asombraron por tanta generosidad. Así que el mapa que firmaron los franceses era diferente: incluía Katanga, la zona más rica del Congo.

El hueso más duro era el inglés. Y entonces se produjo la farsa. El 1 de agosto de 1885, el timador se proclamó rey soberano del Congo, incluyendo la neutralidad y el libre comercio como elementos fundadores. Y se lo comunicó a los firmantes del acta de Berlín.

El acta no contenía ningún acuerdo sobre fronteras, pero todos los documentos que se habían discutido, junto con sus mapas, estaban en un solo dossier. Alguien comprobó que el mapa que aparecía en el dossier coincidía con el que enviaba el rey trilero, y pensó que los ingleses habían aceptado la creación del nuevo Estado. Salió del Foreign Office una comunicación dando al Gobierno inglés por enterado, lo que equivalía a dar por buena la creación del nuevo Estado con las fronteras admitidas por Francia. A la vuelta de vacaciones, los expertos se encontraron con el error ya cometido, e Inglaterra no quiso desdecirse. Cuando años más tarde Rhodes intente hacerse con Katanga (ese oscuro episodio en el que el rey timador termina enviando sicarios), el gobierno inglés se atendrá a su palabra.

El golpe se había consumado. Había nacido un aborto, el horroroso negativo del siglo XX.