La tribu

Hoy dice Puigdemont en una entrevista:

¿Pondrán las urnas aunque el Constitucional impugne la convocatoria del referéndum?

Cuando pongamos las urnas, lo haremos amparados en todas las garantías legales. Pero lo importante de un referéndum es si los ciudadanos lo declaran válido o no. Podría ser acordado y que la gente no participara. Un referéndum que pueda tener sólo el acuerdo del Parlament de Catalunya, pero en el que la gente participe, es perfectamente válido porque la gente es precisamente quien le confiere validez.

Esta respuesta es paradigmática de la mentira secesionista. Los secesionistas llevan años intentando engañar a muchas personas y en parte lo han conseguido. Las urnas no se pueden “poner” amparadas en “todas” las garantías legales porque las urnas se ponen para algo y ese “algo”, en este caso, es inconstitucional. Tan inconstitucional es que lo sería incluso si se tratase de un referéndum en toda España con ese mismo objeto, convocado por el Gobierno con acuerdo del Parlamento, saltándose la previa reforma constitucional. Imaginen su inconstitucionalidad tratándose de un referéndum solo en Cataluña y convocado solo por un acuerdo del parlamento catalán. Y eso lo sabe el señor Puigdemont perfectamente.

Por tanto, la primera frase es una mentira destinada a tranquilizar la conciencia de los ciudadanos que temen a la ilegalidad, pero a los que gusta la idea de secesión.

Pero eso no es lo más grave. Lo peor es el recurso a la falsa democracia sin ley. La idea de que lo que importa para que un referéndum sobre cualquier cosa sea “válido” es la “participación” de la “gente”.

En una democracia real solo son actores los ciudadanos. En una democracia de verdad no hay “gente”. La “gente” no vota. Gente o pueblo son los animalitos preferidos de los autócratas y los populistas. Apelando a la gente o al pueblo, como apelando a la patria o a la historia o al paraíso que viene, es como se han cometido los peores crímenes.

El ciudadano no le gusta ni a los autócratas ni a los populistas. Tampoco le gusta mucho al político común, no nos engañemos. La razón es sencilla: ciudadano es un concepto legal que lleva implícito algo peligrosísimo para el poder y para los conductores de hombres, el de sujeto con derechos y obligaciones. Y va unido también a otro previo: el de conjunto de ciudadanos. Un ciudadano lo es porque hay otros ciudadanos del mismo Estado.

La potencia de ese concepto es extraordinaria. El ciudadano individual se protege de la arbitrariedad del poder y de la arbitrariedad de sus compatriotas precisamente por su condición, por el paquete completo. Ni el poder ni los otros pueden excluirlo de su condición de ciudadano salvo por los propios medios nacidos en el momento de su definición. No hablo de algo abstracto. La historia está llena de furia y dolor, y ha parido con suerte (si te ha tocado vivir en uno) Estados democráticos. La cuestión es que, una vez alcanzado ese punto, es estúpido discutir la definición, porque eso supone reabrir la situación previa y arriegarnos a más furia y dolor.

Los autócratas y los populistas, sin embargo, constantemente fuerzan los límites. Apelan al “pueblo” o a la “gente” para saltarse la definición legal, que si es razonablemente completa incluye las reglas para su modificación y evolución. Lo hacen precisamente porque no admiten los límites que impone la democracia a su comportamiento. No hay democracia sin ciudadanos. No hay ciudadanía sin ley. No hay ley sin reglas para su modificación. No hay reglas para la modificación de la ley sin una definición sobre el conjunto de ciudadanos y sobre el procedimiento para que emitan su voluntad. Es un círculo virtuoso.

En realidad, estas personas quieren cometer “su” ilegalidad. Para conseguir que se haga realidad lo que consideran un destino manifiesto, están dispuestos a saltarse la ley. La de verdad, la democrática. Están dispuestos a vulnerar los derechos de los ciudadanos (a saltarse mis derechos, por ejemplo, como ciudadano español). Para ellos es más importante su sueño, su visión colectiva, que la prevalencia de la ley y la democracia. En el mejor de los casos, creen que solo tienen que saltarse la ley una vez y que merece la pena correr el riesgo de que nos acostumbremos. Y que, para que la buena gente no se escandalice, basta con vestir el crimen de democracia popular y sostener que está avalado por un parlamento que no tiene competencias para ello. Como no lo tendría el parlamento español para condenarme a muerte.

Es la vieja tensión entre las “argucias” legales y la “verdad” popular. Somos muy sensibles a este argumento: qué hay de malo en votar, en preguntar a la “gente”. O por qué hay que ser tan exquisito con los derechos de un criminal espantoso que ha matado a no sé cuántos niños.

No quieren darse cuenta de que es mucho más importante el edificio legal que cualquier destino nacional o cualquier acto de supuesta justicia concreta. El edificio legal existe porque acoge a ciudadanos. Cuando lo derribas, solo queda la tribu a la intemperie y luego hay que llorar lágrimas de sangre para volver a construirlo.

Hoy millones de ciudadanos de España han comprado de forma egoísta una mercancía averiada y peligrosa. Han decidido excluirnos a los demás de nuestra condición de ciudadanos y al hacerlo no se dan cuenta de que ellos mismos sientan las bases para que cualquier decisión que les afecte se pueda justificar, en el futuro, simplemente apelando a la gente, en la que hoy se incluyen, pero de la que puede que no formen parte en el futuro, según cambien los vientos del discurso ilegal.

Y lo compran por nada. Por el destino histórico. Ebrios, ciegos e irresponsables.

 

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3 comentarios en “La tribu

  1. Soberbio, Tse. Hoy agradezco mi involuntaria costumbre de leerle con retraso. A la luz del último post publicado, ese sobre “la pesadez” y la verdad, yo diría, por concretar, que textos como este o como aquel “¿Por qué la ley?” son la auténtica columna vertebral de este blog.

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