El esperpento

Acabo de leer la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela que inadmite los recursos contra la sentencia de apelación dictada como consecuencia del recurso interpuesto contra la sentencia que condenaba a Leopoldo López a la pena de prisión de 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas.

Sobre esta bazofia que recibe el inmerecido nombre de sentencia ya escribí aquí, aquí y, más detalladamente, aquí.

En esas entradas me referí a Leopoldo López y no al resto de encausados por las razones que expuse y a las que me remito. De nuevo me voy a centrar en el recurso de la defensa de López, por esas mismas razones.

Lo primero que tengo que decir es que no conozco el recurso en su integridad. Solo los extractos que se hacen constar en la sentencia, extractos que no puedo afirmar que sean exactos. Esto no lo digo por decir: alguno de los motivos (denuncias, en el lenguaje legal venezolano) del recurso se basan en una transcripción inexacta (errónea dice el recurso) de declaraciones de esos “expertos” (la prueba fabricada por el régimen) en el acta del juicio. En todo caso, lo que es evidente es que no sé qué falta del recurso, qué argumentaciones, qué detalle en la denuncia de vicios, qué detalle en la denuncia de la falta de motivación, con expresión de cuál habría debido ser la respuesta judicial. Aclaro esto porque, en la parte que sí vemos, los abogados de López sí afirman haber hecho todo esto, ya veremos con qué resultado.

Lo segundo que tengo que decir es que no conozco el derecho venezolano. Esta entrada no pretende criticar la sentencia desde un punto de vista técnico que llegue al detalle de las normas vigentes en ese país, de su jurisprudencia y de su práctica judicial. Tampoco creo que sea necesario, ya veremos por qué. Mi análisis es el propio de alguien habituado a tratar con el derecho (también habituado a la cháchara legal y judicial, y a las concatenaciones de argumentos vacíos que parecen decir sin decir nada), y de alguien que habla español y analiza los razonamientos.

Dicho lo anterior, la sensación con la que me quedo tras leer la sentencia se resume de la siguiente forma: la sentencia es un formulario vacío con 28.564 palabras que en su práctica integridad son copia de decisiones y de documentos anteriores, y en la que esa pequeña parte que se supone resuelve en realidad no contiene respuesta material a las denuncias del recurso. De forma más llana: pese a tratarse de un asunto de gigantesca relevancia nacional e internacional, el Tribunal Supremo venezolano ha usado, para desestimar, una motivación equivalente a la que aparece en la resolución de un recurso contra la imposición del recargo de apremio por el impago del impuesto de bienes inmuebles de un piso en Algete, provincia de Madrid.

La defensa de López se basa en siete motivos: vamos a verlos por su orden y haciendo constar la respuesta COMPLETA QUE RECIBE CADA UNO en la Sentencia del Tribunal Supremo (para que nadie me acuse de manipulación):

1.- En el primero denuncia la defensa de López que, tras admitirse ciertas pruebas en el recurso de apelación (GRABACIONES DEL JUICIO), y afirmarse en el recurso, sobre la base de las mismas (se trata de las declaraciones de los “expertos”), que LO QUE PONÍA EN EL ACTA NO ES LO QUE DECLARARON ESOS “EXPERTOS”, esto supondría la nulidad del juicio y la necesidad de repetirlo (ya que el tribunal de apelaciones no puede, al parecer, sustituir la valoración probatoria por exigirlo el principio de inmediación). Esta solicitud no se basaría en la prueba del propio juicio de instancia (en el que se condena) sino de la PRUEBA PRACTICADA EN APELACIÓN. Al parecer, la sentencia de apelación simplemente dijo que no podía valorar la prueba de la instancia, es decir, no dio una respuesta a esa discordancia entre lo grabado y lo transcrito.

Esta es la respuesta que se contiene en la sentencia:

En efecto, el formalizante indicó que al interponer el recurso de apelación solicitó a la Corte de Apelaciones la incorporación y apreciación de los medios audiovisuales (video) utilizados durante el juicio, ello con el fin de hacer constar la evidente contradicción entre lo suscrito en las actas de debate y la deposición de la experta ROSA ASUAJE. Situación que a juicio de la defensa fue inadvertida por la Corte de Apelaciones, incurriendo en el vicio de inmotivación por falta de pronunciamiento de los puntos advertidos en el recurso de apelación.

Al respecto es preciso destacar que a pesar de que los recurrentes se apoyan en la falta de aplicación del artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal, para delatar el vicio de inmotivación,  las Corte de Apelaciones no tienen facultad para apreciar las pruebas objeto del proceso penal, ello en virtud de ser una actividad reservada a los jueces de primera instancia que desempeñan la función de Juicio, y cuya atribución le es inherente al principio de inmediación.

Precisamente, el material audiovisual utilizado para la grabación del juicio  tiene como objetivo hacer constar el cumplimiento de las formalidades esenciales del debate y la comparecencia de las partes.

En consecuencia, este recurso audiovisual no puede ser utilizado como medio para la impugnación de las deposiciones de los testigos y expertos en el debate probatorio, porque de ser así se estaría violentando el principio de inmediación el cual constituye el medio idóneo para crear la convicción necesaria en el Juez que determina la efectividad de la prueba debatida.

Lo antes expuesto, hace que los argumentos planteados por los peticionantes carezcan de sustento y efectividad para ser admitida en casación.

En consecuencia, la presente denuncia se DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA, de conformidad con lo establecido en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal.

Es pasmoso: vienen a decir que no pueden examinar la grabación del juicio porque eso afectaría al principio de inmediación, cuando la defensa no pide que se juzgue de nuevo sino que se examine SI COINCIDE LO QUE SE TRANSCRIBE EN EL ACTA CON LO QUE DICEN LOS TESTIGOS Y “PERITOS”. Por lo visto, da igual que la sentencia afirme: “X es culpable porque como dijo el testigo tal pasó B”, aunque el testigo EN LA GRABACIÓN, haya dicho C.

Advierto que una inconsistencia o discordancia podría no tener entidad anulatoria, pero, en tal caso, EL TRIBUNAL AL MENOS TENDRÍA QUE DECIR POR QUÉ. Un tribunal serio diría, sí hay tal error en la transcripción contenida en la sentencia, pero no tiene incidencia por esto o aquello, o del resto del material probatorio se deduce esto o aquello.

2.- En el segundo, la defensa de López denuncia falta de motivación por el hecho de que esas transcripciones erróneas hubieran fundamentado la condena cuando lo realmente dicho tenía un significado totalmente diferente. Puede parecer un motivo idéntico, pero no lo es: en el primero se denuncia la indefensión por la falta de respuesta a la prueba practicada en segunda instancia, el segundo por la discordancia entre el razonamiento de la juez que condenó y las pruebas, ya que la propia sentencia se habría basado en pruebas erróneamente documentadas. El propio recurso habla de alteración y mutilación de esos testimonios (en la transcripción que aparecía en la sentencia) de forma que venían a decir algo diferente de lo que en realidad dijeron (en el recurso se afirma: “la transcripción de las palabras de la testigo Rosa Asuaje, contenida en el acta de juicio, fue realizada mutilando contendido, alterando contenido y colocando frases y palabras que no dijo para así justificar una condena contra nuestro defendido,…”) .

Esta es la respuesta que se contiene en la sentencia:

De lo antes referido, la Sala estima que el recurrente equivoca el sentido del recurso de casación propuesto, por cuanto pretende una nueva apreciación y valoración probatoria de los testimonios de los ciudadanos ROSA ASUAJE y MARIANO ALÍ, con el objetivo de impugnar la redacción del fallo de la alzada.

Constituyendo ello, un error en la técnica recursiva ya que los tribunales del segundo grado de la jurisdicción no pueden hacer nuevas apreciaciones sobre las pruebas ya fijadas por el tribunal de juicio.

Por consiguiente, lo procedente en este caso es DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUDADA la segunda denuncia, de conformidad con lo establecido en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal.

Como ven, la respuesta frente a una alegación tan grave (que se manipularon las palabras de un testigo para hacerle decir lo contrario de lo que dijo y que eso resulta del visionado de la grabación y de su contraste con la transcripción de la sentencia)  es que eso supone realizar “nuevas apreciaciones” sobre las pruebas fijadas. Es un esperpento. Insisto: habría sido muy fácil decir que esas manipulaciones no existen o que son intrascendentes o que aun pareciendo trascendentes no determinan el fallo porque se condenó por tal o cual razón. Nada de esto supone sustituir lo probado. Porque, de ser cierto lo que se denuncia, casi nada sería más grave: el tribunal habría ALTERADO LAS PRUEBAS. Si un tribunal de casación no puede intervenir en un caso así, ya me dirán para qué cojones sirve.

Lo repito: ignoro si lo que se denuncia es cierto o no. Pero es el Tribunal Supremo el que tendría que haber dado una respuesta. Y esto no es una respuesta, es un eructo.

3.- En la tercera denuncia se plantea una incorporación ilegal, por extemporánea, de una prueba (el testimonio de una perito). Y se denuncia que el tribunal de apelaciones no motivó su decisión al resolver contra esa denuncia.

Esta es la respuesta que se contiene en la sentencia:

La Sala denota que este tipo de denuncias solo pretenden impugnar de manera indirecta la sentencia pronunciada por el tribunal de juicio, desvirtuándose la naturaleza jurídica del recurso de casación el cual es un medio de impugnación contra las decisiones dictadas por las Cortes de Apelaciones, que resuelvan sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público haya pedido en su acusación o la víctima en su acusación particular propia o en su acusación privada, la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda  de cuatro años; o la sentencia condene a penas superiores a esos límites.

La jurisprudencia de la Sala de Casación Penal ha sido reiterada en expresar que los recurrentes no pueden por vía del recurso de casación procurar que se analicen argumentos referidos al análisis y valoración de las pruebas, relativos a demostrar o no la responsabilidad penal del acusado en los hechos objeto del proceso, ya que estos son propios del debate que se realiza en la fase del juicio oral y público.

En mérito de lo referido, la Sala considera ajustado a derecho DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUDADA la tercera denuncia del presente recurso de casación, de conformidad con lo establecido en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal.

Realmente no debería decir nada de este motivo, ya que no tengo ni idea de las reglas sobre la incorporación al proceso en Venezuela de los diferentes tipos de pruebas. Ahora bien, lo que sí sé es leer español, y esta respuesta es pura cháchara (véase que el primer párrafo incluso se pone a reproducir generalidades sobre cuándo procede la casación). En esos tres tristes párrafos no hay la más mínima explicación de por qué esa prueba que se dice ilegal era legal. No se afirma que conforme a tal artículo o a tal sentencia esa prueba es admisible. De haber algo así yo no podría decir que eso es una aberración o algo fundado, pero es que no existe. Es decir, el tribunal ni siquiera ES CAPAZ DE AFIRMAR QUE ALGO ES LEGAL CITANDO SUS LEYES Y SU PROPIA JURISPRUDENCIA.

4.- En la cuarta denuncia se afirma que debió suspenderse el juicio por la primera incomparecencia de ciertos testigos, incluso hasta el punto de llevarlos conducidos por la fuerza pública.

Esta es la respuesta que se contiene en la sentencia:

Verificándose en la presente denuncia, el incumplimiento de la debida técnica recursiva, ya que solo se describe de manera genérica la inconformidad del recurrente con el fallo producido por la Corte de Apelaciones, pues se pretende establecer la incongruencia de la sentencia mediante argumentos vagos que impiden conocer en qué consistió el vicio incurrido por la alzada y de qué manera debió haberse cumplido con este requisito.

Debiéndose desatacar que no es censurable en casación la sola inconformidad con la sentencia que es adversa, ya que la instancia de casación requiere el cumplimiento de requisitos específicos, delimitados en los artículos 451 (recurribilidad) y 452 del Código Orgánico Procesal Penal (motivos) así como la precisión en la descripción de los argumentos que conforman la denuncia, lo cual no se evidencia en el presente caso.

En cuanto a las denuncias que plantean la falta de motivación de las sentencias no basta señalar que la motivación es insuficiente o incongruente, ya que debida técnica recursiva demanda la descripción precisa de los puntos inadvertidos en el recurso de apelación. Igualmente, constituye una obligación para el requirente establecer cómo debió ser la motivación empleada por la alzada, así como la incidencia y relevancia del vicio advertido, ello con el fin de verificar si lo planteado por el recurrente representa una amenaza verdadera amenaza a la tutela judicial efectiva y al derecho a la defensa consagrado en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 En consecuencia, la Sala  DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA la cuarta denuncia del presente recurso de casación, de conformidad con el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

Ya me dirán. El recurrente dice: se me ha negado cierta prueba al no haberse producido testificales por incomparecencia y no haberse suspendido el juicio e incluso obligado a los testigos a asistir, y la sentencia de casación parece citar una página rándom del manual de algún oscuro profesor sobre la motivación. Es un chiste: no puedo decir qué respuesta recibe el recurrente a lo que denuncia, porque NO RECIBE NINGUNA RESPUESTA.

5.- El quinto motivo se basa en una cuestión sustantiva: la defensa afirma que cierta figura penal (determinador de los delitos de incendio y daños) se aplica erróneamente y afirma que en los recursos se contiene un … sesudo análisis de la referida figura legal, tomando en consideración la doctrina nacional y extranjera sobre el tema, así como también las soluciones que le han dado nuestra jurisprudencia a distintos casos de relevancia, demostrando para cumplir con la exigencia de fundamentación del recurso de apelación, cual habría de ser la correcta interpretación que se le debía dar a la norma del Código Penal reseñada en último término. Y se afirma en el recurso que el tribunal de apelación se limitó a afirmar que el recurso exigía la ‘adhesión de elementos adicionales al tipo delictivo’ pero sin explicar a continuación cuáles eran esos elementos adicionales.

Esta es la respuesta:

Denotándose en la redacción de la presente denuncia que el recurrente so pretexto de la inmotivación del fallo, pretender impugnar la tipicidad de los hechos y la calificación jurídica impuesta por el tribunal de juicio en el presente caso.

A juicio de la Sala de Casación Penal, el recurrente debió establecer de qué manera la corte de apelaciones debió analizar la supuesta indebida aplicación del artículo 83 del Código Penal, respetado el hecho ya establecido por el tribunal de juicio. Contrario a ello se dedicó a atacar de manera genérica la motivación del fallo, sin exponer de manera concreta de que manera debió ser el análisis de la corte de apelaciones en relación con la correcta tipificación del hecho.

Motivo por el cual, la presente denuncia se  DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA, de conformidad con el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

Yo no sé si la defensa de López realmente realizó un sesudo análisis de las leyes, de su jurisprudencia y de la jurisprudencia internacional, y si especificó cuál debería haber sido la correcta interpretación. Solo sé que la argumentación de la sentencia de instancia es un sainete, como ya expliqué en su día. Ahora bien, ya me dirán si es serio que un motivo así reciba la respuesta que les acabo de copiar. Juzguen ustedes.

6.- El sexto motivo es semejante al anterior, solo que la denuncia se basa en que cierta figura penal (instigación pública) se había aplicado erróneamente y de nuevo se afirma que en los recursos se contiene un … sesudo análisis de la referida figura legal, tomando en consideración la doctrina nacional y extranjera sobre el tema, así como también las soluciones que le ha  dado nuestra jurisprudencia a distintos casos de relevancia, demostrando, para cumplir con la exigencia de fundamentación del recurso de apelación, cuál habría de ser la correcta interpretación que le debía dar a la norma del Código Penal.

Esta es la respuesta:

Al igual que la denuncia anteriormente analizada, la presente delación carece de la debida argumentación, ya que de manera genérica pretende atacar por inmotivación la sentencia producida por la Corte de Apelaciones. No obstante su argumentación se centra en la impugnación de la tipificación del delito atribuido por el tribunal de juicio, lo que determina que lo que se pretende es atacar la indebida aplicación del artículo 285 del Código Penal, el cual tipifica el delito de Instigación, sin describir de qué forma fue violentada esta norma y cuál es la interpretación correcta que debió establecer el tribunal de alzada.

Es preciso acotar que no sobre la base de una supuesta inmotivación del fallo, se pretenda atacar de manera genérica aspectos que determinan la tipificación del delito. En el presente caso, no se hizo un análisis completo sobre las circunstancias fácticas acreditadas y el porqué debió haberse corregido la subsunción del tipo penal establecido en el artículo 285 del Código Penal.

Por lo antes expresado, la Sala DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA la sexta denuncia del presente recurso de casación, de conformidad con el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

Nada que añadir.

7.- El séptimo motivo es como los dos anteriores, una denuncia sobre la indebida interpretación de la norma y la jurisprudencia sobre cierta figura penal (delito de asociación) y de nuevo se afirma que hay un sesudo etc.

El tribunal responde:

Como se expresó en la denuncia anterior, los recurrentes incumplen con la debida fundamentación del recurso. A pesar de que esbozan la supuesta immotivación del fallo, insisten en atacar la tipificación de los hechos en el delito de Asociación. Ello sin establecer un análisis preciso de las circunstancias fácticas acreditadas y los elementos del tipo penal que sirvieron para establecer los supuestos y que determinarían de ser el caso la indebida aplicación del artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

La Sala advierte en la presente denuncia,  al igual que en el resto del recurso de casación planteado por la defensa del ciudadano LEOPOLDO EDUARDO LÓPEZ MENDOZA, lo que se pretende es impugnar situaciones que son inherentes al tribunal de primera instancia; siendo que el recurso de casación es un medio para impugnar las decisiones de la corte de apelaciones que resuelven sobre la apelación de las sentencias definitivas.

Por consiguiente, la procedente y ajustado a derecho es DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUDADA, la presente denuncia y con ello el recurso de casación planteado por la defensa del ciudadano LEOPOLDO EDUARDO LÓPEZ MENDOZA. Así se decide.

 

Recuerden: esta sentencia es lo mejor que ha sido capaz de producir el aparato judicial bolivariano sobre un caso de tan enorme trascendencia para su propio país. No han sido capaces de perpetrar algo un poco más presentable.

Ves esto y te imaginas cómo, tiempo ha, alguien paseó por la administración de justicia venezolana y exclamó, mientras los palanganeros aplaudían, “exprópiese”.

 

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Un comentario en “El esperpento

  1. Reconozco que no me he leído este tocho jurídico. No obstante, suscribo lo que ha escrito el sr. Rabtan. Me baso en dos principios: 1) el de autoridad y 2) el de confianza. He dicho.

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