¿Error? ¿Qué error?

 

Es una equivocación que un magistrado del Tribunal Supremo (si la cuenta realmente es de él -por lo que leo en prensa, lo es-) escriba este tuit:

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Por varias razones:

1.- La primera, que nunca debería basarse en una información periodística para plantear que pueda haber error en una sentencia. Y eso, aunque sea magistrado de la Sala de lo Civil y, por tanto, no le pueda corresponder revisarla en caso de recurso de casación.

2.- La segunda, porque por su autoridad puede provocar desasosiego en mucha gente que pensará, al leerle, que quizás algo pueda estar funcionando mal en un sistema judicial que admita un consentimiento válido (para una conducta sexual) en el caso de una niña de cinco años. Vean que los que dictan la sentencia también son magistrados (en este caso de la Audiencia de Cantabria).

3.- La tercera, porque, para opinar sobre una sentencia que ni siquiera es firme, como mínimo ha de leerla. Y quizás, precisamente por no ser firme, mejor abstenerse de comentarla.

4.- La cuarta, porque ha actuado con demasiada alegría al leer la noticia y escribir el tuit. En la noticia (tampoco en la de El Diario Montañés que se enlaza) no se menciona en absoluto el asunto del consentimiento. Nada de lo que parece (y digo parece porque no conozco la sentencia) fue controvertido tiene que ver con el consentimiento. Nadie se plantea seriamente que pueda consentir legalmente -con la consecuencia de que la conducta sea impune o menos grave- una niña de cinco años.

Lo que se menciona en la noticia es que el tribunal no consideró que existiese violencia o intimidación.

Cuando hay violencia o intimidación, el delito no es de abuso, sino de agresión sexual.Y, aunque el delito comenzó en 2005 y se han podido plantear problemas de ley aplicable (la más beneficiosa para el reo), ya que esta materia ha cambiado bastante en los últimos años, siempre se ha presumido en una niña de esa edad la ausencia de consentimiento (que sí habría de probarse en el caso de mayores de trece años -hasta la última reforma-). Más aún, hoy en día directamente se elude la cuestión del consentimiento, puesto que la realización de actos sexuales con menores de 16 años son siempre delito (con la excepción de autores próximos en edad o grado de madurez).

Y lo que hace el legislador es ir agravando las conductas: es más grave si hay agresión que si hay abuso, más si (sea agresión o abuso) hay acceso por vía vaginal, anal o bucal o si se introducen objetos en los dos primeros casos, más si se trata de niños pequeños (automáticamente en el caso de menores de cuatro años) o personas de escaso desarrollo intelectual o físico, si se efectúa en grupo, si es especialmente vejatorio o degradante, si hay abuso de superioridad o concurre cierto parentesco, si se pone en peligro la vida o la salud de la víctima, si se trata de una organización criminal que tenga por objeto este tipo de abusos.

Como ven, el legislador distingue. Y hace bien. Todas son delictivas, pero el disvalor no es el mismo y tampoco lo es la pena.

Y es bueno que la gente que lee noticias como estas y que lee los comentarios a las noticias efectuados por juristas (más si se trata de alguien que ocupa un puesto tan importante) sepa que nuestro Código Penal protege a los niños y que nuestros tribunales de justicia también. Hasta el punto de que las condenas por este tipo de delitos existan pese a las dificultades de dar validez a los relatos de los niños, a menudo única prueba de cargo.

Insisto, tuit desafortunado.

 

ACTUALIZACIÓN:

Aquí pueden leer  la sentencia.

En relación a lo que nos ocupa, les copio dos párrafos de la sentencia bien ilustrativos:

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Por lo demás, la sentencia es formalmente muy razonable, clara y argumentada. Se da credibilidad a la menor (que tenía 16 años en el momento del juicio), no admitiendo ciertas alegadas razones para desacreditarla, y se explica que hay pruebas periféricas y que los hechos se refuerzan por las pruebas periciales.

Es decir, la sentencia, considera acreditado que existen abusos sexuales continuados, pero aunque se acusó (por el fiscal y la acusación particular) de agresión al manifestar la víctima que en ocasiones pegaba al acusado y no quería someterse a sus abusos, en este único punto el tribunal ha aplicado el principio in dubio pro reo  al considerar que esa alegada intimidación y respuesta (la víctima habla de que pegó al acusado en alguna ocasión) se compadece mal con la conducta de la niña durante años.

Sobre esto recuerden algo: NO HEMOS ESTADO ALLÍ. NO HEMOS ESCUCHADO DE PRIMERA MANO A LA VÍCTIMA, AL ACUSADO, A LOS TESTIGOS. 

Termino: el tribunal aplica la norma vigente antes de la reforma de 2010. Y lo hace LLEVANDO LA PENA AL MÁXIMO POSIBLE, TRES AÑOS Y NUEVE MESES, pues considera dos agravantes y además aumenta la pena por la continuidad delictiva.

En resumen, aparentemente, una sentencia razonable y argumentada.

Termino: por eso debemos tener cuidado los que se supone nos dedicamos a esto cuando se comentan las sentencias, para evitar que terminen apareciendo tuits así:

 

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