También prevaricaron

 

Acabo de leer la sentencia que condena a Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega por delitos de desobediencia, a la vez que los absuelve por delito de prevaricación.

La sentencia es muy detallada y  está bien argumentada. Es muy relevante cómo desmonta todas esas falacias que se habían ido esparciendo para negar la participación de los acusados (y de la Generalidad) en el llamado proceso participativo. Hasta el punto de tomarse a coña ciertas alegaciones sobre la no comprensión de lo que se ordenaba, e incluso dejar caer que varios testigos directamente han mentido, al ser sus declaraciones contradictorias e incompatibles con la lógica y sus propios actos.

También desmonta la sentencia (aunque no hacía falta) lo alegado acerca de la necesidad de requerimientos personales o de reiteración en lo ordenado. Lo he dicho siempre: eso suena a chufla. El derecho penal no puede convertirse en un santuario en el que se exijan formalismos idiotas e innecesarios para justificar (más aún en personas que cuentan con todo un aparato jurídico e institucional a sus espaldas) el grosero incumplimiento de las normas.

Lo obvio ha quedado de manifiesto: se quería incumplir, se diseñó el incumplimiento, se jactaron del incumplimiento y pretendieron, a la vez que encumbraban el sainete a la categoría de fecha histórica, que los demás tuviéramos que admitir que nos llamaran imbéciles a la cara. Todo fue un ejercicio inmenso de mendacidad.

Dicho esto, algunos de ustedes se preguntarán por qué se absuelve de los delitos de prevaricación (que habrían llevado a penas de inhabilitación mucho más amplias). La razón que da el tribunal no es que no hayan existido actuaciones administrativas (tácitas) o que las conductas omisivas no puedan integrar el tipo. Todo esto ya lo dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo y es lógico, porque, en otro caso, facilitaríamos la impunidad de los que no hacen aquello a que vienen obligados por ley.

Tampoco se basa la sentencia en que la conducta de los acusados no fuera ilegal, a la postre, ya que las sentencias ulteriores del Tribunal Constitucional (sobre la ley de consultas catalana y sobre el propio sarao del 9N) así lo declararon. No, se basa en que no existió un plus de arbitrariedad derivado del hecho de que las resoluciones (conductas omisivas y activas) adoptadas fueran no solo contrarias a lo ordenado en una resolución judicial, sino que en sí mismas lo fueran (contrarias) a OTRA norma que les impusiera una concreta actividad.

Para justificarlo parten del hecho de que en la sentencia 42/2014 de 5 de marzo, del Tribunal Constitucional, aquella que se refería a la resolución del Parlamento de Cataluña sobre derecho a decidir y soberanía, se incluyese la posibilidad de una interpretación constitucional del derecho a decidir como aspiración democrática.

Discrepo radicalmente de la sentencia que estoy comentando en este punto. La sentencia del TC que se aduce simplemente plantea que el derecho a decidir es constitucional como planteamiento político sujeto entre otros requisitos a la ley. Plantear que lo que dice esa sentencia implique que en los acusados solo concurría el dolo de desobedecer y no de saltarse la legalidad constitucional y la propia ley ordinaria (algo que ahora ya no sería posible por el dictado, en 2015, de dos sentencias del TC sobre la materia), no me parece de recibo. Es meridianamente claro -a mi juicio- que los acusados, con sus resoluciones abarcaban el injusto del delito de prevaricación, por cuanto estaban contrariando directamente la columna vertebral de la Constitución Española. Y que esto es así se demuestra con la propia conducta que se refleja bien en la sentencia: es decir con el comportamiento dirigido a la ocultación de sus actuaciones  ilegales (algo que por cierto se reproduce ahora, con la cosa esa tan graciosa de que solo los Señores del Mundo y Fu Manchú conozcan el texto que por fin sacará a Cataluña de la bárbara España).

No obstante, hay una manera más prosaica de discutir el impedimento que aparece en la sentencia. La sentencia dice literalmente:

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El artículo 161.2 de la Constitución Española dice:

2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

La sentencia afirma que esta norma tiene una naturaleza “adjetiva insuficiente”, pero uno se pregunta de dónde se saca esa afirmación. Y de dónde extrae que las normas tiene que ser “sustantivas” para que se produzca el hecho prevaricador. Como si no existiese prevaricación cuando un órgano manifiestamente incompetente dicta una resolución.

Y esta es la cuestión. Esa norma (y su desarrollo en la LOTC) no es intrascendente, ni adjetiva, ni superficial. El legislador constitucional le dio al Gobierno una especie de “privilegio” del que resulta además un automatismo que no puede ni siquiera ser ignorado por el propio Tribunal Constitucional. Es decir, el propio Tribunal Constitucional está obligado a comunicar la suspensión, pudiendo, ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

Siendo esto así: ¿cómo es posible que una norma que, de ser incumplida por el Tribunal Constitucional, nos permitiría hablar de prevaricación en sus magistrados no se considere suficiente para que incurran en ella otras autoridades y funcionarios?

Resumo: la sentencia ha debido condenar (con esos hechos probados) por prevaricación. Espero que, de ser recurrida, el Tribunal Supremo la reforme en este punto.

 

ACTUALIZACIÓN: Para que quede aún  más claro el automatismo (y consiguiente desapoderamiento) que deriva del artículo 161.2 de la CE, les copio lo que dice el propio Tribunal Constitucional en Auto de 13/03/1990:

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS

1.- El levantamiento o la ratificación de la suspensión de las disposiciones de las Comunidades Autónomas , impugnadas por el Gobierno con invocación expresa del art. 161.2 CE, ha de resolverse por el Tribunal, mediante Auto, en un plazo no superior a cinco meses, por imperativo del precepto constitucional indicado. Dicho plazo , según tiene establecido este Tribunal (AATC 140/1987 [ RTC 1987\140 AUTO], 1140/1987 [ RTC 1987\1140 AUTO] y 1149/1988 [ RTC 1988\1149 AUTO]), a tenor de lo dispuesto en los citados arts. 161.2 CE y 65.2 LOTC, ha de entenderse que tiene que haber transcurrido para que aquella resolución pueda tomarse o adoptarse, ya que en otro caso podría quedar prácticamente vacía de contenido la facultad que la Constitución otorga al Gobierno. Ello sin perjuicio de que siendo un plazo máximo el previsto en el art. 161.2, pueda el Tribunal en casos muy excepcionales, previa ponderación de las razones invocadas por las partes, adelantar la decisión .

Como pueden observar, ese efecto automático es indiscutible. Y vincula a todos, ciudadanos, autoridades, funcionarios y a los propios magistrados, que pueden levantar la suspensión, mediante auto (es decir, motivadamente), previas las alegaciones de las partes  y solo excepcionalmente antes del transcurso de cinco meses.

 

Posibilidad de elegir

 

Lo que aparece en esta noticia es, en mi opinión, una muy buena muestra de lo fácil que es caer por una pendiente resbaladiza cuando se trata de algunos asuntos.

En Islandia no ha nacido ningún niño con síndrome de Down en los últimos cinco años. El autor del artículo se horroriza y plantea que los niños con trisomía del cromosoma 21 (no usaré más el apellido del impresentable doctor Down) merecen amor y no ser “erradicados”. Usa también las expresiones holocausto y epidemia. Todas esas expresiones son interesadas (en el sentido de que obedecen a una finalidad ideológica o moral) y no se oculta en el artículo. Basta con su lectura.

Esto, como es obvio, se relaciona con el tema del aborto. Si admitimos el aborto dentro de un determinado lapso de tiempo, y si admitimos el diagnóstico prenatal y damos la información  a los padres, estos pueden decidir que el embarazo finalice, matando al ser vivo en gestación. Verán que hablo de matar sin aducir causa alguna. Porque si se trata de un aborto por malformaciones en el feto, tendremos que definir qué son y cuáles y con qué entidad —del catálogo que se establezca— justifican la legalidad del aborto (y la lista tendrá un punto inevitable de arbitrariedad).

La cuestión, en consecuencia, tiene que ver con la información que se suministra. En un mundo mucho más avanzado tecnológicamente es posible que esa información sea muy extensa y afecte a aspectos que no tengan que ver con enfermedad, síndrome o tara alguna. Por ejemplo, al sexo, a la inteligencia, a la altura, a la tendencia a engordar, al carácter.

Y tendremos que tomar decisiones. Decidir si los padres pueden elegir considerando variables de ese tipo o incluso “encargar” una cierta configuración genética. Mi postura es favorable, en principio, pero necesito más información y meditarlo más.

Objetivamente, esto no tiene que ver con los ya nacidos. Por eso es una falacia hablar de erradicación o de epidemia (aunque sea irónicamente) o de holocausto. También lo es el que se escandalice porque se dé un dato como positivo, puesto que lo es: la información dada a los padres ha llegado al punto de que no ha nacido ningún niño con trisomía, pero lo sería también (un dato positivo) si hubiera nacido alguno por una decisión consciente de los padres, previamente informados.

Denunciado el exceso, sin embargo, el debate no es tan sencillo como puede parecer. Tenemos que discutir sobre estos asuntos y ser extremadamente cautelosos por, al menos, las siguientes razones:

1.- Porque es imprescindible dejar continuamente constancia de que nunca se trata de actuaciones que afecten a personas nacidas, a las que debemos tratar como a cualquier otro ciudadano.

2.- Porque se pueden producir distorsiones terribles si nuestra capacidad de escoger determinadas características (o ausencia de características) se impone muy deprisa. Es una posibilidad, no una certeza. Si se imponen ciertos estándares, los que no los reúnan pueden terminar englobados en categorías de “subhumanos” aunque sea por simple presión social. Hablo de reflexionar sobre esto, aunque no soy pesimista. Nuestra sociedad (supuestamente fría y aséptica) es la más inclusiva y la que trata más dignamente a las personas con discapacidad. Las sociedades del pasado eran mucho más crueles. Así que puede que este miedo solo sea eso, miedo.

El ciudadano con trisomía (o el familiar o el amigo del ciudadano con trisomía) puede ofenderse al ver que su síndrome se trata como algo negativo que ya no afectará a otros. Se pueden comprender la aprensión y el sentimiento de ofensa, pero no por eso debemos evitar la discusión. Lo pernicioso es el síndrome no el ser humano que lo padece. El ser humano siempre es singular. Y, por serlo, de forma arbitraria decidimos entre todos que tenía valor. Mientras no olvidemos esto, iremos por el camino correcto.

 

No digo que a la fuerza por no hacerme la víctima

Esto de Cayetana Álvarez de Toledo.

El otro día mis hijas se empeñaron en discutir conmigo. Les juro que no tenía el menor interés. Estaba tan cansado que solo quería seguir espatarrado viendo una película idiota (y ni siquiera debía ser lo suficientemente idiota, ya que no recuerdo cuál era). Pero no, se empeñaron, y me culparon de no prestarles atención y de que nunca hablábamos de ciertas cosas. Gruñí, dije que me dejaran en paz, que no me molestasen. Dio igual. Habían decidido que teníamos que hablar de feminismo.

Y se pusieron manos a la obra. Utilicé el viejo truco: no decir nada. Así que empezaron a hablar entre ellas. Su madre se unió. De vez en cuando añadían un “¿y tú qué piensas?”. Yo seguía gruñendo. Pensé: qué bien me vendría poder silenciarlas, como en tuiter. La putada es que la estrategia era cristalina. Fueron añadiendo argumentos, puntos de vista. Sabían que más tarde o temprano picaría. Yo también lo sabía, mientras gruñía.

Lo curioso es que sobre muchos asuntos he intentado no influirles en absoluto. No porque sea una persona ecuánime, sino porque sé que es inútil e incluso contraproducente. Así que, si pienso que determinada postura es la correcta, o me guardo de enunciarla con claridad (todo lo más expongo las bases de las que se deriva) o, de exponer algo, expongo sus matices y sus excepciones. Si uno está más o menos convencido de cierta posición, lo racional es dejar que los demás caigan en ella. Por otra parte, entiéndanlo, son mis hijas. Prefiero que piensen bien a que piensen lo que yo. Lo primero les será de mucha utilidad en la vida. Lo segundo solo podría servirles para sacarme algo de pasta.

El caso es que no hemos hablado demasiado sobre feminismo, pero las dos son bastante radicales. Radicales en el sentido que más me gusta: odian que las traten con condescendencia y están hartas de que los demás (incluidas algunas amigas) crean que por ser mujeres forman parte de una “especie” que necesita protección. Y me vi, entre gruñidos cada vez menos escasos, hablando del mundo real, de los techos de cristal, de las cifras, de la brecha salarial. De la situación de las mujeres en tantos países del mundo, en los que la desigualdad real es estrepitosa y criminal. Pero hablando también de otras explicaciones a las diferencias de ingresos, de la manía de excluir de la ecuación las decisiones libérrimas de los hombres y las mujeres, de los planes biológicos.

Estuvimos charlando un buen rato y los gruñidos eran cada vez más escasos. Al final, una de ellas me preguntó algo sobre cierta noticia de actualidad que no tenía nada que ver con el asunto de marras y ya me cabreé: ¡yo quería ver la película y me habéis jodido bien! Y le vi media sonrisa. Media sonrisa de las que dicen: vale, ya te dejamos en paz. Total, hemos vuelto a demostrar nuestro poder.

No escondo lo que siento: orgullo. Lo tienen jodido los que quieran mangonearlas.

ACTUALIZACIÓN: Y esto de Manuel Arias.