También prevaricaron

 

Acabo de leer la sentencia que condena a Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega por delitos de desobediencia, a la vez que los absuelve por delito de prevaricación.

La sentencia es muy detallada y  está bien argumentada. Es muy relevante cómo desmonta todas esas falacias que se habían ido esparciendo para negar la participación de los acusados (y de la Generalidad) en el llamado proceso participativo. Hasta el punto de tomarse a coña ciertas alegaciones sobre la no comprensión de lo que se ordenaba, e incluso dejar caer que varios testigos directamente han mentido, al ser sus declaraciones contradictorias e incompatibles con la lógica y sus propios actos.

También desmonta la sentencia (aunque no hacía falta) lo alegado acerca de la necesidad de requerimientos personales o de reiteración en lo ordenado. Lo he dicho siempre: eso suena a chufla. El derecho penal no puede convertirse en un santuario en el que se exijan formalismos idiotas e innecesarios para justificar (más aún en personas que cuentan con todo un aparato jurídico e institucional a sus espaldas) el grosero incumplimiento de las normas.

Lo obvio ha quedado de manifiesto: se quería incumplir, se diseñó el incumplimiento, se jactaron del incumplimiento y pretendieron, a la vez que encumbraban el sainete a la categoría de fecha histórica, que los demás tuviéramos que admitir que nos llamaran imbéciles a la cara. Todo fue un ejercicio inmenso de mendacidad.

Dicho esto, algunos de ustedes se preguntarán por qué se absuelve de los delitos de prevaricación (que habrían llevado a penas de inhabilitación mucho más amplias). La razón que da el tribunal no es que no hayan existido actuaciones administrativas (tácitas) o que las conductas omisivas no puedan integrar el tipo. Todo esto ya lo dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo y es lógico, porque, en otro caso, facilitaríamos la impunidad de los que no hacen aquello a que vienen obligados por ley.

Tampoco se basa la sentencia en que la conducta de los acusados no fuera ilegal, a la postre, ya que las sentencias ulteriores del Tribunal Constitucional (sobre la ley de consultas catalana y sobre el propio sarao del 9N) así lo declararon. No, se basa en que no existió un plus de arbitrariedad derivado del hecho de que las resoluciones (conductas omisivas y activas) adoptadas fueran no solo contrarias a lo ordenado en una resolución judicial, sino que en sí mismas lo fueran (contrarias) a OTRA norma que les impusiera una concreta actividad.

Para justificarlo parten del hecho de que en la sentencia 42/2014 de 5 de marzo, del Tribunal Constitucional, aquella que se refería a la resolución del Parlamento de Cataluña sobre derecho a decidir y soberanía, se incluyese la posibilidad de una interpretación constitucional del derecho a decidir como aspiración democrática.

Discrepo radicalmente de la sentencia que estoy comentando en este punto. La sentencia del TC que se aduce simplemente plantea que el derecho a decidir es constitucional como planteamiento político sujeto entre otros requisitos a la ley. Plantear que lo que dice esa sentencia implique que en los acusados solo concurría el dolo de desobedecer y no de saltarse la legalidad constitucional y la propia ley ordinaria (algo que ahora ya no sería posible por el dictado, en 2015, de dos sentencias del TC sobre la materia), no me parece de recibo. Es meridianamente claro -a mi juicio- que los acusados, con sus resoluciones abarcaban el injusto del delito de prevaricación, por cuanto estaban contrariando directamente la columna vertebral de la Constitución Española. Y que esto es así se demuestra con la propia conducta que se refleja bien en la sentencia: es decir con el comportamiento dirigido a la ocultación de sus actuaciones  ilegales (algo que por cierto se reproduce ahora, con la cosa esa tan graciosa de que solo los Señores del Mundo y Fu Manchú conozcan el texto que por fin sacará a Cataluña de la bárbara España).

No obstante, hay una manera más prosaica de discutir el impedimento que aparece en la sentencia. La sentencia dice literalmente:

1

El artículo 161.2 de la Constitución Española dice:

2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

La sentencia afirma que esta norma tiene una naturaleza “adjetiva insuficiente”, pero uno se pregunta de dónde se saca esa afirmación. Y de dónde extrae que las normas tiene que ser “sustantivas” para que se produzca el hecho prevaricador. Como si no existiese prevaricación cuando un órgano manifiestamente incompetente dicta una resolución.

Y esta es la cuestión. Esa norma (y su desarrollo en la LOTC) no es intrascendente, ni adjetiva, ni superficial. El legislador constitucional le dio al Gobierno una especie de “privilegio” del que resulta además un automatismo que no puede ni siquiera ser ignorado por el propio Tribunal Constitucional. Es decir, el propio Tribunal Constitucional está obligado a comunicar la suspensión, pudiendo, ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

Siendo esto así: ¿cómo es posible que una norma que, de ser incumplida por el Tribunal Constitucional, nos permitiría hablar de prevaricación en sus magistrados no se considere suficiente para que incurran en ella otras autoridades y funcionarios?

Resumo: la sentencia ha debido condenar (con esos hechos probados) por prevaricación. Espero que, de ser recurrida, el Tribunal Supremo la reforme en este punto.

 

ACTUALIZACIÓN: Para que quede aún  más claro el automatismo (y consiguiente desapoderamiento) que deriva del artículo 161.2 de la CE, les copio lo que dice el propio Tribunal Constitucional en Auto de 13/03/1990:

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS

1.- El levantamiento o la ratificación de la suspensión de las disposiciones de las Comunidades Autónomas , impugnadas por el Gobierno con invocación expresa del art. 161.2 CE, ha de resolverse por el Tribunal, mediante Auto, en un plazo no superior a cinco meses, por imperativo del precepto constitucional indicado. Dicho plazo , según tiene establecido este Tribunal (AATC 140/1987 [ RTC 1987\140 AUTO], 1140/1987 [ RTC 1987\1140 AUTO] y 1149/1988 [ RTC 1988\1149 AUTO]), a tenor de lo dispuesto en los citados arts. 161.2 CE y 65.2 LOTC, ha de entenderse que tiene que haber transcurrido para que aquella resolución pueda tomarse o adoptarse, ya que en otro caso podría quedar prácticamente vacía de contenido la facultad que la Constitución otorga al Gobierno. Ello sin perjuicio de que siendo un plazo máximo el previsto en el art. 161.2, pueda el Tribunal en casos muy excepcionales, previa ponderación de las razones invocadas por las partes, adelantar la decisión .

Como pueden observar, ese efecto automático es indiscutible. Y vincula a todos, ciudadanos, autoridades, funcionarios y a los propios magistrados, que pueden levantar la suspensión, mediante auto (es decir, motivadamente), previas las alegaciones de las partes  y solo excepcionalmente antes del transcurso de cinco meses.

 

Anuncios

14 comentarios en “También prevaricaron

  1. Completamente de acuerdo, por esa regla de tres nunca puede haber prevaricación en una resolución dictada por un órgano manifiestamente incompetente, lo que es absurdo. Y yo le pregunto: ¿por qué cree usted que el tribunal ha hecho esa pirueta?

  2. Sí, es muy buena la sentencia -y ortográfica- a pesar del reparo que le pone. La invocación de la STS 80/2006, única, no es muy concluyente al respecto. Quizá hayan decidido mostrar un perfil bajo (unánime) y que corrija el Supremo, previo recurso de las acusaciones, pero hasta podría resultar incólume. Y no deja de ser relevante la condena, cumpliendo la función de prevención especial.
    Me gusta el traje que le hacen a Carles Viver i Pi Sunyer, y a otros testigos, como menciona usted.

  3. Tse, ¿y cuáles son esas múltiples sentencias del TS, según Mas, que no cumple Rajoy y por las que también deberían inhabilitar al presidente español?

  4. S, no lo sé, pero eso no son más que excusas de mal pagador. Si es cierto que un tribunal se ha dirigido a Rajoy para que cumpla una resolución y no lo ha hecho, que lo denuncie o se querelle.

  5. No me caben dudas en lo de mal pagador. No conocía lo que trae Rebus.

    Esperemos que no nos vuelva a entrar la risa como en la “doctrina Parot”, porque nuestros tribunales llevan una racha gloriosa en Europa.

  6. Dudo que haya peligro, S. A mi juicio, hay delito indiscutible de desobediencia y, además, hay prevaricación. Lo de la Parot, sin embargo, estaba forzado desde el primer momento.

  7. Desde hace un tiempo, cuando pongo la tele ya no miro películas ni series. Me divierte mucho más dedicarme a mirar Juicios y noticiarios, junto con la publicidad, es fantástico.

    573

    Como pesa la nada
    en un saco sin fondo,
    donde vamos guardando
    toda nuestra ignorancia.

    9/7/17 j.ll.folch

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s