Este artículo pretende engañarlo

Puigdemont y Junqueras han escrito un artículo que han titulado “Que gane el diálogo, que las urnas decidan”. Las autoridades sanitarias deberían recomendar que un artículo así se publicase con una advertencia, veamos por qué:

El Gobierno de Reino Unido y Escocia pactaron un referéndum. La pregunta, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Electoral de Reino Unido, fue: “¿Debería Escocia ser un país independiente? Sí o no”. Sin más. Hubo acuerdo porque hubo voluntad política de convocar y permitir el referéndum [primera falsedad: hubo acuerdo porque hubo voluntad política y porque la Constitución del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte lo permitía, ya que la nación es resultado de diversos textos legales de rango constitucional que se denominan en conjunto Acta de Unión. Todos esos textos permanecen en vigor]  No se dejó en manos de tribunales lo que se pudo resolver políticamente [se podía, no resolver, sino pactar, porque era legal hacerlo; de hecho, los tribunales británicos han corregido al Gobierno británico en lo relativo a la necesidad de que el Brexit tuviese que apoyarse en un acuerdo parlamentario. ¿Saben por qué? Exacto, porque no era constitucionalY todo parece indicar que Escocia y Reino Unido volverán a pactar la celebración de un nuevo referéndum de independencia. El segundo en tres años. No está mal para algo que en España no puede ni tan solo formar parte de una mesa de diálogo entre los Gobiernos español y catalán [Tercera falacia: pensar que lo que es válido en Reino Unido debe ser válido también aquí. ¿Por qué no escogemos el caso norteamericano, por ejemplo, Estado federal. ¿Puede Nueva York secesionarse? El Tribunal Supremo norteamericano dice que no. Es el problema de los ejemplos, que todos tenemos los nuestros, aunque curiosamente, los que pueden usar los secesionistas son escasísimos. Por eso, en vez de ejemplos, apliquemos NUESTRAS NORMAS, que son democráticas y estándares entre las naciones democráticas y civilizadas].

Pactar la forma de resolver las diferencias políticas siempre une [Incumplir la ley siempre desune]. Las diferencias sólo separan y dividen si no se quiere acordar la forma de resolverlas [¿cómo se acuerda resolver las diferencias entre los que quieren imponer su punto de vista a la mayoría de forma que nos mantengamos más unidos? ¿Une pactar una solución con los que quieren prohibir el matrimonio homosexual, por ejemplo, concediéndoles algo —que no se llame así, o que los homosexuales no puedan adoptar—? Por otra parte YA HAY UNA FORMA DE RESOLVER LAS DIFERENCIAS: se llama Constitución Española y democracia española] las diferencias son consustanciales en la sociedad democrática, no son negativas, hay incluso que tratarlas con delicadeza si se trata de diferencias cuya defensa es más difícil y comprometida [¿hay que tratar con delicadez al nazi? ¿todas las diferencias hay que tratarlas con delicadeza?]. Ahí es donde la democracia se robustece y se afianza ante la pulsión populista y simplona de resolver la diferencia mediante la prohibición, los muros y la discriminación [Gigantesca falacia: la primera seña del populista es precisamente pretender QUE SE INCUMPLA LA LEY, apoyándose en las masas que desfilan. ¿Les recuerda a alguien?]. Señalar al diferente como amenaza, como elemento de división de una sociedad que vivía tan tranquila en sus sagradas e inquebrantables certezas, es, aparte de terriblemente injusto, un grave obstáculo para la búsqueda de soluciones [Nadie está señalando a nadie como amenaza. Lo que se señala como amenaza es la conducta de ciertas personas, que basan sus exigencias en el incumplimiento de la ley básica. Y, por cierto, ellos hablan del diferente porque AQUÍ se refieren a España, porque según su propio discurso el diferente, el minoritario, en Cataluña es el OTRO —aunque esto no se refleje en las elecciones—]

Como consecuencia del acuerdo entre Escocia y Reino Unido se produjo un amplio debate, un debate de ideas [En España llevamos debatiendo sobre la secesión toda la vida; a nadie se le ha impedido opinar]. Finalmente, una mayoría de escoceses optó por el no, de acuerdo con las tesis del Gobierno de Londres [optaron porque el referéndum era constitucional y se basaba en leyes aprobadas por los respectivos parlamentos; de no haberlo sido no habrían podido optar sin el concurso del resto de sus conciudadanos británicos]. Fue así, sin más. La vida siguió en Escocia y en Reino Unido, como hubiera seguido con la victoria del sí. El referéndum de independencia contó con una participación récord del 84,59%, 12 puntos más que en el referéndum del Brexit, que fue del 72,2%, una cifra que se consideró un hito puesto que era la más elevada en una votación en los últimos 25 años. Estos datos describen algo muy relevante que deberían anotar quienes acusan a los partidarios de cambios como una especie de agentes al servicio de la división de la sociedad: los campos separados en una disputa democrática se unen sin ningún género de dudas en las urnas [deducir de una alta participación la consecuencia de la unidad es un disparate que se comenta por sí mismo. En las guerras civiles TAMBIÉN SUELE HABER UNA ALTA PARTICIPACIÓN]. Insistimos: no separan las diferencias, lo que separa es la ausencia de acuerdo para resolverlas [Falso: lo que separa es la imposición. Es decir, la ruptura de la ley democrática. En España esa ley es la Constitución Española. Y falso: en España hay mecanismos, no para resolver, sino para decidir. El problema es que no coinciden con los que defienden los articulistas, que quieren imponer al resto de españoles y a muchos catalanes otro].

El escenario escocés de un referéndum acordado es el que desearíamos en Cataluña [nos consta, pero es inconstitucional] En consecuencia, el escenario del referéndum acordado es el que desearíamos en Catalunya [nueva falacia: lo que quieren no es un escenario “acordado”, sino que quieren un escenario que presupone la existencia de un sujeto de soberanía, llamado Cataluña, que carece de existencia. Es decir, no buscan un acuerdo, pretenden una imposición]. Queremos recordar que lo hemos propuesto ya en diversas ocasiones. Hoy, pese a los malos augurios y el rechazo frontal del Gobierno español, volvemos a insistir en ello. Tal vez sea injusto atribuir al presidente Rajoy, a su Gobierno y a su partido esa actitud en exclusiva. Observamos con pena y tristeza que esa misma posición, sin ningún tipo de matiz, la comparten PP, PSOE y Ciudadanos. [No está de más recordar que ninguno de esos partidos puede, legalmente, pactar un referéndum de secesión, puesto que lo prohíbe la Constitución. Tampoco podrían pactar que se hiciera un referéndum en toda España para que se apruebe la pena de muerte].

Así las cosas, parece bastante indiscutible que la actitud del Gobierno catalán y del Parlament de Catalunya se asemeja a la posición escocesa (dialogar y acordar un referéndum) [gigantesca falsedad: la posición escocesa se basa en SU CONSTITUCIÓN, la del Parlamento catalán —de su mayoría— se basa en el desconocimiento de la norma de la que se derivan sus limitadas facultades; los secesionistas no quieren dialogar, sino imponer la existencia de un sujeto de soberanía inconstitucional al resto de españoles no secesionistas], pero que la actitud del Gobierno español y las Cortes Generales no se parece en lo más mínimo a la del Gobierno y el Parlamento británicos [puestos, donde sí hay semejanza es entre el Gobierno y el Parlamento españoles y los homólogos británicos, ya que sus posiciones políticas parten precisamente de aquello que pueden legal y constitucionalmente hacer] .No sólo hay una preocupante ausencia de voluntad de diálogo [diálogo es, para los articulistas, pasar por sus horcas caudinas; cada vez que lean “diálogo” en el artículo sustitúyanlo por “tragar con lo que quiero imponer”], sino que camina en la dirección exactamente inversa: querellas, judicialización de la política, guerra sucia, amenazas de uso de medidas excepcionales, etcétera. [cristalino: toda respuesta legal —excluyo lo de guerra sucia, algo siempre ilegal— va en la “mala dirección”. La conclusión es obvia: lo bueno es incumplir la ley] Y ya hay los primeros resultados: primeras condenas de inhabilitación a cargos públicos para el presidente Artur Mas y las consejeras Ortega y Rigau, mientras se está a la espera de la sentencia contra Francesc Homs. Todos ellos por haber cometido el delito de dar voz a los ciudadanos [nueva falacia: los ciudadanos catalanes tienen “voz”: la misma que el resto de ciudadanos españoles. De hecho los articulistas ejercen cargos públicos porque los han elegido ciudadanos catalanes. Los condenados por delitos no lo están por “dar voz” —por cierto, ridículo ego—, sino por incumplir la ley democrática].

En sintonía con la voluntad de Gobierno, Parlament y sociedad, se ha puesto en marcha en Catalunya el Pacto Nacional por el Referéndum, del que participa una pluralidad aplastante de la sociedad catalana [el recurso del populista: enseñar sus divisiones], incluidos agentes económicos y sociales. Sondeos de todo tipo y procedencia señalan que alrededor del 80% de los catalanes querrían ser consultados acerca del futuro político de Catalunya en relación con España [los sondeos no gobiernan las naciones avanzadas con instituciones y leyes democráticas]. El Pacto tiene como propósito reiterar la voluntad de celebrar un referéndum, acordado [falso: no es un referéndum acordado porque se basa en la imposición de un inexistente sujeto de soberanía], como prioridad. Tal vez alguien nos considere ilusos. Es mejor ser iluso que irresponsable, es mejor esforzarse para hallar soluciones que optar por no desgastarse y hacer del quietismo virtud [ilusos no, irresponsables. Defender el incumplimiento de la ley es enormemente irresponsable].

Si se mantiene el rechazo frontal no es ninguna sorpresa que reiteremos que no vamos a renunciar a ejercer ese derecho [por fin una afirmación que no es falsa: admiten que no pretenden ningún acuerdo, porque tienen derecho. Y este es un interesante punto, porque SI TIENEN DERECHO YA NO ES UNA CUESTIÓN POLÍTICA SINO JUDICIAL. Su problema es sencillo: los tribunales ya les han dicho que no, que no tienen ese derecho]. Vamos a hacer lo indecible para que los ciudadanos de Catalunya puedan votar en 2017, en un referéndum de autodeterminación [¿indecible? Es maravilloso]. Estamos en esto por convicción y compromiso, rindiendo cuentas ante los electores [los “electores” a los que rinden cuentas son los ciudadanos de Cataluña LLAMADOS PARA ELEGIR PARLAMENTARIOS AUTONÓMICOS, no para asumir competencias que no les corresponden —las promesas electorales, en esto, DAN IGUAL—. Porque las instituciones solo pueden hacer aquello que la ley les permite hacer. Por eso los diputados nacionales también rinden cuentas FRENTE A LOS CIUDADANOS CATALANES que los escogen, y por eso los ciudadanos catalanes forman parte de ese sujeto de soberanía que llamamos pueblo español]. Y no se nos ocurre pensar que el futuro de Catalunya no lo van a decidir sus ciudadanos y sí el Gobierno español [estratosférica falacia: el Gobierno español no es un ente invisible designado por la sinarquía, sino que lo designan los ciudadanos de Cataluña junto con el resto de los ciudadanos españoles. Lo que no pueden los ciudadanos de Cataluña es decidir el futuro de Cataluña como entidad política secesionada y con capacidad soberana plena, con independencia del resto de españoles]. El mismo Gobierno que, con su habitual proceder, ha logrado un hartazgo muy mayoritario en la sociedad catalana, incluso en sectores que no comparten, muy legítimamente, que Catalunya se convierta en un Estado independiente [Ese Gobierno es el Gobierno elegido por los españoles. Se puede cambiar. Si los españoles, entre ellos los catalanes, quieren].

Vamos a hacer lo indecible para que los ciudadanos de Cataluña puedan votar en 2017 [Sí debe ser indecible, que lo repiten]. El Estado ha abandonado a todos los catalanes, también a los que no quieren la independencia, pero aman a Catalunya como el que más y sufren, por tanto, cuando su país sufre [Vomitivo populismo lacrimógeno de manual: hablo por todos los catalanes y personifico a un ente artificial para que pueda sufrir]. Que no sean independentistas no significa que la desatención de Catalunya no la sientan profundamente y paguen también las consecuencias [La dicotomía Estado vs Cataluña es otra falsedad populista que busca crear un monigote al que convertir en enemigo exterior: la Generalidad y el Parlamento de Cataluña son también Estado español]. El Estado ha abandonado también a los catalanes que hubieran querido ver en el español aquel Estado propio que no es ajeno a sus demandas [Francamente repugnante, en la misma línea]. Y para esos catalanes y también para todos los demás, el Gobierno de la Generalitat va a poner las urnas [El Estado abandona a los catalanes porque cumple la ley, pero Cataluña, sus piedras, sus ríos, su paisaje modelado, su lengua, dejará de sufrir porque algunas instituciones del Estado en Cataluña, van a incumplir la ley subiéndose en los hombros de la gente común, a la que han decidido engañar] Que decidan. Es su derecho, y lo van a ejercer [Es su derecho PORQUE YO LO DIGO, y lo van a ejercer PORQUE YO LO DIGO].

Hace tiempo que es la hora de la política [la hora de la ley ya pasó por lo visto]. En Catalunya la hacemos, y seguro que no siempre lo hacemos bien [Por lo visto en el resto de España no se hace política]. También hay que estar dispuesto a escuchar y hablar de ello [Traducción de escuchar: tragar con lo que te exijo]. Sin embargo, otros han decidido delegar en los tribunales su responsabilidad política [pero ¿no teníais derecho?]. Se esconden detrás del Constitucional, de la Audiencia Nacional y del Supremo, comprometiendo la labor y la independencia del poder judicial. Europa ya se ha percatado de ello y ha mostrado sin ambigüedades su preocupación por esa deriva que compromete seriamente un poder fundamental para la salud del Estado de derecho, como se desprende del reciente informe de la Comisión de Venecia [Continúan con su personificaciones falaces: “Europa” ya se ha dado cuenta]. Y se escuchan voces del exterior cada vez más claras abogando por un diálogo político y una solución política. Como el informe de la Fundación Konrad Adenauer. O como el propio Parlamento británico, donde se ha formalizado un Grupo de Discusión sobre Catalunya en el que participan miembros de todos los partidos. Algo, por cierto, que es posible en Westminster y no en las Cortes [Sinécdoques diarreicas]. Hace pocos días, en Madrid, un veterano demócrata español como Antonio Garrigues Walker recordaba algo con lo que estamos de acuerdo los demócratas en general, partidarios o contrarios a la independencia: en democracia no existe el derecho a no dialogar [No sé si afirmó eso, pero si lo hizo es una boutade: si no existe ese “derecho”, esto quiere decir que cualquier político debe SIEMPRE discutir CUALQUIER ASUNTO que se le plantee por OTROS. Y que esos asuntos NO SE PUEDEN CERRAR. Porque una cosa es que una actitud dialogante y aperturista sea razonable y beneficiosa y otra es que SE DEBA ADMITIR LA IMPOSICIÓN DE LA AGENDA DE OTRO PERMANENTEMENTE HASTA QUE ESE OTRO QUEDE SATISFECHO. Por eso existen reglas y procedimientos y mayorías]. Nosotros ya estamos sentados en la mesa del diálogo [Falso de toda falsedad, como es obvio: solo admiten un diálogo que implique sus premisas]. ¿Van a tardar mucho los demás invitados? Es más: ¿van a venir? Cuando sea demasiado tarde, por favor, no nos miren a nosotros [Otro signo del populista: la amenaza velada]. Sean, por una vez, tan exigentes, críticos e implacables con sus gobernantes inmóviles como lo han sido con nosotros todos estos años en que desde el rechazo a la sentencia contra el Estatut hemos consolidado una amplia mayoría favorable a que los catalanes decidan su futuro en referéndum [Cuando obtengan una mayoría favorable en toda España, cumpliendo los requisitos constitucionales, verán cómo no es preciso ningún artículo así. Y los que nunca querríamos, no una secesión de ninguna parte de España, sino la posibilidad de que esto se vote en un referéndum, tendremos que aceptarlo. Porque entonces será legal].

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