Sin mancharme las manos

 

Leo este artículo de Manuel Jabois que no deja a nadie huérfano y recuerdo esto que escribí. Y esto.

Como es obvio, yo no reprocho a Podemos que no facilitase un gobierno alternativo al del PP. Sus decisiones serán tácticamente erróneas o acertadas, pero pedirles responsabilidad institucional sería esquizoide. ¿Cómo van a favorecer la estabilidad del sistema parlamentario si quieren acabar con él? Por tanto, nada añadiré sobre su comportamiento, bien coherente con sus fines.

Lo interesante es lo que falta en el artículo de Jabois. En realidad, lo que falta en todos los análisis sobre los apoyos políticos al Gobierno o a los diferentes ejecutivos de las comunidades autónomas. Me refiero a la alternativa que enunciaba en las entradas enlazadas al principio. ¿Por qué nadie se pregunta en qué medida la situación ahora podría ser diferente de haberse constituido una gran coalición?

En la primera de esas entradas yo decía:

En primer lugar, sería preciso que se preparase y asumiese un programa de gobierno para una legislatura, en el que se detallasen no solo las medidas que se van a adoptar sino los objetivos básicos. Y sería de extrema utilidad que se publicasen los documentos de partida, de forma que quedase claro cuál es el programa de cada partido y a qué han renunciado para facilitar el acuerdo.

(…)

En segundo lugar, sería preciso que los partidos adoptasen, en ese acuerdo inicial, un sistema de comisiones de expertos en relación a reformas estructurales básicas: administraciones públicas, estado autonómico, sanidad, laboral, justicia, educación, fiscal, constitucional, etc. (…)

En tercer lugar, sería imprescindible que hubiese de entrada un acuerdo sobre transparencia, corrupción, contratación pública e independencia de la justicia. El fiscal general debería ser designado ya en ese acuerdo inicial y debería incluirse una dotación económica suficiente para la investigación y persecución de la corrupción política.

En cuarto lugar, el acuerdo debería distribuir entre los partidos firmantes las carteras del Gobierno, en proporción aproximada al número de diputados de cada partido. En ese gobierno deberían estar presentes los líderes de los partidos. La legislatura que empieza exige política, no tecnócratas.

Ahora imaginemos dos posibles escenarios:

1.- En el primero, el PSOE y Ciudadanos anuncian que están dispuestos a formar parte de un Gobierno encabezado por Rajoy, basado en esos puntos, y en el que líderes de Ciudadanos y el PSOE asumen determinados ministerios. Pongamos, por ejemplo, justicia e interior, ya que un reproche básico al PP (recuerden los debates) era precisamente el relativo a la corrupción. El PP se niega o se hace el remolón. Habría quedado retratado respecto de sus propios votantes.

2.- En el segundo, dado un escenario similar, el PP, acuciado por la necesidad de continuar en el poder y el miedo a unas segundas elecciones, acepta. Desde ese momento, Ciudadanos y el PSOE asumen el control de parcelas enormes de poder, participan de las deliberaciones y acuerdos del Consejo de Ministros, y se impulsan esas medidas (por ejemplo, la designación de un Fiscal general independiente). En este caso, todo lo que está apareciendo —lo del PP— seguiría siendo porquería del PP, pero los ciudadanos españoles podrían aceptar que desde el poder no se favorece la impunidad (o que esto, al menos, es mucho más difícil).

Naturalmente, ese escenario también habría tenido costes para Ciudadanos y el PSOE. Tendrían que haber admitido una parte del programa del PP, pero esa parte podría centrarse en cuestiones “neutrales” (fuera de la regeneración política). Tendrían que haber gobernado y asumido el desgaste correspondiente, pero ¿no se supone que es eso lo que quieren hacer, gobernar para ir aplicando las medidas que defienden? Y no podrían haber atacado al “Gobierno” en el momento en que apareciesen esos casos, por su actuación en ese momento (siempre que se cumpliesen los acuerdos), aunque podrían seguir haciéndolo por sus actos pasados, por sus responsabilidades pasadas.

Y esto es lo que no querían: no querían correr riesgos. No querían pagar costes. Por eso optaron por lo más absurdo: permitir un gobierno sin entrar en él, pensando (o, mejor, vendiendo) que podían controlarlo desde el parlamento (cuando todos sabemos que esto es bastante complicado), en vez de, simplemente, controlarlo desde dentro.

Gobernar pactando y, a la vez, explicar a los ciudadanos el contenido del pacto y la acción concreta de Gobierno (con sus errores inevitables) les pareció demasiado riesgo. Es una trola que les importe España por encima de todo. Por encima de todo les importan ellos mismos (a todos). Porque todos son unos enanos y porque creen que los españoles son tan imbéciles que era imposible que un número suficiente de ellos comprendiera y agradeciera el esfuerzo.

Esto que defiendo, lo sé, no lo piensa mucha gente. Así que, a lo mejor, hasta tenían razón.

 

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Voceros del pueblo

 

No he leído el auto que ha dictado el magistrado Eloy Velasco para justificar la prisión y demás medidas cautelares adoptadas contra diversas personas la semana pasada, porque no lo he encontrado. Ustedes perdonarán mi torpeza. No obstante, esto puede ser una ventaja: avanzará la instrucción y veremos en qué queda todo esto. De momento he leído este artículo de Cayetana Álvarez de Toledo, que me ha gustado por lo sensato y porque, como de costumbre, está muy bien escrito. No puedo, como he dicho, dar una opinión sobre su análisis del auto porque no lo he leído, pero en el artículo se menciona algo que ya había leído en tuiter y que me parece muy llamativo. Se trata de algo que dijo el magistrado Velasco aquí:

P: ¿Están cambiando los jueces? Quizá antes no habrían sido condenados los de las tarjetas black…

R: Hace años no había gente que se pusiera ese premio por formar parte de un consejo de administración. Cuando a ciertas empresas les iba bien no repartían beneficios, y cuando les iba mal les hemos tenido que rescatar con nuestro sueldito los pobres. Ésa es mi preocupación… Los jueces tenemos que interpretar la ley conforme al pueblo. Somos gente del pueblo y el pueblo no perdona apropiaciones económicas o desfalcos como los perdonábamos antes. Hasta 2010 nadie pedía responsabilidades penales a las empresas. Luego sí. Por ejemplo, en el caso Enron, mucha gente perdió dinero y 26.000 personas se fueron al paro. Eso es criminal. Hay delitos de corrupción o blanqueo de capitales que en el siglo XIX no existían. Vamos creando nuevas necesidades penales que responden a que el pueblo las quiere y por lo tanto los jueces tenemos que interpretar las leyes conforme al contexto actual.

Antes de explicar qué pienso de la respuesta del señor Velasco, creo que es interesante mencionar una institución jurídica, la llamada interpretación sociológica. Es la que resulta del artículo 3.1 del Código civil, que dice:

Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.

El Título preliminar del Código civil (lugar en el que se encuadra esa norma) ha sido tradicionalmente considerado (a pesar de que su lugar en la jerarquía normativa no sea formalmente superior) aplicable al conjunto del ordenamiento jurídico, ya que en él se tratan cuestiones generales, como el de las fuentes del derecho y las reglas para su interpretación, o se incluyen principios (buena fe, proscripción del abuso de derecho) que son exigibles en todo el edificio legal. Por tanto, esa norma es también aplicable, en principio, al derecho penal.

Ahora bien, hay que ser muy prudente a la hora de aplicar esos principios interpretativos:

1.- En primer lugar, porque son eso, reglas de interpretación. No pueden ser nunca un cauce para la invención. Y, en el caso de la interpretación sociológica, no debe ser una forma de introducir supuestos cambios cuando la realidad ya existía en el momento de dictarse la norma y era suficientemente mayoritaria.

Así, por ejemplo, el Tribunal Supremo, en su sentencia 752/2011, de 20 octubre, dice:

Por otro lado, no cabe invocar, como hace el Abogado del Estado recurrente, la conveniencia de una interpretación sociológica que iría más allá del texto del artículo 1002 del Código Civil (…). La situación creada no es ajena ni extraña al tiempo de promulgación del Código Civil y, sin embargo, el legislador no la tuvo en cuenta a la hora de redactar el precepto.

Esto, por otra parte, es lógico, pues el propio Tribunal Supremo ha afirmado reiteradamente que:

“… esta regla contiene sólo una llamada a la profundización en el conocimiento de la realidad social para descubrir mejor el espíritu y finalidad de aquéllas, en relación con los demás elementos hermenéuticos. La misma sentencia advierte que no supone la justificación del arbitrio judicial, ni una interpretación laxa de las normas y, desde luego, excluye que se orille la aplicación de la norma vigente, al caso concreto. Es, pues, la realidad social un elemento de la interpretación de la ley que significa el conocimiento y la valoración de las relaciones de hecho a que debe aplicarse la norma, teniéndolas en cuenta según la vida real inmersa en la sociedad. Como tal elemento de interpretación, no puede tergiversar la ley, cambiarle su sentido o darle una aplicación arbitraria”

2.- En segundo lugar, en el ámbito penal, esta regla interpretativa ha de ser utilizado con muchísimo cuidado, y no solo por la aplicación de principios como el de la presunción de inocencia, la regla in dubio pro reo o la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley desfavorable, sino por la existencia de otra regla interpretativa en el propio Título Preliminar del Código civil; esta:

Artículo 4 (…) 2. Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.

Por esta razón, la interpretación sociológica solo se ha aplicado tradicionalmente en el ámbito penal cuando se efectuaba a favor del reo (no es extraño que se haya utilizado habitualmente en delitos relacionados con la pornografía, por ejemplo), ya que, como dice el Tribunal Supremo en su sentencia 654/2009 de 8 junio:

En definitiva, pues, la interpretación de la ley penal debe ser estricta, sin que pueda ser aplicada, en ningún caso, con criterios de analogía “in malam partem”, lo cual no es óbice, sin embargo, según reiterada jurisprudencia, para que, en el ámbito penal, quepa la analogía “in bonam partem” y sea posible la aplicación del principio “favor rei”.

Ahora, con estos mimbres podemos analizar las palabras del magistrado Velasco, a mi juicio muy desafortunadas:

1.- El juez debe aplicar la ley. Para cambiarla están los parlamentos. Y al juez no le deben influir, en la aplicación de la ley, en particular para ser más riguroso, si el “sueldito” de los “pobres” se ha usado para rescatar empresas. Por mucho que privadamente le preocupe.

2.- Los jueces no han de “interpretar conforme al pueblo”. Y menos aún porque el juez se considere parte del pueblo y el pueblo no perdone A) o B). Eso es un auténtico disparate. Los jueces son un poder del Estado y han de utilizar las reglas hermenéuticas previstas en la ley, como hemos visto. Y una de ellas es la relativa a la evolución de la realidad social, en la medida en que haya cambiado respecto de la existente cuando se aprobaron las normas que se aplican. Esa modificación no se refiere a cambios de humor de la opinión pública, producto de ciclos de crisis o políticos, sino a algo más estable y profundo (por eso suele utilizarse con normas que no se han modificado en décadas). Más aún: ¿pretende el magistrado afirmar que las conductas descritas en los tipos penales (todos ellos vigentes antes de la crisis) se consideraron delictivas pese a que a la mayoría de los españoles no les pareciera una chorizada eso por lo que se está condenando y enviando a gente a prisión hoy? Esa es una de las preguntas claves: ¿ha cambiado la sociedad española y ahora cree que debe ser delito algo que antes no lo era, o simplemente como resultado de la crisis ahora exige caras concretas en prisión a los que echar la culpa de su situación?

3.-  El juez dice literalmente algo muy perturbador: “Vamos creando nuevas necesidades penales que responden a que el pueblo las quiere y por lo tanto los jueces tenemos que interpretar las leyes conforme al contexto actual“. Ahí falta lo más importante: el legislador. Si hay nuevas “necesidades penales”, es decir, si el “pueblo” quiere ser más exigente en el ámbito penal, no hay más que un camino: se reforma la ley y desde ese momento esas conductas estarán castigadas o se castigarán de forma más grave. Y ahí el juez no tiene que interpretar ninguna realidad social, le basta aplicar esa ley nueva. Si los jueces interpretan la ley penal existente para castigar más duramente porque la gente ahora quiere más sangre (que hace cinco años), o se exceden o esto supone un reconocimiento de que antes no la aplicaban correctamente. Porque la única manera de interpretar, conforme a derecho, esas palabras, sería la siguiente: aunque el legislador aprobó en 1995 (y en las sucesivas reformas del Código Penal) unas leyes que castigaban ciertas conductas (delitos económicos esencialmente) de una determinada manera, como la “realidad social” era mucho más laxa con estas conductas que ahora, los jueces las aplicaban con benevolencia. Esto es inadmisible, a mi juicio, por dos razones: porque yo no creo que esa realidad (insisto la realidad sociológica, no las encuestas, la opinión de los tertulianos o tuiter) de la sociedad española en 2017 sea tan diferente de la de 1995, 2000, 2005 o 2010, como para justificar esta vuelta de tuerca; y porque la realidad es la referida al castigo en abstracto de ciertas conductas no a la política criminal sobre su persecución (la ley penal castiga conductas, no ordena que la policía, los fiscales o los jueces inviertan más o menos tiempo o esfuerzos en perseguir ciertas conductas). En realidad, esta terrible interpretación de sus palabras casi se deduce del texto: ya no se perdonan cosas que antes se perdonaban. Yo pregunto: ¿quién las perdonaba?, ¿ellos, los jueces? ¿Antes perdonaban “desfalcos”? ¿Desfalcos?

En resumen: es muy preocupante que a un magistrado le preocupe que la gente lo esté pasando mal, que él lo este pasando mal (pues él es pueblo, es gente, y tiene un sueldito) y que, por esta razón, se convierta en un intérprete de una supuesta voluntad inexistente (no hay un “pueblo” al que preguntar, el “pueblo” no quiere X o Y: hay parlamentos elegidos por los ciudadanos que aprueban las leyes), con la finalidad, además, de castigar más duramente a los que no son “pueblo”, es decir, a los mismos tipos a los que precisamente él puede enviar a prisión y a los que antes se les “perdonaban” cosas. La realidad social NO es la supuesta voluntad de la nación (entre otras cosas, como he dicho, porque tal voluntad no existe).

No soy un ingenuo. No deduzcan eso de lo que acaban de leer. Sé bien que es posible que antes se persiguiera menos la corrupción y que esto fuera corrupción. Pero, ojo, la arbitrariedad del Estado es muy peligrosa cualquiera que sea su sentido. Los jueces no son “gente” con sueldecillos, son personas con un gigantesco poder. Y yo siempre espero que lo usen con responsabilidad y moderación, y no abusen de él porque los españoles necesiten que se represente un psicodrama. Hace unos días escribí que era una excelente noticia que un expresidente de la Comunidad de Madrid ingrese en prisión, porque presumo que el fiscal que pidió la medida y el juez que la adoptó tenían serias y solventes razones para tomar esa decisión, y es bueno que a los poderosos se les aplique la ley como a todo hijo de vecino. Lo mantengo. Pero con entrevistas así, el señor Velasco me lo pone más difícil.

No sé si Cristo rio, pero yo ayer me descojoné un rato

 

Ayer, mientras conducía, me puse a escuchar la radio y pillé, en Onda Cero, una especie de diálogo siniestro sobre Giordano Bruno.  Por favor, escúchenlo porque es extremadamente descojonante: las voces impostadas, serias, entristecidas; la música fúnebre de fondo; las máximas sobre la verdad y la ciencia. Su punto culminante se encuentra en el momento en el que, para ilustrar el proceso, contra Bruno, en el que intervino Belarmino, escuchamos de fondo el diálogo de una escena de la película El nombre de la rosa, justo ese en el que el monje Salvatore, el inculto, procaz y contrahecho Salvatore confiesa todos sus crímenes en su lengua pseudoadánica, a la vez que afirma que es un hombre inculto, un simple, que no entiende de cosas de teología. Ni entro a comentar la historia final, sobre ese supuesto desaparecido brasileño.

Naturalmente, que Bruno no merezca el nombre de científico (ni siquiera en términos laxos), pues fue un filósofo y teólogo; que las cuestiones cosmológicas fueran absolutamente secundarias en su condena; que Bruno no fuera ningún simple contrahecho, sino un tipo ilustrado, con posibles, y con muy buenos amigos y protectores en la Iglesia; que el caso de Giordano Bruno (a diferencia del caso de Galileo) no tengo nada que ver con la verdad científica (Bruno decía tantas trolas y era tan dogmático como el que más), ni desde luego con la libertad de pensamiento ni el progreso de la ciencia; y que Belarmino no fuera el “tonto’lhaba” que se vende desde hace siglos, sino un personaje interesante (muy de su época), con muy amplios conocimientos, no solo de teología y filosofía, sino de matemática y cosmología (la de entonces, claro); nada de eso, digo, le importa al que ha ideado y creado la cosa esa que ayer dramatizaron en ese programa de radio.

Seré prudente. No es raro que en un programa de radio metan la gamba, cuando en uno escrito por personas que supuestamente sí saben de qué hablan, producen algo tan sonrojante como lo que pueden ver aquí  a partir del 16’15”:

 

El color y el sexo de la opresión

 

A raíz de un tuit bastante desafortunado publicado por Amarna Miller sobre esclavos y mujeres del que luego se desdijo o matizó (afirmó haberse expresado incorrectamente), recordé algunos datos que había leído hace tiempo. Hay mucha gente empeñada en que la esclavitud (y más concretamente, el discurso racista que fundamenta ciertas formas de esclavitud) es un fenómeno propio de la cultura “blanca”. Y, cuando se mezcla lo anterior con el feminismo y el sometimiento tradicional de la mujer a los hombres, a la cuestión se le añaden más capas y peleas por saber quién ha sido más víctima (a veces, como es natural, con la intención de usar ese discurso como instrumento de poder, como sucede con todos los que se autoatribuyen la condición de víctimas vicarias por el pasado de sufrimiento de personas que pertenecen a ciertos colectivos).

Yo creo que tanto la esclavitud como el sometimiento de las mujeres tienen un fundamento básicamente biológico. Y que esa es la razón por la que se da en prácticamente todas las culturas y épocas. En el caso de la esclavitud basta con la aparición de excedentes, y de especialistas religiosos y militares. Hay pruebas y ejemplos para aburrir. A menudo (aunque no siempre), a este hecho de poder se le añade una justificación religiosa o ideológica racista. Pero esto también ha ocurrido en todo tipo de culturas y con personas de cualquier raza. Lo asombroso es que mucha gente ignora esto.

En cualquier caso, les decía que recordé cierta historia y ciertos datos. Se trata de esto:

Antoine Auguste Dubuclet II nació en 1774 en Bayou Goula, Iberville, Luisiana. Era negro y libre. Su padre, llevado a Luisiana en 1748, de nombre Antoine Dubuclet I, también era negro, pero no sabemos si libre o, si lo era, desde cuándo y cómo fue liberado (recuerden que Luisiana fue francesa, luego española, luego de nuevo francesa y, finalmente, fue vendida a los Estados Unidos en 1803).

Rosalie Belly era mulata y libre. Su padre, un francés, de nombre Pierre Belly, un hombre rico, propietario de casi cien esclavos y de una gran plantación, se casó, tras manumitirla, con una esclava jamaicana de su propiedad, llamada Rose Marie, y tuvo con ella seis hijas. La ley de Luisiana no admitía la legalidad del matrimonio y la fortuna de Pierre fue repartida: la mitad para sus hermanos, una cuarta parte para Rose Marie y la otra cuarta parte para sus seis hijas. Una de ellas era Rosalie Belly.

Antoine Auguste Dubuclet II y Rosalie Belly se casaron y tuvieron diez hijos. Al morir Antoine Auguste Dubuclet II, en 1838, el hijo varón de más edad Antoine Solide Dubuclet se hizo cargo de la plantación familiar, Cedar Grove (la madre fue a vivir a Nueva Orleans con los hijos pequeños).

Antoine Solide Dubuclet, en 1830, se casó con Claire Pollard. Claire era negra, libre y dueña de tierras y esclavos. Tuvieron nueve hijos. Claire murió en 1852. Antoine Solide Dubuclet volvió a casarse, casi una década después con una mujer llamada Mary Ann Walsh, con la que tuvo tres hijos más. Los hijos fueron educados en Francia.

las habilidades de Antoine Solide Dubuclet lo convirtieron en uno de los plantadores más ricos del sur. Era dueño de más de un centenar de esclavos y sus propiedades estaban valoradas en la época de la Guerra de Secesión en alrededor de cien mil dólares de entonces. Una fortuna enorme. Muy superior a la media de los propietarios blancos.

Tras la Guerra de Secesión fue designado secretario del Tesoro del Estado de Luisiana por los republicanos. Murió en 1878.

Hombres y mujeres, negros. Y propietarios de esclavos.

Puede que piensen que se trata de un caso raro, pero algunos estudios sugieren que no lo fue tanto. Según el censo de  1830, uno de cada ocho negros era libre y 3.775 negros libres eran dueños de 12.740 esclavos.

Larry Koger, en una obra sobre los propietarios negros de esclavos en Carolina menciona que había negros esclavistas desde Nueva York hasta Florida, aunque la mayoría vivía en Luisiana, y que era muy habitual, antes de 1860, que mujeres negras libres heredasen esclavos de hombres blancos y que los utilizasen como base para negocios de éxito. Tanto, que en Charleston, sobre 1860, el 70 % de los esclavos eran propiedad de mujeres negras.

Y aunque muchos de estos propietarios (hombres y mujeres) fueron “buenos amos” con sus esclavos (permitan esa inadmisible expresión), otros como John Carruthers Stanly o Justus Angel y Miss. L. Horry (propietarios en ambos casos de más de cien esclavos) fueron ejemplo —incluso entre tanto hijo de puta— de crueldad y de esas prácticas que tanto asco nos producen, como la venta separada de niños y padres.

Y esto en el mismo centro del esclavismo y el racismo blancos: los Estados Unidos de América del siglo XIX.

La visita al esclavismo y racismo africanos y asiáticos la dejamos para otro día.