Lo llaman transparencia

 

No conozco con detalle las otras polémicas sobre el fiscal Moix. En lo leído no he encontrado nada más que ruido, versiones contradictorias y mucha mala hostia en varias direcciones. Mi impresión es que estamos presenciando una guerra sucia. Pero es solo eso, una impresión. No sé si algún día conoceremos la verdad.

Tampoco sé si las explicaciones que da Moix sobre su participación en una sociedad panameña son ciertas o falsas. Por otra parte, lo mollar de sus explicaciones se demuestra falso o auténtico rápidamente: basta con ver cuándo murieron su padre y su madre y los certificados, el o las particiones (puede haber una o dos), la o las liquidaciones del Impuesto de Sucesiones y el 720 (declaración a efectos impositivos de bienes en el extranjero). No es muy difícil, como ven.

No tenemos por qué aceptar sus explicaciones, pero sí podemos suspender el juicio hasta que las complete. ¿Por qué tanta prisa?

Sin embargo, ¿han hecho esto los medios, los políticos e incluso sus propios compañeros de profesión? No, y esto es lo asqueroso de este asunto.

Vayamos por partes. El medio que destapó el asunto, para sacar partido y visitas, y notoriedad, claro, en vez de solo contar lo que sabía, desde el primer momento y como respuesta a la negativa de Moix de contestar a sus preguntas, entró en una carrera absurda por demostrar que “algo malo” había en el asunto. Algo a lo que se han apuntado otros rápidamente.

Ayer, por ejemplo (no voy a enlazarlo), ese medio se puso a contar paridas, como la edad que tenía la testaferro panameña y el número de sociedades que representa. Algo utilizado por políticos (por ejemplo, la número dos de Podemos) para esputar el típico tuit populista.

Ese mismo medio, ayer decía esto:

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Es tremendo. Solo en impuestos (AJD, plusvalía municipal, ganancia patrimonial), notaría y registros, la cifra, con seguridad (considerando una declaración de 900.000 € en el Impuesto de Sucesiones, según he leído) será de varias decenas de miles de euros. No sé cuánto. Ni tengo los datos para calcularlo, ni me ha pagado nadie por hacerlo. Pero esto que dice el periódico es una basura. Eso de que en cinco años y medio no han podido prestar 100 euros al hermano.

Por otra parte, si la sociedad está inactiva y solo tiene ese patrimonio, es perfectamente razonable que vendan el inmueble y usen parte del dinero para disolver la sociedad. Insisto, ignoro si esto es verdad o no. Solo hablo de la respuesta.

Lo más gracioso es que los de ese medio (y otros) mencionan esto como si hubieran pillado a Moix y no hayan caído en algunas de las posibles inconsecuencias de sus explicaciones:

1.- La primera la comentaba Ignacio Gomá. Moix es fiscal, jurista, y ¿su padre no le dijo nada y no se enteró de la sociedad panameña hasta su muerte? Lo cierto es que el padre también era jurista (inspector de trabajo y profesor de universidad), perfectamente capaz de entender lo que hacía y organizarlo, y que se me ocurren mil razones por las que puede esto ser cierto que tienen que ver con esas cosas complicadas llamadas relaciones entre padres e hijos.

2.- La segunda, que la madre falleció antes. ¿No se hizo la partición en ese momento? ¿Se declararon impuestos? A menudo cuando hay dos cónyuges y fallece uno primero, los hijos esperan al fallecimiento del segundo para hacer el papeleo. Pero los impuestos hay que declararlos. Si las acciones de la sociedad eran de ambos progenitores (algo que ignoro; podrían ser privativas del padre) y se presentó una declaración de impuestos, en ella Moix ya debió incluir unas acciones, muchos años antes de la fecha que da como fecha en la que tiene constancia de la existencia de la sociedad. Si no presentó la declaración, habría incumplido sus obligaciones tributarias. Puede, naturalmente, que se presentara la declaración, pero no se incluyeran las acciones por desconocimiento hasta la muerte del padre.

3.- La tercera, que Moix afirma que se planteó “renunciar” a la casa, pero que esto también llevaría consigo una serie de impuestos y gastos para sus hermanos. Esto es cierto si se hace después de aceptada la herencia. Si el padre falleció sin testamento (como he leído) y se declaró a los cuatro hijos herederos, y si Moix hubiera renunciado sin más, pura y simplemente, es decir antes de aceptar, no habría gastos, ya que su parte acrecería a los hermanos. Como es obvio, esto solo ocurriría si la casa fuese el único bien hereditario. Si había otros, esto implicaría que Moix tuviese que renunciar a todo, no solo a la casa.

Parto de las explicaciones de Moix. Moix también podría haber dicho: es mi herencia, no sé por qué cojones tengo que renunciar a ella si todo es perfectamente legal. Pero no lo ha dicho. También podría haber dicho: sí, sabía lo de mi padre, pero yo no soy mi padre. Pero no lo ha dicho. Sus explicaciones son la vara de medir que se ha impuesto a sí mismo.

En todo caso, esto es lo que yo preguntaría. Por otra parte, una vez aceptada la herencia ES COMPLETAMENTE RACIONAL QUE LOS HEREDEROS TOMEN DECISIONES PARA MINIMIZAR EL COSTE DE REPARTÍRSELA. Se hace constantemente. ¡Coño, uno vive de esto! Y es perfectamente lógico y ético (siempre que sea legal). Más aún cuando Moix afirma que la hacienda española conoce la existencia de la sociedad y de la titularidad real del inmueble de marras. Otra cosa sería que, una vez heredada la sociedad, la utilizasen para cualquier otra cosa que no fuese terminar liquidándola y distribuyéndose el resultado. Esto ya no sería admisible éticamente en un fiscal anticorrupción, y podría ser incluso ilegal. Pero ¿alguien tiene pruebas de esto?

En cuanto a los políticos, lo sucedido ayer es infame. Una nueva cacería, con todos corriendo como pollos sin cabeza a demostrar que son más puros y honestos que nadie. Sin esperar ni un mísero día a ver qué explicaciones se daban, aduciendo que Moix tiene “intereses” en “paraísos fiscales”. Así, en plural, eludiendo los mil matices que ofrece la maldita realidad.

Y lo peor, en mi opinión, es lo de algunos fiscales. Tipos que, en el mejor de los casos, se han vendido a la necesidad aparentemente imperiosa de que los ciudadanos, imbéciles y menores de edad ellos, no sucumban a la teoría de la conspiración, para lo cual se aferran a las paredes y los techos de cristal, y a la mujer del César, y se apuntan a la furia, cogiendo las antorchas e indignándose ante la posibilidad de que un fiscal haya tenido padre y heredado. Tipos que renuncian a cualquier intento de explicar a la turba que el mundo es más complejo y gris que lo que resulta de las engoladas y mendaces expresiones de los frailes milenaristas que tanto hueco han encontrado en estos días de exceso y aburrimiento infantil.

Así nos va. Los que deberían ser mejores, asustados ante la posibilidad de que la “gente” los señale con el dedo, vendiendo, no a uno de los suyos, sino a una cierta idea sobre lo que ha de ser la civilización, y renunciando a dar explicaciones y ofrecer ejemplos de moderación.

Lo llaman transparencia, pero no lo es. Es combustible para la misma pira de siglos.

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Sí, el ocupa tiene derechos

 

Accedí a esta noticia por este tuit de Cristian Campos:

Voy a comentarla porque mucha gente la está retuiteando y observo el estupor en muchos comentarios escritos en respuesta al tuit original. Además, en una de esas respuestas me he encontrado con esto.

En realidad, la noticia contiene todos los datos que explican por qué es perfectamente correcta la actuación de la policía catalana.

Voy a explicarlo:

1.- Ocupar una propiedad ajena es delito en España. Hablo de ocupar o usurpar, no de entrar. Entrar también es delito cuando esa propiedad es la vivienda de alguien o el domicilio de una persona jurídica (o establecimiento mercantil o despacho u oficina, o local abierto al público, incluso fuera de sus horas de apertura). Me centraré en la usurpación porque es el tipo delictivo que se “ajustaría” más a lo que nos okupa (perdonen la coña, no he podido evitarlo). Lo regula el Código penal en su artículo 245:

1. Al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, la pena de prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado.

2. El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.

Como pueden observar, hay dos modalidades. En la primera se utiliza violencia o intimidación, mientras que en la segunda no concurren ni la una ni la otra.

Ahora bien, la ocupación, para ser delictiva tiene que reunir una serie de requisitos, que han sido establecidos por los tribunales analizando el precepto. Así, partiendo de que el bien jurídico protegido es la protección de los derechos reales sobre inmuebles (propiedad, usufructo, uso, habitación), han especificado que es preciso:

a) Que se ocupe un inmueble sin violencia o intimidación, y que el inmueble no sea morada de nadie.

b) Que lleve consigo un riesgo relevante para el titular de los derechos, por lo que se viene exigiendo tradicionalmente que la ocupación no sea ocasional (es decir, sin vocación de permanencia).

c) Que la persone que ocupe no tenga un título jurídico. Ojo, el título jurídico no ha de ser de la misma naturaleza que el del perjudicado. Por ejemplo, un arrendatario no comete este delito, aunque no pague. Tampoco aquel que ocupó el inmueble por mera tolerancia del dueño (lo que tradicionalmente se conoce como precarista). Ya que, en tal caso, lo que ha de hacer el titular es acudir a la vía civil.

d) Que el titular del derecho real exteriorice su voluntad contraria a la ocupación puesto que la norma expresamente la exige.

e) Que, como siempre sucede, concurra dolo en el autor: es decir, conciencia de la ajenidad, de la ausencia de autorización y de la voluntad contraria del dueño al acto de desposesión inicial.

2.- Si se fijan en la noticia, se da la circunstancia de que los ocupantes llevan tres años en la vivienda. No me extrañaría (aunque el dato no consta) que estén empadronados en ella y que paguen los suministros. Aunque les parezca extraño, yo tengo clientes en esa situación. Más aún, la vivienda era propiedad de un banco y la venta se hizo (así se deduce de la noticia) especificando el banco que la vivienda estaba ocupada por una familia. No consta ninguna denuncia (en vía penal) efectuada por el banco (cuando tuviese conocimiento de la ocupación). O, si la hubo, fue sobreseída (y no puedo valorar por qué, ya que ignoro los detalles). Esa es la situación que se debe analizar, la previa a la compra, porque lo que está claro es que, tras tres años de posesión de una vivienda, frente al ocupante, la persona que compra (y que además conoce la existencia de la ocupación) no puede sostener que el acto de ocupación se efectuó contra su voluntad (ya que entonces no era dueño). Y el ocupante puede defender (con más o menos éxito) que es un precarista y que ocupó la vivienda por la tolerancia o la dejadez del propietario (el banco) o, al menos, sin que le constase su expresa voluntad de oposición a la ocupación.

3.- Lo que es indiscutible es que la vivienda es morada de los ocupantes. Y, por serlo, no se les puede desposeeer más que en ejecución de una resolución dictada por un juez competente. La policía no puede desalojar a personas que poseen un inmueble. Todo lo más, si se produce una situación de flagrante delito puede detener a esas personas, entregar la posesión a los que aparentemente sean sus legítimos poseedores y, más tarde, el juez de instrucción avalará o no esas medidas primeras. Pero sucede, en este caso, que la apariencia es favorable a los ocupantes, porque llevan allí tres años.

4.- El titular del derecho real (el nuevo propietario) no solo no puede ocupar la casa contra el derecho a la posesión de los ocupantes actuales (pues comete un delito), sino que tampoco puede utilizar contra ellos ninguna medida coactiva, pues la coacción y la realización arbitraria del propio derecho también son delitos. El nuevo propietario tiene, naturalmente, abierta la vía legal: acudir al procedimiento civil. Y si el ocupante carece de título del tipo que sea para ocupar la vivienda más allá de un cierto momento, la resolución judicial ordenará su desalojo, que será efectuado por la fuerza si el ocupante se opone a ello (pudiendo cometer un delito). Esa vía civil se abre desde el momento en que el propietario decide que no quiere que el mero ocupante siga ocupando lo que es suyo. También se abre cuando un arrendamiento se extingue o cuando el arrendatario no paga la renta, por ejemplo. Como es obvio, a falta de acuerdo, es un juez el que decide que cualquiera de esos supuestos concurre. 

Sí, leyendo la noticia descubrimos que el dueño ha de ser desalojado (aunque puede que no haya cometido el delito, ya que su ocupación fue esporádica) y que su poseedor actual tiene derecho a recuperarla, hasta que un juez (en vía civil) no diga algo diferente. Y, en todo caso, aunque el actual dueño escoja la vía penal (que parece desaconsejable) tampoco puede entrar en la casa y cambiar la cerradura, porque es el juez competente el que ha de decidir esto, si considera que se ha producido un delito (algo en este caso muy dudoso, como ya he explicado).

Y sí, no tengo nada en contra de que la policía vigile que no se utilicen procedimientos extrajudiciales de naturaleza coactiva para la expulsión de los ocupas. Cómo no van a hacerlo, si les corresponde impedir la comisión de delitos.

Como es obvio, en gran medida la protección práctica (no teórica) de los derechos de titulares de inmuebles en España es deficiente. Pero esto no es consecuencia de nada de lo que cuenta esta noticia. Aunque fuese extraordinariamente eficiente, la respuesta legal habría sido (y debe ser) la misma. La cuestión es previa. Tiene que ver con la tolerancia (desde hace años) a la ocupación de viviendas propiedad de bancos (y de grandes empresas inmobiliarias), con la propia inactividad de los bancos (abrazados a papá Estado —socializando, por tanto, sus pérdidas—, a la vez que intentaban ocultar sus miserias), y con la enorme y desesperante lentitud de la justicia. Lo repito, con la tolerancia a la ocupación, porque el caso del deudor hipotecado que no puede pagar y que ve ejecutada su hipoteca es un caso diferente (de hecho la ley está permitiendo el mantenimiento en la posesión tras la subasta). Y tiene que ver con la tolerancia hacia ciertos movimientos sociales organizados, afines a determinadas organizaciones políticas. La solución no es nunca la tolerancia con la ocupación, por muchas razones, entre ellas por lo que supone precisamente de estímulo a la ilegalidad y, por tanto, a la aparición de mafias. El Estado debería facilitar la respuesta rápida a este tipo de situaciones. Lleva demasiado tiempo sin hacerlo.

Pero a la ilegalidad no se la combate con la ilegalidad.

Y por eso esta noticia no debería escandalizarnos. Insisto, esta noticia.

Un engrudo deletéreo

 

No conocía a Itziar Ituño hasta hoy. Es actriz, vasca, y por lo visto tiene un amigo en prisión.

Este vídeo (de hace cinco años) y otro en el que pide el acercamiento de etarras a prisiones del País Vasco, y su apoyo a un homenaje a Otegi, se están aireando para pedir el boicot a una serie de televisión en la que participa. Hay quien protesta y habla de calumnia.

La actriz, en el pregón, mencionó las semillas de “Txus”, que han florecido.

He buscado información sobre su amigo. Y con esa información (básicamente correcta, aunque contiene algún pequeño error) he encontrado las sentencias que nos explican algo sobre los motivos por los que se encuentra en prisión.

Martín Hernando fue condenado a 3 y 7 años de prisión en Francia por asociación de malhechores con fines terroristas. En España, que yo sepa, no ha sido condenado por pertenencia a banda armada; estuvo huido en Francia (según él) desde 1994. Cuando fue entregado a España, tras cumplir esas penas, se enfrentó a tres causas:

1.- De una de ellas, salió absuelto (se le acusaba un delito de estragos terroristas) por prescripción. La declaración de hechos probados de la sentencia, sin embargo, afirma que puso, en unión de otra persona, una bomba el 6 de septiembre de 1993, en las cercanías de un bar. La bomba no explotó porque fue desactivada por la ertzaintza. La sentencia se basó en la declaración de un coimputado (Koldo Martín Carmona), prestada espontánea y voluntariamente, ante la policía, ante el juez, y en el juicio previo, que se complementa por una serie de datos objetivos (precisos para desvirtuar la presunción de inocencia en aquellos casos en los que la condena se basa precisamente en eso): esencialmente que ambos arrendaron un piso (utilizado para dar apoyo al comando Vizcaya, que fue resgistrado poco después y donde se encontraron pertenencias del acusado), el uso del vehículo de Martín Hernando, al que se refiere por su apodo, para desplazarse al lugar del crimen y la llamada efectuada por este avisando de la existencia del artefacto.

2.- En una segunda, la causa por la que sigue en prisión, se le condenó inicialmente a una pena de 36 años de prisión por su intervención (como coperador necesario, no como autor material) en el asesinato del ertzaintza Joseba Goikoetxea Asla, tiroteado en presencia de su hijo de 16 años, al que el fallecido llevaba a la parada de un autobús. Esa pena fue luego rebajada a 18 años por el Tribunal Supremo, por considerar que la cooperación necesaria que se había establecido en la primera sentencia no concurría (salvo en el robo de un vehículo luego usado en el crimen), y que la actuación de Martín Hernando (uno o varios seguimientos esporádicos y ese robo) lo era solo en condición de cómplice. Nuevamente la prueba esencial fue la declaración de varios coimputados (ante la policía y el juez de instrucción), que también afirmaron no haber sido presionados y que la ratificaron en el juicio inicial sobre los hechos (en el que no participó Martín Hernando, entonces huido), aunque catorce años después (cuando se juzgó a este último), esos terroristas condenados dijeron no acordarse de nada de lo que entonces habían declarado. Y de nuevo nos encontramos con una corroboración de su participación por datos periféricos, similares a los que antes he descrito.

3.- En una tercera causa, se le acusaba de ser el autor material de un asesinato de un guardia civil, José Manuel García Fernández, el 3 de mayo de 1996, en un bar de Ciérvana. En ese atentado intervinieron tres personas: una estaba en un coche, otra en la puerta del bar, y una tercera se introdujo en él y disparó en la nuca del agente, que estaba acompañado de su esposa. Conocemos la identidad de dos de ellos (ambos murieron en un enfrentamiento con la Guardia Civil en 1997). Ignoramos la del tercero. La razón fundamental para considerar que Martín Hernando era ese tercero fue el reconocimiento de un testigo, que tras el atentado siguió al autor fuera del bar (era ya de noche) hasta que este se dio la vuelta y lo amedrentó, para después introducirse en un coche. Esa prueba se veía supuestamente confirmada por ser el acusado natural de Santurce y existir una declaración de otro terrorista que mencionaba que los autores habían sido tres y que uno de ellos era un “chico de Santurce”, así como por la aparición, en 1997, en una vivienda de Basauri, entre otro material, de un papel con matrículas de agentes anotadas a mano. Se introdujo en el juicio una prueba caligráfica de que la letra era de Martín Hernando, y por una de las matrículas en cuestión se sabía que la anotación era coetánea al crimen (lo que supuestamente desmontaba la presencia en Francia del acusado). El tribunal, sin embargo, absolvió en este caso y, más aún, consideró autor material a uno de los etarras muertos en 1997. Les recomiendo que lean la sentencia, porque es un buen ejemplo de una manera “jurídica” de razonar. Lo cierto es que la acusación era tremendamente dudosa, que no había pruebas consistentes de la participación de Martín Hernando en los hechos y que, en realidad, concurren pruebas de descargo de cierta entidad (sobre todo la talla del autor material).

Esto es lo que podemos saber sobre Txus Martín Hernando consultando las sentencias. La prensa también nos indica que en 2010, cuando se encontraba en Francia, intentó suicidarse, tras pasar muchos años en aislamiento. Al parecer, sufre un grave trastorno psiquiátrico.

Ignoro si Itziar Ituño, cuando habla de la semilla y los frutos de su amigo, se refiere a otra cosa, a algo diferente. Quizás el condenado es poeta o tiene hijos o alguien ha plantado en su nombre un rosal. No seguiré haciendo hipótesis. No hace falta; porque es evidente que, incluso en tal caso, la mezcla de lo que falta en el discurso de la pregonera con su énfasis y su emoción se convierte en un engrudo deletéreo. En los datos biográficos a los que puedo acceder solo hay dolor, embrutecimiento, inutilidad. Una biografía de mierda.

No me gustan los boicots organizados y dirigidos contra personas concretas. Desprenden la fetidez de la turba. Solo quería saber algo más, pero no ha servido de mucho.

Sé una cama dura para tu amigo, decía Nietzsche por boca de Zaratustra. No se lo digo a la actriz.